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Hoy yo, mañana tú: el ERE en la enseñanza madrileña

2jtiwy

Excelente artículo:

Hay muchas formas de privatizar y degradar la escuela pública, y no cabe duda de que el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid las ha ensayado todas, haciendo de avanzadilla y marcando su hoja de ruta neoliberal para el resto de las Comunidades. Desde aquel famoso pucherazo-tamayazoaprovechado por el PP en mayo del 2003, la educación pública en Madrid ha sufrido el mayor ataque de su historia, al tiempo que la escuela privada concertada ha recibido las mayores bonificaciones públicas con las que nunca hubiera soñado. Tanto Lucía Figar como Esperanza Aguirre no han parado de felicitarse a sí mismas porque casi un 50% de los colegios de la región son concertados. Ahora bien, esta clara apuesta por la educación privada concertada no se limita únicamente a aumentar los recursos de una en detrimento de la otra, sino a una propaganda contra la Escuela Pública y su profesorado. En esta línea es donde cabe lo que nos disponemos a denunciar en este artículo: cómo la Consejería de Educación argumentado la búsqueda de la “excelencia” y de los “mejores profesionales” ha puesto en marcha un ERE maquiavélico contra el profesorado interino de la Comunidad, donde la víctima se convierte en su propio verdugo.

Desde la llegada de Rajoy y su equipo al Gobierno estatal se aprobaron un paquete de “recortes” para hacer frente a la crisis. Entre ellos, el Real Decreto que anunciaba que la tasa de reposición en educación y sanidad sería de un 10%. Así las cosas, al tiempo que las jubilaciones no se reponían, aumentaba la demanda de alumnado en matrículas a la escuela pública, por lo que se hacía necesario contratar a un mayor número de profesorado interino en condiciones cada vez más precarias. Y es en este contexto en el que la Comunidad de Madrid crea la tormenta perfecta para justificar un cambio unilateral en la regulación de la lista de profesores interinos, que no es, ni más ni menos, que un ERE para acabar con los derechos salariales y laborales de los profesionales con más experiencia.

Alegando la excelencia y basándose en un informe vergonzoso e inventado, en el que se acusaba a los aspirantes a maestros interinos de primaria de no saber los ríos de España o dónde está Murcia, se aprobó a última hora la forma de examen y contratación. “Para garantizar que los mejores lleguen a las aulas” explicaba Fígar, se modificaron los baremos para acceder a vacantes: nota del examen 80% en la calificación final, antigüedad 15% y méritos académicos un 5%. A partir de estos criterios se forma una única bolsa de interinos cuyo requisito para formar parte de ella es haber aprobado la oposición entera sin plaza en las dos últimas convocatorias. El resto, a la calle, de nada sirve la experiencia docente acumulada, la valoración de toda una carrera profesional, haber aprobado en anteriores ocasiones, la formación continua o los méritos académicos. Todo esto salvo que te necesiten, en cuyo caso debes acudir a aceptar lo que sea por muy precario que resulte: plazas a un cuarto de jornada, itinerancias imposibles entre varios centros, sustituciones de pocos días o contratos por horas para funciones concretas.

Se calcula que en los últimos cuatro años han sido despedidos por este sistema 7500 profesores y profesoras condenados a la selva del paro, al tiempo que fulminan la compensatoria, aumentan las ratios y dejan al alumnado más necesitado, y en riesgo de exclusión, sin la atención educativa que necesitan llevando la educación a situaciones de la época franquista en la que sólo unos pocos privilegiados tenían la posibilidad de estudiar.

La nueva regulación de la listas del profesorado interino es, a todas luces, un ERE. Es la forma de quitarse de encima a un profesorado que ha acumulado demasiados derechos laborales, trienios y sexenios. Es la eterna cuenta pendiente: los interinos no son ni trabajadores ni funcionarios docentes, en realidad, no existen. Su figura laboral está pensada para la provisionalidad. Pero varias décadas de políticas educativas canallas han convertido esta provisionalidad en crónica e, incluso, en muchas ocasiones, en toda una vida laboral. Y así pues, los interinos trabajan año tras año, sin la protección de la administración del trabajo. Algunos creían que acumulaban derechos laborales, pero, a ojos de las autoridades, ni siquiera eran trabajadores. De ahí que sus despidos no son despidos, lo mismo que sus vacaciones no son vacaciones (pues no son pagadas). Esta situación no habría resistido ni un asalto en los Tribunales de Justicia, si los interinos hubiesen sido considerados como trabajadores ante la Ley. Pero los interinos carecen de protección laboral legal, porque propiamente no son trabajadores. El resultado está a la vista: rotatividad y precariedad laboral absoluta. Al tiempo, se crea malestar entre los recién llegados a la condición de interino y los más antiguos, creando enfrentamientos internos en el colectivo. El colmo, fue, sin duda, el sarcasmo de la lideresa (esa que bailaba con Francisco Granados en la calle Génova): la mayoría de los interinos, dijo, “nunca habían aprobado las oposiciones, ni con plaza ni sin plaza, y estaban ahí puestos a dedo por los sindicatos”.

Ahora bien, lo que subyace debajo de la nueva regulación del profesorado interino es mucho más grave. Se trata de la lógica de “la tormenta perfecta” del neoliberalismo, en el que el único responsable de que tras 10, 15 o 20 años de servicio como profesor se quede en paro es suya, porque si hubiera estudiado más, habría aprobado. La misma lógica de culpabilización que hemos podido ver recientemente en el caso del contagio de ébola de Teresa Romero; “el pecado lleva la penitencia”.

Ante un panorama como el que se nos presenta de oferta pública (en las oposiciones de secundarias de Madrid para el 2014 ni siquiera se llegó al 10% de tasa de reposición: 157 plazas: 25 de geografía e historia, 30 de lengua y literatura, 20 de matemática, 10 de biología, 10 de física y química, 60 de inglés y 2 de alemán) parece más que seguro que tarde o temprano cualquiera que forme parte de la lista de interinos se vea afectado por la rotatividad laboral de la misma. Hoy yo y mañana tú. No son raros los casos en lo que alguien haya aprobado las oposiciones cuatro veces sin plaza, al tiempo que trabaja y tiene hijos o cuida a sus mayores. Familia, alegrías y problemas, la vida misma, vaya. Historias profesionales con más de 12 años de experiencia y cuatro oposiciones aprobadas, que si en la próxima convocatoria suspenden se van al paro. Sin despido y con la autoestima hecha trizas por no estar “entre los mejores profesionales”.

En conclusión: lo más sádico de este sistema de organización de listas de interinos es que una vez que has empezado a formar parte de ellas, comienza la cuenta atrás para ser despedido. Tarde o temprano. Por esta razón es imprescindible que luchemos por un cambio de la Orden, por un convenio colectivo, un acuerdo sectorial, que reconozca que la profesión docente está vinculada al mérito en el acceso, a la formación inicial, a la formación continua y a la experiencia. Pero además, que la tasa de reposición alcance el 100 por cien, y que se amplíe la oferta pública de empleo hasta convocar todas las plazas que son necesarias en Madrid para que haya atención a la diversidad, ratios que garanticen el proceso de enseñanza-aprendizaje en unas condiciones de calidad, se restablezcan los apoyos, los refuerzos, los programas de innovación y los proyectos de mejora y se atienda a todo el alumnado que se queda sin plaza en las diferentes etapas y las distintas enseñanzas de la educación pública. Esto es, un plan de empleo que suponga la creación de 15000 plazas en cuatro años. 7500 el curso próximo y 2500 en cada uno de los siguientes tres años.

Ahora nos toca bailar a nosotras, y como dice Nacho Vegas en su último disco, Resituación, “nos quieren en soledad, nos tendrá en común”. Pues eso.

Silvia Casado e Isabel Galvín son profesoras de la Comunidad de Madrid

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Entre “trileros” anda el juego

2jtiwy

El tongo de las oposiciones docentes Madrid 2015 muy bien explicado:

http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/09/24/entre_quot_trileros_quot_anda_juego_21767_1023.html

Esto de los cambios del criterio administrativo tiene que tener alguna lógica: si es interna, será la coherencia con el espíritu de la norma, si es externa, será política, pero, en todo caso, la gestión de la cosa pública se debería medir, si no por la ética al menos por alguna relación causa-efecto contributiva, recíproca, no unilateralmente.

Resulta que en la situación actual las medidas administrativas que rigen el día a día de los profesionales de la educación, la sanidad, la vivienda y un largo etcétera de las rutinas democráticas, las constitucionales, esas que no requieren consenso para ser reformadas, están soportadas sobre el “repentinismo” o, al menos, esa es la cara que se nos ofrece. Lo verdaderamente curioso es que se creen/crean expectativas asegurando los mejores resultados, pero sin explicar el procedimiento, vendiendo eslóganes para un nuevo juego de mesa, un perverso divertimento de despacho para yuppies de la alta política.

Vayamos al caso para que se me entienda, por ejemplo, publican en el BOCM lo siguiente: “de estas oposiciones saldrá la mejor partida de profesores de Secundaria”. ¿Y qué hay que hacer para formar parte de esta espectacular promoción?, te preguntas, después de haber concurrido a ellas en varias ocasiones, aprobándolas siempre hasta ese momento, pero sin conseguir tu plaza por décimas de punto, tal y como haría un corredor de fondo. Piensas entonces que los directivos de la Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid son tahúres,trileros en realidad, que combinan las opciones a su antojo, incluso contrariando sus propias instrucciones de juego.

 

¡Vean ustedes!, esta es la carta de la experiencia profesional, esta otra, la de la formación académica y, por último, la de la nota del concurso. Pasas casi una década jugando y perdiendo, a pesar de que sacaste la carta de la nota, pero no era esa, te faltaba experiencia y formación; la acumulas, paseando el palmito por todos los destinos de la provincia de Madrid y cumples; entretanto, realizas todos los cursos, presenciales y on line, incluso completas el doctorado, lees la tesis y la publicas. Esta vez sí, te dices, aunque cuatro años después de la última partida, porque crees que estás preparada para formar parte de los excelentes, ¡Dios mío qué vacío de significado está ese vocablo hoy!

La nueva oportunidad lo es sólo escasamente, pues apenas han convocado 20 plazas de Lengua y Literatura en un territorio de seis millones y medio de habitantes, pero tu baremo no es malo: 6/10, así que hay que intentar ganar al trilero. Pero no, porque este verano es la carta de la nota la que sentencia al “mejor profesor”, así que hacen desaparecer las viejas listas, las de los que no son excelentes, y desaparecen por ensalmo 8 años de esfuerzo continuado, tus derechos adquiridos a golpe de cumplimiento de las normas vigentes hasta ese instante, y en las nuevas, el profesor es un aspirante que ha aprobado, sí, perocuyos méritos y experiencia se miden en decimales. ¡Hasta nueva orden!

Se trata de decisiones caprichosas, crueles, que dejan en la calle a miles de profesionales, es, en definitiva, el sapo que un director general debe tragarse por obedecer ciegamente al que le nombró, un miope que cree que con la rutina de su agenda atiende las necesidades de la nuestra, que, paradójicamente, no coinciden, aun a pesar de que son nuestros objetivos los que justifican su ejercicio en el cargo. Cábalas, porque quizás tiene sentido común y lo sabe, sin embargo en ese contrato de servicios no conocemos su móvil ni su mail, ni nos podemos reunir en su oficina o tomarnos un café para discutir su gestión, ni despedirlo si no nos conviene, pues la carta de despido no cabe por la ranura de una urna. En los contratos civiles, las partes cumplen lo estipulado, de no ser así, se rompe el vínculo, además, el oficio de trilero está perseguido por la Ley, así que no debería estar en sus manos el futuro de los ciudadanos. ¿Quién arbitrará este dilema? ¿Europa? Pues nada, hablaremos con el parlamento europeo para que no cese el papeleo. Igual funciona.

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Fabiola Maqueda es profesora y periodista
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La ERE-Oposición (Reclama por lo que clama al cielo)

2jtiwy

Buen artículo de Soy Pública explicando las oposiciones en Madrid:

https://soypublica.wordpress.com/2014/07/02/la-ere-oposicion-reclama-por-lo-que-clama-al-cielo/#comment-6455

Los planes neoliberales van dando sus frutos –venenosos. ¿Cómo es posible que opositores que llevan varios años estudiando el temario, y en la mayor parte de los casos, con acreditada experiencia docente, hayan sido suspendidos en las pruebas de la oposición de la Comunidad de Madrid con tan bajísimas notas? Para Soy Pública está bien claro: se trata de un ERE encubierto de los profesores de la pública, al que acompañará –y pronto lo veremos– una campaña de desprestigio de este profesorado.

Sólo hace falta usar la calculadora para darse cuenta de que los tribunales han recibido órdenes desde arriba para aprobar a tan exiguo número de aspirantes y, además, para poner unas calificaciones que suponen un insulto para los que no han aprobado.

A nuestro colectivo le están llegando informaciones muy graves sobre la imposibilidad de hacer una revisión seria y transparente de los exámenes. Por ejemplo, se escudan algunos tribunales en un alto número de faltas de ortografía sin enseñar el examen escrito. Otros reconocen la no posibilidad de explicar los motivos de un suspenso por instrucciones de sus superiores…

ADVERTENCIA:

 Si eres uno de l@s afectad@s por este trato humillante, no dudes en reclamar tu nota y en hacer que te enseñen el examen. Y no es sólo por tu amor propio y porque te dejan sin trabajo: es también porque van a aprovechar estas falsas y masivas bajas calificaciones para denigrar al cuerpo de profesores de la pública, como ya hicieron con los maestros convocados el año pasado. Tienes sólo hasta el viernes.

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La medallita y el diploma de Figar

Cachondeo de claustros han sido la medallita y el diploma firmado por la imputada Figar, concedidos a los 30 años de servicio público de los docentes. Algunos han devuelto el detalle de Lucía Figar:

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Reflexiones de una ‘exterina’

publica

Interesante carta de una profesora interina analizando la situación que ha creado el Partido Popular en el sistema educativo:

http://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Reflexiones-exterina_6_403569645.html

Interinas e interinos nos llaman. Yo, sin embargo, me considero una “exterina” porque me siento más fuera que dentro del sistema educativo. Las decisiones políticas que han tomado al respecto el Gobierno nacional y regional van encaminadas a que los docentes interinos seamos como el lince ibérico: una especie en peligro de extinción.

La situación del personal interino siempre ha estado asociada a la inestabilidad y a tener que hacer peripecias para poder conciliar la vida profesional con la familiar; pero lo que estamos sufriendo en los últimos años nos ha llevado a la más absoluta precariedad. Precariedad que anunciaron como medidas extraordinarias y temporales a causa de “la crisis”, pero que se ha instalado en el sistema y ha venido para quedarse. Entre esas medidas encontramos, por ejemplo, el aumento de ratio, es decir, tener más alumnas y alumnos por clase; el aumento de la carga lectiva del profesorado y no cubrir las bajas de los docentes hasta pasados 15 días, como mínimo.  

 

Todo ello se ha traducido en nuestra región en la pérdida de más de 3000 puestos docentes en estos tres últimos años; aulas masificadas; que el profesorado no pueda atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas específicas y que se prive a las/os alumnas/os de un derecho constitucional, como es el derecho a la educación, si su profesor o profesora se encuentra enfermo/a.

Pese a ello, los docentes hemos demostrado profesionalidad y el compromiso que tenemos con esta profesión que amamos, garantizando así una enseñanza de calidad para nuestro alumnado. Y ese sobresfuerzo ha ido acompañado de una contundente protesta en las calles. Hemos denunciado públicamente cómo nuestros gestores públicos, con estas decisiones, están torpedeando vilmente la enseñanza pública.

Hay quienes pueden pensar que nuestras movilizaciones son exclusivamente un conflicto laboral que tenemos los docentes con la administración. Les garantizo que no es así. El conflicto laboral existe, es evidente, pero nuestras movilizaciones van más allá. Luchamos para que el lema “Escuela pública de tod@s para tod@s de calidad” sea una realidad, gobierne quien gobierne. Los servicios públicos deben ser garantizados por cualquier gobierno, sin importar la ideología del partido político que esté en el poder.

A todo ello las/los “exterinas/os” tenemos que sumarle que nos hayan quitado el derecho a cobrar el verano o que tengamos que depender de cómo nos vaya en la lotería de las oposiciones para trabajar o no, por un injusto sistema de rebaremación de las listas de interinidad.

No pinto nada en una educación encaminada a la privatización, que segrega por sexo y que margina a las materias artísticas o de segundo idioma

¿Por qué haciendo el mismo trabajo que cualquier docente definitivo no tenemos derecho al mismo salario? ¿No sirve de nada la experiencia laboral? ¿Cómo puedo plantearme ser madre si tengo que estar año sí año no preparándome para un examen complejo que me garantice poder trabajar? ¿Qué priorizo? ¿Maternidad y arriesgarme a no trabajar? Llega a ser irónico que el mismo partido que saca a muchos de sus dirigentes a echarse la foto en manifestaciones de la familia nos obligue a decidir entre ser madres o seguir desarrollando nuestra actividad profesional.

Me siento fuera del sistema que han creado. Como ya he dicho, me siento una exterina. Y me pregunto qué he hecho mal para llegar a esta situación. Licenciarme y seguir formándome en mi especialidad y en pedagogía para tener más recursos didácticos con los que garantizar a mis alumnas/os una educación de calidad. Regalar a la administración ocho años de incansable servicio. Aprobar hasta en tres ocasiones las oposiciones. Y todo esto, ¿para qué? Para sentirme fuera del sistema.

Por una parte lo entiendo. Yo no pinto nada en el sistema educativo que están montando. Yo concibo la educación como un derecho universal, que garantice una formación integral y la igualdad de oportunidades de los futuros ciudadanos. Mi objetivo es formar ciudadanos y ciudadanas libres con capacidad de reflexión. No pinto nada en una educación encaminada a la privatización, que segrega por sexo y que deja en el currículo como marginales a las materias artísticas o de segundo idioma. Un sistema educativo que tiene como único objetivo formar mano de obra barata y crear a ciudadanos dóciles que no se pregunten nada.

Por eso no echaré de menos al ministro Wert. Solo espero que se lleve con él su LOMCE porque ha quedado patente a lo largo de estos años que la comunidad educativa rechaza su contrarreforma.

Tampoco confío en la capacidad de diálogo y de consenso del futuro presidente Pedro Antonio Sánchez. A base de imposiciones hemos llegado a esta situación injusta e insostenible. Espero que Ciudadanos sea fiel a su código ético, y si lleg el caso, no deje gobernar a personas imputadas por corrupción.

Decía Floriano hace unos meses que les había faltado un poco de piel. Yo más bien creo que les ha sobrado rostro. Hay que tener la cara bien dura para incumplir su programa electoral y justificarlo todo con el mantra de estos cuatro años “la herencia recibida”.

Me gustaría terminar recordando a nuestros gobernantes que el pueblo español despertó el 15M, hace cuatro años, y que el cambio está cerca. Un cambio no de colores, ni de caras, un cambio de paradigma y de replantearnos como ciudadanas y ciudadanos la sociedad que queremos. Por ello, pueden seguir inventando leyes mordazas y demás formas de intimidación, pero como dijo el gran Pablo Neruda, “no podrán detener la primavera”.

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Fin del ciclo Figar-Aguirre

Otro artículo genial de Ángel Sabin:

https://angelsabin.wordpress.com/2015/06/23/fin-del-ciclo-figar-aguirre/#more-1089

El derecho a la educación, reducido a mínimos
Figar: “Altanera, destructiva e ignorante”

 

 Con esos adjetivos definió a Figar la ex directora general de Universidades entre 2003 y 2009, Clara Eugenia Núñez, en el libro “Universidad y Ciencia en España, claves de un fracaso y vías de solución”.
Secretaria general de Asuntos Sociales con el ministro Zaplana en 2003, Consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid entre 2005-2007 y Consejera de Educación desde junio de 2007, ha ejercido el puesto mucho más tiempo que sus antecesores del PP – Villapalos, C. Mayor Oreja y Luis Peral-; sin embargo, ella ha alcanzado un alto grado de rechazo a su gestión, sin duda guiada por su cazatalentos y jefa, E. Aguirre, que se declara no responsable de lo que han hecho sus subordinados.
Figar anunció antes de las elecciones su retirada voluntaria de la política, pero la sombra de los contratos y conciertos con la Púnica, y su relación con el pago con dinero público para mejorar su imagen sin duda deben haber influido. Ya lo dijo en la Audiencia la trabajadora de la empresa Eico, que cobraba por noticias amables para minimizar escándalos políticos: ”Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. Clara Eugenia Núñez resalta en su libro la obsesión de Figar por la prensa y por su imagen pública, y los últimos datos – 4 contratos de la Consejería por valor total de 80.000 € con el conseguidor De Pedro- y su imputación así lo confirman. Noticia que llegó cuando en esos días algún diario digital todavía la promocionaba como posible sustituta de Wert.
El derecho a la educación, reducido a mínimos
Este derecho, que debe ser satisfecho en condiciones de igualdad y con gratuidad (Declaración Universal de D.H, 1948), se ha concretado, desde la LODE, en cuatro principios: la enseñanza básica obligatoria y gratuita, la programación general de la enseñanza, la admisión de alumnos y la participación. El objetivo de Figar en estos años ha sido darles la vuelta, forzando la ley en unos casos y, en otros, rebajándolos a mínimos en la enseñanza pública.
La escolarización, que no es solo tener un pupitre, ha perdido calidad en estos años. Suprimió los Centros prioritarios (creados por el consejero Peral y que coordinaba López Rupérez, actual Presidente del Consejo Escolar del Estado), ha reducido las aulas de enlace, ha reducido los apoyos, desdobles, profesores de compensatoria, de orientación y PTSC; ha discriminado en la admisión de alumnos inmigrantes, favoreciendo a muchos centros concertados. Aumentó las ratios Aguirre nada más llegar al gobierno de Madrid.
Pero el principio de gratuidad también ha sufrido un retroceso: las becas de libros y de comedor ya no existen; ahora son “préstamo de libros y material didáctico” y “precio reducido de comedor escolar”. A esto se añade la no apertura de comedores escolares en periodos vacacionales “por no señalar a los niños”, aunque no coman.
La escolarización en la universidad ha sufrido el recorte general del gasto en educación entre 2009-2013, que ha sido, según el IVIE, un 24,3 % y solo tiene detrás a Castilla la Mancha, Cataluña y C. Valenciana( ver tablas al final de la nota). El presupuesto para las universidades ha bajado un 35% y debe tenerse en cuenta que Madrid tiene el 20% de los universitarios del país. Las tasas universitarias han subido esta legislatura un 66% y las becas han tenido una reducción media de 450 €. En los tres últimos cursos se han perdido 1243 puestos docentes (7,2 % del total) y 504 de administración y servicios (5,7%).
Poner tasas ha sido otra de sus medidas: además de la universidad, en Formación Profesional de Grado Superior (400€). Tampoco la escolarización en FP Dual está siendo adecuada y transparente. Para compensar las tasas, Aguirre y Figar decidieron favorecer, desde 2010, con la rebaja fiscal (Art.1.8) a los que más tienen (hasta 30.000 € de ingresos por miembro de la unidad familiar) y que no gustan de la enseñanza pública ni de la concertada. También han subido las tasas a las Escuelas de idiomas y cobra hasta 16 € a los alumnos por participar en los Campeonatos escolares.
Privatización frente a programación general de la enseñanza
La programación general de la enseñanza es el medio para garantizar el derecho a la educación (Constitución 27.3) y “atender adecuadamente las necesidades educativas y la creación de centros docentes” (LODE, 27.1)
El objetivo de Aguirre-Figar no ha sido el de escolarizar mejor sino fomentar la privatización, sobrepasando la legalidad tanto en la cesión de suelo como en el sistema de concesión de los conciertos. Así lo expresó Figar: “El problema también del lugar, del terreno (sic), es un problema grave en España. Era un gran problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid”
Y ahí han estado, hombro con hombro, con Granados y la Púnica y con el dueño deAlfedel, Alfonso Ferrón del Río, el mayor promotor de estas cooperativas, y con las empresas privadas llegadas al negocio de la educación, que no son enseñanza gratuita y que cobran las cuotas más altas de la enseñanza concertada. De Alfedel dijo Aguirre en 2010, al iniciarse las obras de un nuevo colegio concertado en San Martín de la Vega, que “viene desarrollando una magnífica labor educativa”. Igual que en otros temas, ella no sabía nada, pero le daba el concierto ya cuando ponían la primera piedra. A ver si les explican a los cooperativistas cuánto les ha supuesto la mordida de 900.000 € a Granados más otras posibles. Figar y la Consejería de Educación tampoco sabían nada.
Se ha incumplido el Art. 109 de la LOE sobre la programación de la red de centros en los dos aspectos que comprende: programación de la oferta educativa de las enseñanzas gratuitas y tampoco se ha garantizado “la existencia de plazas públicas suficientes”. Véase lo ocurrido en barrios nuevos de Carabanchel, Montecarmelo, Las Tablas, Butarque, San Chinarro, Ensanche de Vallecas (todos con centros concertados creados) y en pueblos como Cerceda, Arroyomolinos, Alcalá de Henares; en los mismo barrios y pueblos en los que faltan centros públicos de Secundaria. El último intento de crear centros concertados ultraconservadores (Educatio servanda y Comunión y Liberación), con cesión de suelo público, se ha dado en Parla y Rivas Vaciamadrid.
Relación especial con el Opus Dei. En este periodo se ha cedido suelo y concertado para centros de esta orden en Alcalá de Henares (Alborada), Las Tablas-Valverde (Fomento), PAU de Carabanchel y Arroyomolinos (Arenales). Esto entra en la política de la consejería, pero ahora llama la atención al conocerse que Carlos Aragonés, diputado en el Congreso y marido de Figar, no había declarado su actividad como miembro del Consejo de Administración de la editorial Rialp, vinculada al Opus Dei.
Esa relación especial con centros concertados ultraconservadores católicos se ha mantenido a través del Director General de Becas y enseñanza concertada Javier Restán, de Comunión y Liberación.
Supresión de unidades y centros públicos. Esta actuación se ve completada con la supresión de unidades en centros públicos y que ha afectado a las cinco zonas de la Comunidad de Madrid y en los dos últimos cursos a la zona Norte. Son significativos los cierres de las escuelas infantiles, de Aranjuez y Fuenlabrada (Arcipreste de Hita), y el cierre progresivo del CEIP Isabel la Católica, de Colmenar Viejo.
Tampoco se ha dado una “adecuada y equilibrada escolarización de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo”. Son de sobra conocidos los datos de esta escolarización desigual y perjudicial para la escuela pública.
En esta línea privatizadora Figar suprimió en el curso 13-14 los conciertos a los ciclos de grado superior de F.P., sustituyéndolos por el cheque escolar y abriendo estas enseñanzas a las universidades privadas y a los centros privados no concertados, cuya patronal negoció con Aguirre la desgravación fiscal. Esta política se completa con el “cheque guardería”, beneficiándose de él la propia Figar, y con la subvención de actividades a la enseñanza concertada pese al cobro de cuotas.
Los falsos datos de centros
Figar compareció en la Asamblea el 4 de octubre de 2014 y manifestó que el curso escolar comenzaba con “total normalidad” y que había diez escuelas infantiles más, ocho colegios y diez institutos nuevos. Sin embargo, revisando los datos en elbuscador de centros se ha pasado de 326 a 329 IES respecto del curso 2013-14, incluyendo las Secciones. (En un caso es la división del IES Pedro Duque en dos – el I.E.S. Rafael Frühbeck de Burgos; una extensión del IES Humanes. No ha resuelto los problemas de escolarización en Secundaria en Hortaleza, Alameda de Osuna, PAU de Vallecas, Cerceda). El número de colegios (CEIP) ha pasado de 780 a 781; en las Escuelas Infantiles cuenta con una menos, de 479 a 478 y hay, además, 28 Casas de niños. Nada que ver con lo dicho por Figar.
Muchos de estos centros fueron creados en 2012 – no todos construidos-, como figura en el Informe del Consejo Escolar que, por cierto, se aprobó a finales de diciembre pasado el correspondiente al curso 2012-2013. En la LODE (Art. 33) se regula que habrá un informe anual que, referido al Consejo Escolar del Estado, debería aplicarse igual en las Comunidades autónomas ¿De qué sirve un informe elaborado con dos cursos de retraso? Solo para ocultar la realidad.
La admisión en los centros
El Decreto de abril de 2013 de elección de centro escolar supuso romper con los criterios de igualdad y de garantías del derecho a la educación establecidos en la LODE. Da prioridad al principio de libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación y “con el fin de favorecer el ejercicio del principio de elección de centro educativo por parte de las familias…”, adopta dos medidas: cambia el baremo de admisión de alumnos, eliminando prácticamente los criterios de proximidad y renta, y crea la zona única de escolarización en centros sostenidos con fondos públicos. Como muy bien explica A. Tiana, “ lo hacen sin disimulos y justificando la medida en que la imposibilidad de elección de centro disminuye la calidad educativa”. Con los nuevos criterios se produce una fidelización de las familias a los centros y, al final, son estos los que acaban eligiendo a los alumnos y no al revés.
La participación es el cuarto eje del derecho a la educación y en Madrid ha salido tan mal parado como los otros. Se ha manifestado en el proceso de nombramiento de los directores de los centros mediante la modificación que hizo Aguirre en 2004 por la que prescindió del Consejo Escolar y se reservó la mayoría para representantes de la administración nombrados a dedo. Esto unido a los nombramientos a dedo sin proceso de elección o , última acción, el nombramiento a dedo de los tribunales para inspectores.
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid funciona como adormidera. Habrá que esperar al curso 2017-18 para conocer los datos reales de la situación del presente curso. Menos mal que con otras fuentes se puede conocer la situación en que dejan la educación Figar y Aguirre asociadas, con todos los indicadores a la baja.
No ha habido participación de los agentes y sectores sociales. Las decisiones de cierres de centros y unidades así como la creación de centros se han tomado sin consulta. A los sindicatos se les ha escondido la documentación y la información, y las comisiones sectoriales se han convocado a posteriori y sin posibilidad de incidir en las decisiones.
La consejera Figar nunca se ha dignado a reunirse con los directores de los centros o con sus asociaciones y las reuniones con algún cargo de la consejería han sido escasas y costosas pese a las observaciones que les han ido haciendo sobre la organización de cada curso, que ha sido cada año peor y deshaciendo logros alcanzados.
Agravios a profesores.

Los recortes de profesores han afectado a la enseñanza pública pero también al propio profesorado. No ha sido solo el incremento de horas lectivas (las “dos horillas” de Aguirre) sino la merma de otras actividades y tareas necesarias para la calidad y la equidad de la enseñanza. Cambios que hizo sin el n ecesario apoyo legal, que no llegó hasta diciembre de 2011 y luego en la norma estatal en marzo de 2012.
Esto va unido a la expresión de Figar de que “los profesores tenían mucho absentismo laboral”, por lo que 60 profesores presentaron una demanda contra ella, que se saldó en la sentencia con la justificación de la “libertad de expresión”.
Vinieron los recortes en los contratos de los interinos y ha llegado a utilizar el contrato por días para hacer exámenes en septiembre. No ha resuelto –o reducido- el problema del porcentaje de interinos salvo por la supresión de plazas docentes y que ha culminado en estos meses finales con la ridícula convocatoria de oposiciones tras cambiar, sin consenso, los temarios y los criterios de valoración, reduciendo al mínimo la valoración de la experiencia.
Ha suprimido los Centros de Apoyo al Profesorado, toda la red existente por el Decreto 73/2008, que crea los CETIF. Ha quitado la subvención a la formación de los sindicatos, incluso la formación on line. Pero hay, cada año, subvenciónes para los toros y hasta un plan para fomentar, también por la propia Comunidad, en los jóvenes,desde los 14 años, la afición a la fiesta.
El bilingüismo también merece unas líneas. Tomando los últimos datos oficiales de la Consejería, curso 2013-2014, se concluye que el bilingüismo no es universal. Su implantación alcanza a 318 colegios (el 41% del total) y 91 institutos públicos (el 30% de los existentes).
Ha habido dos estudios sobre esta implantación en Madrid: el del lobby empresarialFedea (septiembre de 2013) y el de FETE-UGT Madrid (30 septiembre de 2014). Ambos estudios muestran los efectos de este plan y sorprende que la propia administración no haya hecho una evaluación de su implantación, aunque hay rumores de que sí se ha hecho, pero que no la han dado a conocer. Este modelo ha sido rechazado en Baleares, comunidad en la que ha habido mayores conflictos.
Sí llama la atención el interés que algunos medios y sectores mostraron por conocer el informe de FETE-UGT, ya que se basaba en una encuesta directa a los profesores que imparte el bilingüismo. Acorde con la preocupación de Figar por la prensa, cinco días después y en el suplemento Madrid-domingo de EL País salía un reportajefavorable, firmado por la sobrina de la Viceconsejera y mano derecha de Aguirre en la consejería, Alicia Delibes.
El proceso de selección de centros sigue siendo oscuro, sin conocimiento de los criterios y sin la publicidad necesaria.
Aguirre, Figar y la justicia
Aguirre firmó en 2006 un acuerdo de financiación de las Universidades públicas madrileñas, acuerdo que empezó a incumplir a partir de su segunda legislatura en 2007 y con la incorporación de Figar como consejera de Educación, como explica Clara E. Núñez, Directora General de Universidades entre 2003 y 2009.
El resultado ha sido la asfixia de las universidades por el incumplimiento del acuerdo que ha obligado a estas a acudir a los tribunales, hasta el Tribunal Supremo. La primera sentencia (2013) ha obligado a la Comunidad a pagar 43 millones de euros a la U. Complutense y ahora 34 millones a la Rey Juan Carlos, y faltan las demás universidades.
Pero la justicia lleva persiguiendo a Aguirre y Figar por los incumplimientos de los convenios laborales, por la contratación de profesores extranjeros de inglés. Su política ha sido la de romper los acuerdos y judicializar todo, contando que la administración no paga tasas y los recurrentes sí -y más con el tasazo de Gallardón-, y con la tardanza judicial. Ahora Aguirre echa en cara el gasto de la justicia por el juicio motivado por su incidente en la Gran Vía, juicio del que se librará por la reciente reforma del código penal. La consecuencia es que cuando salgan muchos de estos juicios ya no estarán ninguna de las dos.
Final
Ha terminado el mandato de Figar y Aguirre  (y de Ignacio González) con un costoso legado, con salidas que no esperaban y con una desbandada de los fieles. Alicia Delibes -4ª en la lista de concejales del PP de Madrid-; Regino García-Badell, su marido, el número 49 de la misma lista; Mª José García Patrón, nº 79 en la lista de diputados del PP. Ya antes habían abandonado la Viceconsejera Pérez Llorca y la Directora General de Calidad, Rocío Albert López-Ibor. Rellena estas semanas la ausencia de Figar el viceconsejero Manuel Pérez Gómez, Secretario General Técnico y Viceconsejero con Figar desde 2005.
Decía Max Frisch que “democracia significa más democracia”. Ahora termina la legislatura de 4.000 millones de € en recortes. El gobierno ha sido opaco y la Asamblea de Madrid la más opaca de las 17 comunidades autónomas, segúnTransparencia Internacional: Madrid con 65 puntos sobre 100; Murcia, 79 puntos; Canarias, 80; las restantes comunidades tienen una media de 88,6 puntos.
En estas fechas Aguirre ha mostrado su preocupación por la constitución del Ayuntamiento de Madrid y ha hecho su propuesta para “salvar la democracia occidental”, que no debe responder al modelo que ella ha aplicado en Madrid. Mientras proponía estas cosas, caían dos nuevos peones suyos imputados: Salvador Victoria y Figar. Fin del ciclo.

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ACTUALIZACIÓN de Aguirre, Figar y la justicia. El Tribunal Supremo acaba de dictarsentencia a favor de la Universidad Politécnica, a la que la Comunidad deberá abonar 76,4 millones de euros. Así se suma a las sentencias favorables a la Complutense, Autónoma y Rey Juan Carlos. Pronto se conocerán las que afectan a las universidades de Alcalá de Henares y Carlos III

NOTA: Revista CONVIVES nº 10  Atención a la diversidad y convivencia

Categorías:IMPRESCINDIBLES

El ‘impuesto’ revolucionario’ de los colegios concertados

buenísima

Un buen artículo:

http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/26/558c84d1268e3e1b448b458b.html

En 1985 el PSOE abrió la puerta a la enseñanza concertada, unapatria potestad que el PP y sus Gobiernos recuerdan, como argumento concluyente, cada vez que alguien pregunta si la aplicación de esta tercera vía entre educación pública y privada no ha mermado el derecho a la enseñanza básica gratuita.

Desde hace 30 años, la red de centros privados financiados con dinero público no ha hecho más que aumentar. Y, en paralelo, la consideración de la educación básica como un derecho por cuya gratuidad debe velar el Estado se ha debilitado. Ambos fenómenos, el incremento de la enseñanza concertada y la valoración de este modelo como una opción voluntaria, y por tanto sujeta a las condiciones que quiera imponer cada centro, se han retroalimentado. De hecho, cada vez son más los conceptos y más agresivos los métodos de que se valen muchos centros concertados para sumar a las subvenciones públicas otras ‘aportaciones’ de las familias.

 

Ley y ‘trampa’

Los padres sólo están obligados a pagar el comedor y el transporte en caso de utilizarlos. Sin embargo, a esta minuta básica, los centros añaden otras tarifas en conceptos variopintos, aunque sujetos, como subrayan desde la Consejería de Educación, al control y la aprobación del Consejo Escolar.

Sumen: por ‘actividades formativas complementarias’ de 80 a 150 euros al mes; por el ‘servicio de conciliación‘ vengan aquí otros 60 euros al mes; por ‘enfermería‘ 45 euros al año; por una labor de ‘orientación‘ preparen otros 40 por curso; si quiere que los chicos se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías, hay centros que ofrecen un rentable leasing de Ipad por 90 euros al año, aunque como ‘servicio de seguridad en el uso del Ipad’ -controlar que el menor no entre en web de contenido violento o pornográfico- vaya preparando otros 250 ó 300 euros anuales.

Además los uniformes

Luego están los uniformes, el pantalón (40 euros de media), el polo (20 euros), el chandal (50 euros), los libros de texto (90 euros), y los cuadernos y papelería varia, material que encontrará (si es usted capaz) homologado en grandes superficies «a la mitad de precio», según el testimonio de varios padres, pero que los centros no pierden la oportunidad de vender concienzudamente. Además, prepare dinero para las excursiones y otras actividades extraescolares varias, teatro, funciones musicales… En definitiva, la mensualidad llega a triplicarse en la mayoría de los casos.

A raíz de la denuncia de unos padres del San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz que acaba de ser considerada por Inspección (de estos padres ya es la segunda), EL MUNDO ha cotejado la carta de extras de este colegio, así como la de varios centros en Valdemorode la cooperativa Alfedel (Helicón, Valle de Miro, Nobelis), delGredos San Diego de Alcalá de Henares y del Antanés de Leganés.

La ley, y en este sentido se pronuncian los inspectores de Educación siempre que hay un contencioso, indica que estos pagos extra son voluntarios. Pero a tenor del celo empleado por algunos centros para ‘implicar’ a los padres, nadie lo diría.

Invitaciones a cambiar de colegio formuladas verbalmente e incluso por escrito, niños literalmente ‘aparcados -en palabras de una madre de tres alumnos del Valle de Miro– en un aula sin libros ni material para tareas en caso de que no realicen las lucrativas ‘actividades complementarias’ y amenazas sugeridas sobre la falta de plazas, que es lo que más preocupa a los padres con más de un hijo escolarizado en un mismo centro.

A la hora de analizar las causas de esta financiación bis de los concertados, los sindicatos aseguran que se trata de un ‘negocio redondo alentado desde la Administración’, que permite a los colegios privados ‘crecer y aumentar sus aulas mientras se limita la enseñanza pública», según la responsable de Educación de UGT, Virginia Fernández. Los padres hablan incluso de «impuesto revolucionario’ y lamentan que en algunos casos los interlocutores municipales les dan la razón pero «miran a otro lado» o directamente les invitan a ‘cambiar de centro’. Una directora de dos colegios de Primaria con la que contactó este periódico, y que prefiere no salir del anonimato, culpa a la Consejería de haber convertido las licitaciones en una ‘subasta’ abierta a empresas constructoras y de servicios, en la que prima el proyecto económico sobre el docente, lo que «condena» a las ’empresas de toda la vida’ a depender en gran medida de las ‘donaciones’ de los padres y de los recursos que obtienen de ‘actividades complementarias que deben ser siempre y sólo voluntarias’.

Aunque la ley salvaguarda en teoría la gratuidad de la enseñanza, muchas veces, demasiadas, los padres se ven empujados a pagar por la dirección de los centros. El ejemplo más descarado con el que se ha encontrado este periódico ha sido el del citado San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Alberto Villarrubia, padre de dos niñas matriculadas en este centro, lleva luchando desde 2013 contra las maniobras y presiones de sus gestores para hacerle pagar por lo que denominan ‘Servicios, actividades y complementos’.

Inspectores

Los inspectores, que acaban de comunicarle que van a volver a requerir al colegio por sus abusos, ya le dieron la razón hace dos años, pero el centro ha seguido pasándole la minuta desde entonces. Más aún, amenazaron a los padres con dejar a las menores en la calle a la hora del comedor en un plazo de casi un día para otro (de jueves a lunes); y llegaron a negarse a cobrarles el comedor -que sí es obligatorio- si no pagaba también la deuda ilegítima de esas otras actividades voluntarias.

Según consta en la documentación aportada a este periódico, él y su mujer han llegado a pedir que los recibos del comedor los cobrara un juzgado para que hubiera constancia de que siempre han pagado, e incluso llegaron a pedir auxilio al Defensor del Pueblo. Soledad Becerril les ha enviado una carta en la que les comunica que requirió a la Consejería de Educación sobre su caso y que el Gobierno regional tiene muy claro que la ley debe ser cumplida, por lo que están pendientes de recibir un apercibimiento, puede que sin consecuencias.

La Administración siempre les ha dado la razón, ¿pero de qué sirve actuar como un padre coraje si, más allá del apercibimiento, el San Juan Evangelista sigue presionando y reclamando como legales la retribución de servicios voluntarios?

En este centro el malestar ha llegado a tal punto, que los padres han constituido un ‘Ampa paralelo’, según explica su presidenta, Mely Alejandro, pues la asociación ‘oficial’ está ‘controlada por la dirección del centro y sirve a sus intereses’.

Los padres de alumnos del San Juan Evangelista han convocado unarecogida de firmas para los próximos días 29, 30 y 1 de julio para que la Consejería de Educación solucione de una vez por todas esta situación.

En una situación no tan escandalosa, pero sí complicada, se encuentra los padres del Colegio Valle de Miro de Valdemoro. Una madre de tres alumnos paga todos los meses 900 euros por una educación que legalmente debe ser gratuita. ‘Hemos ido a los servicios de Inspección muchos padres, pero se mueven en una situación de alegalidad que es difícil sortear. La directora nos pidió cuadernos con las tapas blancas, que son las que venden en el centro, diciendo que son más pedagógicos: lo que son es imposibles de encontrar’, ironiza esta mujer, que prefiere no dar su nombre porque teme que pueda tener problemas de escolarización cuando toque el cambio de ciclo. Este es un temor generalizado, que calla muchas bocas

¿Y llegan muchas quejas a la inspección? Los padres y sindicatos dicen que sí. La Consejería estima que no.

Según los datos de la Consejería de Educación relativos al curso presente (son una ‘previsión’ oficial) la enseñanza concertada y privada suman 1.706 centros activos en la Comunidad de Madrid frente a sólo 1.874 públicos. UGT matiza que la Consejería hace trampas, que la enseñanza básica obligatoria ya está claramente en manos privadas, que el Gobierno regional contabiliza como públicos los centros de titularidad pública cedidos en concurso -el sindicato dice ‘en subasta’- a empresas privadas para que los gestionen.

No hay datos fiables sobre cuántos centros son de ‘gestión mixta’,pero ni siquiera es preciso reparar en que en los últimos 13 años el Gobierno regional ha cedido 1,7 millones de metros cuadrados de suelo público a empresas y consorcios para sostener que la Consejería ha favorecido la implantación de la concertada, algo por otro lado obvio en las nuevas zonas de expansión inmobiliaria.

El estado de la cuestión es evidente: la educación de los menores pasa cada vez más por los centros concertados, que tratan de financiarse también mediante actividades y servicios complementarios. ¿Hasta qué punto es correcto permitir que quienes tratan de convertir la educación en un negocio en contra de la legalidad sigan gestionando colegios subvencionados con el dinero de todos? ¿Hace la administración lo suficiente para corregir las situaciones de abuso de las que hay constancia?

Carta fraude

El colegio San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz ha intentado sofocar cualquier conato de rebelión futura remitiendo una carta a los padres en la que exige el pago anual de 1.749 euros -once mensualidades de 159 euros– por cada alumno por sus ‘servicios, actividades y complementos’. Las alegaciones del colegio son un fraude, ya que hace pasar por obligatorios pagos y conceptos voluntarios. En ánimo de lucro es evidente:

‘La relación de los padres y el centro -dice el texto enviado el pasado 16 de junio- se rige por estas condiciones: 1.- El colegio San Juan Evangelista Torrejón es un centro privado concertado bilingüe y, por tanto, la enseñanza obligatoria es gratuita. Los padres acceden a la enseñanza en centros privados concertados de manera libre y voluntaria, por lo que también adquieren la obligación del pago de las actividades extraescolares…’

Y 2.- ‘…La ausencia del alumno (de estas actividades) no exime del abono de los recibos’.

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