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Y el fax de Inspección sigue dando vueltas

Os dejo dos artículos de dos webs muy comprometidas -Madrilonia y Kaos en la red- sobre el fax famoso (https://profesorgeohistoria.wordpress.com/2011/12/01/consejeria-presiona-para-aprobar-las-pga-por-lo-civil-o-por-lo-penal/):

http://madrilonia.org/2011/12/mas-presiones-y-mas-recortes-de-la-consejeria-de-figar/

Más presiones y más recortes de la Consejería de Figar

La consejera Figar no cede en su lucha contra la educación pública: no se reúne con los representantes del profesorado, no deroga las instrucciones de comienzo de curso, no consigue normalizar el funcionamiento de los centros ni acallar las protestas de la comunidad educativa.

Su respuesta a los problemas es la amenaza, la apertura de expedientes, la presión a profesores y directores, la descalificación o la ridícula denuncia por las camisetas verdes, llevada hasta la denuncia judicial en la jornada electoral.

AMPAS, profesorado, directores y sindicatos han promovido dos actuaciones para luchar contra unas instrucciones impuestas y que no siguen la normativa vigente: no aprobar la PGA (Programación General Anual) y firmar los horarios con un “no conforme” y con una observación de los directores que manifestaban su desacuerdo por no cumplir la normativa vigente.

Nada de críticas a los horarios. La respuesta de Figar ha sido aumentar la presión, sirviéndose del Servicio de Inspección para sus fines políticos y no para que cumpla con sus tareas de apoyo y coordinación de los centros. Encarga a los inspectores que den instrucciones verbales, que éstos transmiten a los centros, manifestando a título personal su desacuerdo. Las últimas llamadas se han producido el día 25 de noviembre para comunicar que “los directores tendrían muchos y graves problemas si seguían enviando el DOC (Documento de horarios) con el “no conforme” de los profesores y con el añadido que habían puesto los directores como desacuerdo con las instrucciones de este curso.

Por fin, el día 28 de noviembre los centros han recibido por fax unas “instrucciones de la Subdirectora General de la Inspección Educativa, Belén Aldea, que establece la prórroga de la PGA del año anterior si no se ha aprobado la de este curso. La otra decisión es la de obligar a los directores a rehacer los horarios y quitar las observaciones de profesores y  las de los directores. No pensará que al quitar esas observaciones desaparece el problema. Todo esto acompañado de las presiones verbales de los inspectores al llamar a los directores y anunciarles los males que les esperan si no cumplen con esta circular.

Informes de FETE-UGT, de  CCOO y de los directores han puesto en duda la capacidad de la Subdirectora de la Inspección para dictar estas normas ya que la inspección no es cargo ejecutivo, sino las Direcciones Territoriales. Y para esta tarea de corrección de los horarios ha dado de plazo a los directores hasta antes del día 5 de diciembre, o sea, hasta el día 2. Todo sólo para acallar a profesores y directores, pero con una presión más intensa hacia éstos últimos.

Más recortes económicos. El presupuesto para el funcionamiento de los centros se entrega en dos plazos: marzo (el 70%) y septiembre (30%). Después de muchas preguntas de los directores, en esta semana se les ha informado que está apunto de llegar a los centros. Los que lo están recibiendo, se encuentran con quitas que van de 3.000 a 4.500 €  (entre un 6 y un 10%) y son centros que no han reducido ni grupos ni alumnos. Esto, unido a la disminución en 2011 de estas partidas respecto de 2010, va a suponer un 8% menos para el funcionamiento de los centros y una cantidad global próxima al millón de euros, datos referidos solo a los institutos de educación secundaria.

La escalada de recortes y presiones no cesa al tiempo que la comunidad educativa empieza a no ver luz al final del tunel. Nadie dijo que la defensa del derecho a una educación pública y de calidad iba a ser sencillo cuando en frente se encuentra un gobierno despótico como el de Aguirre y Figar. Atrincheradas en su posición política, como si de un chiste macabro se tratase, estas dirigentes tienen una posición cada vez más debilitada en las estructuras del PP y, sin duda, quieren morir matando. Pero son precisamente la guerra abierta que tienen contra el PP nacional y la imposibilidad de saltarse la ley para aprobar las PGAs, las dos brechas sobre las que hay que incidir para seguir debilitando y deslegitimando su posición. El desgaste palpable de una lucha de largo recorrido no debe hacernos olvidar que lo conseguido hasta ahora ha sido histórico y que dará sus frutos más pronto que tarde.  La reflexión abierta en el seno de una Comunidad Educativa va mucho más allá de la consecución de unos objetivos políticos  a corto plazo. La retirada de las Instrucciones se conseguirá o no, pero que la #mareaverde va a estar presente y activa en el futuro de la educación pública madrileña no cabe duda que es uno de los mayores avances en la defensa y redefinición de un derecho que es de todas y todos.

A. Sabín

http://www.kaosenlared.net/noticia/chapuza-juridica-para-salvar-carrera-lucia-figar

Chapuza jurídica para salvar la carrera de Lucía Figar

Tal y como afirmaba ayer un bloguero “les hemos dado duro”. Las instrucciones a los servicios de Inspección sobre la no aprobación de la PGA han resultado un bodrio plagado de mentiras y medias verdades, sin ningún tipo de respaldo legal y pergeñado para salir del paso. El aparato jurídico-coactivo-sancionador de la Comunidad de Madrid hace aguas por los cuatro costados.

Si una PGA no se aprueba no puede prorrogarse la del curso anterior. Eso no tiene ninguna base ni viene dispuesto en ninguna ley ni reglamento. Tal y como se argumentaba ayer en diversos foros de internet dedicados a la educación madrileña. ¿Acaso todos los cursos son iguales en cuanto a plantillas, proyectos educativos, planes de atención a la diversidad, extraescolares, etc?

La PGA tiene que ser informada en el Claustro y aprobada por el Consejo. Pero el Consejo tiene la obligación de respetar todos los aspectos docentes que el Claustro haya formulado. Es decir, que si el Claustro no aprueba mayoritariamente los horarios (o deja constancia de sus muchas irregularidades), si no aprueba el plan de atención a la diversidad (con los recursos actuales de los centros es imposible aprobarlo con un mínimo de calidad), o si tampoco da el visto bueno a otra serie de aspectos docentes como las actividades complementarias y extraescolares o los distintos planes y proyectos educativos que considere necesarios, el Consejo escolar no puede aprobar esa PGA. Sería algo absurdo desde el punto de vista docente y vulneraría, además, esos artículos 69.2 y 69.3 del ROC o los artículos 127, 128 y 129 de la LOE.

La Consejería no sólo tiene en contra a la inmensa mayoría de los profesores y a más de 2/3 de los directores de instituto, es que además una buena parte de los inspectores que deberían ejecutar estas cacicadas se están dedicando a filtrar documentación reservada y boicotear su aplicación. Cualquiera se habría dado cuenta de que ha perdido la batalla, cualquiera menos Lucía Figar, claro. La consejera está ‘desnuda’ jurídicamente hablando y no lo sabe, o al menos nadie se atreve a decírselo.

Desde la PICAM recomendamos a nuestros asociados y simpatizantes la lectura del último artículo del blog Tizaflauta de Bob Harris, que explica alguna de las posibles consecuencias de todo este embrollo legal, urdido simplemente para salir del paso y salvar la carrera política de la consejera:

http://tizaflauta.blogspot.com/2011/12/el-laberinto-figar.html

http://consolidacionmadrid.blogspot.com/2011/12/chapuzas-juridicas-para-enmendar-lo-de.html
Categorías:Movilizaciones
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