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Amaño de contratos en Educación de la Comunidad de Madrid

 

Lucía Figar en la Inauguración del XI Congreso de EC

La última de Figar va de amaños, otra ilegalidad de la consejera cielina:

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/06/5341a5c3ca474154218b456f.html

Transcripción literal: «Enrique estos son los presupuestos….creo lo mejor es que veas si puedes ajustar alguno y así llevarte alguna más…no ajustes todos pues se va a notar mucho….de momento sólo serían para ti lo CD [sic]. Luego llama a Juan y le dices que te has confundido y que revisando de nuevo le vas a mandar los nuevos… Yo creo que puedes bajar un poco el de las tres familias y los de Régimen especial

Hablamos….NO le comentes nada a Juan de esto…

JULIA».

Éste es el contenido literal del correo que supuestamente remitió Julia González Henche, asesora de la directora general de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, a Enrique Martín Sánchez, dueño de la empresa Suministros Integrales Distripaper, dedicada al negocio de las artes gráficas, el suministro de material de oficina y el regalo promocional.

El correo fue enviado el 19 de diciembre de 2012 y, según el contenido al que ha tenido acceso este diario, González le habría hecho llegar información interna con las ofertas de sus rivales. Esos datos se los remitió un asesor técnico docente de la Unidad Técnica de Ordenación Académica que estaba por debajo de ella en el escalafón, y que era quien tenía que recoger las propuestas.

En los correos posteriores, supuestamente Martín Sánchez hacía exactamente lo que le había indicado la asesora de la directora general. El propietario de la empresa niega que hubiese remitido ese correo a González Henche.

«Una persona que trabajaba en la empresa y que tenía acceso a todos los datos informáticos falsificó esa serie de correos. Se trata de una persona que lleva unos 20 meses de baja. El asunto se ha denunciado a la Policía», precisa el dueño de la empresa supuestamente beneficiada.

La funcionaria dejó su puesto el mismo mes que un medio preguntó por el ‘afair’

Explica que en junio del pasado año un medio de comunicación se puso en contacto con él y la Consejería de Educación por este mismo asunto. Martín Sánchez reconoce que, finalmente, acabó llevándose dos de los lotes que se ofertaban y que realizó una oferta a la baja «porque me pidieron que me ajustase los costes». Asimismo, admite que habló con la asesora sobre este tema, y que fue ella quien le recomendó «de palabra» que rebajase la oferta, pero que «nunca me dio información sobre las propuestas de las otras entidades».

Asegura que la empleada a la que atribuye los problemas «boicoteó su página web» y que se enteraron de lo que sucedía por sus clientes: «Nos anularon los correos electrónicos y se falsificaron. Esa persona tenía acceso a ellos. No recibí ni envié ningún correo con los datos del concurso», reitera. Lo cierto es que casi un año después de conocerse los hechos ya no trabaja para la Consejería de Educación, según aclara, y que para él en estos momentos de crisis esto «es un problema». Además, el mismo mes en el que el medio preguntó sobre el asunto a la asesora, en julio, dejó su puesto en la Consejería de Educación.

«La funcionaria que gestionó ese contrato ya no trabaja en la Comunidad de Madrid, cambió de destino en julio de 2013. Se trata de una funcionaria docente del cuerpo de maestros que había estado ocupando un puesto de perfil técnico [como asesora técnica docente] desde noviembre de 2007. En la Consejería de Educación nunca se ha recibido ninguna denuncia ni reclamación relativa a ese contrato [diseño de dípticos para la feria Aula]», asegura un portavoz de la Consejería. Este periódico ha intentado de forma infructuosa ponerse en contacto con la asesora a través de Educación o conocer su paradero para obtener su versión de los hechos.

Además de Distripaper, a la disputa de los diferentes lotes del contrato se presentaron otras tres empresas más: Raro, Allende y Quimera. Se trataba de un contrato menor, ya que no superaba los 50.000 euros de presupuesto, por lo que no se adjudicó por concurso público, sino por invitación directa.

No se abrió investigación

Tanto el propietario de la empresa supuestamente beneficiada como desde la Consejería de Educación coinciden en precisar que conocieron el asunto a comienzos del verano pasado, aunque desde la Comunidad de Madrid introducen matices para justificar que no se haya abierto ninguna investigación interna. «Se trataba de un contrato menor que se ajustó a lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 138.3 del Real Decreto legislativo 3/2011) y fue fiscalizado a favor por la Intervención. En la Consejería de Educación nunca se ha recibido ninguna denuncia ni reclamación relativa a ese contrato», precisa un portavoz. Aclaran que en el departamento de comunicación de la Consejería atendieron la llamada de un medio en julio de 2013, «en la que el periodista solicitaba hablar con la funcionaria que gestionó los contratos, cosa que hizo». Respecto al contenido de los contratos, precisa que no tenían información. Éste es el motivo por el que la Comunidad de Madrid no habría abierto una investigación interna para dilucidar si hubo trato de favor o no a una de las empresas que contrataban. De igual forma, precisan que desconocer el motivo por el que la funcionaria decidió cambiar de destino el mismo mes de julio. / J. G. T.

 

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