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La Defensora del Pueblo afirma que los recortes “han pasado factura” a la educación

 

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La defensora del pueblo -y grande de España- reconoce lo evidente:

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-defensora-pueblo-afirma-recortes-pasado-factura-educacion-20140227134057.html

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) –

 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, afirma que las restricciones presupuestarias “han pasado factura” al sistema educativo en 2013 en todos sus niveles: instalaciones educativas, ayudas a alumnos y familias, servicios complementarios de comedor y transporte, atención a las necesidades educativas especiales, entre otros.

   En el informe anual correspondiente al ejercicio 2013 presentado este jueves en el Congreso y Senado, este organismo indica que la situación del sistema educativo ha motivado actuaciones por parte del Defensor del Pueblo en cuya resolución final “se ha topado frecuentemente con las limitaciones presupuestarias”.

Asimismo, el documento alerta del incremento de las quejas por los precios públicos en las universidades, el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso a las becas y ayudas al estudio o los cambios en el Programa Erasmus con el curso ya empezado. Esta institución apunta que estas cuestiones son también “reflejo de las restricciones económicas”, que “convendría aliviar” en la medida en que la evolución de la economía lo permita.

En cuanto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la Defensora del Pueblo pide que se destinen recursos suficientes, como condición “imprescindible” para que la reforma alcance sus objetivos. Asimismo, advierte de la necesidad de apostar por el servicio público educativo, adaptar las instalaciones, rehacer la programación académica y lectiva, renovar los materiales didácticos y dotar al sistema de profesorado suficiente y adecuadamente formado.

BARRACONES, PADRES EN PARO Y ACOSO ESCOLAR    De nuevo, en el documento de 2013, la institución que dirige Soledad Becerril advierte del uso de instalaciones precarias o barracones en algunas autonomías, como Comunidad Valenciana o Aragón. En el primero de los casos, la institución advierte de que esta administración no ha aportado información que permita conocer cuándo se van a construir instalaciones definitivas.

Ante esta situación, este organismo estudia la posible realización de nuevas actuaciones de oficio para conocer el grado de cumplimiento por las administraciones educativas de las previsiones que manifestaron en 2010 y 2011 para sustituir los barracones por aulas adecuadas.

En cuanto a los distintos sistemas de admisión de alumnos, la Defensora del Pueblo advierte de que en la Comunidad de Madrid no se tenga en cuenta la situación de los padres en paro en el acceso de los niños al primer ciclo de Educación Infantil, lo que ha llevado a los ciudadanos a formular numerosas quejas. La institución solicitó al Gobierno madrileño que modificara esta cuestión y la adaptara a la situación social actual, pero éste eludió tal recomendación.

El informe se detiene este año en el acoso escolar, pese a que no esté relacionado con la ordenación académica de las enseñanzas. Tal y como advierte, se han registrado quejas cuestionando la inexistencia de previsiones que impidan el acceso de alumnos responsables de acoso a los consejos de los centros escolares. También afirma que el tratamiento de estos episodios tiene que estar dirigido a lograr que la violencia es “reprobable” y depara “consecuencias negativas” a los agresores.

RETROCESO EN AYUDAS A LIBROS DE TEXTO    Los datos aportados por las administraciones educativas a lo largo del año 2013, han permitido al Defensor del Pueblo constatar el “importante retroceso” experimentado en los fondos destinados a la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, así como en el número de beneficiarios. Las distintas medidas adoptadas por las CC.AA. han llevado a Becerril a advertir de “diferencias de trato que no parecen aceptables”.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad en el curso 2013-2014 volvieron a presentar dificultades en el informe de 2013, que ya se mencionaron en los anteriores, muchas de ellas ocasionadas por la mantenida descoordinación, entre las distintas universidades, de las fechas en las que finalizan los procesos de selección respecto de las del inicio del curso académico.

Estas dificultades se agravan cuando se trata del acceso a estudios de gran demanda, como los del grado de Medicina. Según datos llegados a esta Institución, algunas universidades dieron por concluido el procedimiento de admisión a estos estudios e iniciaron el curso sin haber ofrecido todas las plazas vacantes a los numerosos estudiantes que se encontraban en lista de espera.

“PREOCUPACIÓN” POR EL NUEVO SISTEMA DE BECAS    La inclusión de requisitos académicos más estrictos en las convocatorias de becas y ayudas estatales para realizar estudios postobligatorios en el curso 2012- 2013 respecto a las anteriores, y la “progresiva disminución” de ayudas públicas para el estudio de la enseñanza superior fueron dos cuestiones repetidamente puestas de manifiesto en numerosas quejas presentadas en 2013, según el documento.

La Defensora del Pueblo expresó a la Secretaría de Estado de Educación su “preocupación” sobre los efectos que las nuevas exigencias pudieran tener sobre los alumnos que accedieron a las universidades, o aspiraban a acceder, de acuerdo con los requisitos anteriores, teniendo en cuenta que habrían organizado sus estudios para alcanzar unos objetivos académicos que, de acuerdo con las nuevas reglas, no les darían derecho a obtener becas para el próximo curso o provocarían que se les obligara a la devolución de las ya obtenidas.

La tramitación de las solicitudes de becas y ayudas al estudio personalizadas fueron objeto un año más de quejas, pues en un porcentaje elevado de casos, se resuelven a lo largo de los cinco primeros meses del año posterior a la convocatoria de becas, lo que da lugar a que las resoluciones se produzcan cuando ya se encuentra avanzado el curso para el que éstas se conceden, “incumpliendo, al menos parcialmente, la finalidad protectora que las becas y ayudas conlleva”, subraya el informe.

 

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