Una privatización ideológica
Dos artículos recomendados sobre la privatización del Canal de Isabel II:
Canal de Isabel II es una empresa con más de 150 años de historia, con un patrimonio acumulado de valor incalculable y que ha venido prestando un servicio con gran eficiencia, cuenta con una plantilla muy cualificada, que garantiza una buena gestión económica y ambiental, y que nos proporciona agua de alta calidad a muy buen precio.
Canal es además la gran joya de la corona del, ya muy débil, tejido empresarial público madrileño. Es normal, por tanto, que constructoras, bancos y el gobierno ultraliberal de la Comunidad la hayan tenido en el punto de mira desde hace años. Hablamos de una empresa que en 2009 obtuvo ventas por 743 millones de euros, con un resultado de explotación de 130 millones, que después de impuestos eran 98.5 de beneficios. Además la empresa se ha expandido por el territorio nacional y por Latinoamérica (con condena del Tribunal Permanente de los Pueblos incluida http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/TPP.htm).
En el proceso de privatización, hasta ahora todo ha sido oscurantismo. El Gobierno Aguirre, a través de la Ley de Acompañamiento de 2008 abrió la posibilidad a la participación del capital privado en el Canal (en principio en un 49%, pero ya veremos que realmente es más) y lo justificaba en base a la necesidad de realizar inversiones por 4.500 millones de euros. Cifra esta que conocemos por declaraciones de algún responsable de la empresa, ya que ese “Plan de Inversiones” no existe, ni lo ha presentado Canal, ni lo ha aportado el Gobierno.
La Ley de Acompañamiento de 2008 plantea la creación de una nueva Sociedad en la que el capital privado accederá al 49% que realizará todas las actividades del ciclo del agua y que tendrá la titularidad de todos los bienes patrimoniales, las participaciones de Canal en otras empresas y el uso de todos los bienes demaniales del actual Canal. La nueva Sociedad prestará los servicios ciñéndose a un Contrato Programa, que tampoco existe y del cual no conocemos ni sus líneas básicas.
Para vincular a los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias sobre el servicio del agua, la Comunidad ha promovido (a veces extorsionando a los gobiernos locales) la firma de convenios a través de los cuales los municipios ceden a la nueva Sociedad la gestión del agua durante 50 años (sin licitación de ningún tipo) a cambio de una participación en su accionariado. Esta participación en total es del 19% de las acciones, de las cuales los ayuntamiento pueden vender hasta un 70% por lo que el capital privado será claramente mayoritario en la nueva Sociedad al final del proceso de privatización.
El Gobierno regional ha encargado a un grupo de consultoras y entidades financieras la valoración del Canal y los aspectos financieros y legales del proceso de privatización. Sobra decir que nadie conoce ninguno de los trabajos de estas entidades, ni siquiera en lo que tiene que ver con la valoración de la empresa, que el Gobierno sitúa en los 3.500 millones. No parece razonable pensar que el patrimonio acumulado durante 150 años y el negocio del agua de los próximos 50 años tenga un valor de mercado de 3.500 millones y el presunto Plan de Inversiones que justifica la privatización se valore en 4.500, más cuando estamos hablando de una empresa solvente, eficiente y que presta en la actualidad un servicio de calidad con total normalidad.
Es decir, que amparándose en la necesidad de en un Plan de Inversiones que no existe, la Comunidad privatiza un servicio eficiente y rentable a precio de saldo basándose en informes que no ha hecho públicos. Y los ayuntamientos ceden por 50 años la gestión del agua a una Sociedad de la que nada conocemos, en base a un Contrato Programa que nadie les ha presentado y sin licitación. Y todo ello iniciando el proceso a través de una Ley de Acompañamiento. Un verdadero monumento a la transparencia y la participación ciudadana.
Con estas evidencias podemos decir que estamos ante una privatización de carácter ideológico, destinada a beneficiar a algunas empresas y que con toda probabilidad va a afectar a los ciudadanos a través de subidas de tarifas, empeoramiento de la calidad del agua, debilitamiento de las políticas de ahorro de agua y de su gestión con criterios ecológicos.
http://madrilonia.org/2012/03/el-orgullo-de-los-madrilenos-a-la-venta/
“El aire y el agua, el mar y sus costas son bienes comunes. Pues así lo decía ya el derecho romano: Naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris”.
Hay algo de lo que todos los madrileños y madrileñas, tanto si llevamos aquí por generaciones o acabamos de llegar, estamos orgullosos. ¿Quién no ha comentado alguna vez lo rica que está nuestro agua? La empresa encargada de su gestión desde hace siglo y medio, aunque diste mucho de ser transparente y democrática, es propiedad, por ahora, de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. Además de ser una empresa pública, el Canal de Isabel II es un proyecto sostenible que incluso genera beneficios: obtuvo unas ganancias netas de 120 millones de euros en 2010 y en 2009 de 151 millones. Además, atesora un enorme patrimonio en infraestructuras y terrenos de servidumbre de aguas que aseguran la calidad de un bien natural escaso en una región poblada por siete millones de habitantes.
Estos dos elementos, el patrimonio y la rentabilidad, son precisamente los que hacen suculenta la privatización de la empresa de aguas. En 2008, el PP madrileño aprobó en solitario en la Asamblea de Madrid la posibilidad de privatizar el Canal de Isabel II. Aunque el proceso de privatización ya esté iniciado, el siguiente paso significa que el 49% de las acciones se venderían al sector privado, otro 19% quedaría en manos de los ayuntamientos, que a su vez podrían vender una parte de sus acciones, y el 32% restante seguiría siendo propiedad pública de la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre quiere que además de sentirnos orgullos de nuestro agua podamos ser dueños de la empresa que lo gestiona. Podríamos preguntarnos si acaso no somos dueños ya, pero la presidenta, que habla por nosotros, insiste en que lo mejor es sacar la empresa a Bolsa para conseguir capitalizarla y que los madrileños podamos comprar acciones. Según parece, el Canal necesita 4.000 millones de euros y la solución es vender. ¿Por qué vender una empresa rentable? ¿Quién determina la necesidad de inversión? La combinación de Ana Botella pidiendo que trabajemos gratis porque hay que devolver a Madrid un poco de lo mucho que nos ha dado y Esperanza Aguirre diciéndonos que compremos lo que es nuestro supera lo que la imaginación podría concebir.
Vender un servicio aporta dinero a las arcas públicas en ese momento, pero supone un mayor coste para los ciudadanos a la larga. Este tipo de política, que podríamos llamar de desposesión, se viene aplicando con muy buenos resultados para las empresas en el campo de la sanidad. La construcción de hospitales y la posterior concertación bajo el modelo inglés PFI (Private Finacial Iniciative) está sirviendo a las grandes constructoras para obtener grandes beneficios. Pinchada la burbuja inmobiliaria, los servicios públicos básicos aparecen como nichos de negocio seguros y rentables. Las consecuencias de este modelo son bastante claras: aumento del coste de los servicios para los ciudadanos, disminución de la calidad en la prestación y menor control sobre la gestión. En estos momentos, los bienes comunes son manejados por cuadros políticos que no son capaces de asegurar su carácter público y la única opción parece ser el modelo privatizador, que transfiere, una parte importante del poder de decisión a los directivos de las grandes empresas. El agua, la sanidad, la educación o los servicios sociales se convierten en recursos para generar beneficios privados, lo cual aumenta el coste para los ciudadanos, como se demostró con el agua en Bolivia y se ha puesto en evidencia en Madrid con la construcción de los nuevos hospitales. La calidad del servicio pasa de un modelo de gestión público, criticable y mejorable, a depender de las decisiones de accionistas y balances en las cuentas de resultados.
Con el agua no se juega
El acceso al agua corriente forma parte de los principales logros que ha permitido la mejora de la calidad de vida de los seres humanos a lo largo de su historia. Su cuidado y mantenimiento sostenible es responsabilidad del conjunto de la sociedad. Es un bien imprescindible para la vida humana; por eso se dice que es uno de los principales bienes comunes. La limitación en el acceso o el empeoramiento de su calidad suele provocar grandes movimientos ciudadanos de rechazo.
En la memoria cercana aún resuena en los oídos del segundo gobierno de Aznar la enorme movilización popular que se produjo cuando se intentó imponer un Plan Hidrológico Nacional que, trasvase del Ebro mediante, pretendía llevar el preciado líquido para alimentar la inmensa maquinaria urbanizadora de la costa levantina. En otras latitudes, la Guerra del Agua que estalló en el año 2000 en Cochabamba, Bolivia, nos sirve como ejemplo del que aprender. La privatización del agua municipal impulsada por el Banco Mundial produjo tal aumento de los precios que la población pauperizada se enfrentó masivamente a la medida y consiguió una victoria. El éxito de aquella lucha sirvió de referente para movimientos de Uruguay, Colombia o Ecuador que se enfrentaban a situaciones similares. Más recientemente en Italia, Berlusconi apostó a caballo ganador y trató de legalizar la privatización del agua. Una estrategia mediática muy parecida a la que aplica Aguirre en estos momentos parecía hacer sencilla la jugada. Rápidamente un movimiento ciudadano que defiende el agua como bien común logró el apoyo social suficiente, 1.400.000 firmas, para convocar un referéndum. El resultado fue que el 95% de la población votó contra la privatización del agua potable, las tarifas del servicio hídrico y el uso de energía nuclear.
En Madrid, desde que Aguirre anunció sus planes ha surgido una plataformapara detener el expolio. EL 15M ha servido de altavoz necesario para que cada vez más gente sea consciente de las intenciones y consecuencias de esta agresión. La construcción de una marea multicolor en defensa de los diferentes servicios públicos se extiende. El domingo 4 de marzo, la Plataforma contra la Privatización convoca una consulta popular para ir calentando motores hacia un referéndum. Como consiguieron en Italia, los madrileños también tenemos derecho a decidir sobre nuestro agua.
profesorgeohistoria
Hay un gran porcentajes de Españoles que se están manifestanto, un dia si y otro también a favor de que exista una Educación Pública de calidad. ¿Alguien ha visto alguna manifestacion en contra? ¿Por qué si la soberanía de la nación recae sobre los ciudadanos, no se nos tiene en cuenta? ¿Por que una sola persona ( y por que le sale de ahí) va a tener más peso que todas las acciones de protesta (Alumnos, padres, madres, autoridades educativas, profesores etc) producidas desde que se mandaron a los centros las injustas y despóticas instrucciones de inicio de curso.
¿Por qué no se debaten estas leyes en la Asamblea de Madrid? ¿A qué se dedican los consejeros de la Comunidad del pp? Deben de mirar por el bien de los ciudadanos, no por su propio beneficio.
Toda ley necesita un periodo de tiempo para que se conozca, y no se ha hecho, son unas instrucciones Ilegales.
Hasta ahora han trabajado para aguirre, a partir de ahora que trabajen para la comunidad de madri.