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Razones contra el bilingüismo de Madrid
Os dejo un buen vídeo que explica claramente las razones contra el bilingüismo de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, olvidan que este modelo es típico de países como Nigeria y no de países occidentales, ningún país occidental serio denigra su propia cultura y lengua de esta manera tan absurda.
Figar pagó a una empresa de la trama 21.240 euros por un informe de 33 páginas con faltas de ortografía
Encima de corrupta tonta y muy tonta:
El trabajo concluye que la Consejería de Educación tenía presencia en Internet «prevaleciendo las percepciones negativas»
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó en enero de 2011 un total de 21.240 euros a una empresa vinculada al presunto «conseguidor» de la red corrupta ‘Púnica’ Alejandro de Pedro por un informe de apenas 33 páginas y con faltas de ortografía sobre la presencia de este departamento en Internet.
El trabajo, titulado «Informe situación actual en la red», figura en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tenía como objetivo analizar la presencia en las redes del departamento dirigido entonces por Lucía Figar.
La factura por este trabajo, que se incluye igualmente entre la documentación aportada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, fue girada por la empresa Redytel Ingeniería de Telecomunicaciones, perteneciente a la red de sociedades de De Pedro. Cada página del informe le costó a las arcas públicas 643 euros.
CONSEJERÍA SIN TILDE
El estudio, plagado de fotografías y gráficos, comienza con la siguiente afirmación: «Un Consejeria (sic) que se decide a transformarse para ser abierta (o-Gov) es aquella que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan».
Esta consideración se completa con otras parecidas como cuando los autores del informe señalan que Educación debía convertirse en «una Consejeria (sic) de doble dirección», que «escucha primero y habla después». «Incluso diríamos más, es un Organismo (sic) que escucha más que habla», añade.
Los autores del informe explican la importancia de los resultados que se encuentran en Google cuando se realizan búsquedas de términos como «Consejería Educación Comunidad de Madrid» o «Educación Madrid». Después informan de lo que son los blogs («espacios de conversación e intercambio de ideas») y se exponen en detalle los resultados de las búsquedas de esos mismo términos en las redes sociales Twitter y Facebook: «ningún resultado» en la primera y «varios grupos no oficiales y sin actividad» en la segunda.
Tras hacer el mismo proceso de búsqueda en Youtube, Flickr y espacios de dinamización de los contenidos como Méneame o Wikipedia, la empresa adjudicataria del proyecto señala textualmente que Eico, una de las compañías de De Pedro, «a (sic) producido este informe sobre el interés y clima en Internet para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid» y que su información «podrá ser usada para analizar los atributos más destacados así como comprobar las distintas evoluciones».
El informe termina con tres conclusiones resumidas, cada una de ellas, en un párrafo. En el primero se incide en que «la Consejería de Educación tiene presencia en la red Internet (*) prevaleciendo, generalmente, percepciones negativas sobre su actividad».
En el segundo se apunta que «no hay términos registrados en las redes sociales y esto no ayudan (sic) a trabajar y mejorar el posicionamiento de la Consejería» y en el tercero se añade que «la experiencia apunta que la gestión de la entidad digital conlleva un trabajo sostenido en el tiempo, suficiente para consolidar los atributos deseados y consecuentemente fortalecer la reputación digital».
La Guardia Civil atribuye a Lucía Figar delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación
La corrupción de Lucía Figar:
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/22/57e2dbb3e2704e6c218b45c9.html
La Guardia Civil atribuye a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que la ex alto cargo popular «utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones».
«Queda patente», subrayan los investigadores en sus últimos informes, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, que «se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería». «Pero también», añade la UCO, ha quedado acreditado que usó esta estrategia «como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos». Una actitud, esta última, que la Guardia Civil considera que evidencia la «cuestionable honradez personal y política» de la ex consejera de Esperanza Aguirre.
Los investigadores explican que Figar «se habría concertado con el empresarioAlejandro De Pedro para que éste fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos de supuesta búsqueda activa de información relativa a laConsejería de Educación«. «No obstante», continúa, «dicha descripción del contrato no resiste a una lectura detallada de los informes de EICO (empresa de De Pedro), donde queda de manifiesto que el objeto del contrato era la reputación personal de la consejera y de su opción política».
Tras constatar que el concepto de los contratos era ficticio, la Guardia Civil señala que «se han destacado varias irregularidades como el hecho de que, pese a que los trabajos se presentaban bajo el membrete de EICO, se facturaban a terceras empresas, circunstancia que no impide que se autorice el pago a la empresa determinada por De Pedro».
«La implicación de altos cargos de la Consejería, como el jefe de Gabinete o el secretario general técnico, la interacción de empleados de la consejería con empleados de EICO o el hecho de que el mismo Alejandro De Pedro le pusiera al corriente del contenido de los informes conduce, a juicio policial, a que Lucía Figar habría sido quien habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada de De Pedro y que era sabedora del cariz de los servicios de EICO».
Asimismo, agrega la UCO que Figar «habría beneficiado a De Pedro con otros contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid, donde se eluden los procedimientos de concurrencia competitiva desplazando una parte del contrato a la Fundación Madri+D«. «En este contrato, además, se ha detectado que la tramitación de los expedientes no se ajusta a la realidad de los trabajos realizados llevando cada ámbito un camino absolutamente dispar y formulando los expedientes con el único ánimo de habilitar pagos a De Pedro».
A su vez indica la Guardia Civil que «se han hallado también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014 en el seno de la Consejería de Educación, existiendo el compromiso por el empresario de facilitar a la consejera las variables para la valoración del contrato».
Junto a Figar, la UCO considera «conocedor y partícipe en la trama articulada en la Consejería de Educación» a Manuel Pérez en calidad de «secretario general técnico», por lo que se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad.
Asimismo, la Guardia Civil implica a Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensade la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como «cooperador necesario» y le acusa de fraude, malversación y tráfico de influencias.
Por último, a De Pedro le atribuye fraude, falsedad y tráfico de influencias
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la trama Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet
Más corrupción de Figar y Aguirre:
http://www.eldiario.es/politica/Aguirre-Punica-Marea-Verde-Internet_0_561694673.html
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entoncesprotestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que «el cliente», la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.
En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: «El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]».
A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: «Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles». Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del «grupo de trabajo» es «ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general».
Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo
La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: «Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación».
Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.
Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: «El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online».
De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
Luz verde a las ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato de la LOMCE que se aplicarán el próximo curso
El PP ha aprobado las reválidas con el gobierno en funciones:
Luz verde a las ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato de la LOMCE que se aplicarán el próximo curso
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 29 de julio el decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aplicarán el próximo curso 2016-2017. Ambas serán son obligatorias para obtener el título de la etapa y la de Bachillerato servirá también para acceder a la Universidad.
Escuela concertada versus pública
Gráfico esclarecedor de CGT:
Directores a dedo, un atropello a la democracia
Artículo excepcional de Agustín Moreno:
Me cuentan: “En un colegio público de la sierra de Madrid había una directora muy competente y estimada por toda la comunidad educativa. En el colegio aumentan cada año las matrículas porque las familias están encantadas con el proyecto educativo. Al presentarse a la renovación de su cargo, los tres miembros de la administración le han puesto un cero a su proyecto de Dirección. Y ahora han nombrado a dedo como director a otra persona de otro centro”.
Esto ha pasado de forma similar en 40 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La mayoría en la zona sur, pero también en la zona oeste, Vallecas (IES Domínguez Ortiz), Ciudad Lineal, Bustarviejo, etc. El procedimiento es el mismo: se destituyen –o no se eligen- a direcciones críticas y se imponen directores dóciles y de la misma cuerda política que la administración. Es la LOMCE, que le permite al PP estas cacicadas contra la autonomía y la gestión democrática de los centros.
Olvidando que peor que mentir es tomar por tontos a los demás, la Consejería lo niega diciendo que se ajustan a la ley. Efectivamente, la ley establece que al director lo elige una comisión creada a tal efecto. La trampa está en que, según el artículo 135 de la ley, la comisión está formada por miembros designados por la Administración que se aseguran la mayoría (entre el 50% y el 70%) y la comunidad educativa está siempre en minoría. De cinco miembros, tres los pone la Administración y dos la comunidad educativa del centro.
Los claustros y consejos escolares califican de sobresaliente proyectos de Dirección que los representantes de la Administración suspenden porque desprecian su trabajo en la misma medida que lo desconocen y porque actúan por criterios políticos y no pedagógicos. El resultado está cantado: no aprueban los proyectos de direcciones reivindicativas (contra el cierre de aulas, fusiones, bilingüismo, pruebas CDI…). De esta manera, la Administración del PP está mandando “paracaidistas” de su confianza y metiendo así miedo a los equipos directivos de otros centros. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el reino de la arbitrariedad y el sectarismo, antes conAguirre y ahora con Cifuentes, gracias al apoyo de Ciudadanos.
El 4 de julio se reunieron en asamblea 160 personas en el colegio público Miguel Hernández de Getafe, uno de los afectados junto con otros tres colegios y un instituto de la localidad. Había madres y padres, profesorado, directores de centros educativos, sindicatos, AMPAS, representantes de colectivos educativos, plataformas por la Escuela Pública, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica, representantes políticos y municipales y diputados en la Asamblea de Madrid. Ante el ataque a la más elemental democracia y a un modelo educativo basado en la participación de toda la comunidad, se debatieron propuestas para frenar estas actuaciones. Se planteó centrar inicialmente las movilizaciones en la zona sur, con la idea de extenderlas al resto de la Comunidad, acordándose las siguientes iniciativas:
- Presentarse a la DAT Sur (Dirección de Área Territorial) el viernes 8 de julio, a las 10 de la mañana. Se reclamará masivamente que se dé marcha atrás a esta política dictatorial. El jueves 14 de julio se plantea una nueva concentración ante la DAT Sur.
- Una recogida masiva de firmas dirigidas al consejero de Educación Rafael von Grieken: “No a la imposición de directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid” (NOTA 2).
- Se valoró, también, que el curso no puede empezar con normalidad ante esta situación. Las familias piensan en boicotear el inicio de curso. Se estudiará que el profesorado haga una huelga a principio de curso y hay sindicatos que van a trabajar en esta línea (CCOO y CGT). También se estudian acciones jurídicas.
Hace falta una reacción, porque en la Comunidad de Madrid sólo han cambiado las caras, no la política. Y sigue siendo el banco de pruebas para la aplicación de las medidas más reaccionarias que luego se extienden a otras comunidades. Y lo hace el PP con la complicidad necesaria de Ciudadanos. Este curso han seguido desviando más recursos y alumnado a la concertada, van a cerrar 80 aulas públicas, han suprimido numerosos ciclos públicos de Formación Profesional y el consejero no ha rectificado a pesar de haber sido reprobado. Ahora, con su concepción cortijera de los centros educativos, dirigidos por capataces a su servicio, juegan a deteriorar más la pública. Quizá eso es lo que buscan: crear un clima crispado en la comunidad educativa que derivará su fuerza a combatir estas injusticias en vez de centrarse en sus proyectos educativos.
Designar una dirección desde fuera era siempre el último recurso cuando ningún miembro del claustro quería asumir la dirección. No es el caso de los centros referidos. Imponer directores ajenos es despreciar la implicación de la comunidad educativa, es despilfarrar recursos, esfuerzos y entusiasmos, es pura ineficiencia. Es extender la arbitrariedad porque estos directores también podrán elegir a dedo a su profesorado. Es crear problemas donde no los había, imponiendo directores que tienen que entrar en los centros escoltados por la guardia civil como ocurrió en el colegio Montelindo, un centro innovador sin exámenes ni deberes, donde las familias se amotinaron al grito de “Queremos a nuestra directora”. Uno de estos directores, el asignado al CEIP Miguel Hernández, ya ha renunciado en menos de 48 horas, tras ir al centro y conocer la situación provocada.
El objetivo de estas intervenciones autoritarias de la Administración del PP es la depuración ideológica para domesticar a la comunidad escolar. Es lo que necesitan para desarrollar la Ley Wert. Politizando los centros con direcciones que sólo respondan ante quienes les han designado, intentarán aplicar sus medidas injustas que son contestadas por todos los sectores. Pero una sociedad no se puede permitir una escuela antidemocrática y convertir ésta en una pirámide autocrática. La escuela pública debe contribuir a crear ciudadanos libres que participen en la sociedad aportando lo mejor de sí mismos. Para ello hay que entrenarse desde niños en un clima de convivencia en positivo. No se puede dejar algo tan importante como la educación en manos de quienes no creen en la gestión democrática de los centros.
Levante: la Guardia Civil investiga 30 colegios concertados por fraude en las nóminas
Otra cosa que no se investiga de la escuela subvencionada:
Educación colocó al frente de un tribunal de las oposiciones a profesor a una inspectora que impartió clases en una academia privada
Muchas veces los opositores se han quejado en Madrid de que los tribunales tenían intereses oscuros, como ser preparadores de academia, aquí una prueba:
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/07/radio_madrid/1465279906_108093.html
Avelina Fernández Gascón es inspectora de la consejería de Educación, forma parte del cuerpo de docentes y, al mismo tiempo, ha sido profesora y ponente en una academia privada que forma a los opositores y futuros docentes. Una de las academias más demandadas en Madrid. Fernández Gascón ha impartido en este centro, al menos, dos cursos de orientación educativa, la materia que precisamente va a evaluar el tribunal para el que había sido designada por la Comunidad.Hasta el jueves pasado. Según fuentes de la inspección educativa consultadas por la SER, ese día se vió forzada a renunciar después de que UGT la recusara por intereses contrapuestos. Según Pedro Hernández, portavoz de la Federación de Enseñanza del sindicato, «una persona que forma parte del tribunal y tiene que calificar a los opositores, no es ético que a su vez dé cursos para preparar a opositores. Entendemos que sus criterios de calificación no van a ser conocidos por todos, sino solo por aquellos opositores que han recibido sus ponencias».
Como presidenta de uno de los tribunales de las oposiciones su labor consistía en fijar los criterios para examinar a los futuros orientadores. Alumnos a los que ella misma ha formado en la privada. Una incompatiblidad que reconocen ahora fuentes de la consejería de Educación pero que no se tuvo en cuenta en su momento, cuando el gobierno regional la designó para ese puesto. Los nombramiento se publicaron el pasado 31 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Los servicios jurídicos de UGT van a estudiar si también se incurrió en una incompatibilidad al permitir a esta inspectora de la Dirección de Área Territorial impartir docencia en una institución privada al mismo tiempo que en la pública en la misma especialidad.
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