Una empresa privada cobrará 330.000 euros por las pruebas Lomce en Madrid

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Con Figar y Granados en los juzgados siguen los mamoneos en la Comunidad de Madrid:

http://cadenaser.com/m/emisora/2016/05/10/radio_madrid/1462877372_604446.html

Las pruebas Lomce que se celebran esta semana en Madrid van a costar solo en la región más de 330.000 euros. Esa cantidad es lo que va a pagar el gobierno de Cristina Cifuentes a una empresa privada que es la que se va a encargar de todo el proceso. A pesar de que el Ministerio de Educacion ya aprobó una partida de casi un millón y medio de euros para las evaluaciones, los gastos del profesorado que supervisa, corrige y realiza los informes – externo a los centros donde se realizan los exámenes – corresponde a las comunidades autónomas.

La empresa encarga de este servicio en Madrid se llama Servinform, una empresa de externalización de servicios, ajena al sector educativo, que en total se va a embolsar 331.840 euros por los cuatro días de exámenes que se celebran esta semana en la Comunidad: este martes y viernes en tercero de primaria, miércoles y jueves en sexto.

La adjudiación figura como “contrato de apoyo didáctico y técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de los resultados de la evaluación”. Al concurso abierto se presentaron otras dos empresas,Proyectos y Sinergias Empresariales, con un presupuesto de 375.000 euros, y ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, con una oferta algo mas elevada, 380.000 euros. La Consejería de Educación optó por la oferta más barata siguiendo criterios únicamente económicos. Fuera del concurso se quedo una cuarta empresa, Instituto de Marketing y Opinión Pública, por defectos en la documentación presentada.

La adjudicataria, Servinform, rebajó en casi 70.000 euros el precio inicial de licitación del servicio presupuestado por la Comunidad de Madrid. Se trata de una compañía especializada en la gestión de servicios integrales en el ámbito de las nuevas tecnologías, la informática y en la prestación de servicios “outsourcing”.

 

“Si a los colegios concertados no les renta, en vez de a niños que se dediquen a churros”

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En León escandalizados con la concertada subvencionada:

http://www.ileon.com/actualidad/062397/si-a-los-colegios-concertados-no-les-renta-en-vez-de-a-ninos-que-se-dediquen-a-churros

Indignación. No nueva, pero sí mayor. Los sindicatos educativos consideran de manera unánime “una vergüenza” y un “horror” el sistema de cobros a las familias que tienen establecido la práctica totalidad de los colegios privados que reciben dinero público, 18 en la capital leonesa y 33 en la provincia, a raíz de la investigación desvelada por iLeon.com, así como la impunidad con la que ejercen esta vía recaudatoria por la falta de control de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que no ha abierto un solo expediente en Castilla y León por irregularidades en 16 años de competencias educativas, a pesar de tener constancia de muchas de ellas, como reconocen incluso colectivos como Escuelas Católicas.

Y no sólo los sindicatos. Desde la Federación Leonesa de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (Felampa), su presidente, Arsenio Martínez, espera que la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó una multa de 186.000 euros a un colegio por solicitar 20 euros a las familias trimestrales vaya sentando precedente. Porque ejemplos hay: como cuando “el Colegio Leonés cobró por un orientador que no les costaba nada, porque lo ponía la Junta” o “esas congregaciones tan religiosas que no predican eso de que hay que ayudar a los que no tienen y cobran 8 euros por dejar entrar un niño a disfrutar de las fiestas de su cole”.

“No se puede negar un vasito de chocolate en la fiesta por no pagar”

“Rechazamos este tipo de cosas”, comenta, “no conozco un Ampa de un colegio público que no le dé un vasito de chocolate y un bizcocho o unas castañas a un alumno que no haya podido o no haya querido pagar la cuota de la asociación”. Y es que Felampa tiene claro que “con estas dobles reglas, para los públicos y los privados, ellos no están jugando la misma partida: se quedan el dinero público que no va a otros colegios, ya les gustaría en el colegio Ponce de León, que tiene el patio que es un peligro, poder pedir ‘desgaste de patio’ y tenerlo perfecto; pero a los centros públicos ni se nos ocurre ni nos permitirían hacer eso”.

Por otro lado, Martínez exige cuentas claras “en tiempos que los que los desfases de dinero están a todos los niveles, no sólo políticos”, por no hablar de “la segregación social que aplican a las familias, pidiendo dinero para permitir a un alumno utilizar un recurso de Internet o ciertos libros… Tremendo”.

Colegio leonés

Colegio Leonés.

CGT: La Junta recorta lo público y defiende el negocio de unos pocos

Desde el área de Educación del sindicato CGT en León, Juan Miguel Alonso considera que esta situación “es contraria al derecho a la Educación, a los principios de una educación pública, universal y laica” y porque “supone una selección por motivos económicos del alumnado”, suficiente a su juicio para considerar este sistema “ilegal” a favor de “un negocio privado que de este modo es boyante, especulativo y muy lucrativo para estas empresas”.

Pero lo que le indigna es que “la Junta, el PP, no haga absolutamente nada, y no lo hace porque es su modelo, con una mano recortan lo público mientras defienden a capa y espada a unos pocos que hacen negocio.

CCOO: “Rompen las normas con las que debemos jugar todos”

Compartiendo la práctica totalidad de los argumentos, desde CCOO su secretario provincial, Ignacio Fernández, rebate además algunos de los argumentos que defienden estos centros concertados para no sólo pedir que se permita seguir cobrando a las familias “indiscriminadamente” sino incluso exigiendo más dinero público en los conciertos porque la actuación financiación les hace deficitarios: “Si (a los colegios concertados) no les renta, en vez de a niños que se dediquen a churros, o negóciese un marco legal claro y ya diremos entonces lo que nos parece” a los sindicatos y el resto de colectivos implicados.

Fernández también ataca “la connivencia y complicidad” de la Junta, la administración que “sí persigue cualquier otra infracción” e incumple así su obligación de vigilar e impedir “que nadie rompa las normas con las que debemos jugar todos”.

FeteUGT: “Nadie controla el destino del muchísimo dinero que supone”

Desde Fete-UGT León, Jesús López Iglesias tiene “clarísimo” que los centros concertados por definición “no tienen que cobrar nada de nada de nada”, entre otras cosas porque “para eso “los colegios públicos llevan años de graves recortes mientras en los concertados no se ha recortado ni un céntimo” y de todo ese dinero que ingresan por “presuntas aportaciones voluntarias, además, nadie controla el destino real que tiene, y hablamos de muchísimo dinero”. “Conocemos casos de presiones para que algunos niños acaben dejando ese colegio, muchos que no los pueden pagar, casos como los Agustinos que disponen de un maravilloso pabellón de deportes mientras en colegios públicos hay accidentes por el estado del suelo”, relata López Iglesias. “Instamos que a con estas evidencias la Junta deje de hacer la vista gorda y ponga fin a esto”, remata.

Stele: “Estudiamos si es posible iniciar acciones legales”

Desde el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Leon (Stele), Javier Sarmiento va más allá y asegura que “pediremos a la Dirección Provincial de Educación que investigue” estas ‘donaciones’, su destino y la forma de conseguirlas “y que aplique la Ley y si es ilegal lo corte de raíz”. Porque advierte que de no hacerlo la Junta de Castilla y León, desde León o desde la Consejería, “estudiaremos seriamente si es posible iniciar acciones legales” desde el sindicato.

Además de coincidir en que la situación se debe a “la política más que de la Junta, del PP, de la escuela privada en detrimento de la pública” porque en el caso de los concertados “admite situaciones ilegales y mira para otro lado”. Y por completar las críticas, respecto a la ‘golosina’ de que las aportaciones desgraven fiscalmente aprovechando que se dirigen a fundaciones o congregaciones religiosas sujetas a la Ley de Donaciones, advierte que así “todos los ciudadanos pagamos dos veces esta situación: primero con el dinero público del concierto y luego devolviéndoles vía impuestos a las familias una parte del dinero que aportan”.

Comisiones Obreras critica el cierre de los ciclos de FP en Vallecas, Usera y de un IES en Coslada

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Más cierres de centro públicos:

http://www.madridactual.es/20160504722213/comisiones-obreras-critica-el-cierre-de-los-ciclos-de-fp-en-vallecas-usera-y-de-un-ies-en-coslada

Comisiones Obreras ha denunciado el cierre de ciclos de Formación Profesional (FP) en los distritos de Useray Vallecas el próximo curso 2016-2017, así como del instituto de secundaria (IES) La Cañada, de Coslada, que el sindicato mayoritario en la enseñanza madrileña rechaza de plano.

La Consejería de Educación lo justifica en “un proceso de reorganización de la oferta” de FP en la región para adaptarla a las necesidades del mercado y mejorar la inserción laboral, y asegura que no supone la eliminación de enseñanzas sino “su traslado a otro centro garantizando a los alumnos que las cursaban en el centro anterior una plaza para terminar sus estudios”.

Según CCOO, en Usera se suprime “toda la oferta formativa de la familia de administración y gestión del IES Ciudad de Jaén”, en concreto el grado superior de Administración y Finanzas, que consta de dos cursos, y el de grado medio de Gestión Administrativa.

Además, el IES Pradolongo pierde “toda su oferta formativa de la familia de Imagen y Sonido en los ciclos de Iluminación Captación y Tratamiento de Imagen (grado superior) y de Laboratorio de Imagen (grado medio), y de Informática en los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web (grado superior) y Sistemas Microinformáticos y Redes (grado medio), según el sindicato.

En el IES Vallecas I, que cumple 75 años formando en FP, se eliminan 10 grupos, “unas 300 plazas que desaparecen en uno de los distritos con más tradición obrera y necesidad de cualificación profesional”, además de una de las tasas de desempleo más altas, explica CCOO en un comunicado.

Se suprimen ciclos de la familia profesional de Informática (2 grupos de FP Básica y 2 de grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes) y de Electricidad-Electrónica (2 grupos de grado medio en Instalaciones de Telecomunicaciones, otros dos de grado superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticas, y dos más de grado superior en Mantenimiento Electrónico, añade CCOO.

En este caso, el sindicato denuncia que estos ciclos tienen “una inserción laboral por encima de la media de la FP”, y que “muy probablemente” se eliminará la plantilla de Auxiliares de Control, dado que la desaparecería la oferta educativa por la tarde.

CCOO considera que, aunque los materiales y equipos puedan ser trasladados, “trasladar al alumnado es otra cosa, dada la voluntad de estos de continuar en el centro y la cercanía a sus domicilios”.

Educación asegura que las plantillas de profesores se adscribirán a los centros adonde se trasladan, ubicados en el mismo distrito, en los casos de los IES Vallecas I, Pradolongo, Pérez Galdós, Joaquín Turina y Ciudad de Jaén, en Madrid Capital.

La consejería asegura que esta reorganización permitirá implantar nuevos ciclos con alta inserción laboral: Sistemas Electrotécnicos y automatizados en régimen Dual (grado superior), Animación 3D, juegos y entornos interactivos (superior), Caracterización y Maquillaje Profesional (superior), y Vídeo, disk-jockey y sonido (medio).

Educación asegura que el IES de Coslada seguirá impartiendo ESO el próximo curso y sus 40 alumnos de Bachillerato tienen plaza garantizada en el cercano Instituto Miguel Catalán.

Los barrios limbo de la escolarización

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Artículo interesante sobre barrios abandonados en educación:

http://www.madridiario.es/noticia/434038/educacin/los-barrios-limbo-de-la-escolarizacion.html

Las familias de Villa de Vallecas o Butarque en Madrid capital y los municipios de Alcorcón y Móstoles, entre otros, tienen problemas para escolarizar a sus hijos. La Comunidad asegura que garantiza una plaza pública a todos los madrileños, pero muchos tienen que abandonar sus barrios y distritos u optar por un centro concertado.

Este miércoles salen las listas definitivas de admitidos en los centros educativos y antes de que llegara este momento ya se acumulaban las quejas de algunos barrios y municipios sobre la oferta educativa en la Comunidad de Madrid. Las familias que no tengan centro en primera opción pueden acudir a los servicios de apoyo a la escolarización para la asignación de plazas. La Comunidad garantiza la escolarización de todos los alumnos en centros públicos, según destacan fuentes de la Consejería de Educación, pero algunas familias tienen que desplazarse lejos de sus casas. El año pasado un 93,27 por ciento consiguió la primera opción que solicitaba, pero el resto tuvo que buscar alternativas. Hay barrios con arrastran problemas de escolarización, como Butarque (Villaverde) o el Pau de Vallecas. Pese a las nuevas 7.280 plazas nuevas que habrá el próximo curso, los problemas persisten e incluso empeoran en algunas zonas como Alcorcón. Además, las familias critican la política educativa de aglutinar varias líneas en unos centros, mientras otros las van perdiendo, pues consideran que rebaja la calidad educativa. CCOO, por su parte, ha pedido más transparencia y ha judicializado estos cierres al considerar que había demanda y que supone un trasvase de fondos públicos a intereses privados, “vulnerando su propia normativa de libre elección”. “En los colegios públicos e institutos de la Comunidad de Madrid no hay saturación, masificación o ratios que incumplan la ley”, afirma la Consejería de Educación. El próximo curso Madrid ofertará 62.000 plazas para alumnos de 3 años, de ellas 36.000 corresponden a centros públicos; y 26.000 a concertados. Estos son algunos de los barrios y municipios con más problemas:

Butarque (Villaverde)

“Llevo diez años intentando escolarizar a mis hijos en centros públicos y no hay plazas”, asegura Carmen Cuevas, presidenta del ampa del Colegio Europa, un centro concertado donde muchas familias de Butarque escolarizaron a sus hijos al no haber colegios públicos. Ahora hay dos y se está construyendo un instituto, pero ni aunque concluyan las obras de la segunda fase en septiembre, algo sobre lo que los vecinos tienen dudas, los niños de este barrio tienen garantizada una plaza en él. El IES se planificó por fases, pero no se ha contado con los alumnos que salen del centro concertado, montado por profesores cuando vieron la ausencia de dotaciones públicas, en ESO y quieren hacer Bachillerato. Además, el instituto del distrito, El Espinillo, tampoco tiene capacidad para ellos, según las asociaciones de padres del barrio. “No nos va a quedar más opción que dispersarnos o ir a centros concertados”, indica Cuevas. Hay 47 alumnos de Bachillerato afectados y alrededor de 30 de ESO sin plaza en las primeras listas de admitidos. El barrio se encuentra bastante aislado y mal comunicado, por lo que es “complicadísimo” poder llevar a sus hijos a colegios en otros puntos de Madrid sin vehículo privado. Algunos estudian en otros municipios. “Estamos muy desesperados”, aseguran.

Alcorcón

En Alcorcón, antes de abrirse el periodo de escolarización, se han cerrado siete aulas de 3 años, la edad en la que los niños entran a los colegios, al segundo ciclo de Infantil. Existen plazas en centros públicos para garantizar la escolarización de todos los niños, pero las ampas de siete colegios han comenzado una campaña para exigir que se reabran las aulas cerradas, pues aseguran que hay peticiones suficientes para abrirlas. En cambio, por el momento la Comunidad ha ofrecido más aulas en otros centros. “Se están saturando algunos centros mientras otros se están quedando vacíos”, señala Victoria Sánchez, del ampa del CEIP García Lorca. “Cuando se suma una línea, el primer año supone un aula más, pero cada año va aumentando progresivamente, así se pierden espacios comunes, como las bibliotecas, aulas de desdoble o de psicomotricidad, además de profesores y recursos”, explican desde el ampa. “Al final es un proceso por el que los centros que han dejado con una sola línea mueren”, prevé Sánchez. “Se tiene que garantizar la escolarización en unas condiciones aceptables”.

Villa de Vallecas

Los nuevos desarrollos de Vallecas arrastran un déficit de dotaciones públicas. Este mismo curso se abrió un nuevo colegio público, el José de Echegaray, pero las ampas del barrio aseguran que ya está masificado incluso con la ampliación prevista para el próximo curso. Algo parecido sucede en otros colegios del barrio y ponen como ejemplo el Agustín Rodríguez Sahagún, donde llevan 6 años sin biblioteca, aula de música o informática. La Comunidad destaca las inversiones recientes y asegura que hay 107 plazas vacantes de 3 años en este barrio, pero desde la asociación vecinal recuerdan que hay 219 familias sin plaza. “¿Por qué no puedo tener plaza en el colegio que está al lado de mi casa?”, se pregunta Raquel Hernández, una de las madres afectadas.

Móstoles

Los problemas de escolarización en Móstoles se centran sobre todo en la zona del PAU-4, donde “se tendría que haber hecho un colegio en 2009”, según Carmen González, responsable de enseñanza de CCOO en la zona Sur. La parcela ya está cedida por el Ayuntamiento. Además, según denuncia, se optó por impulsar un centro concertado en la zona, pero por problemas legales tampoco ha salido adelante. Con esta situación, hay muchos vecinos que no pueden llevar a sus hijos al colegio que quieren, además de “un desequilibrio por zonas”. González señala que hay colegios cercanos preparados para ser línea 2, a los que se van añadiendo grupos a la vez que pierden bibliotecas, salas de profesores, etcétera. El caso más excepcional es el Juan Pérez Villaamil, con ocho grupos. Mientras otros que podrían ampliar sus líneas no lo hacen. “Existe un grave déficit”, resume.

EDUCACIÓN: ¿Dónde están las oportunidades?

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La constatación de como la Ley Wert acaba con la igualdad de oportunidades:

http://www.eldiario.es/desde-todas-partes/EDUCACION-oportunidades-Juventud_Sin_Futuro-Ley_Wert-Tasas-Universidad-Revalidas_6_517658248.html

La situación de los jóvenes en nuestro país nunca ha sido especialmente fácil, pero gracias al Gobierno que hemos tenido a lo largo de esta última legislatura ha empeorado de una manera que muy pocos podían o querían imaginar. Hay varios temas en los cuales se hace visible el mal trato que se nos ha dado a los jóvenes y el desprecio que hemos sufrido por parte de la gente que ha gobernado nuestras instituciones, y que en teoría debían de estar ahí justo para lo contrario.

El principal aspecto tiene que ver con los jóvenes estudiantes. Como no podía ser de otra forma, el mundo estudiantil es tristemente reconocido como uno de los pilares clave que más ataques ha soportado en la última década. Todos recordamos cómo a lo largo de la democracia nuestro sistema educativo ha sido objeto de constantes cambios y modificaciones a criterio del Gobierno de turno (LOGSE, LOE, LOMCE, entre otras) con leyes que hasta la fecha no han conseguido implantar un verdadero sistema de calidad, y en las cuales la religión y las privatizaciones han sido los temas de discrepancia fundamentales.

 

Pero sin duda, la ley que más daño está haciendo a los estudiantes es la llamada ‘Ley Wert’. La primera ley educativa del PP que ha entrado en vigor ha sido una lacerante demostración de lo que el Partido Popular puede hacer con una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Entre sus contundentes medidas se incluyen las reválidas propuestas para Primaria, ESO y Bachillerato. Pruebas externas del todo innecesarias, que roban oportunidades y cuya superación es la única posibilidad de que el alumno pueda continuar con sus estudios. Otra de las medidas tiene que ver con la asignatura de Religión. No es razonable que una materia como ésta, que está basada en creencias personales, se tenga en cuenta para la nota media del expediente o para pedir una beca. Es un ejemplo más de cómo se puede llegar a instrumentalizar la educación, algo que debería conservar su laicidad por completo para que todos los alumnos, al margen de sus creencias, puedan optar a las mismas condiciones. Esta medida va en detrimento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, (que se convierte en optativa o se suprime) y afecta también a la Filosofía, en mi opinión imprescindible para que los estudiantes aprendamos a pensar, a debatir, a formarnos como personas, y a darnos cuenta de muchas cosas de nuestra realidad que ninguna otra materia puede enseñarnos.

Pero los estudiantes universitarios tampoco salen impunes de las reformas educativas de nuestro último Gobierno. Han sido castigados con medidas como el decreto 3+2, por el cual los grados universitarios pasan a ser de cuatro a tres años, y ofertando másteres de dos años. Este modelo obliga a pagar más a los estudiantes por sus carreras a costa de una reducción en la financiación pública de éstas (algo que beneficia a las universidades privadas), por no hablar de la pérdida evidente de calidad en la formación que supone el acortar las carreras.

Todo esto ha sido después de aplicar fulminantes recortes en el ámbito educativo entre los que figuran la eliminación de becas y ayudas o el aumento de las tasas universitarias, que han llevado a recortar más de 6.500 millones de euros en Educación desde 2010. Y es que los universitarios españoles se encuentran entre los que más pagan en Europa.

“Se han recortado más de 6.500 millones de euros en Educación desde 2010”

Ante esta situación, cientos de estudiantes universitarios se han visto obligados a abandonar sus estudios, sus sueños, su futuro. Algo que les pertenecía. Su derecho. Una vida que estaban construyendo a base de esfuerzo y estudio exigido, para al final ver impotentes cómo todo ese trabajo es insuficiente porque las tasas son cada vez más altas y las becas escasas.

Y en cuanto a la situación laboral, no es ni mucho menos esperanzadora: a mediados de 2015, España lideraba el ranking de desempleo juvenil en Europa con un desalentador 49,6% de tasa de paro entre los jóvenes. Esto hace que los universitarios apenas puedan compatibilizar el trabajo con sus estudios para poder hacer frente de alguna manera a los pagos y que los que terminan sus carreras a menudo se vean forzados a buscar empleo más allá de nuestras fronteras (el ahora famoso “exilio económico” ). Así se pierde el talento. Así se pierde a personas que tenían encomendada la tarea de hacer avanzar al país y de construir futuro, viéndose obligados a buscarlo fuera, porque aquí se parece seguir mirando al pasado.

Por todo esto, los estudiantes tenemos el deber de luchar para que nuestras condiciones mejoren. Tenemos el deber de salir a las calles. De defender esos derechos que nadie nos puede quitar porque son fundamentales, y para que se derogue -de forma inmediata y completa- la LOMCE y todos los decretos mata-talento que jamás permitiremos que entren en vigor. Porque siempre que los estudiantes nos hagamos oír y lo hagamos juntos, estaremos abriendo caminos y diciendo NO a la resignación y a que nos roben nuestro futuro.

Granados cobraba comisiones de un millón por cada colegio concertado aprobado

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La íntima relación entre la concertada y la corrupción:

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/granados-habria-cobrado-900000-euros-cada-colegio-concertado-adjudicado-madrid_201503105725417d4beb28d446011b0f.html

Francisco Granados y su amigo David Marjaliza se llevaban, dentro de la trama Púnica, una comisión enorme, de un millón de euros, por cada colegio concertado que aprobaban. Granados conseguía el terreno casi gratis y los permisos. Marjaliza, por su parte, construía las instalaciones del centro. Esta operación se llevaba a cabo, casi siempre, en Valdemoro, donde hay hasta tres colegios concertados en el mismo barrio.

La presunta comisión que Granados y Marjaliza se habrían embolsado por sólo facilitar laconstrucción de centros concertados por toda la Comunidad de Madrid asecendería a un millón de euros por centro.

Eso explicaría que, por ejemplo, en Valdemoro haya hasta tres en el mismo barrio, separados por pocos metros. Serafín Faraldos, portavoz del PSOE en Valdemoro, declara que “la Púnica está poniendo de manifiesto que Valdemoro funcionaba como un cortijo”.

El plan, según cuenta ‘ABC, era el siguiente: Granados conseguía, a través de su influencia, licencias y suelo muy barato para el promotor Alfonso Ferrón del Río. Ferrón del Río, a través de su empresa Alfedel pagaba Marjaliza presuntas mordidas camufladas como facturas falsas de unos 900.000 euros.

El círculo se cerraba cuando el conseguidor de la Púnica daba su parte al propio Granados. El beneficio era aún mayor, ya que siempre era la constructora de Marjaliza quien hacía las obras.

Un negocio redondo para el promotor, pues eran las cooperativas de profesores quienes corrían con todos los gastos. Cooperativas que nada tenían ni tienen que ver con la trama.

laSexta.com | Madrid | Actualizado el 01/05/2016 a las 01:36 horas

El TSJ declara ilegal el reparto de aprobados por tribunal en las oposiciones de maestros de 2009

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Cuando las oposiciones son un tongo:

El TSJ declara ilegal el reparto de aprobados por tribunal en las oposiciones de maestros de 2009

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha declarado ilegal el reparto de aprobados por tribunal que se produjo en las oposiciones al cuerpo de maestros convocadas por la Junta en el año 2009 y obliga ahora, siete años después, a valorar los méritos de los aspirantes que fueron calificados con al menos un cuatro.

En un fallo fechado hoy mismo (18 de abril de 2016) al que ha tenido acceso últimoCero, el Tribunal desestima la pretensión inicial de los 80 afectados que recurrieron de que todo el proceso quedara anulado, e indica que la sentencia “no afectará en su condición de aprobados a los opositores seleccionados inicialmente, ello sin perjuicio de verse pospuestos en su ubicación escalafonal en aquellos casos en que así proceda, y sólo respecto de los recurrentes que se vean expresamente beneficiados por el fallo de esta sentencia”.

Fuentes del colectivo de aspirantes que recurrieron y a los que ahora, en parte, se da la razón, indican que de los 80 recurrentes 59 superan el cuatro que ahora fija el TSJ para tener derecho a pasar a la siguiente fase y que le sean valorados los méritos.

El fallo es claro: “En resumidas cuentas, este Tribunal no tiene dudas de que por parte de alguna autoridad no identificada de la Consejería de Educación se impartieron órdenes a través del llamémosle conducto oficial (Presidencias de las Comisiones de Selección hasta presidentes de tribunales) que exigían la limitación del número de plazas por tribunal. Número que venía a coincidir con el cociente resultante de las plazas convocadas para cada especialidad y el número de tribunales existentes”.

Al realizarse un reparto de plazas por cada tribunal, se está yugulando, injustificadamente, la posibilidad de acceder a la fase de concurso. Y tal actuación, en tanto no prevista por las bases, no puede ser admitida. (…) Por lo tanto, no puede entenderse conforme con las bases del concurso la limitación o pretendido reparto de número de plazas convocadas entre cada tribunal”, se dice textualmente en el fallo en el que ha tenido un peso determinante “la abrumadora coincidencia de (pruebas) testificales”.

La Junta no sale bien parada en este pronunciamiento judicial, ya que la Certificación de 27.05.205 del Coordinador General de Servicios de la Dirección General de Recursos Humanos de la Junta de Castilla y León negando que se dieran instrucciones para fijar cupos de aprobados por cada tribunal “no ofrece la más mínima credibilidad” a los magistrados de la sala.

“Lo cierto es que por quien tiene la autoridad moral y funcional, por quien detenta, en este caso, la potestad de dirigir esas instrucciones, así se hizo, y esas instrucciones eran objetivamente contrarias a las bases. Esta circunstancia coloca ya a los órganos de calificación, a sus miembros en una situación de violencia moral o de condicionamiento técnico indiscutible, de cara a adecuar sus decisiones a esos criterios, sugerencias, instrucciones u órdenes. Algunos de estos miembros declararon no haberlas seguido, ello les honra, pero otros sí. Si una Comisión de Selección, que por impartir criterios, lo hace en sentido directamente contrario a las bases de la convocatoria, está adulterando, condicionando, desvirtuando la limpieza de todo proceso selectivo y afectando a los derechos de acceso en condiciones mérito y capacidad de los funcionarios, en este caso interinos”, apunta el fallo.

El TSJ señala que esta manera de proceder por parte de la administración ha tenido consecuencias: “Al restringir el número de aspirantes que han superado la fase de oposición, al margen de que su calificación superase los cinco puntos, que era el único límite que se establecía en las bases del proceso selectivo, se impedía a aquellos aspirantes que merecían un aprobado justo, cuantitativamente hablando, aquellos aspirantes que merecían un cinco o más, el acceso a la fase de concurso. Fase en la que, de ser interinos, con gran probabilidad obtendrían plaza por mor de los numerosos méritos acumulados en el desempeño de su puesto en régimen de interinidad”.

En definitiva, el fallo “reconoce el derecho al acceso a la fase de concurso a aquellos recurrentes que según se desprende de las actas finales elaboradas obtuvieron una calificación de al menos 4 puntos, y a que sean valorados los méritos en su momento alegados y que se poseían al tiempo de los hechos para ser posteriormente y tras los trámites oportunos ser nombrados funcionarios de carrera con numeración escalafonal intercalada, según puntuaciones, con los aspirantes de buena fe que ya resultaron aprobados en el seno del presente proceso selectivo, y siempre que, claro está, hubieran obtenido plaza, una vez evaluados teniendo presente el número de plazas ofertadas por cada especialidad. Es decir, obtendrá plaza el recurrente que tras ser evaluado en la fase de concurso alcance un puesto dentro del número total de plazas ofertadas por cada especialidad”.

Todo un logro judicial para 59 de los 80 aspirantes que recurrieron y que pueden acabar convirtiéndose en funcionarios, siete años después de haber opositado.

 

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