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Archive for marzo 3, 2012

Xavier Gisbert, director general del Ministerio, sugiere la eliminación del título de la ESO y asegura que los PCPI seguirán empezando a los 15 años

Los paniaguados de la “revista” Magisterio siguen dando cancha a Gisbert y de paso se apuntan a la ola de la privatización encubierta:

http://www.magisnet.com/noticia/11163/Pol%C3%ADtica-educativa/primer-a%C3%B1o-nuevo-bachillerato-fp-grado-medio-ser%C3%A1-orientaci%C3%B3n.html

Un momento de los Coloquios Magisterio en la Universidad Camilo José Cela. (Foto: Jorge Zorrilla)
El periódico MAGISTERIO organizó el 29 de febrero una mesa redonda sobre “La reforma de la Secundaria”, dentro del ciclo de coloquios que está organizando en la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Entre los invitados se encontraban responsables de las administraciones públicas, así como representantes de la escuela pública y la privada-concertada. La mesa fue moderada por el director de Magisterio, José Mª de Moya.El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Xavier Gisbert, explicó el cambio de la estructura estableciendo dos bloques: “una Educación Secundaria general de tres años y un Bachillerato o un primer ciclo de Formación Profesional de otros tres años”. “El primer año del segundo bloque sería de orientación hacia el Bachillerato o la FP de Grado Medio, con una fuerte troncalidad común”. Con todo, Gisbert aclaró que “la propuesta concreta surgirá después de debates y de análisis de la situación”.

El director general del Ministerio también sugirió la eliminación del título de la ESO. “Es un tema en discusión, porque si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, España es el único país en el que hay que obtener el Graduado en ESO”. Con respecto a los PCPI, Gisbert aseguró que “está previsto que sigan empezando a los 15 años”.

Para el director general de Política Educativa de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, “se demuestra que la Secundaria actual no es útil, ya que debería servir para insertar a los alumnos en la vida académica y laboral, pero la realidad es que deja a más del 30% en la calle, segregándoles”.

Según Sánchez-Pascuala “si no se buscan medidas alternativas, esos jóvenes se convertirán en marginales, ya que de cara al futuro la UE nos dice que solo el 10% va a tener empleo que no requiera cualificación”. También recordó que “el 40% de alumnos los alumnos de Bachillerato repite algún curso de este etapa”. “Es imposible que un porcentaje tan alto de alumnos no sea capaz de superar el Bachillerato; si esto se produce es porque está mal diseñado y excesivamente comprimido”, manifestó.

Para el secretario estatal de ANPE, Javier Carrascal, “es conveniente un año más porque la organización actual de la Prueba de Acceso a la Universidad exige que en 2º de Bachillerato ya no exista práctica lectiva desde la segunda semana del mes de mayo y los profesores somos incapaces de impartir toda la programación establecida con un periodo de tiempo tan escaso”. Sin embargo, Carrascal llamó la atención sobre “el enorme coste que va a suponer esa ampliación de un año, porque habrá que modificar la estructura de todos los centros que actualmente están impartiendo Bachillerato”.

Según José Antonio Poveda, asesor jurídico de Escuelas Católicas, “el cambio de estructura es caro y va a afectar a la enseñanza pública, ya que se va a producir un movimiento de alumnos de la enseñanza privada a la pública”. Concretamente estima que “van a ser 43.000 alumnos, ya que hay 1.600 centros privados de Primaria y Secundaria obligatoria”. Además, en su opinión, “aunque a esos centros se les permitiera impartir 1º de Bachillerato, este curso terminará desapareciendo porque los padres van a llevar a sus hijos donde pueden cursar el Bachillerato desde el principio”. Las consecuencias de las unidades que se pierden en la enseñanza privada suponen, según asegura Poveda, “prescindir de 3.490 profesores con unas indemnizaciones de 278 millones de euros”.

Por eso, el asesor de Escuelas Católicas incidió en que “se pueden conseguir los objetivos de la reforma sin incidir en la estructura”. Y puso como ejemplo la LOCE del PP, que intervenía en 3º de ESO con dos itinerarios marcados y en 4º con 3 itinerarios, o la Ley de Economía Sostenible, (LES) que implantaba las opciones en 4º de la ESO, y de esta forma se evitaría el trasiego de alumnos de un lado para otro y la necesidad de construir instalaciones nuevas en unos centros mientras que se vacían otros”.

Mariano del Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE (ITE), consideró que “la enseñanza pública no tiene problemas, ya que no se van a encontrar con dificultades, pero no es el caso de la enseñanza privada, sobre todo los centros de una línea que no tienen Bachillerato”. Del Castillo apostó por hablar de la reforma educativa a nivel global que necesita este país, más que fijar la mirada en el 3 + 3”.

Por su parte, Bárbara Méndez, directora del IES “Profesor Máximo Trueba” de Boadilla del Monte (Madrid), afirmó que “3º de ESO es el peor curso y donde realmente fracasan, derivando a diversificación y a PCPI”. Méndez pidió “reconocer socialmente la FP, ya que todas las familias van a querer que sus hijos estudien Bachillerato”. En su opinión “si solo hablamos de Bachillerato en el 3+3 es que queremos enfocar a todos nuestros alumnos a hacer esta etapa para que lleguen a la universidad”. “Es el error más grave cuando hablamos de la reforma”, apostilló.

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Cinco mil personas se manifiestan en Santander en defensa de la enseñanza pública

Cada día que pasa la marea verde se extiende más:

http://www.feccoo-cantabria.org/ensenanzacantabria/menu.do?Inicio:313591#.T1J8fW3i1X0.twitter

Unas cinco mil personas, según los organizadores y la Policía Local, han participado este sábado en Santander en la “primera manifestación masiva” en defensa de la enseñanza pública, convocada por la Junta de Personal Docente de Cantabria con el apoyo de asociaciones de madres y padres (AMPAS) de centros educativos y de colectivos de estudiantes, para mostrar su “indignación” por los “recortes” del Gobierno regional.

La protesta ha partido de la Plaza de Correos y ha estado encabezada por dos pancartas: una de los convocantes con el lema ‘Por la enseñanza pública de Cantabria’, y otra de las familias, en la que podía leerse ‘Orgullosos de la educación pública’. También las había a favor de la huelga general, o con las frases ‘La Universidad no se vende’ o ‘El dinero público a la enseñanza pública’.

A la cabeza de la marcha había también un grupo de niños con globos y camisetas verdes con el lema ‘Educación pública, la de todos’.

La manifestación ha transcurrido sin incidentes por el centro de la ciudad ha recorrido el centro de la ciudad, que se ha cortado al tráfico, hasta llegar a la Consejería de Educación, en la calle Vargas.

El portavoz de la Junta de Personal Docente, Bonifacio Abad, ha destacado, en declaraciones a la prensa, el éxito de participación y ha pronosticado que la “lucha” contra los recortes económicos y de plantillas en los centros públicos va a ser “muy larga”, probablemente dure “toda la legislatura” si el Gobierno regional “no da marcha atrás” en las medidas que ha aprobado.

Por eso, la idea de los sindicatos que integran la Junta (STEC, CC.OO., UGT, ANPE y CSIF) es ir “extendiendo” en el tiempo las protestas, que se irán concretando en asambleas, como las que están previstas la semana que viene, sin descartar la convocatoria de una huelga general.

Los convocantes están “contentos” con la respuesta de “toda la sociedad” a la que consideran es la primera gran manifestación de este curso, y esperan que el Gobierno regional “tome nota” del “malestar generalizado” que existe en toda la comunidad educativa contra los “recortes”, que suponen una “agresión de mucho calado” a la enseñanza pública, que con ellos sufre un retroceso de “30 años”, ha afirmado Abad.

Para los sindicatos, medidas como los 30 alumnos por aula suponen una “agresión sin precedentes”, que temen pueda ampliarse a los ciclos de Infantil y Primaria. A ello suman, tal y como han venido denunciando la propia Junta y las asociación de padres y estudiantes, el “trato desigual” que, a su juicio, se está dando desde la Consejería de Educación a los centros públicos y concertados.

Abad ha reiterado al respecto que las cantidades que la consejería ha abonado esta semana a los centros públicos oscilan entre los 3.500 y los 1.200 euros, cifras ridículas, que no permiten costear servicios como los de comedor o el funcionamiento ordinario.

“Con las cantidades que han llegado, los colegios e institutos no llegan a mayo”, ha recalcado el portavoz de la Junta.

MANIFIESTO    En la marcha de protesta se ha repartido un manifiesto de la Junta de personal titulado ‘Basta ya’ en el que se critican los “despropósitos” que han venido ocurriendo desde principio de curso, entre los que citan el recorte den los presupuestos de Educación, la falta de recursos económicos en los centros, el impago” de becas de comedor o cheques libro, o la pérdida de “más de 400″ puestos de trabajo.

Asimismo, denuncian medidas como el aumento de las horas lectivas del profesorado, la eliminación de la reducción horaria a los mayores de 55 años, el incremento de alumnos por clase y el recorte de apoyos, refuerzos, desdobles y optativas, entre otras.

Para los sindicatos, la “desvergüenza” del presidente regional, Ignacio Diego, y del consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, “no puede ser mayor”, y mientras el primero dice que “no hay un euro”, tres días después anuncia la puesta a disposición de las empresas del 200 millones de euros a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

En cuanto a Serna, denuncian que el pasado 289dm de febrero emitió una orden de pago a los centros públicos que “en muchos casos” no cubre siquiera “la mitad” de los que tenía que haber enviado en octubre.

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El paro sube en Madrid un 2,91% en febrero y afecta ya a 526.374 personas

Supongo que tenemos que pedir responsabilidades a Lucía Figar:

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/02/madrid/1330677373.html

ECONOMÍA | Desempleo

El paro sube en Madrid un 2,91% en febrero y afecta ya a 526.374 personas

Efe | Madrid

Actualizado viernes 02/03/2012 09:36 horas

El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo en Madrid subió el pasado mes de febrero en 14.909 personas, un 2,91 %, y sitúa la cifra de desempleados en 526.374 personas.

Según datos del Ministerio de Trabajo hechos públicos hoy viernes, en los últimos 12 meses el paro registrado en Madrid ha aumentado en 48.204 personas, un 10,08 %.

En el conjunto de España, el paro registrado se situó en 4.712.098 personas tras aumentar en febrero en 112.269 personas, un 2,44 %, con un aumento acumulado de 412.835 personas, un 9,6 % respecto al mismo mes de 2011

Una privatización ideológica

Dos artículos recomendados sobre la privatización del Canal de Isabel II:

http://aquimadriz.es/index.php?option=com_content&view=article&id=334:una-privatizacion-ideologica&catid=65:opinion&Itemid=132

Canal de Isabel II es una empresa con más de 150 años de historia, con un patrimonio acumulado de valor incalculable y que ha venido prestando un servicio con gran eficiencia, cuenta con una plantilla muy cualificada, que garantiza una buena gestión económica y ambiental, y que nos proporciona agua de alta calidad a muy buen precio.

Canal es además la gran joya de la corona del, ya muy débil, tejido empresarial público madrileño. Es normal, por tanto, que constructoras, bancos y el gobierno ultraliberal de la Comunidad la hayan tenido en el punto de mira desde hace años. Hablamos de una empresa que en 2009 obtuvo ventas por 743 millones de euros, con un resultado de explotación de 130 millones, que después de impuestos eran 98.5 de beneficios. Además la empresa se ha expandido por el territorio nacional y por Latinoamérica (con condena  del Tribunal Permanente de los Pueblos incluida http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/TPP.htm).

En el proceso de privatización, hasta ahora todo ha sido oscurantismo. El Gobierno Aguirre, a través de la Ley de Acompañamiento de 2008 abrió la posibilidad a la participación del capital privado en el Canal (en principio en un 49%, pero ya veremos que realmente es más) y lo justificaba en base a la necesidad de realizar inversiones por 4.500 millones de euros. Cifra esta que conocemos por declaraciones de algún responsable de la empresa, ya que ese “Plan de Inversiones” no existe, ni lo ha presentado Canal, ni lo ha aportado el Gobierno.

La Ley de Acompañamiento de 2008 plantea la creación de una nueva Sociedad en la que el capital privado accederá al 49% que realizará todas las actividades del ciclo del agua y que tendrá la titularidad de todos los bienes patrimoniales, las participaciones de Canal en otras empresas y el uso de todos los bienes demaniales del actual Canal. La nueva Sociedad prestará los servicios ciñéndose a un Contrato Programa, que tampoco existe y del cual no conocemos ni sus líneas básicas.

Para vincular a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias sobre el servicio del agua, la Comunidad ha promovido (a veces extorsionando a los gobiernos locales) la firma de convenios a través de los cuales los municipios ceden a la nueva Sociedad la gestión del agua durante 50 años (sin licitación de ningún tipo) a cambio de una participación en su accionariado. Esta participación en total es del 19% de las acciones, de las cuales los ayuntamiento pueden vender hasta un 70% por lo que el capital privado será claramente mayoritario en la nueva Sociedad al final del proceso de privatización.

El Gobierno regional ha encargado a un grupo de consultoras y entidades financieras la valoración del Canal y los aspectos financieros y legales del proceso de privatización. Sobra decir que nadie conoce ninguno de los trabajos de estas entidades, ni siquiera en lo que tiene que ver con la valoración de la empresa, que el Gobierno sitúa en los 3.500 millones. No parece razonable pensar que el patrimonio acumulado durante 150 años y el negocio del agua de los próximos 50 años tenga un valor de mercado de 3.500 millones y el presunto Plan de Inversiones que justifica la privatización se valore en 4.500, más cuando estamos hablando de una empresa solvente, eficiente y que presta en la actualidad un servicio de calidad con total normalidad.

Es decir, que amparándose en la necesidad de en un Plan de Inversiones que no existe, la Comunidad privatiza un servicio eficiente y rentable a precio de saldo basándose en informes que no ha hecho públicos. Y los ayuntamientos ceden por 50 años la gestión del agua a una Sociedad de la que nada conocemos, en base a un Contrato Programa que nadie les ha presentado y sin licitación. Y todo ello iniciando el proceso a través de una Ley de Acompañamiento. Un verdadero monumento a la transparencia y la participación ciudadana.

Con estas evidencias podemos decir que estamos ante una privatización de carácter ideológico, destinada a beneficiar a algunas empresas y que con toda probabilidad va a afectar a los ciudadanos a través de subidas de tarifas, empeoramiento de la calidad del agua, debilitamiento de las políticas de ahorro de agua y de su gestión con criterios ecológicos.

 

 

http://madrilonia.org/2012/03/el-orgullo-de-los-madrilenos-a-la-venta/

“El aire y el agua, el mar y sus costas son bienes comunes. Pues así lo decía ya el derecho romano: Naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris”.

La Carta de los Comunes

 

Hay algo de lo que todos los madrileños y madrileñas, tanto si llevamos aquí por generaciones o acabamos de llegar, estamos orgullosos. ¿Quién no ha comentado alguna vez lo rica que está nuestro agua? La empresa encargada de su gestión desde hace siglo y medio, aunque diste mucho de ser transparente y democrática, es propiedad, por ahora, de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Además de ser una empresa pública, el Canal de Isabel II es un proyecto sostenible que incluso genera beneficios: obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010 y en 2009 de 151 millones. Además, atesora un enorme patrimonio en infraestructuras y terrenos de servidumbre de aguas que aseguran la calidad de un bien natural escaso en una región poblada por siete millones de habitantes.

Estos dos elementos, el patrimonio y la rentabilidad, son precisamente los que hacen suculenta la privatización de la empresa de aguas. En 2008, el PP madrileño aprobó en solitario en la Asamblea de Madrid la posibilidad de privatizar el Canal de Isabel II. Aunque el proceso de privatización ya esté iniciado, el siguiente paso significa que el 49% de las acciones se venderían al sector privado, otro 19% quedaría en manos de los ayuntamientos, que a su vez podrían vender una parte de sus acciones, y el 32% restante seguiría siendo propiedad pública de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre quiere que además de sentirnos orgullos de nuestro agua podamos ser dueños de la empresa que lo gestiona. Podríamos preguntarnos si acaso no somos dueños ya, pero la presidenta, que habla por nosotros, insiste en que lo mejor es sacar la empresa a Bolsa para conseguir capitalizarla y que los madrileños podamos comprar acciones. Según parece, el Canal necesita 4.000 millones de euros y la solución es vender. ¿Por qué vender una empresa rentable? ¿Quién determina la necesidad de inversión? La combinación de Ana Botella pidiendo que trabajemos gratis porque hay que devolver a Madrid un poco de lo mucho que nos ha dado y Esperanza Aguirre diciéndonos que compremos lo que es nuestro supera lo que la imaginación podría concebir.

Vender un servicio aporta dinero a las arcas públicas en ese momento, pero supone un mayor coste para los ciudadanos a la larga. Este tipo de política, que podríamos llamar de desposesión, se viene aplicando con muy buenos resultados para las empresas en el campo de la sanidad. La construcción de hospitales y la posterior concertación bajo el modelo inglés PFI (Private Finacial Iniciative) está sirviendo a las grandes constructoras para obtener grandes beneficios. Pinchada la burbuja inmobiliaria, los servicios públicos básicos aparecen como nichos de negocio seguros y rentables. Las consecuencias de este modelo son bastante claras: aumento del coste de los servicios para los ciudadanos, disminución de la calidad en la prestación y menor control sobre la gestión. En estos momentos, los bienes comunes son manejados por cuadros políticos que no son capaces de asegurar su carácter público y la única opción parece ser el modelo privatizador, que transfiere, una parte importante del poder de decisión a los directivos de las grandes empresas. El agua, la sanidad, la educación o los servicios sociales se convierten en recursos para generar beneficios privados, lo cual aumenta el coste para los ciudadanos, como se demostró con el agua en Bolivia y se ha puesto en evidencia en Madrid con la construcción de los nuevos hospitales. La calidad del servicio pasa de un modelo de gestión público, criticable y mejorable, a depender de las decisiones de accionistas y balances en las cuentas de resultados.

Con el agua no se juega

El acceso al agua corriente forma parte de los principales logros que ha permitido la mejora de la calidad de vida de los seres humanos a lo largo de su historia. Su cuidado y mantenimiento sostenible es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Es un bien imprescindible para la vida humana; por eso se dice que es uno de los principales bienes comunes. La limitación en el acceso o el empeoramiento de su calidad suele provocar grandes movimientos ciudadanos de rechazo.

En la memoria cercana aún resuena en los oídos del segundo gobierno de Aznar la enorme movilización popular que se produjo cuando se intentó imponer un Plan Hidrológico Nacional que, trasvase del Ebro mediante, pretendía llevar el preciado líquido para alimentar la inmensa maquinaria urbanizadora de la costa levantina. En otras latitudes, la Guerra del Agua que estalló en el año 2000 en Cochabamba, Bolivia, nos sirve como ejemplo del que aprender. La privatización del agua municipal impulsada por el Banco Mundial produjo tal aumento de los precios que la población pauperizada se enfrentó masivamente a la medida y consiguió una victoria. El éxito de aquella lucha sirvió de referente para movimientos de Uruguay, Colombia o Ecuador que se enfrentaban a situaciones similares. Más recientemente en Italia, Berlusconi apostó a caballo ganador y trató de legalizar la privatización del agua. Una estrategia mediática muy parecida a la que aplica Aguirre en estos momentos parecía hacer sencilla la jugada. Rápidamente un movimiento ciudadano que defiende el agua como bien común logró el apoyo social suficiente, 1.400.000 firmas, para convocar un referéndum. El resultado fue que el 95% de la población votó contra la privatización del agua potable, las tarifas del servicio hídrico y el uso de energía nuclear.

En Madrid, desde que Aguirre anunció sus planes ha surgido una plataformapara detener el expolio. EL 15M ha servido de altavoz necesario para que cada vez más gente sea consciente de las intenciones y consecuencias de esta agresión. La construcción de una marea multicolor en defensa de los diferentes servicios públicos se extiende. El domingo 4 de marzo, la Plataforma contra la Privatización convoca una consulta popular para ir calentando motores hacia un referéndum. Como consiguieron en Italia, los madrileños también tenemos derecho a decidir sobre nuestro agua.

Madrilonia.org

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