El caso de los 40 directores impuestos llega a la Asamblea de Madrid

Van Grieken haciendo el ridículo ante podemos:

52.000 maestros fueron despedidos en junio, un 12% más que en 2015

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Otro verano con despidos de profesores:

http://www.elmundo.es/economia/2016/07/18/578bb821ca4741997a8b459b.html

El año pasado, casi 200.000 profesores fueron despedidos en los meses de verano. Este año, atendiendo a la cifra de despidos registrada ya el pasado mes de junio (52.173 maestros), no es de extrañar que el total a finales de agosto pueda llegar, cómodamente, a las 230.000 personas.

Esta situación se sucede todos los años, pero en los últimos ejercicios, a pesar de la recuperación económica, se ha producido un incremento notable. Es más, es notorio este aumento desde la entrada en vigor de la reforma laboral, en 2012, ya que ésta permite mayor flexibilidad en contratación y en la salida laboral.

Sin embargo, a partir del mes de septiembre, ocurre el fenómeno inverso. Es decir, esa ingente cifra de profesionales de la enseñanza, sobre todo de colegios y centros privados -también, en menor medida, de interinos del sector público-, volverán a ser contratados cuando se reanude la actividad docente.

Se trata de un eterno fraude de ley que los sindicatos y los inspectores de Trabajo han denunciado, de manera reiterada, sin que los gobiernos articulen medida alguna para evitar esta diáspora laboral, a pesar de la situación de la Seguridad Social. Coincide, además, con las vacaciones que les corresponden a los trabajadores, aunque empieza a extenderse la práctica de contratar a los profesores por nueve meses, es decir, sólo por el periodo lectivo.

De esta forma, las empresas y centros concertados se ahorran el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los meses estivales. Además, en muchos casos, trasladan la carga económica a la caja del paro, ya que los trabajadores que acumulen, al menos, un año de cotizaciones podrán cobrar la prestación durante estos meses y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) correrá, además, con sus cotizaciones durante este tiempo.

Remesa de maestros

Según las cifras de afiliación, el pasado mes de junio, fueron despedidos 52.173 profesores. Es la cifra más alta desde que hay series estadísticas, exceptuando el año 2008 (70.302 salidas), el primer año de la crisis, en que todos los sectores vaciaron sus nóminas.

Hace un año, los despedidos en este mes llegaron a los 46.614. Lo que significa queen 2016 las bajas aumentaron casi un 12% respecto a la cifra de salidas de hace un año y un 6,2% en relación a los profesores que estaban trabajando el pasado mes de mayo. Se trata, como señala Enrique Lillo, abogado laboralista y responsable del gabinete interconfederal de CCOO, de la primera remesa de maestros tras la finalización del curso escolar.

En el mes de julio se producirá una desbandada aún mayor -el año pasado salieron de golpe casi 96.000-, ya que se incorporarán al paro los profesionales de la enseñanza de las universidades privadas y los primeros autónomos de las academias, centros de informática o de idiomas y de formación que empiezan sus vacaciones y que también se dan de baja en la Seguridad Social.

En agosto se sumará el resto de centros de recuperación o de repaso y cualquier otra actividad relacionada con los centros privados, desde academias de oposiciones a las de azafatas o escuelas para adultos, que echarán el cierre ese mes ante la falta de demanda de alumnos. En agosto de 2015 salieron del mercado laboral casi 57.000 profesores.

Este año se espera un aumento del número. Lo que confirma que también la precariedad se ha instalado en el sector que, como otros, ha entrado en la espiral del desempleo y el empleo estacional.

“Es un fraude de ley”

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo ha denunciado en diversas ocasiones que “no existe ningún plan de actuación del Ministerio de Empleo para visitar colegios, centros y academias privadas”. Las empresas despiden en el periodo vacacional, “cuando el trabajador debería seguir en alta”, advierte esta asociación. Los trabajadores no suelen realizar denuncia alguna, porque pueden perder el empleo y no volverían a ser contratados cuando comience el curso.

Según Lillo, los contratos son pruebas documentales de “esta ilegalidad” y están en manos de la Seguridad Social. “Es un fraude de ley, porque los contrata luego la misma empresa que los despidió unos meses antes y que hace lo mismo cada año o con regularidad”, en palabras de Lillo. “Ni siquiera a los trabajadores fijos discontinuos se les puede echar a la calle cuando no hay actividad empresarial en periodo de vacaciones”, apunta.

También es ilegal el contrato de obra y servicio temporal que se hace en muchas ocasiones porque las asignaturas de matemáticas no pueden impartirse en unos meses y se acaba la enseñanza cuando la empresa decida.

Dicho esto, conviene recordar que también hay otros sectores, como el de la educación, que despiden por vacaciones, sobre todo a partir de julio. Por ejemplo, sólo en agosto del año pasado entraron en el paro 57.000 trabajadores de la construcción; 22.000 empleados de las agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal; 10.000 del sector del comercio; 4.000 de las gestorías y asesorías fiscales y 10.000 monitores deportivos.

Pero hay más. Se quedaron sin trabajo 6.500 empleados de peluquerías y otros servicios personales; y 3.500 empleados de mudanzas. Muchos de ellos volverán a ser contratados a partir de septiembre. Y vuelta a empezar y a rotar.

El dedo de Cifuentes sobre la comunidad educativa

Cifuentes sigue con las viejas costumbres de Lucía Figar:

https://www.diagonalperiodico.net/saberes/31031-dedo-cifuentes-sobre-la-comunidad-educativa.html

Al amparo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sembrado una nueva polémica en vísperas de las vacaciones de verano. Los sindicatos y la Marea Verde, así como los partidos de la oposición madrileña, acusan a Cristina Cifuentes y su Ejecutivo de hacer nombramientos a dedo en algunos centros durante los procesos de renovación de directores de cara al próximo curso.

La radicalidad en la interpretación de la LOMCE, también conocida como Ley Wert, permite a los gobiernos regionales reservarse el derecho de nombramiento de directores en caso de que no salga ningún candidato a través de los procedimientos ordinarios. Este proceso se fundamenta en la calificación del proyecto que presente el candidato o candidata para ocupar el puesto de director del centro por cinco personas: tres son miembros de la administración, una cuarta pertenece al Consejo Escolar y una quinta al claustro de profesores. En el caso de que no sea considerado apto ningún candidato para el puesto, el gobierno de la comunidad, a través de los directores de Áreas Territoriales (DAT) de las zona correspondiente al centro involucrado, elige un candidato definitivo.

De los más de 2.000 centros que hay en la Comunidad de Madrid, durante este año se han producido 336 cambios de directores, de los cuales 47 han venido con una enorme polémica y acusaciones al Gobierno de lo que ya se conoce como “dedazo”.

El sindicato STEM no duda en calificar estas acciones de “creación de redes clientelares” en favor de directores que sean afines al Ejecutivo y que no vayan a ser críticos con los recortes venideros en el resto de la legislatura. Por su parte, CC OO y UGT lo consideran como un ataque a la educación pública sin paliativos. El clima de inestabilidad en los colegios públicos es cada vez mayor, ya que aproximadamente un tercio de la plantilla de educadores cambia cada año. Estos datos reflejan la falta de proyecto en la educación pública, cada vez más abandonada a su suerte.


Los supuestos nombramientos a dedo de estos directores se producen por dos vías diferentes: o bien porque las plazas sacadas a concurso no se cubren o bien porque se ha producido una jubilación y no se aprueba a ningún sustituto. Es entonces cuando el DAT entra en juego y elige a un candidato.

Un ejemplo de gestión

El centro público Montelindo, de Bustarviejo, en el norte de la Comunidad, ha sufrido lo que desde el mismo consideran un acto antidemocrático. Tras la jubilación de su antigua directora, durante el curso 2015/2016 ascendió al puesto una profesora que llevaba nueve años trabajando en el centro, como parte del protocolo del proceso de integración de un nuevo director. Fue entonces cuando, al acabar el año, presentó el proyecto para establecerse a largo plazo como directora, el cual fue suspendido con tres ceros por parte de la Administración.

Las organizaciones sindicales no dudan en tachar esas calificaciones como un “veto” velado. En declaraciones a Diagonal, Juan José Moreno Navarro, encargado de Educación del PSOE en la Comunidad, asegura que calificar con un cero sólo se justifica en el caso de que haya claros problemas en el centro relacionados con la violencia, con la integración de los jóvenes o con problemas logísticos profundos. Desde el CEIP Montelindo afirman que el centro no tiene esas deficiencias, ya que el aumento anual de alumnos es notable.

Soraya Chapinal, de Movimientos de renovación pedagógica, entiende que esas malas calificaciones sirven para estigmatizar al centro por llevar una línea de innovación en materia de estudios fuera de lo común, por lo que la comunidad prefiere cortar de raíz esas proyecciones. “Lo diferente es señalado”, asegura Chapinal. Ésta no ha sido la excepción. Cecilia Salazar, encargada de Educación por Podemos en la región, nos mostraba su extrañeza ante estas prácticas de la Administración, definiendo esos ceros como “vetos” y entendiendo como un abuso el uso de los procedimientos extraordinarios.

Además, este centro se mostró reacio –porque las familias así lo quisieron– a realizar algunas pruebas de evaluación externas a los alumnos, lo que puede haber llevado a la toma de represalias por parte de las instituciones. Isabel Galvín, representante de CC OO en la plataforma regional de Madrid por la Escuela Pública y secretaria general de Educación del sindicato en Madrid, advierte que algunos de los nombramientos y suspensos de los proyectos se deben a “penalizaciones” a estos centros por haber sido críticos con los recortes o con la gestión de los gobiernos de la comunidad. Se ponen sobre la mesa posibles ajustes de cuentas que enturbian aún más la situación.

Otros colegios afectados

La lista de colegios e institutos con directores nombrados a dedo desde la Administración asciende a 47. Analizando el mapa de la comunidad, hay zonas más calientes que otras. Getafe, ha sido uno de los municipios que más ha sufrido estas prácticas. Cuatro colegios y un instituto se han visto afectados por este procedimiento extraordinario. Distritos madrileños como el de Fuencarral-El Pardo tienen hasta tres centros dentro del listado. Hay otros tres en San Sebastián de los Reyes y dos en Alcobendas. Esto apunta a que hay Direcciones de Área más flexibles que otras a la hora de nombrar directores y directoras de centros.

Esta mala praxis no ha sorprendido al sector de la educación más movilizado. El Partido Popular, que lleva casi tres décadas al frente de la comunidad, ha generado tal red de personal interno afín al partido y a sus procedimientos que se llega a perder la pista. Precisamente, el director del DAT Norte –responsable entre otros del colegio Montelindo– es Jose Carlos Fernández Borreguero, exconcejal del PP por Soto del Real. En las últimas elecciones municipales, el PP perdió la Alcaldía –y tres escaños– del municipio en favor del PSOE. Esto levanta la sospecha de nombramientos ‘compensatorios’ por la pérdida de sus puestos políticos, un evidente mal uso de los cargos públicos. Fernandez Borreguero llevaba doce años en la educación privada.

Hay otros centros que, pese a las imposiciones del DAT, no han cedido en la lucha y han acabado ganando la batalla. Es el caso del Miguel Hernández, de Getafe, uno de los centros referentes en lo que a innovación en planes de estudio se refiere. Hasta dos directores nombrados a dedo han tenido que dimitir en cuestión de horas debido a la oposición de padres y profesores. A la tercera, la Administración ha acabado nombrando al recomendado por el Consejo Escolar. Una victoria de la perseverancia.

En la última sesión de control de la Asamblea de Madrid antes del verano, este tema no pasó de largo. Fue Ciudadanos el primer partido que sacó a relucir los nombramientos a dedo, tendiendo la mano al Partido Popular para buscar conjuntamente una solución menos radical. El PSOE no compareció sobre este asunto y Podemos lo hizo acusando al Gobierno de nombrar candidatos “sin proyecto de dirección” para poder ponerse a trabajar en septiembre.

Protestas contra el ‘dedazo’

Desde que el 1 de julio la comunidad educativa de los centros afectados se encontró  con los nuevos directores y directoras, se han organizado actos de protesta en contra de el ‘dedazo’ de la Consejería de Educación.  La comunidad educativa del CEIP Montelindo, en Bustarviejo, organizó un encierro contra el cambio de dirección. “La mayoría de las familias pensamos que el proyecto educativo tal y como está es muy beneficioso para nuestros hijos y estamos aquí para defenderlo”, explica uno de los padres.

Escuela concertada versus pública

Gráfico esclarecedor de CGT:

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Directores a dedo, un atropello a la democracia

Artículo excepcional de Agustín Moreno:

Directores a dedo, un atropello a la democracia

Me cuentan: “En un colegio público de la sierra de Madrid había una directora muy competente y estimada por toda la comunidad educativa. En el colegio aumentan cada año las matrículas porque las familias están encantadas con el proyecto educativo. Al presentarse a la renovación de su cargo, los tres miembros de la administración le han puesto un cero a su proyecto de Dirección. Y ahora han nombrado a dedo como director a otra persona de otro centro”.

Esto ha pasado de forma similar en 40 centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. La mayoría en la zona sur, pero también en la zona oeste, Vallecas (IES Domínguez Ortiz), Ciudad Lineal, Bustarviejo, etc. El procedimiento es el mismo: se destituyen –o no se eligen- a direcciones críticas y se imponen directores dóciles y de la misma cuerda política que la administración. Es la LOMCE, que le permite al PP estas cacicadas contra la autonomía y la gestión democrática de los centros.

Olvidando que peor que mentir es tomar por tontos a los demás, la Consejería lo niega diciendo que se ajustan a la ley. Efectivamente, la ley establece que al director lo elige una comisión creada a tal efecto. La trampa está en que, según el artículo 135 de la ley, la comisión está formada por miembros designados por la Administración que se aseguran la mayoría (entre el 50% y el 70%) y la comunidad educativa está siempre en minoría. De cinco miembros, tres los pone la Administración y dos la comunidad educativa del centro.

Los claustros y consejos escolares califican de sobresaliente proyectos de Dirección que los representantes de la Administración suspenden porque desprecian su trabajo en la misma medida que lo desconocen y porque actúan por criterios políticos y no pedagógicos. El resultado está cantado: no aprueban los proyectos de direcciones reivindicativas (contra el cierre de aulas, fusiones, bilingüismo, pruebas CDI…). De esta manera, la Administración del PP está mandando “paracaidistas” de su confianza y metiendo así miedo a los equipos directivos de otros centros. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el reino de la arbitrariedad y el sectarismo, antes conAguirre y ahora con Cifuentes, gracias al apoyo de Ciudadanos.

El 4 de julio se reunieron en asamblea 160 personas en el colegio público Miguel Hernández de Getafe, uno de los afectados junto con otros tres colegios y un instituto de la localidad. Había madres y padres, profesorado, directores de centros educativos, sindicatos, AMPAS, representantes de colectivos educativos, plataformas por la Escuela Pública, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica, representantes políticos y municipales y diputados en la Asamblea de Madrid. Ante el ataque a la más elemental democracia y a un modelo educativo basado en la participación de toda la comunidad, se debatieron propuestas para frenar estas actuaciones. Se planteó centrar inicialmente las movilizaciones en la zona sur, con la idea de extenderlas al resto de la Comunidad, acordándose las siguientes iniciativas:

  1. Presentarse a la DAT Sur (Dirección de Área Territorial) el viernes 8 de julio, a las 10 de la mañana. Se reclamará masivamente que se dé marcha atrás a esta política dictatorial. El jueves 14 de julio se plantea una nueva concentración ante la DAT Sur.
  2. Una recogida masiva de firmas dirigidas al consejero de Educación Rafael von Grieken: “No a la imposición de directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid” (NOTA 2).
  3. Se valoró, también, que el curso no puede empezar con normalidad ante esta situación. Las familias piensan en boicotear el inicio de curso. Se estudiará que el profesorado haga una huelga a principio de curso y hay sindicatos que van a trabajar en esta línea (CCOO y CGT). También se estudian acciones jurídicas.

Hace falta una reacción, porque en la Comunidad de Madrid sólo han cambiado las caras, no la política. Y sigue siendo el banco de pruebas para la aplicación de las medidas más reaccionarias que luego se extienden a otras comunidades. Y lo hace el PP con la complicidad necesaria de Ciudadanos. Este curso han seguido desviando más recursos y alumnado a la concertada, van a cerrar 80 aulas públicas, han suprimido numerosos ciclos públicos de Formación Profesional y el consejero no ha rectificado a pesar de haber sido reprobado. Ahora, con su concepción cortijera de los centros educativos, dirigidos por capataces a su servicio, juegan a deteriorar más la pública. Quizá eso es lo que buscan: crear un clima crispado en la comunidad educativa que derivará su fuerza a combatir estas injusticias en vez de centrarse en sus proyectos educativos.

Designar una dirección desde fuera era siempre el último recurso cuando ningún miembro del claustro quería asumir la dirección. No es el caso de los centros referidos. Imponer directores ajenos es despreciar la implicación de la comunidad educativa, es despilfarrar recursos, esfuerzos y entusiasmos, es pura ineficiencia. Es extender la arbitrariedad porque estos directores también podrán elegir a dedo a su profesorado. Es crear problemas donde no los había, imponiendo directores que tienen que entrar en los centros escoltados por la guardia civil como ocurrió en el colegio Montelindo, un centro innovador sin exámenes ni deberes, donde las familias se amotinaron al grito de “Queremos a nuestra directora”. Uno de estos directores, el asignado al CEIP Miguel Hernández, ya ha renunciado en menos de 48 horas, tras ir al centro y conocer la situación provocada.

El objetivo de estas intervenciones autoritarias de la Administración del PP es la depuración ideológica para domesticar a la comunidad escolar. Es lo que necesitan para desarrollar la Ley Wert. Politizando los centros con direcciones que sólo respondan ante quienes les han designado, intentarán aplicar sus medidas injustas que son contestadas por todos los sectores. Pero una sociedad no se puede permitir una escuela antidemocrática y convertir ésta en una pirámide autocrática. La escuela pública debe contribuir a crear ciudadanos libres que participen en la sociedad aportando lo mejor de sí mismos. Para ello hay que entrenarse desde niños en un clima de convivencia en positivo. No se puede dejar algo tan importante como la educación en manos de quienes no creen en la gestión democrática de los centros.

Denuncian el cambio de dirección en más de 40 institutos de Madrid: “Es una depuración ideológica de la Consejería”

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Depuración ideológica en los institutos de Madrid:

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/denuncian-el-cambio-de-direccion-en-mas-de-40-institutos-de-madrid-es-una-depuracion-ideologica-de-la-consejeria-de-educacion_20160707577e73e36584a8a21bd2eac9.html

Los directores y los padres creen que no es por su mala gestión, sino por una decisión con criterios políticos. La Consejería de Educación de Madrid lo niega, dicen que el proceso de selección es legal y transparente.

Piden que Elena, siga siendo la directora del colegio. Es la protesta en el centro Montelindo, en Bustarviejo, Madrid por el cambio en la dirección. La Guardia Civil y la Policía tuvieron que escoltar al nuevo director y a la inspectora que este miércoles envió la Comunidad.

Más de 40 directores no continuarán tras no renovarse su proyecto de dirección. Los cambian por docentes, según la Asociación de Directores, afines políticamente a la Consejería. “Los procesos de selección de directores son oscuros y es muy fácil suspender a los directores que a la Administración no les vale”, lamenta José Antonio Martínez, miembro de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid.

Asociaciones de padres de alumnos denuncian que se han quitado del medio a los más críticos, por ejemplo, con la LOMCE. “Están siendo sometidos a una depuración ideológica por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Es una actuación a la desesperada, intentan buscar gente afín”, explica José Luis Pazos, FAPA Giner de los Ríos.

Desde la consejería aseguran que es falso, que el proceso de selección responde únicamente a los criterios que establece la ley. “Raya lo esperpéntico, si tienen una constancia de alguna irregularidad tienen vías para denunciarlo“, declara Rafael van Grieken, Consejero de Educación de Madrid. La comunidad educativa ya ha anunciado que seguirá movilizándose.

Cifuentes desoye al Ministerio y mantiene más alumnos por clase de los que marca la ley

 

Continúan las estrategias de Figar, Cifuentes sube las ratios en la pública como estrategia para favorecer a la concertada:

http://www.eldiario.es/sociedad/Madrid-decreto-validez-saltandose-ratios_0_526697746.html

Tras publicarse las listas provisionales de admisión, la Comunidad de Madrid solo se compromete a cumplir el número de estudiantes en las aulas nuevas

El consejero de Educación firma dos cartas que apelan a un decreto sin efecto y a una situación excepcional recogida por la LOMCE que no se adapta a este caso

Esta subida del 20% de alumnos por aula se justificó por la reducción de la tasa de reposición de profesores, que vuelve al 100% este año acompañada de la propuesta del Ministerio para volver a ratios normales

Cristina Cifuentes en una imagen incluida en su blog en septiembre de 2015.

La Comunidad de Madrid, presidida por la ‘popular’ Cristina Cifuentes, ha contado desde 2012 hasta este curso con el beneplácito del Ministerio de Educación para aumentar las ratios de sus centros públicos hasta un 20%, pero a partir de septiembre estas subidas ya no se sostienen legalmente y se siguen produciendo, a tenor de las cartas firmadas por el consejero de Educación Rafael Van Grieken a un grupo de madres del colegio público Eugenio María de Hostos ypublicadas por Cadena SER.

Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por  un decreto aprobado en 2012 que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal. A partir de septiembre, este escenario pasa a la historia y, de acuerdo con los últimos Presupuestos Generales del Estado, se cubren todas las vacantes. Es decir, se recupera la tasa de reposición del 100%.

 
 

El condicionante que apunta expresamente el decreto de 2012 ya no es tal y, como aclaró el Ministerio de Educación el pasado agosto, queda sin efecto en este punto. Por el camino se han quedado 4.500 maestros y profesores solo en Madrid.

Hasta este curso, la Comunidad de Madrid ha mantenido ratios desorbitadas en algunos casos amparándose en esta normativa. El propio consejero de Educación reconocía en la Asamblea de Madrid que 120 aulas de Primaria (de un total de 9.885) tenían más de 28 estudiantes; 80 de la ESO (de 4.808) superaban la ratio de 33; y 22 de Bachillerato (de 1.807) reunían una cifra superior a 39 alumnos y alumnas. CCOO dice en un informe publicado el pasado mes de marzo que “sería necesario crear 222 grupos y asignar 412 profesores para cubrir el exceso de ratio actual”, cuya dimensión según cálculos del sindicato es mayor.

Estas aulas, de acuerdo con la nueva situación, deberían tratar de reducir sus ratios este curso y volver a las establecidas por la ley precedesora de la LOMCE (la LOE), de la que se mantiene el número de alumnos y alumnas por clase. En concreto son 25 en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

Solo los grupos nuevos cumplirán las ratios legales

Tras publicarse las listas provisionales de admisión de estudiantes, fuentes de la Consejería de Educación consultadas por eldiario.es dicen que “se cumplirá con las ratios establecidas en la normativa de cara al próximo curso” y justifican que en 2012 la Comunidad de Madrid “no aplicó de forma generalizada el incremento del 20% del decreto del Gobierno central”. Insisten en que las “ratios medias están por debajo de las ratios máximas”.

A la pregunta de si todas las aulas quedarán con las ratios establecidas por ley, la Consejería solo se compromete a que “todos los nuevos grupos que se creen respetarán la ratios”. La reducción del número de alumnos en las aulas cuya ratio está por encima de la norma queda emplazada a “las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas”.

La única mención que hace la LOMCE al número de alumnos y alumnas por aula está recogida en el artículo 87.2, que contempla una subida de hasta un 10% para hacer frente a las necesidades inmediatas de escolarización de los estudiantes de incorporación tardía. El consejero de Educación se agarra, tras aducir primero al decreto ya sin validez, a este margen de maniobra para justificar al grupo de madres del CEIP Eugenio María de Hostos el aumento de ratio en las clases de tres años por el cierre de un aula.

CCOO denuncia que la Consejería “hacen de excepción la regla” e incorporan esa ratio ampliada en la planificación inicial de la oferta cuando se reserva para la “escolarización de estudiantes de incorporación tardía”. El sindicato también se queja de “falta de transparencia” para el acceso a las listas de admisión. “No hay un sistema centralizado que saque a la luz pública los solicitantes y las vacantes”.

“Prefería pública, pero me han dado concertada”

Varias familias se han puesto en contacto con eldiario.es para dar cuenta de la alta demanda de plazas en determinadas zonas de Madrid. Es el caso del PAU de Vallecas (también llamado Ensache, dentro del distrito Villa de Vallecas), donde 59 alumnos y alumnas se quedaron, según datos de las diferentes AMPAS, sin plaza en el colegio elegido como primera opción en la lista.

En la zona hay dos colegios públicos (330 plazas) y tres concertados (440 plazas). Los dos primeros centros cuentan, según las familias, con una alta demanda y algunos niños y niñas han terminado matriculándose en colegios concertados por falta de plazas.

El hijo de Raquel Hernández, de 3 años, empezará en septiembre en uno de esos centros –de línea 6–, donde asegura que le piden una cuota mensual de 175 euros como “contribución al funcionamiento del colegio”. A eso hay que sumar la cuota de comedor, el coste de las horas ampliadas y los libros. “Ya me han advertido de que si no pago la mensualidad durante tres meses, el centro se reserva su derecho de admisión para el curso que viene. Es decir, pueden rechazarme la plaza”, explica.

Raquel no sabe cuántos niños y niñas habrá en la clase de su hijo, aunque intuye, por la distribución de las plazas para los niños que se quedaron fuera en su primera opción, “que por lo menos serán 28, si no llegan a 30”.

Las cartas firmadas por el consejero de Educación y dirigidas a un grupo de madres de un colegio público del distrito Moncloa-Aravaca hicieron saltar las alarmas sobre los aumentos de ratio, tal y como avanzó Cadena SER. Según la correspondencia entre ambas partes, la Consejería ha decidido cerrar un aula de tres años en dicho centro escolar. En consecuencia, 54 niños y niñas tienen que dividirse en solo dos clases.

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