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La Guardia Civil atribuye a Lucía Figar delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación

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La corrupción de Lucía Figar:

http://www.elmundo.es/espana/2016/09/22/57e2dbb3e2704e6c218b45c9.html

La Guardia Civil atribuye a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que la ex alto cargo popular “utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones”.

“Queda patente”, subrayan los investigadores en sus últimos informes, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, que “se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería”. “Pero también”, añade la UCO, ha quedado acreditado que usó esta estrategia “como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos”. Una actitud, esta última, que la Guardia Civil considera que evidencia la “cuestionable honradez personal y política” de la ex consejera de Esperanza Aguirre.

Los investigadores explican que Figar “se habría concertado con el empresarioAlejandro De Pedro para que éste fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos de supuesta búsqueda activa de información relativa a laConsejería de Educación“. “No obstante”, continúa, “dicha descripción del contrato no resiste a una lectura detallada de los informes de EICO (empresa de De Pedro), donde queda de manifiesto que el objeto del contrato era la reputación personal de la consejera y de su opción política”.

Tras constatar que el concepto de los contratos era ficticio, la Guardia Civil señala que “se han destacado varias irregularidades como el hecho de que, pese a que los trabajos se presentaban bajo el membrete de EICO, se facturaban a terceras empresas, circunstancia que no impide que se autorice el pago a la empresa determinada por De Pedro”.

“La implicación de altos cargos de la Consejería, como el jefe de Gabinete o el secretario general técnico, la interacción de empleados de la consejería con empleados de EICO o el hecho de que el mismo Alejandro De Pedro le pusiera al corriente del contenido de los informes conduce, a juicio policial, a que Lucía Figar habría sido quien habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada de De Pedro y que era sabedora del cariz de los servicios de EICO”.

Asimismo, agrega la UCO que Figar “habría beneficiado a De Pedro con otros contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid, donde se eluden los procedimientos de concurrencia competitiva desplazando una parte del contrato a la Fundación Madri+D“. “En este contrato, además, se ha detectado que la tramitación de los expedientes no se ajusta a la realidad de los trabajos realizados llevando cada ámbito un camino absolutamente dispar y formulando los expedientes con el único ánimo de habilitar pagos a De Pedro”.

A su vez indica la Guardia Civil que “se han hallado también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014 en el seno de la Consejería de Educación, existiendo el compromiso por el empresario de facilitar a la consejera las variables para la valoración del contrato”.

Junto a Figar, la UCO considera “conocedor y partícipe en la trama articulada en la Consejería de Educación» a Manuel Pérez en calidad de «secretario general técnico”, por lo que se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad.

Asimismo, la Guardia Civil implica a Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensade la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como “cooperador necesario” y le acusa de fraude, malversación y tráfico de influencias.

Por último, a De Pedro le atribuye fraude, falsedad y tráfico de influencias

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la trama Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet

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Más corrupción de Figar y Aguirre:

http://www.eldiario.es/politica/Aguirre-Punica-Marea-Verde-Internet_0_561694673.html

El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entoncesprotestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que “el cliente”, la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.

En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: “El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]”.

A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: “Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles”. Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del “grupo de trabajo” es “ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general”.

Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.
Extracto de uno de los correos de la red de De Pedro sobre las consignas que pidió difundir la Consejería de Educación de Fígar.

Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo

La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: “Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”.

Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.

Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online”.

De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

Así montó Esperanza Aguirre su guerra sucia contra la Marea Verde

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Cuando lees esto recuerdas a los compis que ponían a parir las camisetas verdes.  Figar pagaba con dinero público las informaciones contra la Marea Verde:

http://www.eldiario.es/sociedad/Profesores-Esperanza-Aguirre-Marea-Verde_0_562044436.html

La munición del Gobierno de Madrid presidido por Esperanza Aguirre contra la Marea Verde educativa que nació en 2011 era clara. ¿Los profesores? Unos vagos que apenas trabajaban y ganaban un dineral. ¿Los sindicatos? Instigadores de huelgas políticas. ¿La culpa del “ahorro”, sinónimo de recortes? El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A Esperanza Aguirre le estalló la Marea Verde en septiembre de 2011. Y según fue creciendo, tanto Aguirre como su consejera de Educación, Lucía Figar, dedicaron más y más tiempo a atacar la movilización educativa contra sus recortes.

Intervenciones públicas, comparecencias en la Asamblea de Madrid… Cualquier foro servía para atizar a los convocantes. Y, a medida que avanzaba la protesta, se repetían las jornadas de huelga y las manifestaciones, más y más dinero público iba a reforzar sus ataques mediante una ofensiva de desprestigio online, según apunta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluida en el sumario de la trama Púnica.

La fórmula Aguirre fue sencilla: decretó que los profesores de instituto impartieran dos horas más de clase. De 18 a 20 a la semana. Esas clases ya no se cubrían con docentes interinos. Podían deshacerse de 3.000 profesores y recortar 80 millones de euros.

La culpa, al Gobierno de Zapatero

Lo primero que hizo que Esperanza Aguirre fue justificarse con la crisis económica, culpa del Gobierno socialista. Mandó una carta a los docentes para pedirles un esfuerzo “en medio de una de las situaciones económicas más difíciles por las que ha pasado España en las últimas décadas”.

Las empresas de la Púnica comandadas por Alejandro de Pedro lanzaban esta premisa en la redes mediante usuarios fantasma de Twitter: “Pero menuda caradura la de Gabilondo [ministro de Zapatero], que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación”, según recoge la investigación.

Lucía Figar se atrevía a explicar que se habían encontrado entre la espada y la pared: recortaban o se iba al traste la igualdad de oportunidades. “Teníamos que elegir entre contratar interinos o pagar las becas”, contaba pocos días antes de comenzar el curso 2011-2012.

Los que menos trabajan

La protesta aglutinó a muchos de los miembros de la comunidad educativa. Docentes, interinos y fijos, vieron en el decreto un deterioro evidente del sistema. Así que la siguiente andanada la lanzó Aguirre, ya sin disimulo, contra los profesionales de la educación.

Los calificó, prácticamente, como caraduras ya que, en una comparecencia para dar cuenta de los acuerdos semanales de su Ejecutivo, no se contuvo y con irónica acidez afirmó que “sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial pero 20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de los madrileños”.

Ocultó que ese cómputo era el de horas lectivas, no de jornada laboral. Luego rectificó “el que tiene boca se equivoca”, a pesar de asegurar que “sabía” lo que trabajaba un profesor.

Aunque mediante un exceso, había marcado la línea de actuación. Su consejera Figar tampoco tuvo problema en seguirle el juego a la jefa y declarar: “ Que se pongan en huelga por trabajar 20 horas no lo va a entender nadie. Eso da mucha vergüenza“.

Por otra vía, la contratista de la Púnica machacaba mediante sus tuiteros fantasma que propagaban la idea de que “menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles?”.

El ejército digital creado por De Pedro al servicio de la Consejería de Educación de Lucía Figar estaba formado por periodistas autónomos, empleados y medios zombi que repetían las consignas del Gobierno contra la protesta. Los perfiles que se creaban eran de “profesores, estudiantes universitarios, directivos, empresarios y amas de casa para defender la postura del ahorro escolar”, informaba la empresa.

Todo es mentira

Para socavar la legitimidad de los sindicatos que convocaban los paros y los partidos políticos que los apoyaban (el Partido Socialista e Izquierda Unida), el argumentario del Gobierno del PP madrileño subrayaba que todo era un movimiento “político”, sin motivaciones laborales. “No saben ya que hacer para justificar una huelga política”, denunciaba la expresidenta cuando ya tenía cerca de una decena de jornadas de huelga encima a mediados del mes de noviembre. “Están amedrentando a profesores”, no se cortaba en atacar.

La sección Púnica de la campaña de propaganda vinculaba a base de tuits la huelga y la política: “Se despiden 5.000 interinos en las universidades andaluzas y Tomás Gómez [PSM]] respalda una campaña contra recortes de Madrid #hipocresía”. La directriz era convencer de que “hay una marea pero de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos y que no cree en sus mentiras”, instruía la contratista a su empleados tras haber hablado con su cliente: la Consejería de Educación.

En una de sus últimas cabriolas de ataque, Aguirre aseguró que la propia iconografía de la marea, las camisetas verdes, eran una fuente de negocio para Izquierda Unida, aunque era mentira. En sede parlamentaria espetó que “ahora me he enterado de que hace un gran negocio con la camiseta que venden a cinco euros y producen a tres. Entiendo el negociazo que hacen…”.

Lo que podría pasar por un comentario en la Asamblea tuvo su cara oscura ya que una profesora fue sancionada por llevar una de estas camisetas puestas en un centro.

La ofensiva contra la Marea Verde a base de dinero público estaba inserta en la campaña para mejorar la imagen online de una de las mimadas de Esperanza Aguirre: Lucía Figar. El deterioro de su figura era galopante al ser la cara visible de los recortes.

Aguirre la había nombrado consejera en 2007. Su estrella política iba en ascenso. Cantera pura del PP de Madrid, había arrancado siendo asesora del Gabinete de Presidencia de José María Aznar en 1998. En 2010, Esperanza Aguirre la colocó como responsable de comunicación del partido. Dimitió en 2015 al ser imputada en esta trama. Una de las empleadas al servicio de la imagen de Figar, María Bernal Talavera, ha terminado como parlamentaria regional por el PP en Las Corts en la Comunidad Valenciana.

En noviembre de 2011, las elecciones del día 20 dieron la mayoría absoluta a Mariano Rajoy. José Ignacio Wert pasó a ser ministro de Educación y la Marea Verde se convirtió en un movimiento nacional pese a las arremetidas de Esperanza Aguirre contra su origen, en Madrid.

El gasto público en educación en Madrid retrocede a niveles de hace 10 años

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Cifuentes y Van Grieken continúan con las políticas de Figar:

http://cadenaser.com/emisora/2016/08/23/radio_madrid/1471948748_003279.html

La caída del gasto público en educación en la Comunidad de Madrid ha ido en picado desde el 2009. Desde ese año dorado, cuando se invirtieron 5.600 millones de euros, el gasto se ha recortado en más de mil millones. En 2014 se situó por debajo del gasto público de 2006, 4.700 millones en 2014 frente a los casi 4.900 de hace 10 años.

En este tiempo, la tijera se ha cebado especialmente con la formación para el empleo, donde el recorte ha sido casi continuado. De los 150 millones que se destinaron a esta partida en 2006, a los 47 invertidos en 2014. Supone un 70% menos de gasto en formación ocupacional en los años de mayor destrucción de empleo por la crisis. Casi una cuarta parte del gasto público en educación en 2014 fue a parar a los conciertos en centros privados, un 20% de la inversión total.

El gobierno de Cifuentes ha aumentado ligeramente el presupuesto de educación para 2016 con respecto a los últimos años de gobierno de Ignacio González, pero aún así lo que Madrid dedica a este servicio fundamental sigue en niveles de hace una década. La Comunidad cuenta con un presupuesto de 4.370 millones para este año, prácticamente la misma cantidad que se dedicó en las cuentas regionales de 2006 a la educación.

A todos estos datos hay que sumar que Madrid es la región que tiene el gasto público en educación más bajo de todas las comunidades, apenas llega al 3% del PIB regional, cuando lo que recomienda la OCDE es llegar al menos al 5% de ese PIB. Lo recuerda el PSOE que critica una vez más la política educativa del PP en la Comunidad de Madrid. Según Juan José Moreno, diputado regional y portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, “todas estas cifras dejan muy claras las prioridades del gobierno de la Comunidad de Madrid y desgraciadamente la educación no es una prioridad, y menos la educación pública”.

Compra el título en la uni privada, estudiar es de pobres

Una imagen vale más que mil palabras:

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Más de 30 organizaciones reclaman para el nuevo curso “medidas urgentes” frente a la LOMCE

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Por fin algo de movimiento contra la LOMCE:

http://www.elboletin.com/nacional/137891/organizaciones-curso-escolar-medidas-lomce.html

Las reválidas aprobadas por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, el ‘dedazo’ de directores por parte de Cristina Cifuentes y el aún alto porcentaje de abandono escolar han protagonizado los últimos hechos en el mundo educativo. Y todo bañado por la LOMCE. Unos asuntos por atajar y que ha llevado a que 31 organizaciones firmasen un manifiesto por unas “medidas urgentes para el próximo curso con el objetivo de evitar la expulsión de alumnos/as del sistema educativo y la pérdida de democracia en los centros escolares”.
 
Un total de 31 organizaciones, entre las que se encuentran sindicatos como CCOO o la CGT, colectivos sociales como Attac, Oxfam Intermón, Europa Laica, Mareas por la educación pública, Foro Mundial por la Educación, Sindicato de Estudiantes o la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, así como Podemos, PSOE, ERC e Izquierda Unida, lo tienen claro: se han de apostar por una serie de “medidas de urgente aplicación para el curso próximo que frenen el desastre en que se está convirtiendo el sistema educativo a juicio de la comunidad escolar”.
 
Por ello, las numerosas organizaciones que han firmado el manifiesto reclaman el “compromiso de los partidos políticos para su inmediata puesta en práctica”, donde ya han contado con el ‘sí’ de las formaciones citadas anteriormente. No obstante, ven más que necesaria la “participación, debates y consensos” con la comunidad educativa para “cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas”.  
 
Unas políticas que busquen “frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros”, así como “restituir la democracia en los centros escolares” y  sin olvidar la “apuesta por la equidad” que reclaman. Todo ello englobado en 21 medidas declaradas urgentes.
 
Para echar el freno al fracaso escolar y poner fin a la segregación temprana, la comunidad educativa insta al fin de las reválidas, defender el derecho a la educación de los jóvenes con diversidad funcional, “aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo” o eliminar las evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings, entre otros ‘deberes’ al nuevo gobierno para aplicarlos en este curso que se iniciará en septiembre.
 
Con el fin de “restituir la democracia” en los centros escolares, las 31 organizaciones entienden que para ello hay que “eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE” y “restituir las competencias de los consejos escolares”. Y para decantarse por la equidad en la educación, la comunidad escolar ha diseñado hasta 12 medidas.
 
Entre las propuestas “por la equidad”, el fin de los recortes y revertir los que se han hecho es el inicio de todo. Luego, la apuesta por la escuela pública ha de ser total, por eso se ha de “detener la privatización”. Otras de las medidas tienen que ver con las condiciones laborales del profesorado: “Se debe restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo”, así como mirar por los derechos de los profesores interinos, de educación de adultos y de educación a distancia y del personal no docente.
 
En cuanto a algunas de las políticas más demandas por la comunidad educativa que reclaman las 31 organizaciones se encuentran, entre otras, el expulsar a la religión del currículum y del horario escolar “y que sea considerada no evaluable y sin valor académico” o paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
 
Listado de organizaciones que firman las medidas urgentes
 
Amesti Educació, Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Europa Laica, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Mareas por la educación pública, Plataforma Crida de las Illes Balears, Proyecto Roma, %Attac. España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado, Colectivo Estudiantil Salmantino, Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical, Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.

El Consejo de Estado también pone pegas a las reválidas educativas

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El Consejo de Estado también se oponen a las reválidas y, no extraña, porque ellos sí saben quién paga todo el sistema y que las reválidas sólo suponen desigualdad y acabar con una escuela inclusiva.

http://politica.elpais.com/politica/2016/08/03/actualidad/1470244857_551791.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Las reválidas, los exámenes externos que los alumnos de ESO y Bachillerato deben aprobar para seguir estudiando, plantean pegas también en las altas instituciones. El Consejo de Estado considera que el decreto que regula estas pruebas se ha hecho con poca participación de los afectados y no entiende cómo se puede obtener el título de secundaria con hasta dos materias suspensas. El Gobierno acaba de dar luz verde a una evaluación obligatoria para medio millón de estudiantes a la que se oponen 13 comunidades autónomas.

Hasta 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del Ministerio de Educación, harán las reválidas el curso que viene por primera vez. Durante cuatro días (hasta cinco en las comunidades con lengua cooficial), se enfrentan a una evaluación que, a partir de 2018, deben aprobar forzosamente para obtener un título y pasar de ciclo. La prueba de Bachillerato sustituye a la Selectividad. Los que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica. Los que no saquen al menos un cinco en la evaluación de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad, sino a Formación Profesional de grado superior.

Hasta 12 comunidades autónomas rechazan la prueba a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes y algunas amenazan con recurrir el decreto que las regula. Un portavoz de Educación responde que se han producido hasta nueve reuniones oficiales para debatir su contenido en los últimos dos años. Asociaciones de familias de la escuela pública y los principales sindicatos de enseñanza también se oponen al examen. A las críticas se suma una de las regiones gobernadas por el PP, Castilla y León.

El último trámite que pasó el decreto de las reválidas antes de ver la luz fue la revisión del Consejo de Estado, que también planteó dudas de fondo, aunque no cuestiona que la medida haya sido aprobada por un Gobierno en funciones, como critican sus detractores. Su informe, que se acaba de hacer público, es preceptivo pero no vinculante.

2,3 millones de euros

El principal órgano consultivo del Gobierno, según la Constitución, reclama conocer el coste de las reválidas, después de que Educación le indicara que esta prueba “no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo”. El Ministerio de Hacienda había pedido lo mismo. A preguntas de este periódico, un portavoz de Educación señala que la de secundaria costará 2,3 millones de euros, como recogía el anteproyecto de la LOMCE y que la de Bachillerato no supondrá un coste adicional porque se compensa al suprimir la Selectividad.

El consejo también pide al Gobierno que aclare cómo es posible que un alumno se pueda presentar al examen final de ESO con dos asignaturas suspensas y obtener el título sin haberlas superado, un aspecto que no aclara el texto final publicado el 30 de julio en el BOE.

En otro punto del documento donde alude a la tramitación seguida hasta aprobar el decreto, se añade: “Llama sin embargo la atención el poco número de asociaciones afectadas que han intervenido en el procedimiento”. Entre las alegaciones, hubo organizaciones que pidieron la participación del Consejo General de la Formación Profesional. El Consejo de Estado admite que no tenían por qué convocarlo, pero “habría sido conveniente conocer su parecer, dado que el proyecto afecta a alumnos que hayan dirigido su formación —o vayan a dirigirla— al ámbito profesional”.

Educación señalaba además en los documentos enviados al órgano consultivo que las evaluaciones tendrían un efecto “muy positivo” sobre las familias al facilitar información sobre el progreso de sus hijos y garantizar su participación. El consejo replica que estas afirmaciones “no aparecen respaldadas en estudios que hayan sido incorporados al expediente”.