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La Junta tarda nueve meses en revisar un examen de oposición

cerditos

Noticia importante para todos los interinos, en esta época de escasas plazas y abusos en las oposiciones la Junta de Andalucía tardaba nueve meses en revisar un examen de oposición.  En Madrid es peor, tardan más de un año, y los tribunales de oposición en Madrid están plagados de tribunos voluntarios con opacas intenciones como trepar o beneficiar a sus amigos.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/01/58fb3ed8e2704e0f528b4579.html

La Junta responde en marzo a una queja sobre la valoración de una prueba que se realizó el mes de julio anterior

La Junta reconoce que hay instancias judiciales instando a revisar los exámenes, pero añade que no hay constancia de que “ningún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa”

Opositores sin derecho a defensa

Cuando Luis Carlos Nogués terminó el primero de los exámenes de las oposiciones a profesor de Secundaria de la especialidad de Geografía e Historia estaba convencido de haber realizado un buen trabajo. Todavía lo está, de hecho. Pero el tribunal que lo evaluó opinó de manera diferente y le puntuó la prueba con un 4,1 sobre 10. Pensó entonces que debía tratarse de un error y solicitó una revisión. Y fue entonces cuando conoció el muro normativo infranqueable que impide a los opositores tener acceso siquiera a las correcciones del examen ni, por supuesto tampoco, a una revisión del mismo.

El tribunal se negó a enseñarle la prueba y le remitió a lo dispuesto al respecto en la orden de convocatoria de las oposiciones que, como toda garantía procesal para los opositores, sólo prevé la reclamación por la vía del recurso de reposición y del contencioso-administrativo, una vez que se conozca el listado definitivo de aprobados en la oposición, o sea terminado todo el proceso y sin posibilidad ya de participar en el mismo.

Nueve meses después de presentar su recurso por su disconformidad con la nota recibida, Luis Carlos Nogués recibió un escrito, con fecha de 28 de marzo de 2017, en el que la administración, como cabía esperar, rechaza su recurso, detallando las razones que llevaron al tribunal a imponerle un 4,1750 de nota de evaluación.

«El desarrollo del tema peca de excesivamente descriptivo», le explican en un momento dado. «Se abusa del punto y seguido, incluso cuando cambia de concepto», añade, por otro lado, el escrito de respuesta al recurso de reposición.

Luis Carlos Nogués admite que su propia evaluación del examen realizado puede no ser objetiva. Pero lo que a Nogués no le cuadra es que, para acceder a una revisión de la prueba haya tenido que esperar nueve meses lo cual, en ningún caso garantiza sus derechos, pues en su momento se le negó la posibilidad de presentarse al segundo examen y, por tanto, aunque la administración hubiera reconocido un error en la evaluación, la puerta de las oposiciones hace ya nueve meses que se le había cerrado.

«¿De verdad piensa alguien que la Junta va a darle la razón a un opositor nueve meses después? ¿Cómo se le repararían sus derechos en ese caso?», se pregunta Nogués que, desde la convocatoria pasada ‘pelea’ por un proceso de selección de personal más justo y, sobre todo, más transparente en el área de Educación.

Este licenciado en Geografía e Historia investiga desde el pasado junio cada paso en la Consejería de Educación para poner en marcha unas oposiciones y ha concluido que el proceso es un campo abonado para las arbitrariedades, desde la elección de los miembros del tribunal hasta la falta de una vía ágil de revisión de los exámenes.

Su opinión con respecto a la opacidad de los tribunales la comparte el sindicato APIA, que ha reclamado en reiteradas ocasiones «que se sustituya el actual sistema de libre designación de los presidentes de los tribunales y de las comisiones que bareman los méritos de los opositores por un sistema objetivo de méritos profesionales que responda a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Manuel Fernández, presidente de APIA, considera que «con el sistema actual la Consejería elige de forma unilateral a quiénes nombra» para puestos tan importantes como la presidencia de los tribunales y de las comisiones de baremación de los méritos, un apartado fundamental en un concurso-oposición, y resulta llamativo que algunas personas repitan con cierta habitualidad en esos puestos por decisión unilateral de la Consejería».

Pero no sólo los presidentes de los tribunales, elegidos a dedo en cada convocatoria, repite. Con sorpresa, Luis Carlos Nogués ha podido comprobar cómo hay vocales (que en teoría son elegidos por sorteo) que también aparecen en diferentes convocatorias hasta en cuatro ocasiones diferentes.

Con respecto a la negativa de la Consejería de Educación a incluir en su normativa un plazo para la revisión de los exámenes por parte de los opositores que así lo reclamen, resulta especialmente llamativo dado que éste es un derecho de cualquier examinando en cualquier etapa de la educación. Así, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la Universidad, existen dos vías alternativas de revisión de libre elección para los alumnos.

Infalibles

Para la Consejería de Educación, sin embargo, sus tribunales tienen prácticamente el don de la infalibilidad. Eso al menos se desprende de una respuesta parlamentaria realizada a preguntas de la diputada del PP Patricia del Pozo, en la que se recuerda que cada tribunal (242 en el último proceso) dispone de un modelo de plantilla de corrección con hasta 20 ítems, dependiendo de la especialidad, “de manera que las calificaciones de los órganos de selección obedezca, en todo momento, a los mismos criterios”. «Cada miembro del tribunal ha debido rellenar una ficha por cada prueba o parte de prueba, basada en los referidos criterios de corrección».

«Además, -continúa la Consejería de Educación en su respuesta- la calificación final del ejercicio constituye la media de las calificaciones de los cinco miembros, anulándose, de conformidad con las bases de la convocatoria, las notas máxima y mínima, si entre las otorgadas por los miembros del tribunal hay tres o más puntos de diferencia». «Es difícil, por tanto que un posible error en la calificación de un miembro no sea advertido por los cuatro restantes, lo que da suficientes garantías al proceso», dictamina la consejera Adelaida de la Calle en su respuesta al PP.

Y añade: «Efectivamente hay providencias judiciales instando a los órganos de selección a revisar e informar de ejercicios de la fase de oposición, pero también es cierto que no hay constancia de que algún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa».

Otro mecanismo para dotar de transparencia el proceso, habitual en las convocatorias de oposición para profesores en otras comunidades autónomas es la lectura pública de cada uno de los exámenes, que tampoco se utiliza en Andalucía.

Un proceso de 40 días

La Consejería de Educación defiende su actual modelo apelando a la necesidad de que todo el proceso de selección se ajuste a un plazo máximo de 40 días, de manera que no se altere “el normal desarrollo de la labor educativa durante el periodo lectivo”, y a su vez se permita emplear el mes de agosto para que la Administración pueda llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de los destinos provisionales, al “objeto de que los docentes que hayan obtenido plaza en el proceso selectivo tengan asignado un destino para el siguiente curso”.

En la convocatoria a la que se presentó el aspirante Luis Carlos Nogués se presentaron 23.805 opositores para 1.674 plazas de Secundaria, según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación. El tribunal que calificó a Luis Carlos Nogués tenía que evaluar a 121 aspirantes. Por comparar con otros procesos con mayores garantías, cabe recordar que a la convocatoria de selectividad del pasado mes de junio se presentó un total de 43.000 alumnos andaluces.

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