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El darwinismo escolar o la ‘ley Wert’
Otro artículo excelente de Agustín Moreno:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/el-darwinismo-escolar-o-la-ley-wert/139
Alevosamente, en el verano, como se hacía en el franquismo, con los centros educativos cerrados, se han rechazado esta semana en el Congreso de los Diputados once enmiendas a la totalidad a la LOMCE. Son la expresión de la soledad del PP y de la absoluta falta de consenso. Refleja la incapacidad del ministro para alcanzar algún acuerdo con alguien que no sea su elefantiásico ego y su sectarismo ideológico. Porque no estamos hablando de otra cosa: llegó sin tener ni idea de educación y se va a ir sabiendo menos. Para ocultarlo, utilizó en el debate parlamentario gruesas descalificaciones hacia la oposición: ruido y furia que expresa su total incompetencia. Tiene su mérito tener a todo el mundo en contra, menos a Rouco y a la patronal privada, y conseguir de la oposición una declaración solemne donde se compromete a derogar la ley en cuanto puedan.
De ella se han dicho muchas cosas: que es privatizadora, confesional, recentralizadora, poco democrática, que ignora al profesorado, etc. Pero el espíritu de la ley, eso que dice Wert que no hemos captado, es su ideología neoliberal y su carácter segregador que refuerza los patrones de desigualdad social. Esta ley está informada por dos grandes motivos: el negocio y la ideología.
Se trata de convertir el derecho público fundamental a la educación en un servicio económico a prestar por el mercado y que entra en el campo de la competencia. De ahí el carácter privatizador de la ley para entrar en un rico pastel que en España, según los últimos datos del INE de 2010, supuso un beneficio de casi 700 millones de euros para los centros privados de enseñanza. Es un nuevo y jugoso nicho de negocio que permite obtener fondos públicos e ingresos regulares, apalancamientos financieros, cesiones de suelo, cobrar cuotas abusivas y obtener beneficios fiscales. Por ello vemos a grandes compañías que nada tienen que ver con la educación (son de construcción, seguridad o limpieza) pujar para la gestión privada de escuelas infantiles en la comunidad de Madrid.
Pero, sobre todo, son razones ideológicas las que están detrás de la ley Wert. Por una parte, una cierta aristocratización de la educación. No les gusta la mezcla social y para ello refuerzan la red privada-concertada, no solo para atender las reivindicaciones de la Iglesia católica, sino porque no quiere ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con el cambio para la mejora de su sociedad. Parece que parten del prejuicio de que la escuela pública crea ciudadanos más a la izquierda, algo que puede ser cierto en la medida en que se produce cierta segregación de clases por la doble red. En su ignorancia o servidumbre hacia la Iglesia católica no quieren saber que los países del norte y centro de Europa los ricos llevan también a sus hijos a la escuela pública, donde conviven todas las clases sociales y se refuerza el sentimiento de pertenecer a una misma colectividad. Y encima su éxito escolar es mayor en los rendimientos del alumnado.
El gobierno del PP nos está lanzando el mensaje de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Sociales y económicas, se entiende, no en relación al talento del que tanto le gusta hablar al ministro. En su lógica de contables neoliberales, no tiene sentido invertir más en educación, que para ellos es un gasto. Hay que poner en coherencia el sistema educativo con un mercado de trabajo precario y en rotación, y con una sociedad poco cohesionada y desigual. Y para ello se propone una escuela segregadora y clasista, donde la excelencia no sea para todos, sino para unos pocos. Si ponemos en relación esta filosofía educativa con la política de becas y la afirmación de Wert de que se dedique a otra cosa el estudiante que saque menos de un 6,5; o la afirmación de su secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, de que no hay que formar a más científicos, podemos colegir que para Wert la escuela para todos es como dar margaritas a los cerdos.
La segregación clasista de la LOMCE se produce por varias vías: los itinerarios tempranos y la disminución de la comprensividad para todos, el refuerzo de la doble red (pública y privada-concertada), las reválidas, los bachilleratos de excelencia, la especialización de los centros para que compitan unos con otros, la publicación de las pruebas externas, la segregación por sexos en centros que reciben fondos públicos, etc. Cabe destacar en este sentido determinados programas bilingües como el de la Comunidad de Madrid, que nadie ha evaluado, y que pueden producir tal segregación que convierten la escuela en un riesgo para una parte del alumnado. El elemento que une todas estas medidas es la elitización de la enseñanza y la ruptura del principio pedagógico de trabajar con grupos heterogéneos, que es lo natural, algo que avala la comunidad científica internacional como lo más eficaz para la equidad y el éxito en los resultados generales. La filosofía segregadora conduce a un aumento del fracaso escolar, solo evitable a través de trampas estadísticas en las que está pensando el ministro Wert, como considerar exitoso, escolarmente hablando, no sacar el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, aquellos a los que se derive a un itinerario de poca monta como la Formación Profesional Básica.
La ley quizá se apruebe finalmente con la mayoría absoluta del PP y con todo el mundo en contra, aunque en política los tiempos se aceleran y ya veremos cómo acaba el caso Rajoy-Bárcenas. En cualquier caso, nada está perdido. Porque no puede durar una ley impulsada por el ministro peor valorado de la democracia y que ha tenido tanto rechazo social y político. Habrá que seguir denunciando esta ley y debatiendo entre la comunidad educativa sobre la escuela que queremos. Que no puede ser otra que la escuela de tod@s y para todo@s, pública, laica, inclusiva, gratuita, que asegure el derecho a educarse y a aprender con éxito de todo el alumnado. Esta es la diferencia de enfoque en el que radica la verdadera excelencia. Es decir, todo lo contrario que el sistema educativo que diseña la ley Wert, que es puro darwinismo escolar al servicio del darwinismo social, económico y político. Por eso no tiene futuro una ley sectaria que hace retroceder la igualdad entre los ciudadanos.
Las 14 claves de la reforma educativa de Wert
Un buen artículo sobre la LOMCE:
http://www.eldiario.es/sociedad/ley-afecta-modelo-linguistico_0_79092567.html
El borrador de la reforma de la ley de Educación presentado por el ministro José Ignacio Wert a las Comunidades Autónomas, y que se ha desarrollado sin diálogo ni consenso con la comunidad educativa, ha provocado innumerables debates sobre el modelo lingüístico. Sin embargo, este apartado, muy político, ha eclipsado otros puntos peliagudos y trascendentes de una legislación que a veces recuerda demasiado al modelo educativo de épocas ya superadas. Estos son los cambios más relevantes y polémicos de la nueva normativa, que supondrán un coste de casi 60 millones de euros poner en marcha y que este jueves han sacado a miles de personas a la calle en toda España.
1. Declaración de intenciones en el prefacio
En la LOE se definía la educación como “el medio de transmitir valores, renovar la cultura (…) fomentar la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación (…) para lograr la cohesión social. (…) Es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”.
En el borrador del anteproyecto de ley de la LOMCE en su quinto párrafo apunta más bien a la educación como medio para crear ciudadanos empleables y capaces de competir en el libre mercado: “El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos (…) supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor”.
2. Agentes privados en la regulación pública
La LOMCE incluye una definición de lo que es el “Sistema Educativo Español” en la que, curiosamente, las familias y asociaciones de padres no han sido incluidas, pero sí los agentes privados, a los que se les da capacidad reguladora, lo que podría interpretarse como una puerta a la privatización efectiva del sistema de enseñanza. Dice así: “El conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios”.
3. Suprime ciudadanía y da más horas de religión
La nueva norma elimina Educación para la Ciudadanía y aumenta la carga horaria de Religión e incluye una asignatura alternativa, Valores Culturales y Sociales, equiparándola a la media del resto de las materias, lo que en la práctica puede suponer una hora semanal más de esta materia. Estas dos decisiones las tomó de acuerdo con la Conferencia de Episcopal, inquieta por el descenso de alumnos que escogen estudiar religión, que en la última década ha bajado casi un 10%.
4. Modelo linguístico
Se elimina la inmersión lingüística, que llevaba 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua cooficial, al establecer un mínimo de materias en las dos lenguas oficiales. Además se establece que las administraciones regionales podrán dar un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto al castellano “en una proporción razonable” sin que ello suponga la “exclusión del castellano”.
Otro de los asuntos que indignan a las administraciones con lengua cooficial es que la lengua se considera una materia no troncal, sino específica, al mismo nivel que la Educación Física, aunque es una asignatura específica y obligatoria para todos los alumnos.
También se plantea que las familias puedan elegir la lengua que desean para sus hijos: tanto castellano como la lengua cooficial. Y aquí llega uno de los asuntos más polémicos: obliga a las administraciones a hacerse cargo de la escolarización en castellano en colegios privados en los casos en los que los padres lo reclamen y la administración no lo esté ofreciendo en esa determinada zona.
5. Más dinero y autonomía para la excelencia y especialización
La nueva norma incluye un artículo en el que ofrece mayor autonomía y más recursos económicos a los centros que pongan en marcha proyectos educativos competitivos tendentes a la especialización, y que luego rindan cuentas sobre ellos con evaluaciones anuales. Para ello deben apostar por proyectos sobre: “Especialización curricular, la excelencia, la formación docente, la mejora del rendimiento escolar, la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales”, según la norma. Estos centros podrán incluso seleccionar a su alumnado en función de su rendimiento académico en las enseñanzas obligatorias “con hasta un 20% de la puntuación asignada”.
6. Acceso a la universidad
Eliminada la selectividad, correrá a cargo de las universidades gran parte del peso de la selección de su alumnado. Tendrán que tener en cuenta su nota de Bachillerato (un 60% como mínimo), las calificaciones obtenidas en las materias de bachillerato relacionadas con lo que quiere estudiar, la formación complementaria, y si tiene estudios relacionados con la carrera que se quiera estudiar (FP de grados superiores, o estudios universitarios previos). También pueden establecer procedimientos de selección y evaluaciones específicas
7. Conciertos educativos más largos y en más etapas
Los conciertos amplían su duración y pasan de cuatro años a seis en Primaria, con carácter general. Pero la nueva redacción prevé que además existan conciertos en otras etapas postobligatorias (bachillerato), que hasta ahora no estaban previstos en la ley. Estos nuevos conciertos durarán cuatro años, y además se permitará que un concierto con un mismo titular pueda servir para varios centros.
8. Blindaje a los conciertos de los centros que segregan por sexo
La anterior ley no permitía discriminar al alumnado por su sexo y varias sentencias dieron la razón a las comunidades autónomas que retiraron sus conciertos a centros educativos que segregaban a su alumnado por sexo, como Cantabria o Andalucía. Por eso la nueva norma incluye un artículo que blinda este tipo de escolarización. En el apartado 3 del artículo 84 especifica: “No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto (…) por la Unesco (…). En ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”.
9. Colegios menos democráticos y un director profesional
La figura del director cobra muchísima más relevancia en los centros escolares. Han de pasar por un proceso de formación y acreditación del Ministerio, que les ofrece una mayor autonomía si demuestran “que los recursos públicos se han administrado eficientemente y apuntan a una mejora real de los resultados”. Pasan a ser además algo así como gestores de Recursos Humanos: pueden contratar o vetar a un determinado profesor, establecer los méritos para cubrir un determinado puesto por un interino, o vetar alguno de los candidatos si lo justifican.
El claustro de profesores deja de ser el responsable primordial de la elección del director y cobra mucho más peso la Administración en esta elección. También el Consejo escolar pierde peso a la hora de decidir. Además, el Consejo pierde poder en el centro, deja de ser un órgano decisivo, y pasa a serlo meramente consultivo. Ya no puede aprobar, ni decidir (han sido eliminadas específicamente estas funciones del redactado de la ley) y debe limitarse a “evaluar” e informar.
10. Nueva Formación Profesional: FP básica y dual
La ley crea una nueva Formación Profesional Básica para alumnos de 15 a 17 años que tras haber cursado el primer ciclo de ESO no logren pasar a cuarto. Es gratuita y parte de la enseñanza obligatoria. Desde ella se podrá pasar a la FP de grado medio, y de ahí a la FP de Grado Superior “y se completa con materias optativas orientadas a los ciclos de grado superior y al tránsito hacia otras enseñanzas”.
Además, crean una nueva FP Dual, que permite hacer prácticas y recibir formación en empresas, simultaneando trabajo y estudios. Esta FP ha sido duramente criticada por el ex director general de FP del anterior Gobierno, Miguel Soler, que considera que en la práctica “sólo servirá para cubrir puestos de trabajo que requieren una mayor cualificación con estudiantes a cambio de sueldos que no llegarán al salario mínimo”, ya que la mayoría de las PYMES no tienen capacidad para destinar a personal a la formación del alumnado.
11. Más control del Ministerio en los contenidos
Se aumentan los porcentajes de contenidos controlados por el ministerio. Si en la LOE el Ministerio controlaba el 65% de las enseñanzas mínimas en los currículos, y el 55% en las comunidades con lengua cooficial, ahora la norma establece que “los contenidos comunes requerirán el 65 % de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 75 % para aquéllas que no la tengan”. Mientras que hasta ahora los centros eran los encargados de velar por los contenidos comunes, la nueva norma atribuye esta función a las administraciones educativas que “desarrollarán los contenidos comunes y podrán establecer directrices pedagógicas, reconociendo cierto grado de autonomía a los centros educativos”. Aunque introduce un guiño a determinados centros concertados con un modelo pedagógico propio: “Los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, de conformidad con las directrices que, en su caso, establezcan las administraciones educativas”.
12. Ratios más altas y profesores sin oposición
Además, la ley permite que se aumente por sistema la ratio de las aulas (número de alumnos por profesor) un 10%, masificándolas cuando la demanda así lo requiera. Además permitirá que las comunidades contraten a docentes sin hacer la oposición, como es el caso de los profesores nativos para las clases de inglés que Esperanza Aguirre contrató en Madrid el curso pasado.
13. Nuevos-viejos nombres de asignaturas
Cambia la denominación de varias asignaturas, para volver a llamarlas como en la antigua EGB (en vez de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales por ejemplo); en 4º de ESO se implanta la asignatura de Economía y se le da la misma relevancia que a Latín o Biología. Además, se introducen dos categorías de asignaturas: las troncales y las específicas, y a partir de bachillerato la configuración de asignaturas pasa a ser sumamente específico y se modifican las vías para elegir, desapareciendo tecnología y dejando únicamente cuatro: Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Artes.
14. Reválidas, ránkings y competitividad entre escuelas
Aunque la LOE ya incluía diversas evaluaciones del sistema para trabajo interno de los centros e impedía específicamente en su enunciado utilizar los resultados para hacer clasificaciones de centros, la nueva norma propone justo lo contrario dar a conocer públicamente estos resultados: “Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes ponderados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en el que radiquen”, recoge. En concreto, se elimina la selectividad pero se incluyen otros tres exámenes o reválidas que diseñará el Ministerio de Educación y que se realizarán dentro del centro escolar, aunque los responsables del examen serán externos: el primer examen será al acabar 6º de Primaria (de lengua, matemáticas, ciencia y tecnología), el segundo al acabar 4º ESO (de materias troncales y una materia especifica por cada curso; contará un 30% para la nota media de la Secundaria), y el tercero al final de Bachillerato (todas las troncales, y una específica por curso; la nota de esta prueba contará un 40%).
Carta al presidente del Gobierno exigiendo un referéndum
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Señor Presidente del Gobierno de España:
Nos dirigimos a usted en nombre de la ciudadanía y del profundo malestar que experimenta ante la situación de deterioro político, económico e institucional en el que nuestro país parece a punto de naufragar.
No cuestionamos la legitimidad de su gobierno, pero queremos hacer constar que la legítima victoria electoral que el PP obtuvo el 20 de noviembre de 2011, se fundó en un programa donde no constaba ninguna de las medidas que usted ha aplicado desde entonces, con el pretexto de resolver la atroz crisis económica que padecemos sin lograr otra cosa que agudizarla aún más.
En su programa electoral ni siquiera se insinuaban los brutales recortes que han sufrido las inversiones y servicios públicos de nuestro país. Tampoco se anunciaron en el debate de investidura, y a partir de entonces, los miembros del gobierno que usted preside se han dedicado a desmentir sistemáticamente sus propias políticas, en un ejercicio de hipocresía sin precedentes desde la instauración de la democracia española. Como consecuencia de sus prácticas, amplios sectores de la sociedad sentimos que nos hallamos ante un flagrante incumplimento del «contrato electoral» establecido entre el PP y sus votantes. Y consideramos que esta situación sólo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que antes ignorábamos y ahora padecemos se somete a consideración de los mismos electores que le llevaron al poder.
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección, los recortes en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, el deterioro y abandono al que se ve sometido el medio rural, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la eliminación de derechos de las mujeres, la injusticia de las medidas que se vienen adoptando y la constatación de que los más ricos y poderosos de nuestro país no sólo no contribuyen a paliar esta situación, sino que están consiguiendo eludir sus responsabilidades, y hasta enriquecerse aún más a costa de todos, están alimentando un sentimiento de indignación popular que se traduce en una profunda animadversión hacia quienes aplican unas políticas que agreden a los ciudadanos en lugar de proteger sus intereses. En esta situación, afrontamos un serio y creciente riesgo de desafección democrática -como ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS-.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en la relación que instituciones y formaciones políticas establecen con los ciudadanos.
Por estas razones, y amparándonos en el artículo 92.1 de la Constitución española, que establece que: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», reclamamos que se celebre una consulta popular vinculante acerca de los recortes que están cambiando la realidad de nuestro país y la vida cotidiana de sus habitantes.
Su gobierno no puede seguir escudándose en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque si los ciudadanos queremos que se supere la crisis, también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida, y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, entre los que figura la atención a la dependenia, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y pérdida de empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo… Esos son los temas responsables de que muchos de sus votantes se sientan estafados por su gobierno. Nuestra iniciativa pretende darles la oportunidad de opinar sobre lo que su campaña y su programa electoral les escamoteó hace un año.
No estamos planteando nada estrafalario. Ningún gobernante democrático debería temer las consultas populares, y además, existen precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que no había figurado previamente en su programa electoral.
Volvemos a encontrarnos ante «decisiones políticas de especial trascendencia», ya que pueden limitar drásticamente el ejercicio de derechos civiles garantizados por la Constitución de 1978. Si entonces los ciudadanos fuimos llamados a aprobarla en referéndum, ahora nadie debería negarnos la oportunidad de volver a opinar sobre las modificaciones que, de hecho, los recortes imponen a aquel texto. Si a esto le añadimos el efecto universal de unas medidas que padecemos todos los españoles sin que ninguno de nosotros haya podido opinar sobre ellas, nadie puede extrañarse de que pidamos al Gobierno que usted preside que convoque un referéndum en el que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis.
Octubre 2012
http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/menu.do?Inicio:403433
Negar la educación
Artículo recomendable:
http://elpais.com/elpais/2012/07/24/opinion/1343140089_950224.html
Negar la educación
Desde hace meses, muchos meses ya, nuestras vidas están a merced de los mercados. Es imposible abrir la prensa, encender la radio o la televisión, mantener una conversación incluso, sin oír hablar de recortes y despidos, de supresión de derechos sociales, de pérdida de civilización, en suma.
Entre tanto, intentamos educar a nuestros hijos a pesar de —o contra— esto. Y confiamos en que si aún queda un espacio de resistencia frente a los poderes financieros ese ha de ser el de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que la reforma del sistema educativo consista en hacer de estos grilletes sus cimientos? ¿Cómo reducir la educación a “motor que promueve la competitividad de la economía?”
Este vocabulario de guerra (“mercado”, “competitividad”, “éxito”, “arena internacional”) impregna cada una de las páginas del borrador del anteproyecto de ley, presentado hace unos días. Ni una sola vez se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: “democracia”, “ciudadanía”, “cooperación”, “diálogo”, “pensamiento crítico”. “Cultura”.
Tan inquietante como este objetivo es el camino previsto para alcanzarlo: el reconocimiento de la diversidad del alumnado como requisito para “canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que (…) se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad.”. Niños y niñas no son ya otra cosa en la futura ley de educación que mano de obra y nada más.
Es verdad que unos y otros tenemos talentos diversos y que la escuela no ha estado abierta hasta el momento más que a los perfiles de quienes se ajustaban a la escuela de antaño. Creíamos que al fin era el momento de abrirla a las artes, a la investigación, a la creatividad; a otras formas de aprender, cooperativas e interdisciplinarias. Pero no: no se trata de abrir, ensanchar, incluir. Se trata más bien de amputar, de mutilar, de segregar. De reducir materias – y “detectar las prioritarias”-; y de excluir alumnos y derivarlos, ¡desde los 12 años!, a “otras vías”.
¿Cómo se va a llevar todo esto a cabo? Recuperando “la cultura de la evaluación”. Para un estudiante esto será, a buen seguro, un sarcasmo. Quien señala que la selectividad «no funciona porque la aprueba el 94% de los alumnos», ignorando que esos alumnos acaban de superar todas las pruebas de evaluación de un costosísimo segundo de bachillerato, está despreciando de un plumazo el trabajo de docentes y estudiantes. Las razones por las que la selectividad no funciona son otras, y haría bien el ministro en escuchar a la comunidad educativa para conocerlas.
Pero lo que se quiere implantar ahora es un sistema de reválida que evalúe exclusivamente lo que la OCDE tiene en cuenta: aquellos aprendizajes imprescindibles para ser un trabajador versátil y sumiso. Parecemos olvidar a veces que la educación, como ya dijera Neil Postman, ha de ayudarnos no solo a ganarnos la vida, sino también a construirnos la vida, individual y colectivamente.
Dos consecuencias inmediatas tiene esta “cultura de la evaluación”. Una, que lo que PISA no evalúa no tiene ya legitimidad académica. Por eso el ministro se permite hablar incluso de “asignaturas que distraen.” ¿Pero de qué distraen? Si queremos ayudar desde la escuela a desarrollar el talento que cada persona encierra, mal camino llevamos enarbolando las tijeras de podar. La manera de combatir la excesiva fragmentación del currículo no es “suprimir las optativas”, “especializar los centros”, “racionalizar la oferta”. De lo que se trata es de apostar por un aprendizaje por proyectos que ayude a integrar, a establecer vínculos, a conciliar las distintas miradas que la ciencia y el arte ofrecen sobre los problemas esenciales de la condición humana, del mundo que habitamos.
Causa estupor leer que “los alumnos españoles tienen más horas de clase en total, pero menos horas de clase en lectura y matemáticas que sus compañeros de la OCDE.” Pero, ¿no habíamos quedado en que enseñar a leer es una tarea conjunta de todo el profesorado, puesto que aprender a leer significa aprender a leer diferentes tipos de textos, también los específicos de cada una de las ramas del saber? ¿Y qué pasa en cambio con la oralidad, siempre extramuros de la escuela? Tanto empeño en preparar alumnos “excelentes” y olvidamos que para ser un buen médico hace falta también saber escuchar…
La segunda consecuencia tiene que ver con el para qué de tanta reválida. Una reválida que tiene como único objetivo premiar o castigar al examinando con su apto o no apto (examinando que se habrá examinado ya una y mil veces a lo largo del curso, pero de cuyos examinadores el Ministerio al parecer desconfía). Evaluar es otra cosa: es detectar —a tiempo— qué está funcionando y qué no para poner remedio temprano a los problemas.
No es este el caso. La administración se lava públicamente las manos de cualquier responsabilidad en el proceso: “El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que esta debe medirse en función del output (resultados de los estudiantes) y no del input (niveles de inversión, número de profesores, número de colegios, etc.)”. Para dar —añadimos nosotros— más complementos de hierro a quien más hierro tiene. Esto es, sencillamente, hacer dejación de la responsabilidad de educar. Negar la educación.
Ojalá fuera cierto, como rezaba la nota de prensa con que fue presentada, que “la reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común”. Habremos de confesar que hasta el momento no hemos visto sino imprudencia, precipitación y una pavorosa falta de sentido común. Confiamos en que sea cierta la voluntad de diálogo con la comunidad educativa, porque una Ley de Educación no debiera aprobarse, pese a lo afirmado por José Ignacio Wert en el Campus FAES 2012, con consenso o sin consenso y además contrarreloj.
Y mientras tanto, sigamos hablándoles a nuestros jóvenes de la necesidad de “incentivar el esfuerzo” mientras nos peleamos en público por instalar Eurovegas a la vuelta de la esquina.
Frenemos esto. Todo esto.
Guadalupe Jover es profesora de educación secundaria y socia de Ciudadan@spor la Educación Pública.
¿Cuánto nos cuestan los más de 15.000 profesores de religión (católica)?
Muy interesante esta carta al director de EL PAÍS:
http://elpais.com/elpais/2012/04/18/opinion/1334771107_704881.html
CARTAS AL DIRECTOR
Los recortes de Wert
A pesar de que la Iglesia católica española cuenta con las mejores y más idóneas instalaciones para impartir contenidos religiosos (catedrales, templos, capillas, monasterios, conventos, colegios religiosos, etcétera), prefiere que se imparta en las aulas de los colegios e institutos por profesores elegidos por el obispado y pagados por el resto de los ciudadanos, bien sean creyentes (católicos o no), ateos o agnósticos.
Además, la asignatura alternativa a la religión (católica) que se oferta al resto de alumnos (la mitad) obliga al profesorado a invertir una o dos horas semanales en una asignatura de contenidos difusos cuando, simplemente, dedicándolas al refuerzo de otras asignaturas o, por ejemplo a la escritura creativa o a la lectura comprensiva de periódicos, literatura, ensayo, revistas científicas o incluso, por qué no, la Biblia y el Corán, mejoraría sin duda su caudal léxico y por tanto su conocimiento del mundo.
¿Cuánto nos cuestan los más de 15.000 profesores de religión (católica)? ¿Por qué no ha pensado en ello a la hora de recortar, señor Wert?— Antonio Alaiz Ferreras.
A la calle, que ya es hora
Me llena de orgullo y satisfacción -como a Juanca I el Campechano- que los proefs de GH tenemos las cosas muy claras:
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/calle/hora/elpepiespval/20120119elpval_8/Tes
La condición de asalariado asiste a la inmensa mayoría de las gentes que trabajan. Una parte de ellos percibe su retribución no de un empresario particular sino de la Administración: son los empleados públicos, es decir, aquellos que están al servicio de la comunidad porque así lo hemos creído necesario los ciudadanos y nuestros representantes políticos, intérpretes de nuestra voluntad, así lo han determinado. Y esto, que parece que debería ser objeto de una buena consideración social, deviene, por efecto de la crisis, paradigma de privilegio, ejemplo de desigualdad en tiempos adversos, causa justificada de agresión laboral.
Desde otro punto de vista, los empleados públicos son gentes que han hecho una opción laboral de carácter vocacional o, simplemente, buscaron quedar al margen de los vaivenes de una relación contractual privada. Generalmente, nunca su objetivo fue el de hacer fortuna. Incluso, en momentos de expansión y recaudación abundante, han sido objeto de cierta conmiseración, unospringaos, conformistas, faltos de ambición. Vale, cualquier cosa menos unos usurpadores, pues buena parte de ellos obtuvieron su puesto de trabajo mediante una oposición, un concurso público o, cuanto menos, fueron contratados porque aquellos a quienes les hemos dado el poder de hacerlo, pensaron que hacían falta
Ahora, cuando vienen mal dadas, se nos pide solidaridad y comprensión. Los que usan tirantes nos obligan a apretarnos un cinturón al que, hacia la derecha, le van quedando pocos agujeros, salvo si la dieta obliga a comprimir un estómago que poco tiene que agradecer a estos que nos gobiernan desde hace más de 15 años con una frivolidad presupuestaria propia de gentes tan zafias como para preferir eventos temáticos a discreción intelectual.
¿De qué hemos de ser solidarios? ¿Con quién hemos de ser comprensivos? Es demagógico, manipulador y políticamente impresentable excitar la animadversión ciudadana, referirse a los millones de parados, a la precariedad laboral del sector privado frente a la seguridad de lo público, como si, de repente, la empresa privada se hubiera convertido en peligrosa selva para sus trabajadores.
Estamos en la acción política, es decir, en la toma de decisiones, para lo bueno y para lo malo. En pocos meses hemos elegido dos Gobiernos, el autonómico y el del Estado, que dicen saber el camino para protegernos de la que está cayendo. Nosotros los valencianos, con unos indicadores récord de lo peor en casi todo, de las cifras económicas al fracaso escolar pasando por la violencia machista, escuchamos a nuestros gobernantes decir que hay que cambiar el modelo productivo, que no podemos depender de ladrillo, sol y playa, que hemos de aspirar a ser un nuevo valle del silicio. Y para ello, amigos de la paradoja, lo primero que hacen es gastar menos en educación y en investigación.
Los funcionarios, los empleados públicos valencianos, los trabajadores de la Administración, de la sanidad, de la educación creo que no vamos a aceptar de buen grado convertirnos en los mayores paganos de los derroches promovidos por unos gobernantes a los que, si estuviéramos en la antigua Roma, les daríamos el imperium, es decir, el poder, porque lo han obtenido democráticamente, pero no la auctoritas, porque no merecen el reconocimiento intelectual y moral que se concede a quien se considera que tiene autoridad, superior criterio, capacidad para saber lo que es mejor para la comunidad.
Así es que, como estamos en la política, es legítimo protestar, discutir, negociar, no quedarnos callados, pasivos, resignados. El silencio o la inacción no garantizan el puesto de trabajo, ni en el sector público ni en el privado. Que se sepa que no comprendemos ni admitimos por qué tenemos que pagar, más que los que más tienen, la cuenta de unos desmanes que no hemos cometido. Podemos ser solidarios con los más desfavorecidos, pero no con los que después de haber fundido hasta el último euro, ahora dicen, sin rubor, que hemos gastado demasiado. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Pascual Masiá es catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria Benlliure de Valencia. (pascual.masia@uv.es )
Le llaman recortes y no lo son. ¡Es privatización!
Si lo aplicas a Madrid y al sector educativo sólo tienes que cambiar a Boi Ruiz por Lucía Figar y el resultado es el mismo:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142011
Le llaman recortes y no lo son. ¡Es privatización!
#Boimafioso
#iaioflautas
Entre las @iaioflautas hay personas que nos hemos dejado muchas horas, muchos sacrificios y luchas -algunas incluso sufrimos prisión- para conquistar derechos. Fruto de aquellos esfuerzos disponíamos de un Sistema Público de Salud que garantizaba una asistencia universal, no grabada en el momento del uso, integral, equitativa y de calidad.
Hoy, el Sistema Público de Salud es sistemáticamente atacado, desmantelado, vendido y mercantilitzado por los actuales gobiernos, cómplices de la oligarquía financiera. El del PP en España, según el discurso de investidura… y, en primer plano, por el gobierno de la Generalitat de Cataluña encabezado por Artur Mas y ejecutado por los consejeros de economía Mas Cullell y de forma protagonista por el de Salud, Boi Ruiz.
Se sabe que David Mad, jefe de campaña de Mas en las últimas autonómicas, fue contratado por la misma empresa (Deloitte) que la Generalitat contrató para auditar las cuentas y justificar así su política de destrucción de los servicios públicos. Algo huele a podrido en Polonia!
Aprovechan la crisis y ponen la excusa de la deuda pública. Secuestran la soberanía popular y nos mienten diciendo que no hay alternativa. Para esa gente la salud es un gran negocio, todo es negocio. Salas y camas hospitalarias cerrados, servicios suspendidos, listas de espera incrementándose, trabajadoras despedidas o sujetas en EROs, disminuciones salariales, carencia de renovaciones y sustituciones, enfermos desatendidos hasta consecuencias gravísimas incluida la muerte. Ahora, además, anuncian que instauran una tasa por receta.
Queremos saludar la lucha de las compañeras de Bellvitge, que llevan 55 días en defensa del #CAPMarina. Son un ejemplo a seguir.
Todos estos recortes son enormes, sostenidas y crecientes, ya desgraciadamente cotidianas, cada vez más agresivas, argumentadas desde una falaz “legitimación” electoral que no se aguanta ni cuantitativamente (18 % de los votantes) ni cualitativa (no figuraban en los programas electorales).
En respuesta a todo esto, los @iaioflautas ocupamos la sede de la Unión Catalana de Hospitales a C/ Bruc 72 en Barcelona, la patronal de los hospitales privados de Catalunya. Boi Ruiz, el Conseller de Salud de la Generalitat, fue el presidente y actualmente continúa trabajando por los mismos intereses desde el gobierno en vez de por el conjunto de la ciudadanía. Por eso gritamos #Boimafioso y #Boidimissió!
Fuente: http://www.iaioflautas.org/2011/12/boimafioso-li-diuen-retallades-i-no-ho-son-es-privatitzacio/
El 43 por ciento de los alumnos del San Mateo proviene de Institutos públicos
MADRID, 07 (EUROPA PRESS)
Cuatro profesores ataviados con las ‘camisetas verdes’ han acudido este miércoles a la entrada del IES San Mateo, donde se imparte el Bachillerato de Excelencia, porque se esperaba la visita de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a la que han gritado «Excelencia para todos» cuando le han visto entrar y a los que la dirigente madrileña ha contestado: «Eso es música para mis oídos».
«Eso es música para mis oídos, hemos convencido a cuatro», ha respondido Aguirre ante los gritos de los cuatro interinos que se han visto rodeados por una nube de periodistas y media decena de agentes de la Policía Nacional que querían evitar su entrada al centro.
La visita estaba prevista sobre las 11 horas, y cinco minutos antes de la hora punta, han llegado tres profesores vestidos con su camiseta verde, que inmediatamente han sido rodeados por agentes de Policía que formaban parte del fuerte despliegue montado para la ocasión, con más de cuatro furgones.
«Esto es una maravilla… quieren excelencia para todos, igual que nosotros», ha dicho de forma tranquila la presidenta del Gobierno regional cuando llegaba andando hasta la entrada del centro mientras que los cuatro profesores concentrados le pedían «Excelencia para todos los niveles educativos» y «No a los recortes en Educación».
Con más sarcasmo se ha referido la consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, a esta petición del profesorado. Mientras ellos pedían «excelencia para todos», la consejera del ramo, que se ha visto aludida cuando le han pedido que se siente a negociar en la Mesa Sectorial, ha indicado: «Hay que empezar por aprobar una oposición».
Uno de los concentrados es Daniel Martínez, de 33 años y profesor de Lengua Española y Literatura durante los últimos tres años. Ha explicado que lo único que quieren es que la «excelencia llegue a todos los estudiantes» y que su «protesta sigue y seguirá hasta que no se solucione la situación». «Los IES están funcionando a medio gas y no lo podemos permitir», ha considerado.
Sobre el inicial problema con la policía que no les ha dejado acercarse a las puertas, Martínez ha explicado que cada vez que uno de ellos transita por la vía pública con las camisetas, «siempre hay policías que se acercan para intentar» alejarles de la zona donde se vaya a realizar un acto oficial.
«Pero afortunadamente esta vez han sido comprensivos y nos han dejado estar frente a las puertas mientras no armemos ningún follón, que nunca se ha montado. Queremos protestar frente a los lugares donde se realizan actos educativos», ha concluido Martínez, quien ha recordado que durante todas las semanas, hacen una media de tres o cuatro actos reivindicativos.
Los directores reivindican la enseñanza pública en tiempos de crisis
«La educación pública es el pilar sobre el que se asienta el derecho a la educación», señala la federación estatal de directores de centros públicos en un comunicado, por lo que en tiempos de crisis, reclaman a las Administraciones que cuenten con ellos «para organizar los recursos educativos». Por eso, rechazan actuaciones de las comunidades que «de forma precipitada, sin consultar con los expertos y sin medir las consecuencias, han puesto en cuestión la enseñanza pública». El texto no lo menciona explícitamente, pero es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.
La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), en la que están representados directores de toda España, se expresa de esa manera en un documento redactado durante la reunión que mantuvo la semana pasada en Almería, en la que se discutió el modelo de dirección que propondrá la asociación en breve. En el documento que ha hecho público, Fedadi admite la necesidad de hacer esfuerzos por el contexto de crisis, pero recuerda que la educación es «uno de los elementos fundamentales para el progreso de las sociedades», y que su calidad no está garantizada «con la mera existencia de los puestos escolares».
Por eso reclaman los directores que cuenten con ellos, así como con los expertos en el tema, para acordar «las líneas básicas de la organización de todas las actividades educativas que en ellos se desarrollan».
PRESUPUESTOS: MADRID DE ESPALDAS A LA PERSONAS PARADAS
Ahora que tres mil profesores -y sus familias- hemos ido al paro, aún siendo necesarios en los centros, es la hora de analizar la gestión de Figar como Consejera de Empleo. En realidad su gestión consiste en no gestionar y dejar a los parados madrileños -600.000- abandonados a su suerte. Os dejo un buen artículo de Javier López:
http://elblogdejavierlopez.com/?p=2146
Son tiempos de crisis, que se ha llevado por delante cientos de miles de empleos, haciendo crecer el paro hasta cerca de 600.000 personas en la Región.
Sin embargo, Esperanza Aguirre ha decidido suprimir la Consejería de Empleo, para integrarla en la Consejería de Educación que cuenta con recursos infinitamente superiores y una complejidad tremenda en su gestión diaria. Ahora, en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, las partidas de empleo sufren una caída del 12,3 por ciento, perdiendo 66,8 millones de euros.
No sólo se elimina la Consejería y se reduce su presupuesto. El instrumento para gestionar las políticas de empleo, el Servicio Regional de Empleo, ha sido suprimido. Ahora son tres Direcciones Generales, las que asumen las tareas del extinguido Servicio Regional de Empleo.
Las partidas presupuestarias que aglutinaba el Servicio Regional de Empleo, pierden ahora 63,3 millones de euros. Menos dinero del Estado (-4,6 por ciento). Menos dinero de la Comunidad Autónoma (-50 por ciento). Menos recursos para Empleo y Formación, en el momento en que más necesarios son.
Hay que añadir, además, un problema. Una cosa es el presupuestos y otra la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, en 2010, sobre un crédito de 575,8 millones de euros para el entonces Servicio Regional de Empleo, se reconocieron pagos, tan sólo, por el 44 por ciento del montante total. Es decir, se han dejado de ejecutar 320 millones de euros que han ido a tapar otros huecos que no son los del empleo. Una cantidad que hubiera permitido subvencionar la contratación de 63.000 personas.
El paro es el principal problema para las madrileñas y madrileños. Nadie lo niega. Pero nuestros gobernantes regionales dan la espalda a las personas paradas.
Confiar en la política, hacerla creíble y útil para la ciudadanía, significa también poner los medios y gestionar bien los recursos necesarios para solucionar los problemas. Si el primer problema es el empleo, los Presupuestos de empleo no pueden retroceder y su gestión debe mejorar.
Esperanza Aguirre no puede abandonar a las personas a su suerte cuando más lo necesitan. Cuando están paradas, o cuando ven amenazado su empleo.
Francisco Javier López Martín
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