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Lectura imprescindible
Buenísimo:
1.- Porque sí, se puede.
Porque es posible la unión y la confluencia de todos y todas, de los educadores/as de la escuelas públicas y de los profesores/as de postgrado, de las familias que quieren una plaza escolar para sus hijos, de los jóvenes que se enfrentan a una universidad cada vez más elitista, de los/as investigadores, de los alumnos/as con discapacidad, de los jóvenes que quieren trabajar en la enseñanza y ven que no tendrán una plaza educativa en décadas, de los parados que no encuentran una plaza para reciclarse en formación profesional o de los trabajadores/as de enseñanza concertada que ven deterioradas sus condiciones de trabajo mientras que las empresas del sector siguen siendo las beneficiadas de la “crisis”. Es posible la confluencia de todas las organizaciones sindicales de todos los sectores, de las familias y de los estudiantes porque todos compartimos un interés: la educación…
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Ana Mato expropia a los funcionarios
De obligada lectura para los que se creen que su plaza está blindada o cosas por el estilo:
Ana Mato, ministra de Sanidad, anda estos días escondida debajo de las piedras. Mañana jueves su Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (publicado el 20 de abril) llega al Congreso, y ayer martes el periódico del Gobierno, el Boletín Oficial del Estado,abría su edición con nada menos que cinco apretadas páginas de “corrección de errores” en el texto del Decreto. “La extensión de la corrección delata a quien lo ha redactado”, afirma Antonio Fernández-Pro, vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.
La profundidad del bochorno de la ministra ante el fiasco de su primera acción de gobierno está detrás, según fuentes del propio Ministerio, del hecho de que un día antes, el lunes, se reuniera a solas y sin testigos con los presidentes del Consejo General de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, y del de Enfermería, Máximo Jurado. Evidentemente, esa reunión no se produjo porque hubiera erratas en el texto, sino porque se trata de rectificaciones que, en algunos casos suponen, incluso, una marcha atrás en toda regla.
No es para menos. Fernández Pro, al que los médicos han puesto al frente de un gabinete de crisis, define el decreto como “un aviso a navegantes: somos el primer colectivo de funcionarios a los cuales se les expropia su puesto de trabajo”. Efectivamente, la polvareda levantada por los recortes sanitarios del decreto ha tapado una medida que, de salir adelante, acaba con la seguridad jurídica de los funcionarios españoles.
El decreto dice que todos los funcionarios que “presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas”, lo que incluye entre otros a médicos y enfermeros, deberán ser integrados “como personal estatutario fijo” antes del 31 de diciembre de este año. Y añade: a aquellos que se nieguen a perder su condición de funcionarios, “las comunidades autónomas los adscribirán a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas”. En otras palabras, los que no quieran perder sus derechos adquiridos durante décadas como funcionarios serán despojados de su plaza y obligados a terminar su carrera, en lugar de ejerciendo como médicos o enfermeros, tras la mesa de un despacho de una Consejería ajena a la sanidad. ¿En Turismo, Agricultura, Obras Públicas…?
Tras la reunión, la cuestión se añadió a la larga retahíla de cinco páginas de corrección de errores publicada ayer martes. Pero no ha conseguido calmar las aguas. Alarga el plazo para llevarlo a cabo un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, y añade: “Debe añadirse el inciso sin perjuicio de los derechos consolidados”.
No parece suficiente. “Vamos a convocar una manifestación en Madrid a principios de junio, y estamos recopilando firmas para enviar una carta de protesta a la ministra y al presidente del Gobierno”, explica Fernández-Pro. Entre médicos y enfermeros, la medida afecta a unos 6.000 funcionarios, pero “de funcionarios que presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas podríamos estar hablando de entre 20 y 25.000″ asegura el presidente del sindicato de médicos de Aragón, y uno de los integrantes del comité de crisis creado por los colegios de médicos, Leandro Catalán.
Alargar el plazo y la coletilla de los derechos consolidados se refiere a la jubilación de los funcionarios. Falta un año para que los últimos funcionarios que obtuvieron plaza en la entonces centralizada sanidad pública española cumplan 30 años de cotización a la mutua de funcionarios Muface, el límite que supone la consolidación de sus derechos de jubilación. “Aún así, no está claro que ahora la Seguridad Social, a la que nunca hemos cotizado, pueda reconocernos esos años cotizados a una mutua profesional”, advierten Catalán y Fernández-Pro. Además, los funcionarios de Muface pueden jubilarse a los 60, otro de los derechos adquiridos que perderían.
Es más, las correcciones no afectan a lo fundamental, la pérdida de sus plazas en propiedad como médicos o enfermeros y la obligatoriedad, si se niegan a arriesgarse a perder 30 años de cotización, a abandonar su práctica profesional. “Ni siquiera supondrá un ahorro, sino posiblemente un mayor coste. ¿O no van a sustituir a todos esos médicos y enfermeros que dejarán de atender pacientes?, se pregunta Catalán.
Mato ha incendiado la sanidad española. Incluso entre los dos principales colectivos afectados, médicos y enfermeros. Máximo Jurado, presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería se indigna ante la noticia de las movilizaciones que preparan los médicos. Según explica, en las dos reuniones que él y el presidente de los médicos, Rodríguez Sendín, mantuvieron con la ministra no le plantearon rectificar el decreto, sino sólo corregirlo para alargar el plazo e introducir la coletilla sobre los derechos consolidados: “Se ha pactado lo que ambos consejos generales habíamos pedido, y se ha pactado al 100%. Al día siguiente no se puede salir hablando de manifestaciones. A mí se me caería la cara de vergüenza, y a mí no se me va a caer la cara de vergüenza”.
Para Jurado, esa pelea se debe dar ahora en la transposición del decreto a las respectivas normativas autonómicas que deberán ponerlo en marcha, donde “contamos con fuerza y argumentos jurídicos”. Para añadir: “¿Cómo vamos a pretender cambiar un decreto ley? Mire a los catalanes o a los andaluces que no les queda otra que acudir al Constitucional. Nosotros ya tenemos nuestras estrategias jurídicas perfectamente establecidas para cuando llegue el momento”.
Mientras llega, el PP aplicará mañana su mayoría parlamentaria y sacará adelante el “ultracorregido” Real Decreto Ley que por primera vez mete mano en la propiedad de las plazas de funcionarios. Sean muchos o pocos, es lo de menos. Que los demás pongan su barbas a remojar.
Vídeo: La falsificación del déficit público en Madrid
Carmona avisó hace más de un mes… Por eso algunos no quieren que se graben los plenos:
22M, huelga educación nacional. Profesores, estudiantes y familias.
Recorte sobre recorte en educación
La educación española se enfrenta a un recorte sin precedentes. El Gobierno prevé que entre 2010 y 2015 el peso de la inversión pública en educación se reduzca del 4,9% al 3,9% del PIB, según el documento de ajustes enviado a Bruselas por el Ejecutivo. Y España ya estaba por debajo del PIB medio europeo. Esa bajada equivaldría a la pérdida de unos 10.000 millones de euros en cinco años.
La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española: con miles de profesores menos, suspensión de programas de apoyo escolar, ahogos para pagar la luz o la calefacción… Y eso es solo el principio.
A partir de septiembre, con el inicio del nuevo curso, se empezarán a percibir buena parte de las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos desde 2010 (más de 3.000 millones) y de los otros 3.000 millones extra que busca reducir el decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Unas consecuencias aún inciertas, pues dependerán del ahogo económico y las prioridades de cada autonomía.
En esto ha insistido mucho la última semana el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al defender el decreto. Este fija un mínimo de recortes y ofrece nuevas herramientas legales —principalmente, el aumento del número máximo de alumnos por aula y las horas de clase que dan los profesores— para reducir plantillas en unos 40.000, según el PSOE, y muchos más, según los sindicatos, pues buena parte de las medidas afectan también a los colegios concertados y a la Universidad. Según Wert, no queda más remedio que recortar, pero las medidas apenas afectarán a la calidad del sistema, aunque se está pidiendo a los profesores un esfuerzo en estos críticos tiempos con medidas “dolorosas”, dijo. Estas también incluyen la posibilidad de aumentar unos 500 euros de las matrículas universitarias (sobre una media de 1.000 al año), mientras se endurecen las condiciones para acceder a las becas.
Pero en el otro lado, representantes de toda la comunidad educativa (padres, sindicatos y alumnos, desde la educación infantil a la Universidad) se han movilizado porque sí creen que afectará a la calidad de un sistema que aún necesita mejorar mucho (aunque está bajando, el abandono escolar casi dobla la media europea: más del 26%). También creen que las más perjudicadas serán las clases humildes: según un estudio de CC OO de Madrid, cuando se reducen profesores, se recortan los apoyos para los que van peor. Piden preservar al máximo la educación pública de los recortes, pues de ello depende, aseguran, el futuro del país.
Jesús María Sánchez, de Ceapa (asociación de padres mayoritaria en la escuela pública), explica que tanto el decreto como el plan de ajustes enviado a la UE han conseguido unir un movimiento de protesta que hasta ahora se había movido como los recortes, por goteo. El martes próximo, en una inédita huelga convocada en toda España en todos los niveles educativos, se verá hasta qué punto lo ha hecho.
Para el catedrático de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado, “frente a una política de tabla rasa, la huelga está justificada; no lo está si se trata de reducir la grasa sin afectar al hueso”. Por ejemplo, el aumento de ratio “no reducirá la calidad especialmente en los colegios con alumnado más homogéneo, pero será un grave error hacerlo en aquellos donde sea más heterogéneo”. Dice que hay margen para recortar en Universidad, pero que se debe invertir más en educación de cero a tres años y en FP. Pero lo que de momento se ha aplicado, según la asociación de directores de centros públicos Fedadi, es esa política de tabla rasa.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/19/actualidad/1337450845_829383.html
Wert da un giro ideológico a Educación para la Ciudadanía
Ya sabíamos que la asignatura era un campo de batalla…pero lo que no sabíamos era que Wert traía otra formación del espíritu nacional:
El objetivo es eliminar las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” de la asignatura más polémica de las tres últimas legislaturas: Educación para la Ciudadanía. En la práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, obviar las escasas referencias a la homosexualidad, e incorporar como nuevos temas la defensa de la iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que transformaría la asignatura, que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.
La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114 objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó, tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos, que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.
Entonces, las asociaciones de objetores reclamaron diálogo al Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en los que debían quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o rechazo a la discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente algún epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se refiere al racismo, la xenofobia y la homofobia.
El ministerio anunció en enero que intentaría aplicar los cambios “lo antes posible”, en referencia al curso que viene, por lo que ahora se cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre (para esto hace falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros de la nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:
Homosexualidad. Elude la referencia a los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa se centra en “la familia en el marco de la Constitución Española”, la noción de la ciudadanía o “los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española”.
Desigualdades. Educación para la Ciudadanía se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de compromiso” para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que el que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se propone una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el deber de transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las elecciones” o “la opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y pobreza” o “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.
Terrorismo y nacionalismo excluyente. Los alumnos ya no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo desigual”, sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.
Economía. El bloque que estudia las sociedades democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la dimensión económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.
Propiedad intelectual. Tras la polémica por la llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de otras propuestas como la gestión de desechos, preservación del patrimonio, la contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y el medioambiente.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/18/actualidad/1337372224_754584.html
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