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El rector de la UCM asegura que el informe Pisa se usa para “denostar” la educación pública

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Estaba más que claro:

Madrid, 11 jul (EFE).- El rector de la UniversidadComplutense de Madrid (UCM), José Carrillo, asegura que los análisis que sitúan a los estudiantes españoles a la cola de conocimientos de los países de la OCDE, como los conocidos esta semana, son utilizados para “denostar” la educación pública y defiende “la eficiencia del sistema educativo” español.

No obstante, Carrillo reconoce, en una entrevista con Efe, que si se quieren mejorar los resultados del alumnado español es necesario incrementar la financiación.

“Financien más y tendrán mejor educación”, señala el rector, antes de apuntar que ésa es la clave para obtener más y mejores resultados.

“Lo que no se puede plantear -continúa- es que nuestro sistema educativo tiene que mejorar cuando se está recortando en profesoresde instituto”.

Como ejemplo, el rector de la UCM explica que el instituto al que acude su hija tenía hace tres años 73 profesores y, un año después, se quedó con 60, por lo que, a su juicio, “los alumnos con más necesidades ya no tienen la atención particularizada que tenían antes”.

En su opinión, el informe Pisa indica que la educación española “puede estar a la cola”, pero la diferencia con la puntuación media es “baja, apenas centésimas”.

“No es que nosotros tengamos un cero y los otros tengan un diez”, añade el máximo responsable de la universidad presencial más grande de España.

 

 

En cuanto al ámbito estrictamente universitario, Carrillo admite que no hay ninguna universidad española entre las cien mejores del mundo, pero subraya que hay cuatro (la UCM; la Autónoma de Madrid; la Autónoma de Barcelona, y la Universidad de Barcelona) entre las 300 mejores.

En este sentido, señala que, cuando se evalúan 17.000 instituciones universitarias de todo el mundo, hay 29 universidades públicas españolas entre las mil mejores.

“Es decir, el 58 % del sistema universitario español está entre el 6 % de las mejores universidades del mundo. España, como modelo universitario, es sexta mundialmente. Ni EEUU está por delante; ellos tendrán las mejores universidades, pero también las peores”, asevera.

El rector de la Complutense sostiene que “la prueba del algodón” es que cuando los ingenieros, licenciados y graduados españoles van al extranjero triunfan profesionalmente.

Tras argumentar que en España el modelo de gobernanza de las universidades, con rectores elegidos, no es un problema, insiste en que se debe mejorar la financiación.

“Si miramos qué tienen en común todas las universidades que están en las cien mejores, hay una cosa indiscutible: una financiación más que suficiente. Y aquí, en España, tenemos una financiación más que insuficiente. Esa es la diferencia”, concluye.

 

El Salvador Dalí gana su primera batalla

Es importante luchar:

http://www.fetemadrid.es/noticias/noticia_completa.php?id=623

 

Durante este tiempo hemos participado en la lucha, en el encierro; hemos asistido a las asambleas y ofrecido nuestro apoyo incondicional a la Comunidad Educativa. Asimismo, solicitamos a todos los Grupos políticos de la Asamblea de Madrid que realizaran una visita al centro para conocer y apoyar su lucha.
El encierro comenzó la noche del viernes 6 de junio con el objetivo de conseguir el mantenimiento de la misma oferta educativa en el centro puesto que hay solicitudes suficientes, y se sumaba a los ocurridos en las últimas semanas en las EEII de Leganés El Rincón y Jeromín y en otros centros cercanos al Salvador Dalí de Madrid como el IES Barrio de Bilbao y el Carlos María Rodríguez de Valcárcel.
La Comunidad Educativa del Salvador Dalí gana su primera batalla.  Una pequeña batalla ganada en la matriculación cuando se cumplen 15 días del Encierro del IES Salvador Dalí de Madrid.  Se han cumplido 15 días desde que la Comunidad Educativa del IES salvador Dalí iniciara un encierro en defensa de la oferta educativa del Instituto y la calidad de la Educación y parece que se abre una luz con el compromiso con la apertura de la matriculación del alumnado en 1º de Bachillerato Tecnológico.  Desde FETE-UGT Madrid hemos manifestado, además, en múltiples ocasiones nuestra preocupación por las consecuencias que este y otros recortes van a tener también sobre el profesorado: despidos,
desplazamientos forzosos y deterioro en las condiciones laborales. Esa será uno de nuestros siguientes objetivos.

El encierro comenzó la noche del viernes 6 de junio con el objetivo de conseguir el mantenimiento de la misma oferta educativa en el centro puesto que hay solicitudes suficientes, y se sumaba a los ocurridos en las últimas semanas en las EEII de Leganés El Rincón y Jeromín y en otros centros cercanos al Salvador Dalí de Madrid como el IES Barrio de Bilbao y el Carlos María Rodríguez de Valcárcel.

La Comunidad de Madrid decidió de forma unilateral eliminar una parte del Bachillerato, hecho que no fue comunicado en el proceso de admisión de alumnos ni en la publicación de las listas definitivas. El pasado viernes acompañamos a la comunidad educativa del IES Salvador Dalí y a la de otros centros afectados en la entrega de firmas en la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital -tras habernos impedido la entrega el jueves- en protesta por la actitud de la Consejería. Hoy tenemos más de 5000 firmas. Con esta medida, la Consejería continuaba su particular campaña de acoso a la Escuela Pública y realizaba nuevamente los recortes por la parte más débil y vulnerando la igualdad de oportunidades, cercenando innecesariamente la oferta educativa en un centro en el que hay demanda de matriculación de las familias y que está cumpliendo una importante función social en su entorno, escolarizando a 21 alumnos de integración, 14 de los cuales tienen dificultades motóricas.
Tras numerosas peticiones de reunión a la Consejería de Educación, finalmente el martes 17 martes la presión social generada en el entorno del Dalí y la insistencia de padres, alumnos, trabajadores y representantes sindicales logró que Belén Aldea nos recibiera en la DAT Madrid capital y se pudo arrancar a la Administración el compromiso de permitir la matrícula para los alumnos de Bachillerato tecnológico.
No podemos, sin embargo, confiarnos y debemos estar vigilantes para que se cumpla el compromiso de mantener la matriculación y que este compromiso suponga el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Por otra parte, seguimos reivindicando la concesión al Dalí de una FP Básica de informática, puesto que es un centro de Innovación Tecnológica en el que se han invertido más de 25.000 euros por aula –al dotar 11 de ellas de puestos con ordenador- y cumple con los requisitos de infraestructuras para albergar esta opción educativa.
Tenemos que felicitarnos por esta momentánea victoria que ha sido el fruto de la movilización conjunta de toda la comunidad educativa. Animamos a todos los compañeros a que continúen la movilización en todos los centros afectados por el desastre organizativo de la Consejería de Educación en la matriculación y la organización de la red de centros públicos.

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Diferencia entre las rojas

 

Los jugadores de la roja chilena apoyan la educación pública mientras los de la roja española jamás han dicho nada:

 

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¿Da imagen de pobreza ir a comer al colegio en verano?

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La última polémica educativa:

http://www.elboletin.com/index.php?noticia=99706&name=Nacional

La posibilidad de abrir los comedores escolares en veranopara ayudar a las familias más desfavorecidas y asegurar que los niños tengan, al menos, una comida completa asegurada al día no es una opción para el presidente de La Rioja. El popular Pedro Sanz ha rechazado esta medida porque “marcaría a los niños de por vida” y además daría una mala imagen de la comunidad. El dirigente autonómico prefiere ayudas directas que “se vean lo justo” y que “no se aireen”.

Tal y como explicó ayer Sanz, no prevé abrir los comedores escolares en verano con la partida que recibirá del Ministerio de Sanidad, que ha anunciado que enviará 17 millones de euros a las autonomías a principios de julio para que aborden proyectos para paliar la pobreza infantil. El presidente de La Rioja afirma que el problema de la malnutrición infantil “no es tan grave” en la región como lo pintan la oposición y las asociaciones de ayuda a la infancia, que denuncian que uno de cada tres menores vive por debajo del umbral de la pobreza.

Es por ello que ha descartado esta idea, que además cree que estigmatizaría a los niños de por vida. “Su función no es para eso”, dijo al referirse a la apertura de los comedores escolares en verano, tras lo que señaló que si se lleva a cabo esta propuesta se crearían “situaciones incómodas” en algunos pueblos “al mandar a unos niños al comedor y a otros no”. “Estaríamos marcando a unos pequeños frente a otros”, dijo Sanz según recoge Europa Press.

El presidente riojano considera que la propuesta no es más que una medida “populista” con la que sólo se va a “enredar”, por lo que apostó por otras ayudas de carácter directo a las familias. Tal y como indicó, “existen ayudas perfectamente clasificadas y definidas, con formas más discretas y prudentes, sin señalar a nadie”. Su objetivo es que las familias necesitadas sean atendidas con ayudas que “se vean lo justo, que no se aireen”, no sólo para evitar supuestas “desigualdades”, sino también una mala imagen de la región. 

“¿Ustedes se imaginan la imagen que daría de nuestra comunidad?”, llegó a decir el dirigente popular, que rechazó dar “caridad” o “limosna” a los riojanos necesitados, ya que en su opinión el problema de malnutrición infantil “no es tan grave” y es mejor arreglar las cosas “de la forma más natural posible”, con iniciativas “que se noten lo justo”. 

Gastar en viajes y comidas

Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. El Partido Riojano ya ha expresado sus críticas a Pedro Sanz por negarse a abrir los comedores escolares en verano mientras “modifica los presupuestos para destinar a viajes y comidas 200.000 euros más de lo previsto”. En una nota, la formación recuerda al presidente regional que “modificó los presupuestos eliminado dinero a los dependientes, deportistas o ayuntamientos riojanos para cambiarlo y gastarlo en viajes, dietas o revistas”, algo “escandaloso”.

Además, asegura que “lo único que marca a los escolares de por vida es no comer y pasar hambre por la falta de recursos económicos”, por lo que exigen al popular que deje de hacer el “ridículo” y que se replantee la medida porque la apertura de los comedores escolares en verano “aseguraría a muchos escolares una alimentación segura e imprescindible”.

 

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¿Qué esta ocurriendo en el IES Alto Jarama de Torrelaguna?

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Aguirre acusa a los maestros de no estar preparados para dar clase y defiende la propuesta de Ignacio González

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Nuevamente, Aguirre abre la boca y sube el pan:

http://www.elboletin.com/nacional/97442/aguirre-profesores-universitario-maestro.html

Esperanza Aguirre parece estar dispuesta a rescatar su enfrentamiento con los profesores. Al menos así queda de manifiesto al leer su artículo de opinión que publica esta semana el diario ABC, en el que afirma que los docentes que se presentan a las oposiciones no dominan las materias que debe saber un niño de 12 años y que “hacen bastante poco caso” a los estudiantes. También defiende la propuesta lanzada por su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para que cualquier titulado universitario pueda ser maestro.

En este espacio, la ‘lideresa’ afirma que uno de los principales problemas de la Educación española es que los profesores no conocen “las materias que luego tendrán que enseñar”. Según indica, en las oposiciones que se realizan actualmente este punto apenas tiene peso, mientras que “por presiones de los sindicatos”, se tiene muy en cuenta “el tiempo que los aspirantes han estado en los colegios como interinos”. 

Para Aguirre es un verdadero problema que los maestros lleguen a serlo “sin haber tenido que demostrar nunca que dominan las materias que tienen que enseñar”, es decir, conocimientos básicos sobre gramática, ejercicios de aritmética básica, el sistema métrico decimal o los principales acontecimientos históricos, materias que estudian niños de hasta 12 años.

La presidenta del PP de Madrid afirma que con la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy esta situación puede resolverse, aunque cree que puede ser difícil ya que los cambios “no dependen solo de las leyes”, sino que juegan un papel esencial los profesores, que son los que están en las aulas con los alumnos, “a los que, por cierto, los pedagogos hacen bastante poco caso”.

Es por ello que Esperanza Aguirre alaba las propuestas realizadas recientemente por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como la de que cualquier titulado universitario pueda presentarse a las oposiciones a maestro, ya que considera “muy positivo” que, por ejemplo, “para el aprendizaje del inglés se contrate a profesores nativos de países miembros de la UE”.

Asimismo, recuerda que “la transmisión de los saberes depende de que los maestros” adquieran esos saberes “durante su formación”, por lo que defiende también, al considerarlo “especialmente pertinente”, el convenio firmado por la Comunidad de Madrid y las universidades madrileñas -excepto la Complutense- “para mejorar la formación de los futuros docentes con la inclusión en sus planes de estudio de más conocimientos concretos” y de una “prueba que garantice un cierto nivel de conocimientos básicos en los alumnos que, tras terminar su Bachillerato, quieran entrar en las facultades de educación”.

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Los padres acusan a Figar de ‘chantajear’ a los alumnos de ESO con las pruebas externas de nivel

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Otra vez a vueltas con el tongo de las pruebas CDI:

http://www.elboletin.com/nacional/97346/padres-figar-chantajear-pruebas-externas-cdi.html

Los padres han cargado de nuevo contra las pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables (CDI) impulsadas por la Comunidad de Madrid para elaborar un ranking con los mejores colegios de la región. Este examen, que el colectivo considera una medida “nefasta y exclusivamente ideológica”, está de nuevo en el punto de mira ya que según la FAPA Giner de los Ríos la consejera Lucía Figar ha dado orden de presionar a los alumnos para que hagan la prueba. Esta asociación denuncia que, entre otras cosas, se está amenazando a los estudiantes con bajarles la nota trimestral si no la realizan.

En una nota, la FAPA afirma que es “inaceptable” que se “presione y engañe” al alumnado de 31 de la ESO para que haga la prueba CDI prevista para el próximo martes 29 de abril. Los padres han denunciado que desde la Consejería de Educación parecen haberse dado una serie de “instrucciones” a los centros educativos para que insten a los estudiantes a “asistir obligatoriamente” el martes a su instituto para realizar el mencionado examen, una “presión que se está ejerciendo con todo tipo de argumentos, algunos de ellos engañosos”. 

El colectivo recuerda que estas pruebas CDI han “demostrado sobradamente que sólo sirven para condenar a determinados centros a que sean abandonados y, con el paso del tiempo, cerrados” con el ranking que elabora la Comunidad de Madrid, por lo que pide a los alumnos y a las familias que no cedan a las presiones de Figar.

Concretamente, los padres afirman que en los últimos días parte del profesorado “está amenazando a su alumnado con menor puntuación en la evaluación trimestral” si no realiza este examen, que “no supone parte de la evaluación continua de ninguna forma”. Asimismo, y bajo el intento de que “no falte nadie a la misma”, también se está diciendo a los estudiantes que “no se admitirán justificantes” de ausencia “de ningún tipo, salvo que sean médicos y por circunstancias muy graves”.

En opinión de la FAPA, estas prácticas suponen “la vulneración de los derechos del alumnado y de sus familias”, por lo que la asociación ha decidido poner en manos de sus servicios jurídicos las denuncias que sobre este asunto le lleguen desde los centros educativos y las familias. 

Asimismo, los padres han distribuido un “modelo de justificante” que puede ser usado por las familias si deciden que sus hijos no realicen la prueba. 

Según recoge la web de la Comunidad de Madrid, el martes 29 de abril tendrá lugar la prueba CDI para los alumnos de 3º de la ESO y del primer curso del Programa de Diversificación Curricular, mientras que el 7 de mayo será el turno de los estudiantes de 6º de Primaria. 

El Gobierno regional asegura además que este examen tiene un “carácter formativo y orientador para los centros, para los padres y para los alumnos y sirve para orientar a la Administración educativa respecto a la eficacia de sus planes y actuaciones”, y señala que “el carácter censal de la prueba supone que deben realizarla todos los alumnos escolarizados, tanto en centros públicos como privados” de los niveles correspondientes.

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Libertad de elección o selección

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Os dejo un artículo brillante:

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67334

La denominada “libre elección de centro” no es (ni debe ser) un derecho social. Es la manifestación particular de una preferencia de escolarización determinada que en ningún caso puede ser determinante a la hora de satisfacer las necesidades de escolarización de la población en su conjunto. No cabe pues equiparar una preferencia particular con el derecho universal a la educación, que ha de ser garantizado por los gobiernos y las administraciones públicas en condiciones de igualdad.

Las políticas educativas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, así como la actual reforma educativa del Ministro Wert, tratan de poner al mismo nivel el derecho de todos y todas a la educación y esa preferencia de selección de centro, buscando que las Administraciones educativas garanticen por igual, tanto el derecho a la educación como la “libertad de elección” de centro por las familias.

Tras esa supuesta “libertad de elección” se esconde un modelo neoliberal que está calando profundamente en el discurso y en el imaginario colectivo de buena parte de la sociedad. Su fuerza, como explica el profesor Antonio Viñao, reside en que es un discurso en el que se traslada un mensaje que habla de libertades, contra el que, al menos en un plano teórico, no parece posible oponer otro de signo opuesto. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? ¿Quién va a propugnar, frente a ella, un sistema en el que las familias no puedan elegir para sus hijos e hijas el centro docente que deseen, o que restrinja su capacidad de elección? Cualquiera que lo hiciera perdería de inmediato el apoyo de amplios grupos sociales.

El discurso neoliberal encuentra, por ello, una audiencia muy amplia no sólo entre quienes ya ejercen o pueden ejercer la libre elección de centro docente, sino también entre ciertos sectores de la clase media y media-baja a los que no les basta la escolarización generalizada -la han conseguido ya-, sino que buscan una enseñanza de “élite” que les facilite escalar socialmente. Y es ahí, donde determinados centros, por lo general privados, aparecen como el paradigma capaz de proporcionársela, por tratarse de centros cuyo alumnado procede mayoritariamente de las clases y grupos sociales más favorecidos, con los que quieren que sus hijos e hijas se relacionen y a los que quieren que pertenezcan en el futuro.

Los estudios internacionales muestran en efecto que no son tanto los programas o el currículo ofertado lo que determina las elecciones efectuadas por las familias, como la composición étnica y social del alumnado, junto al modelo de disciplina y control o los recursos extraordinarios de que disponen los centros docentes. En realidad, como afirma el profesor Gimeno Sacristán, detrás de los argumentos a favor de la libertad de elección, más que fervor liberalizador, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

Esta mentalidad profundamente clasista y neoliberal ha colonizado el sentido común de buena parte de las familias, especialmente las acomodadas que pueden permitírselo, porque disponen de los recursos o habilidades suficientes para ello, para tratar de seleccionar un particular centro que es percibido como un entorno que le va a proporcionar determinadas ventajas competitivas en el futuro mercado laboral a sus hijos e hijas, o que les van a aportar unas determinadas redes de relaciones y de contactos que pueden resultar ventajosos o muy “adecuados” para progresar socialmente.

Lo cierto es que las investigaciones internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro docente incrementan la separación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas. Que además son particularmente beneficiosas para las clases altas, por ser éste el grupo social que mejor se entera e informa de las oportunidades que surgen, y el que más se aprovecha de ellas cuando aparecen. De hecho, el informe Equidad y Calidad en la educación de la OCDE advierte de los peligros que conlleva la libertad de elección de centro, ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”.

Pero, no nos engañemos, advierte el experto Antonio Viñao, aunque se utilice como proclama por el sector neoliberal la libertad de elección de centros, realmente no existe ni se pretende que exista. Lo que se busca, más bien, es la libre elección o selección de alumnado por los centros docentes, en especial por los privados y, dentro de estos, por los confesionales.

Porque, donde la teoría habla de libre elección de centro por las familias, lo que la realidad muestra tozudamente es la “libre solicitud” por estas familias y la libre elección de alumnado por aquellos centros que tienen mayor demanda y pueden seleccionarlos. Los demás recogerán lo que éstos hayan desechado. No son, pues, las familias las que realmente eligen centro, sino ciertos centros docentes los que eligen a su alumnado. De este modo, sólo las familias, cuyos hijos e hijas hayan sido elegidos por los centros solicitados podrán considerarse electores, viéndose obligado el resto, los rechazados, a inscribir a sus hijos e hijas en otros centros menos demandados. El resultado final es el incremento de las diferencias que ya existían entre los centros docentes, así como de las desigualdades sociales, y la aparición de guetos escolares -por lo general en el sector público- donde se confina alumnado con mayores carencias y más necesitados de atención o apoyo educativo específico, trasladando así hacia el sector público el alumnado con mayores dificultades o de bajo rendimiento, justo el objetivo perseguido, y no confesado -por inconfesable- de la política de libre elección de centro.

Para ello se vienen adoptando medidas como la supresión de las zonas escolares en las Comunidades gobernadas por el PP, apoyándose en la LOE, y la creación de zonas únicas de escolarización o el criterio de escolarización en la zona próxima a la vivienda habitual. Así se conforma un mercado educativo abierto y competitivo al servicio de “clientes” avispados y competitivos, que luchan denodadamente no por la educación de todos y todas, sino por conseguir las mejores oportunidades y las mayores ventajas para los suyos y que lejos de responder a los criterios de pluralidad, igualdad y calidad tiende a concentrar y clasificar al alumnado por su condición social.

En realidad, lo que se pretende hacer para justificar la supuesta libertad de elección de centro es generar un sistema con diferentes calidades, donde los centros compitan entre sí por obtener al alumnado que mejor se adecúe a sus condiciones y requisitos. Lo cual implica, como acertadamente señala la profesora Carmen Rodríguez, que las desigualdades entre centros y la selección del alumnado hurtan el equilibrio a la sociedad y la cohesión social, convirtiendo la educación en una lucha por el privilegio de la distinción. Si la calidad en todos los centros fuese equiparable, desaparecía la “necesidad” para las familias de tener que ir buscando el mejor colegio para sus hijas e hijos. Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia.

Además, este modelo neoliberal genera otro daño colateral crucial. Implica que el Estado, la Administración pública, tiende a concebir la calidad como un asunto de los centros docentes, a quienes, en todo caso, les financia –de forma ridícula- la aplicación de programas de mejora en función de su rendimiento. La calidad deja de ser una cuestión política, pública, para convertirse en un problema de gestión en el que todo reside en la acción o voluntad del profesorado de cada centro docente, con la participación más o menos activa de las familias y el alumnado, y con el que nada o poco tienen que ver las políticas educativas y los recortes y desasistencia continuada de la Administración Educativa. De esta forma, son los propios centros quienes asumen esta mentalidad neoliberal buscando competir entre ellos, en vez de cooperar y compartir, para estar en la cima del ranking y se hacen selectivos con el propio alumnado que ingresa, pervirtiendo su función: ya no se trata de qué puede hacer el centro por el alumno o la alumna, sino qué aporta cada nuevo alumno para que el centro no baje en ese índice, pues su financiación depende del mismo, como se plantea en la LOMCE.

En definitiva, no se puede plantear un derecho social como si fuera una cuestión particular, cuando el derecho a la educación es del niño, no de sus progenitores. Y es la comunidad, a través de los poderes públicos, quien tiene la obligación prioritaria de garantizar a todos los niños y niñas por igual una educación sólida, acorde con sus necesidades, integral, global e inclusiva, que responda a los principios contemplados en la Declaración Universal de los derechos humanos, así como en los convenios y tratados internacionales que asientan los mínimos colectivos establecidos.

No podemos potenciar un modelo de mercado competitivo en el ámbito educativo, basado en la selección de centros por parte de las familias buscando una ventaja competitiva para los suyos en el futuro mercado laboral. Lo que debemos exigir es que se dote a todos los centros de los recursos suficientes y las medidas adecuadas para que todos ellos ofrezcan la máxima calidad y las mejores oportunidades de cara a que todo el alumnado pueda recibir la mejor educación.

Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a recibir la mejor educación estén en el centro que estén para hacer efectivo así el derecho universal a la educación para todos y todas, no sólo para aquellos niños y niñas que sus familias tengan los recursos suficientes y la capacidad para seleccionar los “mejores” centros. Es responsabilidad de los gobiernos crear y desarrollar una red de centros públicos que ofrezcan la mejor educación y con la máxima calidad para todos los niños y niñas, sin discriminación en función de la capacidad o los recursos de sus familias para seleccionar determinados centros.

Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

 

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Validado el decreto sobre interinos docentes donde se prima la nota de oposición sobre la experiencia previa

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Figar lo ha conseguido, la experiencia pasa a no valer nada:

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-validado-decreto-interinos-docentes-donde-prima-nota-oposicion-experiencia-previa-20140409121117.html

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha refrendado la validez del decreto del Gobierno regional 42/2013 por el que se regula el procedimiento de selección de interinos docentes y en el que se primaba la nota obtenida en la oposición sobre la experiencia.

   Así lo detalla la Sala de lo Contencioso Administrativo en sendas sentencias, adelantadas este miércoles por el diario ‘La Razón’, en las que desestima los recursos plantados por las federaciones de enseñanza de UGT y CC.OO y considera “ajustada a derecho” la norma.

 

   Los sindicatos habían sustentado su recurso en que el primar la nota de la fase de la oposición (8 puntos) sobre la experiencia docente (1,5 puntos) suponía una “desproporción” que vulneraba los principios de igualdad, mérito y capacidad.

   Aparte, sostenían que dicho decreto vulneraba el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial (por el que se prorrogaba la norma de 2009 hasta que no se alcanzara un consenso) y los principios de negociación colectiva en relación con la libertad sindical.

   En el caso de la sentencia al recurso de UGT, el TSJM no comparte las alegaciones de desproporción de la norma adjuntadas por el sindicato al entender que “nada impide que se valore especialmente la nota obtenida en la prueba, como es la fase de oposición, primándola muy por encima del mero ejercicio de la profesión”.

   Se alude para apoyar esta tesis la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que restringe la valoración de la experiencia previa, “por cuanto no ha de olvidarse que la capacidad ha de prevalecer sobre el mérito”.

   “Es la oposición la prueba objetiva por excelencia, dada que la dificultad de valorar en todo su sentido hasta qué punto los casos impartidos como docente han sido eficaces, y las razones por las que un profesor interino llegó a ocupar un puesto de enseñante en un tiempo pretérito”, recoge el fallo.

   Sobre la vulneración de negociación colectiva, las sentencias establecen que la prórroga se establece si ninguna de las dos partes denuncia ese punto, algo que se hizo desde la Viceconsejería de Organización Educativa después de tres reuniones con los sindicatos.

   Este aspecto supone la “falta de prórroga” del acuerdo aludido por los sindicatos, según el artículo 38.11 de Estatuto Básico del Empleado Público, expone la sección séptima de la Sala Contencioso Administrativo del TSJM.

 

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Insoportable cinismo (del PP en educación)

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Una buena reflexión sobre el cinismo pepero en el tema educativo:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/05/andalucia/1396714938_271342.html

La primera conclusión que se puede extraer del último informe PISA sobre la capacidad para resolver problemas es que los jóvenes de 15 años de nuestro país tienen poca autonomía personal, están sobreprotegidos y, para ciertos aspectos de la vida, parecen tener tres años menos de su edad. No hacía falta el informe PISA para esto. Lo que resulta chocante es que todos han señalado a la educación —que no a la familia, a la sociedad, a los medios de comunicación— de la falta de madurez de nuestros jóvenes.

 

La segunda conclusión, puede ser preocupante. Si las pruebas del PISA son universales e intentan alejarse de cualquier localismo o factor que altere los resultados, ¿cómo es posible que los ejercicios se refieran a programar un MP3, un robot de limpieza, un climatizador o comprar un billete de metro en la pantalla de un ordenador táctil? ¿Se emplearon las mismas preguntas en todos los países y condiciones? Imaginen a un niño colombiano enfrentándose a aparatos que no ha visto en su vida, comprando un billete para un metro en el que jamás han puesto un pie o interpretando un plano de transportes que desconocen.

La tercera conclusión es de carácter político. La reacción del Ministerio de Educación ha sido de un cinismo espectacular. La secretaria de Estado ha afirmado que la metodología que se aplica en las aulas es “anticuada, más centrada en la adquisición de conocimientos que en la resolución de problemas complejos, desarrollar un pensamiento crítico y trabajar en equipo”. Estoy absolutamente de acuerdo con estas afirmaciones pero provienen de un ministerio y de un partido político que acaba de aprobar la LOMCE, una ley que cabalga en dirección contraria a estos criterios. Para impulsar el pensamiento crítico ha acabado con la Filosofía, impuesto la religión como materia evaluable y suprimido Educación para la Ciudadanía. Una ley que ha aumentado la carga memorística, reducido el valor de las competencias y ninguneado la formación en las nuevas tecnologías en la enseñanza.

No sé si el PP recuerda su sublevación, hace solo tres años, contra la introducción de los ordenadores, las pizarras digitales y el wifi en la escuela, hasta el punto de que tres comunidades autónomas (Madrid, Murcia y Valencia) rechazaron los fondos que el Ministerio de Educación les ofrecía e incluso argumentaron que el uso del ordenador “provocaría miopía y problemas ergonómicos en los adolescentes”.

Pero donde las afirmaciones del ministerio se vuelven apoteósicas es en el tratamiento a los docentes. De sus palabras se deduce que son “anticuados”, no desean “liderar los cambios”, se oponen “a las nuevas metodologías” y son, más o menos, un obstáculo a las reformas. Es el mismo Gobierno que ha suprimido dos horas de trabajo de coordinación y tutoría, el que ha aumentado espectacularmente el número de alumnos por aula y ha despedido a 35.000 docentes en el primer año de su mandato. No hay apenas nada en la LOMCE que hable de nuevas metodologías ni que promueva la formación del profesorado, que se realiza de forma individual con cargo al tiempo y dinero del propio docente. En vez de reconocimiento, exigencia; en vez de apoyo, culpabilidad; en lugar de comprender que la educación es una tarea de toda la sociedad, se hace responsable al docente de los comportamientos, capacidades, conocimientos, autonomía, integración, valores y futuro de nuestros jóvenes… ¡Ni que fuésemos superhéroes que no queremos emplear nuestros superpoderes!

 

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