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La consultora McKinsey ha sido determinante en la elaboración del Libro Blanco de la docencia

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Noticia importante que ha pasado desapercibida:

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/28905-libro-blanco-marina.html

El Ministerio de Educación recibió el 7 de diciembre de manos de José Antonio Marina el “borrador” del Libro blanco de la función docente no universitaria. El libro, encargo del ministerio, ha venido precedido de unas expectativas fabricadas calculadamente para situar al catedrático y su obra en la línea con la que el destino se cruza con las grandes revelaciones. Todo aquello que le hace falta a nuestra educación nos lo ha contado Marina en su libro blanco. Y para fingir que cualquiera de la comunidad educativa puede colaborar en él, se han dignado habilitar un buzón opaco. Si lo que se reclama es el derecho a la participación, de alguna manera, pensarán, habrá que escenificarlo.

Cuesta imaginar que se atrevan a llamar borrador a un documento de 87 páginas en el que las líneas de actuación están desarrolladas hasta sus últimas consecuencias, pero basta leer el interior del documento para entender de dónde viene su atrevimiento. Porque difícilmente podrán mostrar respeto al consenso quienes han señalado como uno de los mayores problemas de nuestro sistema educativo su carácter democrático. Sirva de ejemplo la reivindicación de la figura del director como cargo impuesto desde la Administración, al que se le quiere otorgar un poder casi completo. Tanto el fondo del libro blanco como la forma de presentarlo suponen un viraje al personalismo, la lógica empresarial y el despotismo.

Para revestirlo de una autoridad incontestable, el libro blanco está plagado de citas bibliográficas, de artículos con títulos extranjeros, que aportan un aire de infalibilidad técnica y académica a sus propuestas. Convendría, por tanto, aclarar que no hay informes de ideología neutra y que, en el caso de este libro, la mayoría de ellos transita por corrientes de un pensamiento neoliberal poco disimulado.

Veinte veces menciona el libro blanco a la consultora estadounidense McKinsey & Co. Que esta consultora trabaje indistintamente en el campo del armamento, la sanidad o la educación debería hacernos entender que el desarrollo de sus encargos no tiene por qué contemplar la autoexigencia de la ética. Como convencido exponente del entramado neoliberal, McKinsey responde al dictamen de sus leyes: trabajar para quien paga y, por supuesto, a beneficio de quien lo hace.

Así se entienden los esfuerzos extraordinarios que empleó para impedir la universalización de la asistencia sanitaria en EE UU, su protagonismo en la privatización del ferrocarril en Reino Unido o las recomendaciones de llevar a cabo recortes brutales en la sanidad de este mismo país. Tras estas operaciones, clientes privados tienen parte de su trabajo resuelto para transformar en negocio de unos pocos los derechos de todos. Así pues, lo mínimo que le podemos conceder a McKinsey es su concienzuda voluntad de invadir nuestros centros públicos de todas esas reglas que el mercado tiene para competir sin necesidad de considerar la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente o la defensa de los derechos humanos como figuras obligadas en sus ecuaciones finales. Al fin y al cabo, más que necesitarlas, la rentabilidad económica exige que queden al margen.

Soberanía en la educación

No parece que decisiones tomadas a miles de kilómetros sobre mesas que sostienen maletas de ejecutivos sea el escenario ideal para organizar con un fin transformador la educación para nuestras próximas generaciones. Así que no nos queda otra que reclamar también en este sentido la soberanía de la educación pública.

Una visión reduccionista del ser humano está calando en los discursos que se pretenden salvadores de nuestra educación: la de que niños y niñas, adolescentes, junto al sistema mismo, deben entenderse sin más como la recámara de la economía de mercado.

Aclaremos por último y con tentación de ir atando cabos que Luis Garicano, responsable del programa educativo de Ciudadanos, tuvo la suerte de ampliar su currículo como economista en esta prestigiosa consultora, McKinsey & Co, y que son precisamente Marina y Gari­cano quienes se han ofrecido para con­sumar un Pacto por la Edu­ca­ción. Y un pacto político que no cuente con el pacto social, es decir, un pacto que no surja desde abajo y contemple la participación de toda la comunidad escolar –docentes, alumnado y madres y padres– es un sabotaje a la construcción democrática de nuestra educación para el futuro. No lo consintamos. Que el prestigio que precede los hechiceros y sus abalorios no enmudezca una defensa exigente de la educación pública.

“Los colegios bilingües son un timo”

Más artículos sobre el bilin basura de Aguirre:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-colegios-bilingues-son-timo-4794811

En las conversaciones que tenía con otros padres de la escuela a la que lleva a sus dos hijos pequeños, Susana de la Nuez veía un generalizado conformismo. Conscientes de las insuficiencias del sistema, era como si pensaran “esto es mejor que nada, que es lo que había”. Pero desde que escribió un durísimo artículo contando su experiencia personal en el blog ‘Hay derecho’, se ha dado cuenta de que muchos comparten su opinión. Quizás porque es bilingüe de verdad, traductora y socia de una empresa que se dedica a ello, sabía mucho mejor que nadie que en la escuela le estaban dando gato por liebre. No solo comparte con Javier Marías que lo que se ha implantado en Madrid no es “ni ensenseñanza, ni es bilingüe”. Ella opina que es, sin rodeos, “un timo”.

Empezando porque se implantó de sopetón, con una preparación improvisada de los maestros (“algunos los mandaron a  Irlanda tres meses, en otros casos otros confiaron en su experiencia”). Su hija se encontró en primero de primaria que con un libro de Inglés en el que se empezaban a impartir los rudimentos del idioma mientras en Conocimientro del Medio la primera clase versaba sobre el reino vegetal y era necesario tener un vocabulario y un conocimiento gramatical del inglés mucho más avanzado para entender la materia. “Mientras en Inglés trabajaban el verbo ‘to be’ y los más avanzados comenzaban a preguntar por el tiempo (‘Is it cloudy? Is it sunny?’), en “Science”  estudiaban la fotosíntesis o el ciclo del agua”, ejemplifica para resumir.

“Si sabes inglés te das cuenta de que tus hijos no avanzan pese a las estupendas notas”, explica Susana

NADIE SUSPENDE

Lo paradójico es que ningún niño suspendía la asignatura. ¿Cómo era posible?, se preguntaba. Hasta que descubrió que los exámenes “eran tipo test, con muchos dibujos, y a ser posible que del dibujo – por ejemplo, de una planta – salieran flechas de diversas partes en diversas direcciones y, preferiblemente, con una pequeña pista… Por ejemplo, una enorme L al lado de una hoja o una R junto a sus raíces”.

¿Y qué pasa si el progenitor tampoco sabe inglés? “Pues que no podrá ayudar a su hijo pero puede pensar que sabe inglés de verdad, en fin que es bilingüe de verdad. Y durante mucho tiempo nada ni nadie le sacarán de su error”. ¿Y si sabe inglés como Susana? “Casi peor. Te das cuenta de que tu hijo no está adquiriendo conocimientos a pesar de las estupendas notas, te das cuenta de lo absurdo del sistema y acabas convirtiéndote en su profesor particular”.

La experta recomiendabuscar colegio en Madrid con una sola consigna: que no sea bilingüe

Hasta que decidió sacar a sus hijos del colegio con una sola consigna: que el nuevo no fuera bilingüe. Difícil, porque la marea del supuesto bilingüismo deja ya pocas opciones. “Intenten buscar un instituto o colegio en Madrid que no se vanaglorie de su condición de centro bilingüe y no le saque brillo a la chapa todos los días. Habrá encontrado un auténtico centro educativo. No lo dude”. Así acababa Susana su artículo. Pero no es el fin de la historia. Ahora ha encontrado trabajo en Londres y allí sus hijos tienen una inmersión de verdad.

El “exterminio encubierto” de la Comunidad de Madrid en la educación pública deja desahucios, depresiones y pensiones irrisorias

 

Excelente artículo de EL PLURAL que cuenta lo que han pasado los profesores interinos de Madrid los últimos años:

Manifestación de la 'Marea Verde' por la educación pública / EFE

Todos recordamos la Marea Verde. La imagen de miles de personas organizadas, vistiendo la misma camiseta, llevando una reivindicación para defender no solo sus trabajos, sino la educación y el futuro de los demás. Ellos luchaban por la defensa de la educación pública para tratar de parar una privatización a veces encubierta y a veces más que evidente. Detrás de esa marea hay miles de personas que siguen luchando y, entre ellos, el colectivo de los profesores interinos, uno de los más afectados.

En los últimos años, más de 7.500 profesores interinos se han quedado en paro tras sufrir una serie de “ilegalidades, despropósitos, ataques y actuaciones arbitrarias que ya hemos denunciado por todos los cauces legales”, asegura un grupo de interinos. Ahora, denuncian en declaraciones a ELPLURAL.COM una persecución continua que no tiene otro objetivo que el de desprestigiar a la educación pública para que los padres solo tengan dos opciones a la hora de escoger: la privada o la concertada.

Obstáculo tras obstáculo para acabar con la educación pública
Todo empieza cuando la ultracatólica Lucía Figar consigue “acceder a un puesto de máxima responsabilidad -como consejera de Educación de la Comunidad de Madrid– sin tener formación ni trayectoria en educación”, según denuncian los interinos. Sus únicos logros: ser persona de confianza de Esperanza Aguirre y la mujer de Carlos Aragonés Mendiguchía, uno de los hombres fuertes del PP y actual diputado por Madrid. Para este colectivo, su etapa pasará a la historia como “la más detestable para la escuela pública madrileña”.


La etapa de Figar pasará a la historia como “la más detestable para la escuela pública madrileña”


De la noche a la mañana, la Consejería de Educación decidió cambiar la normativa y pedir una titulación de especialización para poder ejercer. Los miles de interinos que llevaban más de diez años trabajando habían salido de las universidades con una titulación de magisterio general, por lo que se vieron obligados a hacer un curso ‘de reciclaje’ si querían seguir trabajando.

Con el reciclaje hecho, siguieron en sus puestos de trabajo hasta que, de nuevo sin previo aviso, en2013 la Consejería se sacó de la manga el Decreto 42 que invalidaba una vez más sus titulaciones. Es aquí donde empiezan las “irregularidades”, ya que este decreto solo afecta a la Comunidad de Madrid y a la educación pública. Mientras que un profesor podía dar clases en escuelas concertadas o privadas con su ‘reciclaje’ en la mano, los interinos de la pública se vieron obligados a pasar de nuevo por oposiciones. Si aprobabas, es como si nada hubiera pasado, la titulación volvía a ser válida.

Los profesores que no pasaron la oposición se vieron obligados a hacer el grado que, en 2013, solo podía cursarse, casualidades de la vida, en la Universidad Privada Camilo José Cela (UCJC ) y a través de Magister, empresa de preparación para oposiciones y de formación del profesorado, la misma que se encarga de ayudar a pasar esas oposiciones. El hecho de que el grado solo existiera en la universidad privada y que costara entre 4.500 y 4.800 euros, cerró las puertas a muchos internos. Estas condiciones supusieron el fin de la carrera de personas, con nombres y apellidos, con familias e hipotecas que están viviendo situaciones insostenibles. Historias que son dignas de contar.

 

“Tengo que tomar ansiolíticos, somníferos y mi exmarido se hace cargo de mi hipoteca”
Yolanda García tiene 43 años y teme ser desahuciada junto a sus hijos de 13 y 6 años. Pero su vida antes no era así. Durante más de 11 años ha sido profesora interina en la educación pública madrileña como diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria del Profesorado de Granada y tras acabar las carreras de Magisterio en Lengua Extranjera Inglés y de Educación Infantil en la UCJC. “Llegué a la universidad matriculándome a escondidas, mis padres no querían que continuase estudiando, sino que empezase a trabajar. Hice Magisterio pues me resultaba vocacional y durante más de 20 años he dedicado mi vida al estudio y a las oposiciones”, recuerda. Pero nunca pudo optar a una plaza porque “al principio no tenía experiencia, que sumaba el 50% o más de la nota en el concurso-oposición. Luego la experiencia dejó de valorarse cuando comenzaba a tenerla”, explica.


“Tengo que tomar ansiolíticos y somníferos y cargar todos los gastos económicos del hogar a mi exmarido”


En 2013, Yolanda ve cómo todo cambia y nadie le da respuestas. Tras hacer su correspondiente ‘curso de reciclaje’, cae sobre ella el Decreto 42 que invalida todos sus títulos y ya son 3 años y 27 días en el paro. “Mientras trabajaba, invertí mi nómina de 3 años a pagar estudios en la Universidad Camilo José Cela” para poder seguir trabajando y tuvo que “cargar todos los gastos económicos del hogar a mi exmarido”. Y es que se ha gastado unos 15.000 euros en la Universidad, a los que hay que sumarle otros 6.000 u 8.000 euros en cursos de formación y un máster. Todo para ver cómo la Consejería de Educación pone cada vez más impedimentos para así beneficiar a la educación privada y “exterminar de forma encubierta” la pública y sus trabajadores.

Tras consumir el paro y un subsidio de 426 euros, “tengo que tomar ansiolíticos y somníferos porque he sufrido en este último año y medio varios ingresos hospitalarios por crisis de ansiedad y pérdida de consciencia”. Yolanda sufre de ansiedad crónica, depresión y anorexia nerviosa.

Con 60 años, teme verse en la “exclusión social”
José Alarcón, con 60, podría representar la otra cara de los interinos afectados, los que van a ver cómo su pensión va a bajar por estar los últimos años de su vida laboral en paro.

Tras 32 años en la educación, 15 como profesor de ciencias sociales y 17 de música, vive con el subsidio de 426 euros que, según denuncia, le quitan cada vez que llega el verano para mandarle al paro. Pero también denuncia cómo con los recortes, los profesores “pasamos de ser interinos a sustitutos a pesar de las necesidades objetivas de los centros” y cómo trocearon las jornadas para pagar sueldos de algo más de 600 euros.

“Me dejaron en la calle por un Decreto” que actualmente está derogado y que ha dejado todo en el aire, pues nadie pone solución a sus situaciones. “No tengo derecho a jubilación como existe en la concertada o para los funcionarios de carrera” que pueden acceder a ella a los 60 años. Por ello, sólo puede ver como su pensión mermará y teme quedarse en la exclusión social. “Tengo dos hijos en el paro mayores de 26 años y uno con una discapacidad del 36%”.

Reunión con un grupo de profesores interinos en paro por las actuaciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid / ELPLURAL.COM

Y tantas trabas, ¿para qué?
Todo parece apuntar a que este sufrimiento personal ha sido provocado por cuestiones económicas. “Nuestra precarización laboral está relacionada con la simple e hiriente cuestión de que contratar interinos es más barato que tener personal fijo, es más fácil despedirnos sin nada. A ello hay que sumarle el negocio económico de las academias y editoriales que preparan oposiciones” comoMagister “y los continuos cambios de titulación que nos llevan continuamente de vuelta a las facultades a obtener más títulos, cursos, especializaciones…”, explica Yolanda.

Pero hay dos razones más: “el interés encubierto de privatizar la enseñanza, cuyo proceso comienza desprestigiando al personal, precarizarlo y presionarlo para que rinda menos” y los intereses de empresas privadas que controlan las oposiciones y los grados. Magister está directamente relacionada con la UCJC y a la inversa, hasta tal punto que Yolanda denuncia que “dejan claro que para aprobar parte de las oposiciones mejor que te matricules en Magister lo antes posible y pagando el curso completo”. Para José, la razón se esconde en “las políticas de recortes y de segregación” sin olvidar “las nefastas políticas del PP en educación en Madrid”

Los colegios públicos de los nuevos barrios están desbordados

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Libertad de elección sin acceso a cole público, lo típico en Madrid:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/18/madrid/1453138399_475476.html?id_externo_rsoc=TW_CM

Desde hace una década las asociaciones vecinales de los nuevos barrios —conocidos como PAU— alertaban del problema en ciernes. La tasa de natalidad era altísima y habría que escolarizar a los nuevos residentes. Se abrieron guarderías privadas y algún colegio, principalmente concertados. Hoy, los escasos públicos están a rebosar. Este curso solo se han inaugurado dos institutos y tres colegios, aunque con fases sin terminar.

En los últimos años, la Consejería de Educación ha insistido en que no faltaba oferta, ya que había libre elección de centros por parte de los padres. Por eso, presupuestó año tras años centros que nunca llegó a levantar. En 2014, por ejemplo, se dejó sin gastar el 34% de la partida con la que se construyen los colegios. Educación argumenta para explicar esta falta de inversión que bajó en varias ocasiones “el precio por el que se habían licitado las obras y ya no se podían iniciar en el siguiente concurso”.

Para 2016 hay presupuestados 41 millones para la construcción de centros y otros 13,5 millones para reparaciones. En la capital se levantará uno de los tres institutos (Vallecas) y ningún colegio. Una práctica habitual ha sido la de edificar los centros por fases para ahorrar y ganar tiempo ante las quejas. Eso provoca que no dispongan de gimnasio o un patio en condiciones.

En una década, los estudiantes de Barajas han crecido en 2.600 por la apertura de urbanizaciones en la zona del aeropuerto y la Alameda de Osuna. Y en ese tiempo se ha producido un trasvase a la concertada. Los menores en la pública han pasado de representar el 61,2% al 52%. Aunque, al menos ya ha abierto, con años de retraso, la escuela Margaret Thatcher. El curso pasado los matriculados terminaron en otro colegio.

Toda una ciudad sin instituto

El distrito de Fuencarral ha tenido que asumir 11.600 alumnos más en una década. Los escolares de la pública han pasado en 10 años de suponer el 45,2% al 40%. Especialmente preocupa a las familias el reciente barrio de Las Tablas, que no tiene instituto pese a sus 30.000 habitantes (los mismos que Aranda de Duero). Además, quieren escolarizarse allí hijos a los trabajadores de multinacionales adyacentes. Sus vecinos tienen que cruzar a Sanchinarro para estudiar Secundaria —como parche se está ampliando— o matricularse en los concertados. El colegio Blas de Lezo, abierto en parte este año, supuestamente tendrá espacio para 300 menores más el curso que viene. “Las salas de profesores, de música o las bibliotecas de los colegios ya han tenido que ser sacrificadas para acoger a todos los niños”, se lamenta la Asociación de Vecinos de Las Tablas en una carta remitida a Educación. Montecarmelo tampoco tiene instituto, depende de Mirasierra, y 300 padres se manifestaron en diciembre.

En 2016 se pretende ampliar el colegio José Echegaray (Ensanche de Vallecas) para acoger 300 alumnos más. El distrito de Villa de Vallecas tiene 6.600 escolares más que hace una década, pero la progresión demográfica de El Ensanche (30.000 habitantes) no había sido la prevista y a eso se agarró Educación para demorar el instituto, que aseguran abrirá en el 2016-2017. En el distrito el 52% de los niños estudia en la pública, el 63% en 2004.

Dos buses para ir a clase

En el nuevo barrio de Butarque (15.00 habitantes), con la tasa de natalidad más alta de Madrid en 2014, las clases han empezado, al fin, con un instituto levantado en su primera fase y concluido en agosto a toda prisa. Hasta este curso los chicos tenían que ir a El Espinillo, atestado, cogiendo dos autobuses. Según la Asociación de Vecinos de Butarque, había allí 1.400 alumnos cuando se esperaban 800. El problema, en su opinión, no ha terminado porque en sus dos colegios públicos, construidos a toda prisa, no hay sitio para más. Sin embargo, en este distrito obrero, a diferencia de otros, ha habido un trasvase a la pública (62% del alumnado), dos puntos más que hace una década. Es el porcentaje más alto de todo Madrid.

En el PAU de Carabanchel los vecinos reclaman un nuevo instituto. Aseguran que desde 2011 el existente está masificado. El distrito tiene 6.800 alumnos más que hace una década. El 45,6% va a la pública, un punto menos que entonces. En una carta, una treintena de asociaciones de padres pidieron más plazas en la zona el curso pasado.

Visto lo visto, en un escrito de alegaciones remitido al Ayuntamiento, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) pidió en 2014 a la alcaldesa Ana Botella que Valdebebas, a medio urbanizar, contase con equipamiento social y zonas verdes a la vez que se construían las casas; “de forma que una vez que sean ocupadas no se produzcan los enormes desfases que se siguen dando en los PAU”. Valdebebas es el séptimo barrio inaugurado en Hortaleza, un distrito que tiene un 28% de sus niños matriculado en la pública, frente al 31% de hace 10 años. Al menos, para 2016 no se proyecta que Valdebebas tenga los centros educativos prometidos.

SOLO EN 9 DE LOS 21 DISTRITOS GANA LA ENSEÑANZA ESTATAL

En apenas nueve de los 21 distritos de la ciudad predominan los alumnos de la pública, que sólo representan un 39,9% del total (un 43% hace dos décadas). Por el contrario, suponen el 54,9% si el recuento es en toda la región. La cifra se mantiene más o menos constante en la última década, pero en los barrios de nuevo urbanismo no se dispone apenas de escuelas e institutos de la Comunidad.

Casi toda la escolarización en centros públicos se concentra en la almendra central (los distritos de Centro, Arganzuela y Usera) y parte de los del sur (Villaverde, Moratalaz, Vicálvaro o Villa de Vallecas) y el este de la capital (Barajas y San Blas-Canillejas). En todos supera el 50%, con un máximo del 62,8% en Villaverde.

En el otro extremo, están distritos donde la pública es absolutamente residual: Salamanca (17,3% de los alumnos), Chamberí (27,2%) o Chamartín (19%). Los bajos porcentajes corresponden con áreas de alto poder adquisitivo en las que las familias pueden permitirse pagar las “aportaciones voluntarias” de la educación concertada —sobre el papel no debe costar un euro— o colegios privados. Muchos de estos últimos, al fragor de la crisis, intentan que la Consejería de Educación les conceda el concierto, pues el viejo negocio privado se ha convertido en ruinoso. Muchas familias, antes ricas, hacen el esfuerzo de que sus hijos terminen la escolarización en su centro, pero se matriculan en los primeros cursos cada vez menos niños.

El 35,9% de los escolares de Primaria estudian en la pública; el 33,6% de los de Secundaria y el 49,3% de Bachillerato (etapa que hay que abonar en la concertada).

Así se hacía negocio con los barracones escolares de la ‘vergüenza’

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Más corrupción del PP en los colegios, vergüenza es poco:

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/01/18/56994bacca4741744d8b4604.html

El amaño de contratos públicos adjudicados por la Generalitat a empresas privadas parece que está moda. Si esta misma semana EL MUNDO ofrecía nuevos detalles sobre el cártel del fuego -el escándalo que investiga un juzgado de Sagunto sobre los presuntos fraudes cometidos por compañías del sector aéreoen las licitaciones relacionadas con las labores de extinción de incendios forestales-, el mercadeo practicado con los tristemente famosos barracones de la vergüenza que durante años poblaron los colegios de la Comunidad por falta de aulas, también revela la existencia de una trama perfectamente organizada para sacar la máxima tajada.

Y es que un selecto grupo de cinco empresas manipuló las licitaciones de laempresa pública Ciegsa entre 2008 y 2012 para repartirse las adjudicaciones referidas a la instalación de barracones en los colegios e institutos de la región y cuyo montante económico ascendió a 29 millones de euros.

Este conjunto de compañías mantuvo durante este periodo reuniones de altos directivos e intercambiaron cientos de comunicaciones y correos electrónicospara elaborar de forma coordinada y medida las ofertas a presentar en los concursos licitados por la Generalitat.

Preparaban sus plicas de tal forma que ya sabían, antes de que la Conselleria de Educación resolviera, a qué empresa se le iban adjudicar los contratos y en qué condiciones.

De este modo, se ponían de acuerdo para pactar los precios que ofrecían a la administración por instalar barracones en los centros educativos públicos. Esas ofertas, al no haber competencia, apenas introducían rebajas de precios, de forma que Ciegsa, empresa dependiente de la conselleria y encargada de la construcción de escuelas e institutos, pagó un considerable sobrecoste de dinero público por las famosas aulas prefabricadas que durante años inundaron el mapa escolar valenciano. Las empresas integrantes de este cártel aumentaban sus ingresos y su rentabilidad a costa del perjuicio sufrido por la administración.

Estas compañías -ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Balat; Dragados (ACS) y Remsa- han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por su parte, a la firma Algeco, que también participó activamente en el cártel, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación.

Los inicios

Esta trama de los barracones comenzó a actuar en 2008. El 18 de abril de ese año, Ciegsa licita por seis millones de euros la adquisición de construcciones modulares -que se instalan en los colegios por la falta de aulas- para la red escolar. Según consta en la resolución de la CNMC, hubo contactos entre Algeco y ABC «al objeto de repartirse las licitaciones para el suministro de módulos en 2008 y, en concreto, acordaron el reparto de colegios públicos para que cada empresa se quedara con el centro en el que estaba interesada».

El regulador sostiene que también han quedado acreditados los acuerdos alcanzados por las empresas «para repartirse las adjudicaciones de 2009, 2010 y 2011» de Ciegsa. Los contactos entre estas empresas se producían «en diferentes momentos del proceso de contratación pública, dependiendo de las empresas que resultaran seleccionadas» por la conselleria.

Así, el 29 de enero de 2009 se hizo público el anuncio de Ciegsa para comprar decenas barracones por otros seis millones de euros. Se presentaron los gruposABC, Algeco, Balat, Dragados, Mircomodul, Normetal y Remsa. Competencia defiende que «hay evidencias de los contactos fundamentalmente telefónicos, mantenidos a partir de enero de 2009» entre las empresas, así como de las reuniones celebradas entre dicho grupos y los acuerdos alcanzados por estos, con intercambio de datos donde se incluían los diferentes porcentajes de descuentos a presentar por cada una de dichas compañías.

A principios de 2009 se celebraron dos reuniones, previas a la apertura de las plicas, para fijar el nivel de descuento a ofertar. La primera reunión tuvo lugar en un restaurante en Valencia el 17 de febrero de 2009, participando directivos de ABC, Algeco, Dragados, Remsa y Mircomodul. En esta reunión, y en una posterior (25 de febrero de 2009) abordaron las condiciones que ofertarían para que una vez que Ciegsa abriera el concurso, publicara los centros escolares objeto de licitación y determinara los módulos necesarios para los mismos, cada una de las empresas pudiera garantizarse la adjudicación de los ansiados módulos.

La finalidad del acuerdo era conseguir una mayor rentabilidad al no presentar precios a la baja, de forma que las ofertas se hinchaban y Ciegsa pagaba más de lo que debía en realidad por los barracones.

Las empresas del cártel manejaban cuadros con los posibles colegios y/o institutos que se ofertarían por parte de Ciegsa. Así se evidencia en un correo electrónico de 3 de junio de 2009, remitido por ABC a Algeco, donde se traza una distribución de colegios y/o institutos, adjuntando al citado correo un cuadro en el que, por centros públicos, hay un reparto de módulos entre las empresas de la trama.

El 10 de junio de 2009, ABC envió un correo electrónico a Balat adjuntando una tabla con los centros educativos que podrían ser incluidos en las licitaciones, aunque variando el reparto de módulos que le toca a cada empresa (aquí ya no aparece la firma Normetal).

LAS MULTAS

  • Los nombres propios de la ‘red’. Las compañías integrantes del cártel son ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Alquibalat; Dragados (del grupo ACS) y Renta de Maquinaria. Han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  • El indulto. A la firma Algeco, que también participó en la trama, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación

También en junio de 2009, el director general de Algeco, reunido en un restaurante con un directivo de ABC y con otro de Dragados, se puso en contacto telefónico con el director territorial zona de Levante de Algeco para trasladarle el acuerdo de reparto de centros escolares, y para que llamara a los delegados territoriales de ABC, Remsa, Dragados y Balat para coordinarse con éstos «a los efectos de repartirse los contratos de forma que cada empresa» mantuviese su trozo de la tarta.

Una vez publicada la primera licitación de Ciegsa -22 de junio de 2009-, los integrantes del cártel se intercambiaron cuadros con el reparto de los colegios y los porcentajes de bajadas a presentar en sus ofertas, calculando las posibles puntuaciones que obtendrían para asegurarse el reparto de centros públicos y, por tanto, los módulos que cada empresa tendría asignados. El reparto previamente pactado se iba materializando a medida que se convocaban las correspondientes licitaciones por Ciegsa. La adjudicación de los colegios que posteriormente aprobó Ciegsa se realizó conforme a lo acordado por las empresas.

El reparto de la tarta

Más tarde, el 13 de marzo de 2010, Ciegsa anunció otro procedimiento para la contratación de barracones. Seis millones de euros más. Se presentaron ABC, Algeco, Balat, Dragados, Jahuel, Mircomodul, Normetal y Remsa.

El 26 de junio de ese año se publica la primera licitación; la última es del 24 de noviembre de 2011. Según Competencia, se mantienen «los acuerdos del cártel de reparto de centros y, por tanto, de módulos a suministrar».

El regulador señala que en 2010 «se siguió con el mismo procedimiento por las empresas participantes en el cártel». En este caso, las bajadas efectuadas en sus ofertas a Ciegsa por parte de las empresas coincidían con las pactadas previamente. Una vez presentadas las ofertas acordadas, la trama continuó los contactos para fijar las estrategias a seguir en las licitaciones convocadas por Ciegsa y repartirse los módulos que cada empresa suministraría.

Ya en 2011, Ciegsa decidió invertir otros 11 millones en barracones. Las licitaciones empezaron en junio de ese año y acabaron en junio de 2012. Su objeto era la instalación de aulas prefabricadas en 94 colegios. ABC, Algeco Remsa, Dragados y Balat establecieron contactos para diseñar la estrategia a realizar una vez que se convocaran las correspondientes licitaciones de los centros.

Excepto en la primera licitación, en la que el cártel pescó menos barracones por un error a la hora de presentar las ofertas, también se produjo un reparto de los centros, «ofertando las empresas los porcentajes de descuento respecto de los colegios objeto de licitación en función de la asignación previa realizada por el cártel».

La CNMC añade que también intercambiaron información de forma constante para «la ejecución de estos acuerdos».

Bilingüismo de fachada

Contracampaña de matriculación en la Escuela Pública

Artículo muy interesante sobre el bilin de Aguirre:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/bilinguismo-fachada-madrid-4794684

El Inglés ha sido utilizado en algunas autonomías gobernadas por el PP como arma arrojadiza contra los idiomas propios. El caso más evidente fue el intento de implantar el trilingüismo en Baleares, frustrado por los tribunales. El caso de Madrid, es diferente. Esta autonomía no tiene otro idioma propio que el castellano, pero la implantación del bilingüismo en los colegios públicos tuvo su origen en una promesa electoral lanzada porEsperanza Aguirre, que en plena ‘guerra de las lenguas’ quiso marcar el camino de cuál era el bilingüismo al que había que tender, el del español/inglés. Diez cursos académicos después, la mitad de los colegios y un tercio de los institutos de la comunidad ha colgado de su fachada la palabra bilingüismo sin que el Gobierno regional haya accedido a la petición de evaluar su eficacia real, formulada reiteradamente por las asociaciones de padres, que son muy críticas con el modo en que se ha implantado.

Si nos atenemos a las cifras, aparentemente la iniciativa ha cosechado un enorme éxito. De los 26 colegios públicos con los que arrancó en el curso 2004-2005 ha llegado a 359 y a más de 110 institutos en el 2015-2016. Y cada año se quedan fuera casi la mitad de los que lo solicitan. Son también muchos los colegios concertados y privados que se han visto arrastrados por la marea del bilingüismo y los colegios que no lo ofrecen se han visto obligados a reforzar sustancialmente la enseñanza del inglés. Así lo exigen los padres.

Quizás la mejor virtud del modelo de bilingüismo madrileño ha sido poner sobre la mesa la necesidad de mejorar la deficiente enseñanza de idiomas en el sistema escolar y estimular su demanda social. Pero, ¿está sirviendo realmente para mejorar la formación de las nuevas generaciones?

CARENCIAS GRAVES

Un artículo del escritor Javier Marías removió a finales del curso pasado las aguas de la comunidad educativa madrileña. Su título lo decía todo: “Ni enseñanza, ni bilingüe”. José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de la Comunidad de Madrid Giner de los Ríos, no es tan radical, pero cree que no va descaminado. Por los datos de los que disponen, los alumnos supuestamente ‘bilingües’ parecen haber obtenido una mayor destreza en expresión oral que el resto pero existen “serias dudas” sobre la escrita. Está claro que no salen bilingües y, además, parecen salir mucho peor formados en la materia de Conocimiento del Medio. Esta, hoy ya desgajada en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales por la LOMCE, es la única en que se ha impartido obligatoriamente en inglés. Luego cada centro puede escoger una de entre estas tres: Educación Artística, Educación Física o Valores Culturales y Sociales, aunque muchos colegios han acabado limitándose a la obligatoria.

LAS CLAVES DE LA NOTICIA

  • El origen. La Comunidad de Madrid puso en marcha los colegios bilingües en el curso 2004-2005. Empezó con 26 centros que se incorporaron de forma voluntaria. La falta de profesores preparados que pudieran impartir en el nuevo idioma las materias específicas lastró desde el inicio el proyecto.
  • Las materias. El modelo implantado obligaba a impartir en inglés la asignatura Conocimiento del Medio, hoy desgajada en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales por la LOMCE. Cada centro podía escoger otra de entre estas tres: Educación Artística, Educación Física o Valores Culturales.
  • La extensión Desde su implantación, el número de centros bilingües no ha dejado de crecer, alcanzando en el curso 2015-2016 la mitad de la comunidad educativa madrileña, con 359 colegios públicos y 110 institutos. Cada año son numerosos los centros que solicitan acceder al sistema pero se quedan fuera. 

Los padres reclaman que se haga una evaluación del sistema. “Venimos pidiéndolo desde hace muchos años, lo pidió en el 2008 el Consejo Escolar de la Comunidad y siempre se han negado”, critica Pazos.

Tras el acceso de Cristina Cifuentes a la presidencia del Gobierno regional el nuevo equipo de la Consejería de Educación ha introducido un solo cambio significativo. El nuevo director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz, acepta, desde el punto de vista teórico, la necesidad de evaluar el sistema, pero no ha dado ningún paso para llevarla a cabo. “Son conscientes de que los resultados no serían positivos”, advierte Pazos.

El antecesor de Sanz, Pablo Hispán, defiende un modelo que considera “revolucionario en España” y cita como prueba de buenos resultados, los obtenidos en las evaluaciones que al final de cada ciclo se llevan a cabo por “instituciones internacionales de prestigio como el Trinity College de Londres o la Universidad de Cambridge”. El 90% de los estudiantes las supera y 3 de cada 4 obtienen notable o sobresaliente. También arguye que en el resto de materias los alumnos bilingües no obtienen peores notas que el resto.

PRUEBAS CON TRUCO

“Si no obtienen peores notas es porque en las pruebas de la comunidad y las del ministerio no se evalúa Conocimiento del Medio. Solo Matemáticas. Lengua y Cultura General”, responde Pazos que ve otra trampa en ese porcentaje de 90% de aprobados en Inglés. “Si ven que un alumno no va aprobar ya no lo presentan, si se presentaran todos, el porcentaje rondaría el 60%, o sea un fracaso escolar de más del 30%”, añade.

El presidente de las asociaciones de padres recuerda como la implantación del bilingüismo fue una “promesa electoral de Aguirre”, que luego tuvo que implantarse, sí o sí, sin estudios previos y deprisa y corriendo. Sin profesores ni alumnos preparados.

Ángel Gabilondo, el jefe de filas del PSOE en el parlamento regional, también ha pedido públicamente que se lleve a cambio la evaluación y los cambios que eviten “la caída de logros en otras competencias clave. Nadie pide que se suprima la educación bilingüe, sino que se haga bien”, indica.

“Puede que las cosas se vayan a ir haciendo mejor en el futuro, pero igual hemos acabado creando una generación peor preparada”, lamenta Pazos. “Se podían haber inspirado en modelos de bilingüismo que funcionan en España, como los de Catalunya, País Vasco o Galicia, pero decidieron experimentar con nuestros hijos, algo que nunca se debería hacer”, concluye.

El suegro de Granados: “El millón será de algún fontanero o de alguien de Ikea”

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El señor que guardaba un millón en el techo del dormitorio de sus suegros, el mismo que denunció por vender camisetas de la marea verde sin afán de lucro, alega que el dinero debe ser de algún fontanero o empleado de Ikea que lo escondiera allí:

http://cadenaser.com/ser/2015/12/28/tribunales/1451320741_293659.html

Los suegros del exconsejero de Esperanza Aguirre y líder de la trama Púnica, Francisco Granados, negaron en su declaración judicial del pasado 21 de diciembre que el millón de euros hallado por la Guardia Civil en el altillo de un armario de su domicilio tres días antes fuese suyo, pero ofrecieron una explicación “absolutamente incoherente”, que ha propiciado su imputación por un delito de blanqueo de capitales.

El juez Velasco preguntó al suegro de Granados, médico jubilado de profesión, “¿cómo es posible que un maletín con un millón de euros que no tiene patas, llegase hasta el altillo de su armario?”, y el suegro respondió con un “no lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente del Ikea y fontaneros”.

Según ha sabido la SER, la Audiencia Nacional ordenó el registro de la casa de los padres de la mujer de Francisco Granados por una denuncia anónima que sostenía que el exconsejero de Aguirre guardaba parte de su dinero negro allí.

El juez Eloy Velasco se negó en principio a facilitar el registro, pero tuvo que actuar por orden de la Sala de lo Penal, que revocó la negativa del magistrado instructor a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público dio pábulo a la denuncia anónima porque supuestamente, Granados llevaba muchos años delinquiendo –al menos diez-, y no le han sido encontradas grandes fortunas ocultas, obras de arte o propiedades, más allá del dinero intervenido en Suiza.

Además, Anticorrupción tuvo en cuenta la forma de operar del también exsecretario general del PP madrileño, quien ha ido ocultando sus bienes a nombre de testaferros. Fuentes jurídicas concluyeron que Granados, en prisión provisional y con un futuro nada halagüeño, “estaría utilizando testaferros de su más estricta confianza y de su más cercano círculo familiar”. Y a la vista de los hechos, los investigadores no erraron.

El registro del domicilio de los suegros de Granados tuvo lugar el pasado 18 de diciembre. Participaron en el mismo diversos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto a una de las dos fiscales Anticorrupción que llevan el caso. Los guardias descubrieron el altillo oculto del armario, donde encontraron el maletín con el dinero, cerrado con un candado.

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