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¿Por qué a algunos nos chirrían los conciertos educativos?

buenísima

Excelente artículo de Jordi Martí, en xarsatic:

http://www.xarxatic.com/por-que-a-algunos-nos-chirrian-los-conciertos-educativos/

Ya cansa el debate estéril y demasiado ideologizado acerca de los conciertos educativos. No, el debate acerca de la existencia de los conciertos educativos no debería llevarse al ámbito ideológico porque es una cuestión más bien técnica acerca de la oferta de un determinado servicio por parte de una empresa externa. Sí, un concierto educativo no es nada más que la externalización del servicio educativo, dotando de la potestad a una determinada organización, empresa o cooperativa, para ofertar un servicio porque, supuestamente, la administración educativa es incapaz de satisfacer la demanda de los padres. Y, seamos claros, hoy en día hay un 30% de alumnado que estudia en centros concertados porque hay padres que han decidido que ello sea así por varios motivos.

Conviene recordar que los conciertos educativos se implantaron en nuestro país mediante el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, firmado por el Ministro socialista Maravall en un momento en el que, debido a la necesidad de escolarización masiva de alumnado y, cómo no, una cantidad de nacimientos sin precedentes en nuestro país (léase baby boom de los setenta y ochenta), no se daba abasto con los centros públicos que existían. Es por ello que, para permitir la posibilidad de dicha escolarización y, sin el dinero necesario para ello, se optó por la fórmula del concierto que permitió a muchos centros educativos -la mayoría gestionados por la Iglesia Católica en sus diferentes congregaciones- recibir un dinero por parte del Estado que financiaría el salario de sus docentes, personal auxiliar y mantenimiento del centro, a cambio de eliminar “cualquier concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad“.

Así pues, el Estado se ahorra el coste de las infraestructuras y permite, sabiendo ya de entrada que habrá algún coste encubierto para las familias, la creación de esa triple línea que tanto nos chirría a algunos. Un servicio privado, subvencionado con dinero público, que compite de forma desleal tanto con el servicio público como con el privado. Pero no nos quedemos con la afirmación fácil. Vayamos a ver por qué nos chirría ese modelo de conciertos educativos.

En primer lugar, se supone que, en ningún momento la prestación del servicio educativo vía conciertos, va a segregar a ningún alumno por razón de sexo, raza o religión. Algo que está incluido en nuestra Constitución y, aunque les parezca a algunos algo a mejorar por ya llevar más de treinta años redactada y no sujeta a modificaciones cuando ha cambiado la sociedad, sigue siendo la norma básica de funcionamiento de nuestro país. Es por ello que no se entiende que haya centros concertados que segreguen por sexo (sí, hay centros del Opus, que son concertados, a pesar de permitir sólo la escolarización de niños o niñas), otros cuya tasa de inmigrantes roza el 0% cuando en el público de al lado hay más del 40% (y no, no estoy hablando de centros educativos alejados kilómetros) y otros que, curiosamente, al ser gestionados por organizaciones católicas, hacen imposible satisfacer las creencias de alguien que no crea en esa religión concreta. Cualquiera de los tres casos ya discrimina y, es por ello que dicho concierto no debería darse. Centros que ponen barreras a los padres, satisfaciendo la libertad de elección de algunos pero impidiendo la libertad de elección de otros, es algo contraproducente. No lo digo yo, es de lógica aplastante. Si un padre no puede elegir un determinado centro para su hijo porque considera que el mismo atenta contra su confesión religiosa, le genera desasosiego que su hijo sea el único de padres inmigrantes en el centro o, simplemente, tenga la mala suerte de tener una hija y querer que vaya a un centro exclusivo para niños, ya implica que la libertad de elección no es tal.

No, en el punto anterior no entro en las cuotas ilegales que se cobran bajo supuestas donaciones, ni en el miedo que tienen algunos padres al no pagarlas por los efectos que puede tener dicha acción sobre sus hijos porque estamos hablando de miedos y, quizás, no de realidades. Eso sí, algo que nos chirría bastante a los que creemos en la desaparición de los conciertos educativos por considerar que son innecesarios en su mayor parte, es la dificultad de encontrar su cuenta de resultados. Bueno, más bien la imposibilidad de acceder a ella para comprobar si realmente, tal y como nos dicen todos los propietarios de centros concertados, están perdiendo dinero. Da la sensación que todos los centros concertados pierdan dinero. Algo que resulta curioso cuando se pagan millones de euros en mordidas por el simple hecho de poder ser adjudicatarios de dichos conciertos. Por tanto, ¿qué miedo tienen en publicar esa cuenta de resultados y hacerla pública? Callarían muchas bocas que hablan del beneficio que sacan esos centros con un servicio subvencionado con dinero público. Si no hay problema en lo anterior, ¿por qué no hacer una ley que impida que los centros concertados puedan obtener beneficios? Por cierto, ¿por qué la administración no inspecciona la contabilidad de los centros concertados? Si lo anterior fuera público seguro que se eliminan muchos dimes y diretes. Además, como ciudadano, ¿no tengo derecho a saber dónde van mis impuestos y cómo se gestionan? Y si se puede incluir en la contabilidad todas aquellas empresas que, propietarias de la Fundación que gestiona esos centros, venden libros de texto, uniformes o plataformas educativas, haría que todo fuera mucho más claro.

Ya veis que hasta ahora he entrado en dos temas que me preocupan: la libertad de elección que no es tal y la necesidad de saber las cuentas de resultados de esos centros que pagamos entre todos. Queda un tema también importante… el de la contratación y gestión del personal.

Según la ley mencionada anteriormente, la selección de docentes para trabajar en esos centros deberá hacerse “de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad“. Algo que se incumple sistemáticamente porque, resulta curioso que no haya ningún tipo de listas para entrar a trabajar en esos centros mediante baremos objetivos tal y como sucede en los centros públicos. No, a día de hoy debería haber un baremo objetivo, no ideológico ni relacionado con haber sido o no ex alumno de esos centros, que permitiera una selección transparente como la que marca la ley. Lo lógico sería que, tal y como marca la ley, los docentes de la concertada tuvieran las mismas condiciones laborales que los de la pública, con los mismos derechos y deberes y fueran seleccionados mediante criterios meritocráticos y transparentes. Yo no conozco ningún lugar donde haya unas listas con méritos expuestos. Si alguno la conoce que me lo haga saber porque, sinceramente, llevo años buscándola. No, no me vale decir que una entrevista personal determine qué docente entra a trabajar o no en un centro concertado. Me vale decir que buscamos un docente que tenga el título X, el dominio de idiomas certificado Y y una determinada experiencia dando clase. Bueno, seamos sinceros, ¿por qué no usamos la lista de interinos de la pública para dotar de docentes a la concertada? Un mecanismo más transparente, con baremos objetivos y con la posibilidad de saber en qué momento te toca trabajar no lo hay. Y si no funciona del todo bien, articulemos uno específico para la concertada donde se cumpla la ley porque, ¿no interesa tener a los mejores docentes en la concertada para ofrecer la mejor calidad educativa y así conseguir mantener a sus “clientes”? ¿O lo que realmente venden es otra cosa?

Ya habéis visto que me he alejado de apriorismos facilones para entrar de lleno en algunas cosas que me chirrían de la concertada. No pido mucho. Pido tan sólo transparencia, libertad para TODOS los padres y, cómo no, un sistema muchísimo más transparente que el actual de algo financiado con dinero público. Eso sí, por favor, evitaros comentar el típico mantra de que una plaza en la concertada sale más barata al erario público (que podría desmontar, de forma tan o tan poco interesada como los que venden lo anterior) porque, a mí lo que realmente me importa es que sea más barato, y sin merma de calidad, para el ciudadano que usa esos servicios 🙂

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