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Archive for julio 2, 2016

Cifuentes desoye al Ministerio y mantiene más alumnos por clase de los que marca la ley

 

Continúan las estrategias de Figar, Cifuentes sube las ratios en la pública como estrategia para favorecer a la concertada:

http://www.eldiario.es/sociedad/Madrid-decreto-validez-saltandose-ratios_0_526697746.html

Tras publicarse las listas provisionales de admisión, la Comunidad de Madrid solo se compromete a cumplir el número de estudiantes en las aulas nuevas

El consejero de Educación firma dos cartas que apelan a un decreto sin efecto y a una situación excepcional recogida por la LOMCE que no se adapta a este caso

Esta subida del 20% de alumnos por aula se justificó por la reducción de la tasa de reposición de profesores, que vuelve al 100% este año acompañada de la propuesta del Ministerio para volver a ratios normales

Cristina Cifuentes en una imagen incluida en su blog en septiembre de 2015.

La Comunidad de Madrid, presidida por la ‘popular’ Cristina Cifuentes, ha contado desde 2012 hasta este curso con el beneplácito del Ministerio de Educación para aumentar las ratios de sus centros públicos hasta un 20%, pero a partir de septiembre estas subidas ya no se sostienen legalmente y se siguen produciendo, a tenor de las cartas firmadas por el consejero de Educación Rafael Van Grieken a un grupo de madres del colegio público Eugenio María de Hostos ypublicadas por Cadena SER.

Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por  un decreto aprobado en 2012 que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal. A partir de septiembre, este escenario pasa a la historia y, de acuerdo con los últimos Presupuestos Generales del Estado, se cubren todas las vacantes. Es decir, se recupera la tasa de reposición del 100%.

 
 

El condicionante que apunta expresamente el decreto de 2012 ya no es tal y, como aclaró el Ministerio de Educación el pasado agosto, queda sin efecto en este punto. Por el camino se han quedado 4.500 maestros y profesores solo en Madrid.

Hasta este curso, la Comunidad de Madrid ha mantenido ratios desorbitadas en algunos casos amparándose en esta normativa. El propio consejero de Educación reconocía en la Asamblea de Madrid que 120 aulas de Primaria (de un total de 9.885) tenían más de 28 estudiantes; 80 de la ESO (de 4.808) superaban la ratio de 33; y 22 de Bachillerato (de 1.807) reunían una cifra superior a 39 alumnos y alumnas. CCOO dice en un informe publicado el pasado mes de marzo que “sería necesario crear 222 grupos y asignar 412 profesores para cubrir el exceso de ratio actual”, cuya dimensión según cálculos del sindicato es mayor.

Estas aulas, de acuerdo con la nueva situación, deberían tratar de reducir sus ratios este curso y volver a las establecidas por la ley precedesora de la LOMCE (la LOE), de la que se mantiene el número de alumnos y alumnas por clase. En concreto son 25 en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

Solo los grupos nuevos cumplirán las ratios legales

Tras publicarse las listas provisionales de admisión de estudiantes, fuentes de la Consejería de Educación consultadas por eldiario.es dicen que “se cumplirá con las ratios establecidas en la normativa de cara al próximo curso” y justifican que en 2012 la Comunidad de Madrid “no aplicó de forma generalizada el incremento del 20% del decreto del Gobierno central”. Insisten en que las “ratios medias están por debajo de las ratios máximas”.

A la pregunta de si todas las aulas quedarán con las ratios establecidas por ley, la Consejería solo se compromete a que “todos los nuevos grupos que se creen respetarán la ratios”. La reducción del número de alumnos en las aulas cuya ratio está por encima de la norma queda emplazada a “las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas”.

La única mención que hace la LOMCE al número de alumnos y alumnas por aula está recogida en el artículo 87.2, que contempla una subida de hasta un 10% para hacer frente a las necesidades inmediatas de escolarización de los estudiantes de incorporación tardía. El consejero de Educación se agarra, tras aducir primero al decreto ya sin validez, a este margen de maniobra para justificar al grupo de madres del CEIP Eugenio María de Hostos el aumento de ratio en las clases de tres años por el cierre de un aula.

CCOO denuncia que la Consejería “hacen de excepción la regla” e incorporan esa ratio ampliada en la planificación inicial de la oferta cuando se reserva para la “escolarización de estudiantes de incorporación tardía”. El sindicato también se queja de “falta de transparencia” para el acceso a las listas de admisión. “No hay un sistema centralizado que saque a la luz pública los solicitantes y las vacantes”.

“Prefería pública, pero me han dado concertada”

Varias familias se han puesto en contacto con eldiario.es para dar cuenta de la alta demanda de plazas en determinadas zonas de Madrid. Es el caso del PAU de Vallecas (también llamado Ensache, dentro del distrito Villa de Vallecas), donde 59 alumnos y alumnas se quedaron, según datos de las diferentes AMPAS, sin plaza en el colegio elegido como primera opción en la lista.

En la zona hay dos colegios públicos (330 plazas) y tres concertados (440 plazas). Los dos primeros centros cuentan, según las familias, con una alta demanda y algunos niños y niñas han terminado matriculándose en colegios concertados por falta de plazas.

El hijo de Raquel Hernández, de 3 años, empezará en septiembre en uno de esos centros –de línea 6–, donde asegura que le piden una cuota mensual de 175 euros como “contribución al funcionamiento del colegio”. A eso hay que sumar la cuota de comedor, el coste de las horas ampliadas y los libros. “Ya me han advertido de que si no pago la mensualidad durante tres meses, el centro se reserva su derecho de admisión para el curso que viene. Es decir, pueden rechazarme la plaza”, explica.

Raquel no sabe cuántos niños y niñas habrá en la clase de su hijo, aunque intuye, por la distribución de las plazas para los niños que se quedaron fuera en su primera opción, “que por lo menos serán 28, si no llegan a 30”.

Las cartas firmadas por el consejero de Educación y dirigidas a un grupo de madres de un colegio público del distrito Moncloa-Aravaca hicieron saltar las alarmas sobre los aumentos de ratio, tal y como avanzó Cadena SER. Según la correspondencia entre ambas partes, la Consejería ha decidido cerrar un aula de tres años en dicho centro escolar. En consecuencia, 54 niños y niñas tienen que dividirse en solo dos clases.

El Gobierno de Cifuentes no garantiza a los alumnos un centro público en el distrito en el que viven

 

Con Cifuentes y Van Grieken siguen desviando alumnos a la privada:

http://www.eldiario.es/sociedad/Comunidad-Madrid-dirigiendo-instituto-concertado_0_529497399.html

Hoja de opciones que recibió Carolina para matricular a sus hijas en el Servicio de Escolarización.

Hoja de opciones que recibió Carolina para matricular a sus hijas en el Servicio de Escolarización.

La “libre elección” de centro escolar implantada por la Comunidad de Madrid en el año 2012 no lo está siendo tanto para Carolina (nombre ficticio), madre de una adolescente de 15 años que a día de hoy no tiene un instituto adonde ir el curso que viene. La Comunidad de Madrid le ha denegado la plaza en todos los centros públicos de Secundaria de su nuevo distrito, Fuencarral-El Pardo. La única opción que le da la Administración es matricularla en colegios concertados, donde sí hay vacantes.

Tras cambiar de domicilio, Carolina solicitó instituto para sus hijas –tiene otra de 13 años– en la zona de su casa actual. Listó tres centros –los más cercanos al nuevo domicilio– en la solicitud que tienen que rellenar todas las familias, en la que crean su propio ranking de colegios e institutos por orden de preferencia independientemente del lugar en el que vivan. Un sms le informó, tras la publicación de las listas provisionales, de que ni una ni otra de sus hijas estaba admitida en los institutos que Carolina había elegido.

El siguiente paso marcado por la burocracia es ir al SAE (Servicio de Apoyo a la Escolarización) correspondiente para ver qué plazas vacantes han quedado tras la primera ronda de asignaciones. Carolina cuenta que esperó durante tres horas “una cola interminable de personas que estaban en la misma situación”. “Me dieron un listado de centros con plazas libres. Para tercero de la ESO solo había un instituto público con cinco vacantes en uno de mis distritos limítrofes (Tetuán), pero me dijeron que no lo solicitara porque ya se habrían cubierto con personas de la cola. Yo creo que esto no es legal”, explica en conversación con eldiario.es. La única opción pública que le ofrecía el listado –con un nutrido número de vacantes en centros concertados– era un instituto de la zona Chamberí, a más de 13 kilómetros de su nueva casa.

¿La Comunidad de Madrid está obligada a garantizar una plaza pública a cada uno de los escolares de un distrito? Fuentes de la Consejería aseguran que se “garantiza una plaza pública para todas las familias” sin concretar a qué distancia del domicilio y subrayan que “en ningún caso se deriva a ningún alumno a centros concertados”.

16.483 escolares no han sido admitidos en los centros que pidieron sus familias en la solicitud, según datos recogidos por CCOO. Son las únicas cifras disponibles pues la Consejería no hace públicos los números. Solo afirma que el 93% de las familias han obtenido plaza en el centro que pidieron como primera opción. CCOO denuncia la “falta de transparencia” en este sentido.  “No existe ningún sistema centralizado que saque a la luz pública las solicitudes y las vacantes”, sostiene Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato en Madrid.

El sistema previo al de libre elección funcionaba a través de comisiones de escolarización que dividía las zonas en distritos educativos con centros adscritos unos a otros, es decir, colegios asociados a institutos. “Esto garantizaba la unidad y continuidad en la escolarización en el mismo barrio”, defiende Galvín. “El modelo de ahora –continúa– no es tanto libre elección como una bolsa común que genera masificación, desequilibrio y desigualdades”.

Vallecas y Villaverde, más zonas con problemas

Carolina se negó a incluir en su segunda lista centros concertados –”todos religiosos, por cierto”– y decidió añadir en la primera enumeración el resto de institutos restantes de su distrito, a pesar de saber que no había posibilidades. Acto seguido, se dirigió a la Dirección de Área Territorial (DAT) para poner una reclamación. Era 8 de junio y aún no ha obtenido respuesta.

“Lo que más me enerva es que a las familias nos dirijan de este modo a los centros concertados, aunque no queramos. En la cola reparé en que la mayoría se conformaba, pese a que preferían la escuela pública, con tal de quitarse la angustia de no saber dónde van a estar sus hijos e hijas en septiembre”, asegura Carolina.

Es la historia de Raquel Hernández, una madre que terminó matriculando a su hijo de tres años en un colegio concertado de Vallecas dada la imposibilidad de que entrara a uno de los públicos que solicitó. “Están sobrecargados y no van a aumentar más las líneas, así que no me quedó otra opción”, dice. Les ha pasado a varias familias de la zona, según los datos recogidos por las diferentes AMPAS de la zona del PAU de Vallecas, donde el curso que viene calculan que habrá más alumnos y alumnas matriculados en la concertada (440 plazas) que en la pública (330).

Marlene, con un hijo de seis años, se niega a ceder. Su niño y otros 14 del barrio de San Fermín (distrito Usera-Villaverde), procedentes de escuelas infantiles, no tienen acceso a los centros públicos de la zona. “Gano 200 euros y no quiero ni puedo permitirme pagar una cuota al mes que exigen muchos coles concertados. Las familias afectadas vamos a resistir hasta que nos den una alternativa”, dice al otro lado del teléfono. Esa resistencia ha empezado con el registro de 2.000 firmas en la Consejería de Educación. Uno de los colegios más cercanos perdió el año pasado una línea en primero de Primaria y ha cubierto todas las plazas con los alumnos que promocionan de Infantil.

En algunas zonas, como en Vallecas, se da además una paradoja que los opositores al sistema de libre elección de centro en la Comunidad de Madrid achacan a este modo de asignar las plazas. Y es que hay centros públicos con vacantes “a los que nadie quiere ir”, reconoce Raquel. “El problema es que se concentra la demanda en unos pocos centros y en otros apenas hay”, completa Galvín.

El PSOE contabiliza el cierre de 78 aulas

La Consejería se pone de perfil y no da respuesta sobre si va a cerrar aulas el próximo curso, aunque hay casos documentados que demuestran que sí. Ha pasado, por ejemplo, en el colegio público Eugenio María de Hostos, donde se ha prescindido de una unidad de tres años y los 57 niños y niñas matriculados tendrán que dividirse en solo dos clases (con 28 o 29 escolares cada una). La cifra es superior a la ratio legal marcada por ley (25) y heredada de la anterior norma educativa (LOE). Hasta este curso, la Comunidad de Madrid contaba con el permiso del Ministerio de Educación para aumentar el número de alumnado por clase hasta un 20%, pero a partir de septiembre estas subidas ya no se sostienen legalmente y se siguen produciendo.

Pese a la ampliación de la oferta pública en 7.500 plazas, el PSOE ha documentado que el próximo septiembre se cerrarán en la Comunidad 72 aulas. Educación Infantil pierde 32 y el grueso de cierres se concentran en Formación Profesional, con la pérdida de 44 unidades. El este y el sur de Madrid son las zonas más afectadas, según el grupo socialista en la Asamblea, que asegura que la Consejería ha recortado 16 millones de euros de un año para otro en su presupuesto para mejora y ampliación de centros. A este respecto, la Comunidad asegura que “atiende sin problemas las necesidades de escolarización para el próximo curso”.

Carolina tenía la esperanza puesta en que quedara una vacante en la que era su primera opción para su hija pequeña. “Pude hablar con el director, me dijo que era bastante posible y al final podrá entrar allí”, afirma. Con la mayor la situación es más complicada y Carolina se están planteando que continúe en su instituto actual, a 55 kilómetros de la nueva casa, donde sí tiene plaza asegurada al estar ya dentro. “Voy a matricularla por lo que pueda pasar”, admite. Esta alternativa, reconoce, supone que su hija tenga que mudarse a vivir con su padre de nuevo a la sierra.

Asalto a la democracia en los centros escolares públicos del sur de Madrid

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Van Grieken sigue la línea marcada por Figar, adiós a la democracia en los centros y más directores puestos a dedo:

Asalto a la democracia en los centros escolares públicos del sur de Madrid

  • Hasta el momento, al menos en once centros se ha cambiado su equipo directivo “a dedo” desde la DAT SUR
  • La comunidad educativa está indignada, y afirma sin reservas que van a “pelear” esta decisión

A lo largo de la última semana la comunidad educativa ha ido tenido constancia de la designación “a dedo” por la Administración, de parte o la totalidad, de los equipos directivos de algunos de los centros de Getafe. Estas actuaciones han seguido un patrón común: la Dirección de Área Territorial Sur ha aprovechado que al final del curso académico debía producirse la renovación de alguno, o todos, los miembros de los equipos directivos de estos centros para no dar el visto bueno a las propuestas emanadas de los claustros y de los equipos salientes. Y según estas mismas fuentes, ha terminado por adjudicar esos puestos a través de un mecanismo de criterios por completo arbitrarios y ajenos a la voluntad de la comunidad educativa.

Los claustros, AMPAS, equipos directivos… entienden que es una manera de intentar evitar la respuesta por parte de la comunidad educativa que es completamente contraria a estas actuaciones. Sin embargo no sólo en Getafe se están tomando decisiones de este tipo, al menos en el territorio de la DAT Sur hay ya 19 centros afectados por medidas similares a éstas y en todos los casos el proceder de la Administración ha sido el mismo.

Un ejemplo. El colegio Miguel Hernández

Ayer, día 30 de junio, y a última hora, el colegio público Miguel Hernández recibía la notificación de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur (DAT Sur), informando que se denegaba el equipo directivo propuesto por el claustro y apoyado por las familias y el resto de la comunidad educativa del propio colegio. Se les niega, por tanto, la posibilidad de que el colegio elija su director/a, jefe/a de estudios y secretario/a, aprovechando el documento para indicar que ya se había asignado un nuevo director externo al centro.

Esta información circuló rápidamente entre padres y madres, quienes decidieron convocar asamblea por la tarde, invitando a su vez a gente de otros colegios del municipio, y extendiendo la información a medios, redes y centros educativos de toda la zona sur de Madrid.

En la asamblea se pudieron compartir datos, y en el caso de Getafe se está imponiendo equipos directivos en los siguientes  centros:
– CEIP García Márquez
– CEIP Alhóndiga
– CEIP Quevedo
– CEIP Miguel Hernández
– IES Satafi

Rechazo

El rechazo a esta forma de actuar por parte de la DAT Sur viene explicada porque, según la comunidad educativa, “la imposición de un Equipo Directivo por la administración resulta una medida antipedagógica“, entre otras razones porque:

  • Desestima e infravalora el criterio y opiniones de los profesionales que trabajan en los centros educativos.
  • Dinamita por completo proyectos educativos algunos de ellos con muchos años de rodaje.
  • Prescinde de las aportaciones de las familias a través de los Consejos Escolares.
  • Permite el desembarco de “profesionales”, con una carga de responsabilidad muy alta respecto a la organización del centro, que desconocen el carácter del mismo.
  • Dificulta y problematiza los comienzos de curso en estos centros, perjudicando la calidad educativa y el trabajo en equipo de los claustros.
  • Alteran la paz social de los centros y no ayudan a respetar la libertad y autonomía de la comunidad educativa y de los centros, iniciando conflictos de tensión innecesarios.

Así, desde la comunidad educativa se cuestionan “si no existen argumentos pedagógicos que justifiquen la arbitrariedad de estas decisiones cabe entonces preguntarse por qué la administración actúa de esta manera tan irresponsable y arriesgada. Y lo que se deduce en última instancia es una manera de pretender controlar los centros educativos, por parte de la Administración mediante la imposición la imposición de equipos directivos que se deban a la Administración y no a los administrados (que son los destinatarios de este servicio público)”, explican en un comunicado.

Por estas razones, solicitan la rectificación de la asignación de los equipos directivos de forma arbitraria y la confirmación de los equipos directivos propuestos en cada centro.