Más de 30 organizaciones reclaman para el nuevo curso “medidas urgentes” frente a la LOMCE

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Por fin algo de movimiento contra la LOMCE:

http://www.elboletin.com/nacional/137891/organizaciones-curso-escolar-medidas-lomce.html

Las reválidas aprobadas por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, el ‘dedazo’ de directores por parte de Cristina Cifuentes y el aún alto porcentaje de abandono escolar han protagonizado los últimos hechos en el mundo educativo. Y todo bañado por la LOMCE. Unos asuntos por atajar y que ha llevado a que 31 organizaciones firmasen un manifiesto por unas “medidas urgentes para el próximo curso con el objetivo de evitar la expulsión de alumnos/as del sistema educativo y la pérdida de democracia en los centros escolares”.
 
Un total de 31 organizaciones, entre las que se encuentran sindicatos como CCOO o la CGT, colectivos sociales como Attac, Oxfam Intermón, Europa Laica, Mareas por la educación pública, Foro Mundial por la Educación, Sindicato de Estudiantes o la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, así como Podemos, PSOE, ERC e Izquierda Unida, lo tienen claro: se han de apostar por una serie de “medidas de urgente aplicación para el curso próximo que frenen el desastre en que se está convirtiendo el sistema educativo a juicio de la comunidad escolar”.
 
Por ello, las numerosas organizaciones que han firmado el manifiesto reclaman el “compromiso de los partidos políticos para su inmediata puesta en práctica”, donde ya han contado con el ‘sí’ de las formaciones citadas anteriormente. No obstante, ven más que necesaria la “participación, debates y consensos” con la comunidad educativa para “cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas”.  
 
Unas políticas que busquen “frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros”, así como “restituir la democracia en los centros escolares” y  sin olvidar la “apuesta por la equidad” que reclaman. Todo ello englobado en 21 medidas declaradas urgentes.
 
Para echar el freno al fracaso escolar y poner fin a la segregación temprana, la comunidad educativa insta al fin de las reválidas, defender el derecho a la educación de los jóvenes con diversidad funcional, “aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo” o eliminar las evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings, entre otros ‘deberes’ al nuevo gobierno para aplicarlos en este curso que se iniciará en septiembre.
 
Con el fin de “restituir la democracia” en los centros escolares, las 31 organizaciones entienden que para ello hay que “eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE” y “restituir las competencias de los consejos escolares”. Y para decantarse por la equidad en la educación, la comunidad escolar ha diseñado hasta 12 medidas.
 
Entre las propuestas “por la equidad”, el fin de los recortes y revertir los que se han hecho es el inicio de todo. Luego, la apuesta por la escuela pública ha de ser total, por eso se ha de “detener la privatización”. Otras de las medidas tienen que ver con las condiciones laborales del profesorado: “Se debe restituir las ratios, horarios y condiciones de trabajo”, así como mirar por los derechos de los profesores interinos, de educación de adultos y de educación a distancia y del personal no docente.
 
En cuanto a algunas de las políticas más demandas por la comunidad educativa que reclaman las 31 organizaciones se encuentran, entre otras, el expulsar a la religión del currículum y del horario escolar “y que sea considerada no evaluable y sin valor académico” o paralizar el Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
 
Listado de organizaciones que firman las medidas urgentes
 
Amesti Educació, Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Europa Laica, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Mareas por la educación pública, Plataforma Crida de las Illes Balears, Proyecto Roma, %Attac. España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado, Colectivo Estudiantil Salmantino, Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical, Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.

El Consejo de Estado también pone pegas a las reválidas educativas

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El Consejo de Estado también se oponen a las reválidas y, no extraña, porque ellos sí saben quién paga todo el sistema y que las reválidas sólo suponen desigualdad y acabar con una escuela inclusiva.

http://politica.elpais.com/politica/2016/08/03/actualidad/1470244857_551791.html?id_externo_rsoc=TW_CC

Las reválidas, los exámenes externos que los alumnos de ESO y Bachillerato deben aprobar para seguir estudiando, plantean pegas también en las altas instituciones. El Consejo de Estado considera que el decreto que regula estas pruebas se ha hecho con poca participación de los afectados y no entiende cómo se puede obtener el título de secundaria con hasta dos materias suspensas. El Gobierno acaba de dar luz verde a una evaluación obligatoria para medio millón de estudiantes a la que se oponen 13 comunidades autónomas.

Hasta 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del Ministerio de Educación, harán las reválidas el curso que viene por primera vez. Durante cuatro días (hasta cinco en las comunidades con lengua cooficial), se enfrentan a una evaluación que, a partir de 2018, deben aprobar forzosamente para obtener un título y pasar de ciclo. La prueba de Bachillerato sustituye a la Selectividad. Los que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica. Los que no saquen al menos un cinco en la evaluación de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad, sino a Formación Profesional de grado superior.

Hasta 12 comunidades autónomas rechazan la prueba a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes y algunas amenazan con recurrir el decreto que las regula. Un portavoz de Educación responde que se han producido hasta nueve reuniones oficiales para debatir su contenido en los últimos dos años. Asociaciones de familias de la escuela pública y los principales sindicatos de enseñanza también se oponen al examen. A las críticas se suma una de las regiones gobernadas por el PP, Castilla y León.

El último trámite que pasó el decreto de las reválidas antes de ver la luz fue la revisión del Consejo de Estado, que también planteó dudas de fondo, aunque no cuestiona que la medida haya sido aprobada por un Gobierno en funciones, como critican sus detractores. Su informe, que se acaba de hacer público, es preceptivo pero no vinculante.

2,3 millones de euros

El principal órgano consultivo del Gobierno, según la Constitución, reclama conocer el coste de las reválidas, después de que Educación le indicara que esta prueba “no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo”. El Ministerio de Hacienda había pedido lo mismo. A preguntas de este periódico, un portavoz de Educación señala que la de secundaria costará 2,3 millones de euros, como recogía el anteproyecto de la LOMCE y que la de Bachillerato no supondrá un coste adicional porque se compensa al suprimir la Selectividad.

El consejo también pide al Gobierno que aclare cómo es posible que un alumno se pueda presentar al examen final de ESO con dos asignaturas suspensas y obtener el título sin haberlas superado, un aspecto que no aclara el texto final publicado el 30 de julio en el BOE.

En otro punto del documento donde alude a la tramitación seguida hasta aprobar el decreto, se añade: “Llama sin embargo la atención el poco número de asociaciones afectadas que han intervenido en el procedimiento”. Entre las alegaciones, hubo organizaciones que pidieron la participación del Consejo General de la Formación Profesional. El Consejo de Estado admite que no tenían por qué convocarlo, pero “habría sido conveniente conocer su parecer, dado que el proyecto afecta a alumnos que hayan dirigido su formación —o vayan a dirigirla— al ámbito profesional”.

Educación señalaba además en los documentos enviados al órgano consultivo que las evaluaciones tendrían un efecto “muy positivo” sobre las familias al facilitar información sobre el progreso de sus hijos y garantizar su participación. El consejo replica que estas afirmaciones “no aparecen respaldadas en estudios que hayan sido incorporados al expediente”.

Luz verde a las ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato de la LOMCE que se aplicarán el próximo curso

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El PP ha aprobado las reválidas con el gobierno en funciones:

http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-luz-verde-revalidas-eso-bachillerato-lomce-aplicaran-proximo-curso-20160729131855.html

Luz verde a las ‘reválidas’ de ESO y Bachillerato de la LOMCE que se aplicarán el próximo curso

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 29 de julio el decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que se aplicarán el próximo curso 2016-2017. Ambas serán son obligatorias para obtener el título de la etapa y la de Bachillerato servirá también para acceder a la Universidad. 

Ciudadanos (Ignacio Aguado) se retrata

Increíble el tweet de Ignacio Aguado (Ciudadanos Madrid):

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El caso de los 40 directores impuestos llega a la Asamblea de Madrid

Van Grieken haciendo el ridículo ante podemos:

52.000 maestros fueron despedidos en junio, un 12% más que en 2015

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Otro verano con despidos de profesores:

http://www.elmundo.es/economia/2016/07/18/578bb821ca4741997a8b459b.html

El año pasado, casi 200.000 profesores fueron despedidos en los meses de verano. Este año, atendiendo a la cifra de despidos registrada ya el pasado mes de junio (52.173 maestros), no es de extrañar que el total a finales de agosto pueda llegar, cómodamente, a las 230.000 personas.

Esta situación se sucede todos los años, pero en los últimos ejercicios, a pesar de la recuperación económica, se ha producido un incremento notable. Es más, es notorio este aumento desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en 2012, ya que ésta permite mayor flexibilidad en contratación y en la salida laboral.

Sin embargo, a partir del mes de septiembre, ocurre el fenómeno inverso. Es decir, esa ingente cifra de profesionales de la enseñanza, sobre todo de colegios y centros privados -también, en menor medida, de interinos del sector público-, volverán a ser contratados cuando se reanude la actividad docente.

Se trata de un eterno fraude de ley que los sindicatos y los inspectores de Trabajo han denunciado, de manera reiterada, sin que los gobiernos articulen medida alguna para evitar esta diáspora laboral, a pesar de la situación de la Seguridad Social. Coincide, además, con las vacaciones que les corresponden a los trabajadores, aunque empieza a extenderse la práctica de contratar a los profesores por nueve meses, es decir, sólo por el periodo lectivo.

De esta forma, las empresas y centros concertados se ahorran el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los meses estivales. Además, en muchos casos, trasladan la carga económica a la caja del paro, ya que los trabajadores que acumulen, al menos, un año de cotizaciones podrán cobrar la prestación durante estos meses y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) correrá, además, con sus cotizaciones durante este tiempo.

Remesa de maestros

Según las cifras de afiliación, el pasado mes de junio, fueron despedidos 52.173 profesores. Es la cifra más alta desde que hay series estadísticas, exceptuando el año 2008 (70.302 salidas), el primer año de la crisis, en que todos los sectores vaciaron sus nóminas.

Hace un año, los despedidos en este mes llegaron a los 46.614. Lo que significa queen 2016 las bajas aumentaron casi un 12% respecto a la cifra de salidas de hace un año y un 6,2% en relación a los profesores que estaban trabajando el pasado mes de mayo. Se trata, como señala Enrique Lillo, abogado laboralista y responsable del gabinete interconfederal de CCOO, de la primera remesa de maestros tras la finalización del curso escolar.

En el mes de julio se producirá una desbandada aún mayor -el año pasado salieron de golpe casi 96.000-, ya que se incorporarán al paro los profesionales de la enseñanza de las universidades privadas y los primeros autónomos de las academias, centros de informática o de idiomas y de formación que empiezan sus vacaciones y que también se dan de baja en la Seguridad Social.

En agosto se sumará el resto de centros de recuperación o de repaso y cualquier otra actividad relacionada con los centros privados, desde academias de oposiciones a las de azafatas o escuelas para adultos, que echarán el cierre ese mes ante la falta de demanda de alumnos. En agosto de 2015 salieron del mercado laboral casi 57.000 profesores.

Este año se espera un aumento del número. Lo que confirma que también la precariedad se ha instalado en el sector que, como otros, ha entrado en la espiral del desempleo y el empleo estacional.

“Es un fraude de ley”

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ha denunciado en diversas ocasiones que “no existe ningún plan de actuación del Ministerio de Empleo para visitar colegios, centros y academias privadas”. Las empresas despiden en el periodo vacacional, “cuando el trabajador debería seguir en alta”, advierte esta asociación. Los trabajadores no suelen realizar denuncia alguna, porque pueden perder el empleo y no volverían a ser contratados cuando comience el curso.

Según Lillo, los contratos son pruebas documentales de “esta ilegalidad” y están en manos de la Seguridad Social. “Es un fraude de ley, porque los contrata luego la misma empresa que los despidió unos meses antes y que hace lo mismo cada año o con regularidad”, en palabras de Lillo. “Ni siquiera a los trabajadores fijos discontinuos se les puede echar a la calle cuando no hay actividad empresarial en periodo de vacaciones”, apunta.

También es ilegal el contrato de obra y servicio temporal que se hace en muchas ocasiones porque las asignaturas de matemáticas no pueden impartirse en unos meses y se acaba la enseñanza cuando la empresa decida.

Dicho esto, conviene recordar que también hay otros sectores, como el de la educación, que despiden por vacaciones, sobre todo a partir de julio. Por ejemplo, sólo en agosto del año pasado entraron en el paro 57.000 trabajadores de la construcción; 22.000 empleados de las agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal; 10.000 del sector del comercio; 4.000 de las gestorías y asesorías fiscales y 10.000 monitores deportivos.

Pero hay más. Se quedaron sin trabajo 6.500 empleados de peluquerías y otros servicios personales; y 3.500 empleados de mudanzas. Muchos de ellos volverán a ser contratados a partir de septiembre. Y vuelta a empezar y a rotar.

El dedo de Cifuentes sobre la comunidad educativa

Cifuentes sigue con las viejas costumbres de Lucía Figar:

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/31031-dedo-cifuentes-sobre-la-comunidad-educativa.html

Al amparo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sembrado una nueva polémica en vísperas de las vacaciones de verano. Los sindicatos y la Marea Verde, así como los partidos de la oposición madrileña, acusan a Cristina Cifuentes y su Ejecutivo de hacer nombramientos a dedo en algunos centros durante los procesos de renovación de directores de cara al próximo curso.

La radicalidad en la interpretación de la LOMCE, también conocida como Ley Wert, permite a los gobiernos regionales reservarse el derecho de nombramiento de directores en caso de que no salga ningún candidato a través de los procedimientos ordinarios. Este proceso se fundamenta en la calificación del proyecto que presente el candidato o candidata para ocupar el puesto de director del centro por cinco personas: tres son miembros de la administración, una cuarta pertenece al Consejo Escolar y una quinta al claustro de profesores. En el caso de que no sea considerado apto ningún candidato para el puesto, el gobierno de la comunidad, a través de los directores de Áreas Territoriales (DAT) de las zona correspondiente al centro involucrado, elige un candidato definitivo.

De los más de 2.000 centros que hay en la Comunidad de Madrid, durante este año se han producido 336 cambios de directores, de los cuales 47 han venido con una enorme polémica y acusaciones al Gobierno de lo que ya se conoce como “dedazo”.

El sindicato STEM no duda en calificar estas acciones de “creación de redes clientelares” en favor de directores que sean afines al Ejecutivo y que no vayan a ser críticos con los recortes venideros en el resto de la legislatura. Por su parte, CC OO y UGT lo consideran como un ataque a la educación pública sin paliativos. El clima de inestabilidad en los colegios públicos es cada vez mayor, ya que aproximadamente un tercio de la plantilla de educadores cambia cada año. Estos datos reflejan la falta de proyecto en la educación pública, cada vez más abandonada a su suerte.


Los supuestos nombramientos a dedo de estos directores se producen por dos vías diferentes: o bien porque las plazas sacadas a concurso no se cubren o bien porque se ha producido una jubilación y no se aprueba a ningún sustituto. Es entonces cuando el DAT entra en juego y elige a un candidato.

Un ejemplo de gestión

El centro público Montelindo, de Bustarviejo, en el norte de la Comunidad, ha sufrido lo que desde el mismo consideran un acto antidemocrático. Tras la jubilación de su antigua directora, durante el curso 2015/2016 ascendió al puesto una profesora que llevaba nueve años trabajando en el centro, como parte del protocolo del proceso de integración de un nuevo director. Fue entonces cuando, al acabar el año, presentó el proyecto para establecerse a largo plazo como directora, el cual fue suspendido con tres ceros por parte de la Administración.

Las organizaciones sindicales no dudan en tachar esas calificaciones como un “veto” velado. En declaraciones a Diagonal, Juan José Moreno Navarro, encargado de Educación del PSOE en la Comunidad, asegura que calificar con un cero sólo se justifica en el caso de que haya claros problemas en el centro relacionados con la violencia, con la integración de los jóvenes o con problemas logísticos profundos. Desde el CEIP Montelindo afirman que el centro no tiene esas deficiencias, ya que el aumento anual de alumnos es notable.

Soraya Chapinal, de Movimientos de renovación pedagógica, entiende que esas malas calificaciones sirven para estigmatizar al centro por llevar una línea de innovación en materia de estudios fuera de lo común, por lo que la comunidad prefiere cortar de raíz esas proyecciones. “Lo diferente es señalado”, asegura Chapinal. Ésta no ha sido la excepción. Cecilia Salazar, encargada de Educación por Podemos en la región, nos mostraba su extrañeza ante estas prácticas de la Administración, definiendo esos ceros como “vetos” y entendiendo como un abuso el uso de los procedimientos extraordinarios.

Además, este centro se mostró reacio –porque las familias así lo quisieron– a realizar algunas pruebas de evaluación externas a los alumnos, lo que puede haber llevado a la toma de represalias por parte de las instituciones. Isabel Galvín, representante de CC OO en la plataforma regional de Madrid por la Escuela Pública y secretaria general de Educación del sindicato en Madrid, advierte que algunos de los nombramientos y suspensos de los proyectos se deben a “penalizaciones” a estos centros por haber sido críticos con los recortes o con la gestión de los gobiernos de la comunidad. Se ponen sobre la mesa posibles ajustes de cuentas que enturbian aún más la situación.

Otros colegios afectados

La lista de colegios e institutos con directores nombrados a dedo desde la Administración asciende a 47. Analizando el mapa de la comunidad, hay zonas más calientes que otras. Getafe, ha sido uno de los municipios que más ha sufrido estas prácticas. Cuatro colegios y un instituto se han visto afectados por este procedimiento extraordinario. Distritos madrileños como el de Fuencarral-El Pardo tienen hasta tres centros dentro del listado. Hay otros tres en San Sebastián de los Reyes y dos en Alcobendas. Esto apunta a que hay Direcciones de Área más flexibles que otras a la hora de nombrar directores y directoras de centros.

Esta mala praxis no ha sorprendido al sector de la educación más movilizado. El Partido Popular, que lleva casi tres décadas al frente de la comunidad, ha generado tal red de personal interno afín al partido y a sus procedimientos que se llega a perder la pista. Precisamente, el director del DAT Norte –responsable entre otros del colegio Montelindo– es Jose Carlos Fernández Borreguero, exconcejal del PP por Soto del Real. En las últimas elecciones municipales, el PP perdió la Alcaldía –y tres escaños– del municipio en favor del PSOE. Esto levanta la sospecha de nombramientos ‘compensatorios’ por la pérdida de sus puestos políticos, un evidente mal uso de los cargos públicos. Fernandez Borreguero llevaba doce años en la educación privada.

Hay otros centros que, pese a las imposiciones del DAT, no han cedido en la lucha y han acabado ganando la batalla. Es el caso del Miguel Hernández, de Getafe, uno de los centros referentes en lo que a innovación en planes de estudio se refiere. Hasta dos directores nombrados a dedo han tenido que dimitir en cuestión de horas debido a la oposición de padres y profesores. A la tercera, la Administración ha acabado nombrando al recomendado por el Consejo Escolar. Una victoria de la perseverancia.

En la última sesión de control de la Asamblea de Madrid antes del verano, este tema no pasó de largo. Fue Ciudadanos el primer partido que sacó a relucir los nombramientos a dedo, tendiendo la mano al Partido Popular para buscar conjuntamente una solución menos radical. El PSOE no compareció sobre este asunto y Podemos lo hizo acusando al Gobierno de nombrar candidatos “sin proyecto de dirección” para poder ponerse a trabajar en septiembre.

Protestas contra el ‘dedazo’

Desde que el 1 de julio la comunidad educativa de los centros afectados se encontró  con los nuevos directores y directoras, se han organizado actos de protesta en contra de el ‘dedazo’ de la Consejería de Educación.  La comunidad educativa del CEIP Montelindo, en Bustarviejo, organizó un encierro contra el cambio de dirección. “La mayoría de las familias pensamos que el proyecto educativo tal y como está es muy beneficioso para nuestros hijos y estamos aquí para defenderlo”, explica uno de los padres.

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