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Barcelona. (Efe).- Catalunya es una de las sociedades europeas en las que funciona elascensor social, en la que se premia el esfuerzo y la educación, pero los más pobres quedan fuera de esta meritocracia por culpa de la escasa inversión pública para corregir ladesigualdad, según un informe de la Fundación Bofill.
El estudio, titulado Educación y Movilidad Social en Catalunya, se ha presentado este martes en Barcelona y recoge los ascensos y descensos sociales en los últimos 50 años, hasta el año 2009.
Los autores concluyen que Catalunya no es una sociedad rígida y clasista, porque registra una alta tasa de personas que han subido de clase social (el 46 por ciento del total) y un bajo porcentaje de población que se ha quedado limitado por su origen de clase (22 por ciento).
El problema, según los autores, es que la movilidad se da principalmente en las clases intermedias y tienen poca incidencia entre las más bajas y las más altas, donde las barreras de acceso y de salida son más impenetrables.
Si bien la educación es, según el estudio, el factor que más determina la evolución social, esa pauta no incluye los hijos de familias pobres, que tienen una desventaja de 14 a 1 a la hora de lograr títulos superiores en comparación a los descendientes de familias no desfavorecidas.
Según los autores, el desajuste se explica por la escasa inversión pública en Catalunya en educación (la mitad que en EE.UU.), especialmente en becas de estudio (cuatro veces menos), una situación que, pese a la falta de recursos públicos por la crisis, se debería corregir si se quiere mantener el ascensor social.
“La primera oleada de recortes no ha tocado las arterias, aunque se ha quedado cerca, así que hay que estar atento a la segunda tanda de ajustes porque existe un riesgo que se maximicen el problema de la falta de oportunidades”, ha alertado el director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín, en la presentación del estudio.
Con datos únicamente hasta 2009, el informe sólo recoge el impacto del inicio de la crisis, en el que se mantuvo la movilidad social por la inercia de los años anteriores al tiempo que se equiparó en todas las franjas de edades el riesgo de descenso social, de entre el 19 y el 22 por ciento.
El estudio, el primero de estas características desde 1973, es un trabajo sobre una muestra de 4.600 individuos que reproduce la movilidad entre siete clases sociales, clasificadas por categorías profesionales y no por ingresos.
Las siete clases se agrupan en tres grandes grupos: directivos, empresarios y profesionales superiores en primer lugar; pequeña burguesía, empleados y técnicos intermedios en segundo puesto; y obreros, empleados poco cualificados y jornaleros agrarios en tercer lugar.
En el marco europeo, Catalunya se sitúa como uno de los territorios con menos herencia de clase y con más ascenso social de Europa, cerca de los niveles de países con un estado del bienestar más amplio como Holanda y Suecia.
Según uno de los autores del estudio, Xavier Martínez, “la cultura meritocrática ya instaurada en el sistema de valores explica que Catalunya tenga esa alta movilidad social pese a la ausencia de inversión pública”.
Las oportunidades de crecimiento social se han ido minimizando con el paso de los años porque, en general, cada generación parte de un nivel de estudios y de calidad de vida mejor que la de sus antecesores.
Así, los nacidos en la década de los cincuenta, pese a no ser los más formados, han logrado ascender de clase en el 53 por ciento de los casos, mientras que la generación de los setenta son más proactivos a conservar la clase de origen, en el 40 por ciento de los casos, frente al 37,8 por ciento que sí logran subir de categoría.
PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 29/11/2011
Los horarios de los institutos se han convertido en un arma arrojadiza. Profesores y directores los enviaron a la Consejería de Educación firmados pero con un “no conforme” como protesta.
La inspección educativa de Madrid ha pedido a los centros que vuelvan a mandar los horarios a principios de diciembre sin comentarios ni procedimientos “irregulares” que impidan su aprobación definitiva.
La Administración responde así al acto reivindicativo contra las instrucciones de inicio de curso. La enseñanza pública madrileña ha convocado para hoy su novena jornada de huelga contra los recortes.
Un millar de profesores, según cifras de Educación, han presentado recursos de alzada contra los horarios alegando que no se ajustan a la normativa.
Las instrucciones de inicio de curso amplían de 18 a 20 horas la jornada semanal en todos los casos. Docentes y directores entienden que contravienen una orden ministerial de 1994 que fija 18 periodos lectivos semanales, “pudiendo llegar excepcionalmente a 21″ pero solo “cuando la distribución horaria del departamento lo exija”.
Los profesores adjuntaron sus horarios al recurso con un “no conforme” que también han apoyado desde las direcciones de los centros. La inspección pide que “se subsanen los defectos que se hubieran detectado” y recuerda que los horarios son “un documento oficial” con un contenido que “no puede alterarse ni matizarse”.
La asociación mayoritaria de directores de instituto (Adimad, respaldada por el 83% del colectivo) considera que se les está impidiendo quejarse, aunque recomienda a sus asociados que acaten la orden “para evitar sanciones”. Desobedecer supone una falta grave, según Adimad, que puede conllevar “hasta expulsiones o traslados”, explica su presidente, José Antonio Martínez. “Con esta medida no nos dejan ninguna opción para manifestar nuestro desacuerdo”.
Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que la petición no implica “que estén conformes con sus horarios, o que no muestren su disconformidad, sino únicamente que se atengan al modelo de documento oficial”. Según este portavoz, tampoco habrá sanciones: “No estar conforme no tiene efectos prácticos, ni consecuencias para los directores, ni para los horarios de los profesores”.
El colectivo de directores ha criticado duramente las instrucciones. Denuncian que el ajuste de horarios impide cubrir de forma óptima las guardias o las horas de biblioteca, por ejemplo.
También dentro del conflicto educativo, algunos profesores y padres que acudieron a votar el 20 de noviembre con la camiseta de la marea verde, cuyo lema reclama Escuela pública de tod@s para tod@s, están teniendo problemas con la Junta Electoral de Zona de Madrid. En algunas mesas electorales fueron identificados por agentes de policía por lucir “propaganda electoral”. Unas 200 personas han recibido la citación, según estimaciones de CC OO, que considera “intimidatoria” la actuación y ha elaborado un formulario de respuesta en el que alega que el lema no es propaganda de “ninguna formación que concurriera” a las elecciones.