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Archive for abril 22, 2017

Ignacio González desvió 1 millón de euros de ICM

Ahora se entiende mejor las aplicaciones informáticas de ICM que hemos padecido los trabajadores de la Comunidad de Madrid.  Cualquiera que haya padecido AFDI (gestión docente) lo entenderá a la perfección:

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Los conciertos: una perversión educativa

+chapas

Excelente artículo de Agustín Moreno analizando la escuela subvencionada que segrega:

https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/04/los-conciertos-una-perversion-educativa/1399

La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.

Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.

El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.

No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.

La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.

Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.

Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.

No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y  4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.

La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.

¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.

El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.

El gasto público en colegios concertados marca un récord en 2015

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La concertada sigue creciendo de forma imparable gracias a los políticos y, también, a sus políticas de segregar al alumnado:

http://linkis.com/cadenaser.com/ser/20/0Hl1j

La recuperación ha llegado a la escuela concertada mientras que la pública sigue sufriendo los estragos de la crisis. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, el gasto público en conciertos en el año 2015 (cifras aún provisionales) fue de 5.918,316 millones de euros, el mayor de toda la serie histórica y superior a los 5.891,028 millones de 2009, el más alto hasta ahora. Ese gasto récord en 2009 se produjo en el año en el que hubo mayor inversión educativa en España 53.895,012 millones en total, el 4,99% del PIB.

En 2015, sin embargo, las buenas cifras de la concertada contrastan con los recortes que aún se notan en la pública. Las Administraciones Educativas se gastaron en centros públicos 40.730 millones de euros. La inversión aumentó con respecto a 2014 en 1.652 millones pero está muy lejos de los 48.003 millones del año 2009. En total, la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015 que en 2009, mientras que en la concertada el gasto fue de 27 millones de euros más.

Las cifras reflejan también como la concertada ha salido reforzada con respecto a la pública de estos años de recesión. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%.

Todas las comunidades autónomas excepto han Andalucía han aumentado la proporción del gasto educativo que dedican a la enseñanza concertada. Las que más,  Murcia donde la inversión en centros concertados ha pasado de suponer el 11,8% en 2009 al 16%en 2015 respecto al gasto educativo total  y Madrid donde ha subido del 15,9% al 19,9% en ese periodo. En estas dos comunidades la inversión en conciertos ha aumentado a pesar de los recortes y de la caída en el presupuesto global para Educación. También es importante, de más de dos puntos porcentuales,  la subida del gasto en concertada en la Comunidad Valenciana (del 13,2% al 15,9% del gasto total) Baleares del 18,2% al 21,1%, Navarra del 18,4% al 21,2% y La Rioja donde ha subido del 14,6% al 17,2% En todas estas comunidades gobernaba el Partido Popular en ese periodo.

En cualquier caso la comunidad que más gasta en conciertos es el País Vasco que en 2015 invirtió el 24,4% del total del gasto educativo en este tipo de enseñanza, en 2009 ya gastaba el 23,2% por lo que ha subido algo más de un punto porcentual.

La única comunidad en la que ha bajado proporcionalmente el gasto destinado a la concertada es Andalucía, casi un 0,4%. Además en Castilla y León el porcentaje no ha variado entre 2009 y 2015 y se mantiene en el 12,6%.

La Directora General de centros educativos de la Región de Murcia, María Dolores Valcárcel, reconoce que se han incrementado los conciertos atendiendo, asegura, a la demanda social: “El aumento del presupuesto destinado a conciertos entre 2009 y 2015 se debe al crecimiento vegetativo de los centros educativos que aún no están concertados completamente”, explica en declaraciones a la SER en una grabación remitida por la propia consejería de Educación de Murcia.

Valcárcel añade que con ese 16% del gasto se atiende al 24% de los alumnos murcianos y que entre los compromisos del Gobierno regional está “garantizar la complementariedad de la enseñanza concertada con la pública” y “la libre elección de centro a las familias”.

Una explicación parecida da la Comunidad de Madrid. En una respuesta por escrito la consejería de Educación explica que el incremento en el gasto en conciertos se debe “crecimiento vegetativo de los centros”. Afirma que entre 2009 y 2015, el periodo analizado, aumentaron en casi 50.000 los alumnos de la concertada mientras que en la pública descendieron en 10.000. Educación responsabiliza del aumento de los conciertos a los anteriores Gobiernos del PP y subraya que Cristina Cifuentes “no ha autorizado la apertura de ningún centro concertado en lo que va de legislatura”. Además señala que mientras que los alumnos de la concertada han subido casi un 16% el gasto solo lo ha hecho un 9,6% y recuerda que Madrid equiparó los sueldos de los profesores de la concertada y la pública en 2008 lo que “sólo en los primeros 4 años ha supuesto un gasto de 160 millones de euros”.

El profesor de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero,cree que hay dos factores que explican el aumento del gasto en conciertos a niveles previos a la crisis: “En la concertada se puede recortar menos porque la administración pública sólo paga los salarios y, por tanto, es más fácil hacerlo en los centros públicos. Por otra parte, en algunas comunidades, como Madrid, Murcia, Valencia o Cataluña, ha habido una voluntad política de impulsar la concertada y esto hace que en los últimos años, incluida la crisis, haya habido una expansión de centros concertados y un incremento de la participación del gasto en conciertos sobre el gasto educativo total”. Calero también subraya que la proporción de alumnos que van a la escuela concertada y los que estudian en centros públicos se ha mantenido estable durante la crisis lo que refuerza la idea de una apuesta política por la concertada. “El número de alumnos se ha mantenido muy estable, también durante la crisis, uno de cada tres alumnos va a centros concertados y dos de cada tres a centros públicos. Sin embargo, sí que ha habido durante la crisis ese crecimiento de la participación del gasto público en centros concertados. Es una evolución que claramente se debe a una voluntad política de dar impulso a los centros privados-concertados”.

En este punto coincide con Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: “Yo creo que las políticas del Gobierno han tenido un claro sesgo privatizador y eso es una opción ideológica y política. Ha habido una apuesta clara por favorecer la privatización de la enseñanza por parte de la mayoría de las administraciones educativas del partido popular”. García también recuerda que los recortes en la enseñanza pública han hecho aumentar el gasto privado de las familias durante la crisis – que ha pasado de representar el 0,8% del PIB al 1% – lo que afecta a la equidad del sistema educativo y a la igualdad de oportunidades de los alumnos con menos recursos.

Para Calero, experto en Economía de la Educación, la equidad del sistema educativa se basa en la fortaleza de la red pública: “Parece que un sistema donde hubiera más participación del sector público sería un sistema educativo con más posibilidades de igualdad. Una mayor presencia de colegios concertados abre más las puertas a la capacidad de elección, lo que también supone una reducción de la igualdad, supone más segregación, normalmente. Ahora, siempre en política educativa tenemos estos dos polos:  la igualdad y la capacidad de elección. Unas políticas se orientan hacia un tipo de objetivo, otras hacía otro”.

¿Por qué a algunos nos chirrían los conciertos educativos?

buenísima

Excelente artículo de Jordi Martí, en xarsatic:

http://www.xarxatic.com/por-que-a-algunos-nos-chirrian-los-conciertos-educativos/

Ya cansa el debate estéril y demasiado ideologizado acerca de los conciertos educativos. No, el debate acerca de la existencia de los conciertos educativos no debería llevarse al ámbito ideológico porque es una cuestión más bien técnica acerca de la oferta de un determinado servicio por parte de una empresa externa. Sí, un concierto educativo no es nada más que la externalización del servicio educativo, dotando de la potestad a una determinada organización, empresa o cooperativa, para ofertar un servicio porque, supuestamente, la administración educativa es incapaz de satisfacer la demanda de los padres. Y, seamos claros, hoy en día hay un 30% de alumnado que estudia en centros concertados porque hay padres que han decidido que ello sea así por varios motivos.

Conviene recordar que los conciertos educativos se implantaron en nuestro país mediante el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, firmado por el Ministro socialista Maravall en un momento en el que, debido a la necesidad de escolarización masiva de alumnado y, cómo no, una cantidad de nacimientos sin precedentes en nuestro país (léase baby boom de los setenta y ochenta), no se daba abasto con los centros públicos que existían. Es por ello que, para permitir la posibilidad de dicha escolarización y, sin el dinero necesario para ello, se optó por la fórmula del concierto que permitió a muchos centros educativos -la mayoría gestionados por la Iglesia Católica en sus diferentes congregaciones- recibir un dinero por parte del Estado que financiaría el salario de sus docentes, personal auxiliar y mantenimiento del centro, a cambio de eliminar “cualquier concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad“.

Así pues, el Estado se ahorra el coste de las infraestructuras y permite, sabiendo ya de entrada que habrá algún coste encubierto para las familias, la creación de esa triple línea que tanto nos chirría a algunos. Un servicio privado, subvencionado con dinero público, que compite de forma desleal tanto con el servicio público como con el privado. Pero no nos quedemos con la afirmación fácil. Vayamos a ver por qué nos chirría ese modelo de conciertos educativos.

En primer lugar, se supone que, en ningún momento la prestación del servicio educativo vía conciertos, va a segregar a ningún alumno por razón de sexo, raza o religión. Algo que está incluido en nuestra Constitución y, aunque les parezca a algunos algo a mejorar por ya llevar más de treinta años redactada y no sujeta a modificaciones cuando ha cambiado la sociedad, sigue siendo la norma básica de funcionamiento de nuestro país. Es por ello que no se entiende que haya centros concertados que segreguen por sexo (sí, hay centros del Opus, que son concertados, a pesar de permitir sólo la escolarización de niños o niñas), otros cuya tasa de inmigrantes roza el 0% cuando en el público de al lado hay más del 40% (y no, no estoy hablando de centros educativos alejados kilómetros) y otros que, curiosamente, al ser gestionados por organizaciones católicas, hacen imposible satisfacer las creencias de alguien que no crea en esa religión concreta. Cualquiera de los tres casos ya discrimina y, es por ello que dicho concierto no debería darse. Centros que ponen barreras a los padres, satisfaciendo la libertad de elección de algunos pero impidiendo la libertad de elección de otros, es algo contraproducente. No lo digo yo, es de lógica aplastante. Si un padre no puede elegir un determinado centro para su hijo porque considera que el mismo atenta contra su confesión religiosa, le genera desasosiego que su hijo sea el único de padres inmigrantes en el centro o, simplemente, tenga la mala suerte de tener una hija y querer que vaya a un centro exclusivo para niños, ya implica que la libertad de elección no es tal.

No, en el punto anterior no entro en las cuotas ilegales que se cobran bajo supuestas donaciones, ni en el miedo que tienen algunos padres al no pagarlas por los efectos que puede tener dicha acción sobre sus hijos porque estamos hablando de miedos y, quizás, no de realidades. Eso sí, algo que nos chirría bastante a los que creemos en la desaparición de los conciertos educativos por considerar que son innecesarios en su mayor parte, es la dificultad de encontrar su cuenta de resultados. Bueno, más bien la imposibilidad de acceder a ella para comprobar si realmente, tal y como nos dicen todos los propietarios de centros concertados, están perdiendo dinero. Da la sensación que todos los centros concertados pierdan dinero. Algo que resulta curioso cuando se pagan millones de euros en mordidas por el simple hecho de poder ser adjudicatarios de dichos conciertos. Por tanto, ¿qué miedo tienen en publicar esa cuenta de resultados y hacerla pública? Callarían muchas bocas que hablan del beneficio que sacan esos centros con un servicio subvencionado con dinero público. Si no hay problema en lo anterior, ¿por qué no hacer una ley que impida que los centros concertados puedan obtener beneficios? Por cierto, ¿por qué la administración no inspecciona la contabilidad de los centros concertados? Si lo anterior fuera público seguro que se eliminan muchos dimes y diretes. Además, como ciudadano, ¿no tengo derecho a saber dónde van mis impuestos y cómo se gestionan? Y si se puede incluir en la contabilidad todas aquellas empresas que, propietarias de la Fundación que gestiona esos centros, venden libros de texto, uniformes o plataformas educativas, haría que todo fuera mucho más claro.

Ya veis que hasta ahora he entrado en dos temas que me preocupan: la libertad de elección que no es tal y la necesidad de saber las cuentas de resultados de esos centros que pagamos entre todos. Queda un tema también importante… el de la contratación y gestión del personal.

Según la ley mencionada anteriormente, la selección de docentes para trabajar en esos centros deberá hacerse “de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad“. Algo que se incumple sistemáticamente porque, resulta curioso que no haya ningún tipo de listas para entrar a trabajar en esos centros mediante baremos objetivos tal y como sucede en los centros públicos. No, a día de hoy debería haber un baremo objetivo, no ideológico ni relacionado con haber sido o no ex alumno de esos centros, que permitiera una selección transparente como la que marca la ley. Lo lógico sería que, tal y como marca la ley, los docentes de la concertada tuvieran las mismas condiciones laborales que los de la pública, con los mismos derechos y deberes y fueran seleccionados mediante criterios meritocráticos y transparentes. Yo no conozco ningún lugar donde haya unas listas con méritos expuestos. Si alguno la conoce que me lo haga saber porque, sinceramente, llevo años buscándola. No, no me vale decir que una entrevista personal determine qué docente entra a trabajar o no en un centro concertado. Me vale decir que buscamos un docente que tenga el título X, el dominio de idiomas certificado Y y una determinada experiencia dando clase. Bueno, seamos sinceros, ¿por qué no usamos la lista de interinos de la pública para dotar de docentes a la concertada? Un mecanismo más transparente, con baremos objetivos y con la posibilidad de saber en qué momento te toca trabajar no lo hay. Y si no funciona del todo bien, articulemos uno específico para la concertada donde se cumpla la ley porque, ¿no interesa tener a los mejores docentes en la concertada para ofrecer la mejor calidad educativa y así conseguir mantener a sus “clientes”? ¿O lo que realmente venden es otra cosa?

Ya habéis visto que me he alejado de apriorismos facilones para entrar de lleno en algunas cosas que me chirrían de la concertada. No pido mucho. Pido tan sólo transparencia, libertad para TODOS los padres y, cómo no, un sistema muchísimo más transparente que el actual de algo financiado con dinero público. Eso sí, por favor, evitaros comentar el típico mantra de que una plaza en la concertada sale más barata al erario público (que podría desmontar, de forma tan o tan poco interesada como los que venden lo anterior) porque, a mí lo que realmente me importa es que sea más barato, y sin merma de calidad, para el ciudadano que usa esos servicios 🙂

Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüismo

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Un artículo excelente de obligada lectura:

https://espejismosdigitales.wordpress.com/2016/03/18/elitismo-educativo-escuelas-concertadas-y-bilinguismo/

La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.

La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.

En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.

El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.

¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.

Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.

Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.

Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.

Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüismo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.

El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.

[Este texto es un extracto de un artículo más amplio  (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]

Ignacio González ya declara ante el juez Velasco

En este blog lo repetimos numerosas veces, el PP de Madrid es el partido más corrupto de España desde Fernando VII y, de hecho, funciona como la camorra siciliana.  Ahora Ignacio González, el heredero y mano derecha de Esperanza Aguirre, entra en Soto del Real:

http://www.eldiario.es/politica/Ignacio_Gonzalez-PP-Canal_Isabel_II_13_634966498_10132.html

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declara ya ante el juez Eloy Velasco. Tras la declaración, el magistrado que dirige la Operación Lezo decidirá luego si le envía a prisión o le deja en libertad con medidas cautelares.

Antes que él han pasado a disposición judicial su hermano Pablo, que se ha negado a responder a las preguntas del juez y los fiscales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, a su llegada esta madrugada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Madrid, tras el registro de su despacho.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, a su llegada esta madrugada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Madrid, tras el registro de su despacho.