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Una fundación ultracatólica, homófoba y antifeminista recibe cuatro millones de la Comunidad de Madrid

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Una medallita más para la Comunidad de Madrid:

http://cadenaser.com/emisora/2016/11/29/radio_madrid/1480407986_257522.html

No solo respaldó al director de su colegio en Alcorcón, Carlos Martínez, cuando a principios de este curso envió una carta a todos sus alumnos en la que comparaba la ley contra la homofobia con el fanatismo terrorista y criticaba al islam, sino que Juan Carlos Corvera, empresario -dueño de la constructora Construcciones CYC- y presidente de la Fundación ultrarreligiosa Educatio Servanda, no tiene reparos ni complejos cuando expresa en público su punto de vista sobre el papel de la mujer en la sociedad.

En el mismo Congreso de Educadores Católicos organizado por su Fundación en 2015 en el que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, arremetió contra las feministas a las que tachó de mujeres “frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas”, Corvera hizo de maestro de ceremonias para introducir el tema propuesto para aquella cita: “La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación”. Según explicó él mimo, “pretende cuestionar esa supuesta igualdad en todo entre hombres y mujeres, lo cual dice bien de la falta de complejos de esta institución”.

Corvera hizo un alegato en contra de la pretendida igualdad de derechos. “Reivindicamos esta diferencia entre el hombre y la mujer, reivindicamos el feminismo femenino, reivindicamos a la mujer distinta del varón“, inició Corvera su intervención ante este Congreso, para añadir citando al Papa Juan Pablo II “la mujer no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia identidad femenina”. Un discurso en el que llegó a culpar a la mujer de perjudicar a los hijos por su ausencia en el hogar: “”El nuevo reparto de roles entre el hombre y la mujer ha reconfigurado la estructura interna de la familia, célula básica de la sociedad, y con la familia la educación de los hijos. Es una consecuencia innegable que la menor presencia de la mujer en el hogar ha terminado también teniendo efectos importantes en la educación de los hijos que se han traslado después a la escuela”.

Este empresario, muy cercano al obispo de Getafe, y al alcalde de Alcorcón, aseguró también que la igualdad perseguida entre hombre y mujer “es el umbral de la desestructuración de la persona que acaba con el caracter sexuado de la especie humana“, y que acaba en lo que él llama “ideología de género”. Un ataque más, como es habitual desde su Fundación y sus colegios, al colectivo LGTBi.

Este curso escolar, la Fundación de Corvera, ha recibido casi cuatro millones de euros de la Comunidad de Madrid por los conciertos educativos de los dos colegios que tienen en la región, el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón (por el que ha recibido 2,6 millones) y el del mismo nombre de Parla (1,2 millones) Además, esta Fundación se nutre de las aportaciones de los padres y madres de los alumnos de sus centros. En el caso del colegio de Alcorcón, como les contó la Cadena SER, se cobra una cuota mensual a las familias de más de 150 euros por un paquete de actividades que se imparte en horario lectivo y por servicios como las tutorías.

La Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación sobre el colegio Juan Pablo II de Alcorcón a raíz de la carta homófoba de su director que adelantó la Cadena SER.

La comunidad educativa exige a Cifuentes recuperar el suelo público cedido a los centros privados

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Ya era hora de exigir que se recupere el suelo público regalado a los centros privados:

http://www.elboletin.com/nacional/141791/comunidad-educativa-cifuentes-suelo-publico.html

El Gobierno de Cristina Cifuentes y la comunidad educativa persiguen el ansiado Acuerdo para la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Un proyecto bilateral en el que el Consejo  Escolar de la Comunidad de Madrid, formado por organizaciones del ámbito educativo madrileño, ya ha asentado unas bases “imprescindibles para que pueda darse”.

Unos cimientos constituidos por un total de 35 medidas fundamentales con las que las organizaciones buscan recuperar y reforzar una educación pública que se ha visto lastrada por un “modelo educativo madrileño, experimentado y puesto en marcha en nuestra Comunidad antes de que fuera extendido con la LOMCE, que ha fracasado”.

De esta manera, 14 entidades, entre las que se encuentran algunas como CCOO, UGT, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de Madrid), identifican como problemas a resolver la revisión de “la ocupación de suelo público por centros privados que gozan de concierto”. Un escrutinio determinante para así poder establecer “mecanismos” que procedan “a revertir el uso” de ese suelo “para la red pública”.

Una cuestión que va acompañada del requisito de crear centros educativos “en función de las necesidades de cada zona, realizando una suficiente oferta pública y gratuita en todas las etapas y enseñanzas”, así como “aprobar un plan de recuperación y renovación de los centros educativos públicos, garantizando la adecuación de sus espacios a las necesidades actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética”.

Recuperar y mejorar el trabajo del personal educativo
 
Eso a nivel de la red escolar, pero no puede existir un pacto educativo, según el Consejo Escolar, sin “recuperar y ampliar las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales”. Una crisis económica que se ha llevado por delante personal de colegios e institutos y que ha dejado en una situación de inestabilidad a las plantillas. Por eso, una de las bases del acuerdo debe ser “garantizar la estabilidad” de estos profesionales “para favorecer el desarrollo y continuidad de sus proyectos educativos”.

Directamente, la competitividad que ha traído la LOMCE también afecta a los profesionales de la educación y por ello el Consejo Escolar exige que se modifique “el funcionamiento de la inspección educativa”. Algo que se podría alcanzar, según las organizaciones, “garantizando su profesionalización e independencia respecto a los responsables políticos mediante la oportuna normativa y rango jerárquico adecuado de sus máximos responsables”.

Pero no sólo se debería pasar a examen ciertos aspectos educativos. Según reclama el Consejo Escolar, en la Comunidad de Madrid se tendría que llevar a cabo una evaluación del “sistema educativo en todos sus extremos, incluyendo a la propia Administración educativa y todos los sectores que intervienen en el mismo”. Todo con un objetivo concreto: no competir entre centros sino buscar “los elementos a mejorar con el objetivoy compromiso explícito de destinar los medios adecuados para ello”.

Lucha contra la desigualdad
 
Recientemente, un informe de Save the Children ha determinado cómo el abandono escolar se ha disparado entre las familias con menos recursos. Es más, las cifras manejadas por la ONG sentenciaron que el 43% de los niños del quintil más pobre de la población española (20%) abandonó prematuramente sus estudios en 2015 frente al 20% de la tasa media española.

Unos datos que han llevado a la comunidad educativa a instar al Gobierno de Cifuentes, como base para el acuerdo, a que se desarrollen “políticas de equidad que garanticen que ninguna persona deje de cursar enseñanzas por falta de recursos económicos, la gratuidad del material escolar (incluyendo libros de texto, soportes digitales o cualquier otro que se use), la recuperación de las ayudas para transporte escolar y las becas de comedor, con financiación suficiente para atender todas las necesidades”.

Una serie de objetivos que serían complicados de alcanzar si no se cumple otro de los requisitos fundamentales para el Consejo Escolar: “Aumentar la inversión educativa en la Comunidad de Madrid para conseguir una educación de gestión y titularidad pública de calidad, alcanzando, al menos, la media europea en gasto por alumno”.

Rapapolvo de Bruselas a la educación española

 

Lógicamente, no podía ser de otra forma:

http://www.elplural.com/sociedad/2016/11/07/rapapolvo-de-bruselas-la-educacion-espanola

Cinco leyes educativas ha tenido España desde la restauración de la democracia, las tres últimas en apenas 14 años. Este vaivén en el modelo educativo español, y la incapacidad de los distintos gobiernos y congresos para alcanzar un acuerdo amplio en un tema tan importante para la sociedad, han producido que este lunes la Comisión Europea ponga el grito en el cielo y exija medidas urgentes al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia.En un demoledor informe, Bruselas sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y uno de los miembros comunitarios que gasta menos y peor en educación. La Comisión señala directamente a una “presión presupuestaria importante” para explicar los grabes problemas de financiación de un “sistema de cualificaciones eficaz y equitativo”.

Poco e ineficaz

Actualmente, el gasto en educación de España es el 4,1% del PIB, uno de los más bajos de la UE y que se ha visto disminuido desde el estallido de la crisis. Aunque esta reducción se ha detenido en 2015 y 2016, “los recortes acumulados previamente han disminuido el capital disponible para educación” y “han reducido la equidad”, señala el Ejecutivo comunitario.La Comisión señala también que este dinero destinado a educación, además de poco, se usa de forma ineficaz, poniendo como ejemplo las “considerables diferencias” en las tasas de matriculación y financiación pública entre comunidades autónomas que “aumentan las desigualdades a nivel nacional”.Incluso desde Bruselas no dudan en señalar la “fuga de cerebros”, “movilidad exterior” para la ministra Fátima Bánez, que se está produciendo en los universitarios españoles hacia el extranjero, lo cual “podría exacerbar los efectos de la crisis”.https://drive.google.com/file/d/0B6G9lA9aTTz6V1NnbmtHWnBfMEk/preview

Abandono y repetición sin soluciones

Uno de los principales problemas para la Comisión Europea en la educación española, bien conocido desde hace años, es el alto grado de abandono escolar. Esta tasa, correspondiente a la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que han dejado el sistema sin completar la educación secundaria, se ha reducido levemente en los últimos años, pasando del 21,9% en 2014 al 20% en 2015, aunque sigue siendo de las más entre los 28 de la UE.

El informe del Ejecutivo comunitario señala que, si bien la última ley educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la LOMCE, se propuso como primera prioridad reducir este porcentaje a través de la nueva Formación Profesional Básica como itinerario alternativo, “tras dos años de funcionamiento, las tasas de matriculación y de transición son bajas, lo que cuestiona la eficacia del programa”.Otro grave problema para Bruselas es el alto grado de repetición de cursos con un 32,9% en España, muy por encima de la media del 12,4%, lo que agrava en gran medida la desigualdad entre estudiantes y para lo que la LOMCE no plantea ninguna solución.

Parálisis política

Además de las “dudas” sobre el futuro de la LOMCE, la La Comisión Europea destaca la falta de avances en la reforma educativa en España como consecuencia del bloqueo político del último año.“El bloqueo político de 2016 ha frenado el progreso en materia de reformas educativas, ya que existen dudas sobre el futuro de la Ley Orgánica 8/2013para la mejora de la calidad educativa, y la reforma de la profesión de docente sigue paralizada”, indica el estudio.El propio ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha admitido este problema en su reunión con el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, justo el día que se ha publicado el informe. De Vigo ha declarado que espera “recuperar el tiempo perdido”.

Recado a las universidades

Además de para el Gobierno, la Comisión Europea también tiene deberes para las universidades españolas, a las cuales reclama una mayor cooperación entre ellas y el sector privado, así como la revisión de sus sistemas de gobernanza y financiación, señalando que tampoco “proporciona suficientes incentivos para la cooperación”. “El reclutamiento de los profesores y el sistema de promociones limitan la movilidad del personal tanto entre universidades como entre universidades y empresas. Es más, el sistema de financiación de las universidades se basa principalmente en criterios cuantitativos y no premia la innovación”, recalca Bruselas.

Naomi Klein sobre educación

noviembre 7, 2016 1 comentario

Categorías:Uncategorized

La huelga y manifestaciones contra las ‘reválidas’ coinciden con el debate de investidura

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Una huelga con mucha razón:

http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-huelga-manifestaciones-contra-revalidas-coinciden-debate-investidura-20161025174459.html

La huelga y manifestaciones contra las ‘reválidas’ coinciden con el debate de investidura

La jornada de huelga educativa desde Infantil hasta la Universidad contra las evaluaciones finales de la LOMCE, convocada este miércoles 26 de octubre por el Sindicato de Estudiantes y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), coincide con el arranque del debate de investidura de Mariano Rajoy. PUBLICIDAD inRead invented by Teads    Estas organizaciones han convocado también manifestaciones y concentraciones en todas las comunidades autónoma …

Leer mas: http://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-huelga-manifestaciones-contra-revalidas-coinciden-debate-investidura-20161025174459.html

 

 

Las cuatro decisiones del ministro de Educación que han desembocado en la huelga contra las reválidas

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Razones para una huelga con mucha razón:

http://www.eldiario.es/sociedad/Mendez-Vigo-huelga-oposicion-revalidas_0_572892837.html

El 24 octubre de 2013 Madrid vivió una de las  manifestaciones por la educación más multitudinarias que se recuerdan. Fue el broche final de una huelga general educativa en toda España contra la LOMCE. El miércoles, tres años y dos días después, estudiantes, familias y docentes –esta vez sin convocatoria conjunta de huelga general educativa a nivel estatal– vuelven a la calle para protestar de nuevo contra la misma ley, implantada ya por completo y con su medida más polémica, las reválidas, en entredicho.

A los paros se ha convocado a familias (CEAPA) y estudiantes de toda España (Sindicato de Estudiantes y FAEST), aunque solo en Madrid a todos los niveles salvo los universitarios -desde Educación Infantil a Formación Profesional-. Los profesores pararán en la capital, en Andalucía y en Murcia, según los convocantes. En Euskadi están llamados a hacer paros parciales de una hora.

La huelga se produce solo tres días antes de que Mariano Rajoy sea investido presidente del Gobierno, según lo previsto. Hasta entonces, el Ejecutivo sigue en funciones, con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, responsable de la aprobación del real decreto de reválidas, al frente de la cartera de Educación.

Esta es la segunda vez – la primera fue en marzo– que el sucesor de José Ignacio Wert tiene que lidiar en funciones con una huelga educativa. Desde que llegó el PP al Gobierno en 2011 son, con mayor o menor intensidad, más de una veintena. En este caso, además, los paros aterrizan como la última muestra de una oposición unánime, tanto política como social, a las pruebas finales de evaluación en ESO y Bachillerato.

Todos los grupos de la oposición las han rechazado en el Congreso y varias comunidades autónomas aseguran que no las harán. Algunas han puesto recursos por la vía judicial contra las pruebas. Las evaluaciones tampoco terminan de cuadrar a sectores menos movilizados contra la LOMCE, como las asociaciones de colegios privados, por ejemplo.

El Ministerio de Educación continúa, con todo, adelante con las reválidas que, dicen, “ se harán con toda tranquilidad“. Las últimas actuaciones de Méndez de Vigo, pese a los mensajes de calma, no han contribuido a sosegar la inquietud de la comunidad educativa: profesores de ESO y Bachillerato que no saben para qué tienen que preparar a sus alumnos y estudiantes con pocas certezas sobre cómo terminarán el curso, las mismas que cargan sus familias.

Recopilamos los últimas actuaciones controvertidas del ministro que han desencadenado la convocatoria de esta protesta para “vaciar las aulas” y tomar la calle contra las reválidas, la LOMCE y los recortes en educación.

El decreto “a la espalda de la comunidad educativa”

29 de julio. Pleno verano. El Gobierno informa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que el real decreto para la implantación de las reválidas de ESO y Bachillerato ha sido aprobado unilateralmente. El desarrollo, que confirmaba la realización de las pruebas por primera vez en junio de 2017, salió adelante con el rechazo manifiesto a las evaluaciones de todas las comunidades no gobernadas por el PP y con la oposición de la comunidad educativa.

Pasar las pruebas, se concretó entonces, es obligatorio para obtener el título de ESO y Bachillerato, aunque este primer año solo contarán para hacer la media (al modo de la antigua PAU). La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia, como también han manifestado algunos partidos políticos en sede parlamentaria, que la “imposición” de las reválidas es el “punto final de una imposición sistemática de una ley orgánica aprobada sin consenso”.

Especialmente problemática es la situación en la que quedan los alumnos y alumnas que suspendan dos veces la prueba de 4º de la ESO, cuya única salida es retroceder en el sistema y estudiar una FP Básica.  “Las reválidas no tendrán un impacto positivo en el rendimiento ni aportan información sobre las capacidades de los estudiantes. Además, deslegitiman la labor de los docentes en ese ánimo de revalidar el proceso de evaluación continua”, dicen desde UGT.

Un portavoz de los Movimientos de Renovación Pedagógica sostiene, en la misma línea, que estas evaluaciones convierten a los institutos en “centros de exámenes”, a los profesores en “pasadores de prueba” y a los estudiantes en “competidores”.

El plantón en el Congreso

Argumentos similares a los expresados por la plataforma convocante de la huelga –formada por CEAPA, UGT, CCOO, Sindicato de Estudiantes, STEM, MRP– se han escuchado hasta en dos ocasiones en dos plenos del Congreso de los Diputados. Una, en abril, cuando se debatió una Proposición de Ley del PSOE para paralizar la LOMCE; la otra, hace apenas tres semanas, a cuenta de la Proposición No de Ley del Grupo Mixto. Las dos iniciativas fueron respaldadas por la Cámara Baja.

En la última ocasión, el ministro optó por ausentarse del debate de la PNL y solo apareció al final del Pleno, cuando se llamó a los diputados a votar. Ganó el sí, con 175 votos frente a 133 noes. Ciudadanos, como pasó en abril, se abstuvo, aunque ha manifestado estar en contra de las reválidas.

El partido de Albert Rivera, a través de la diputada Marta Martín, hizo público el viernes un compromiso verbal con el ministro de Educación para aplazar cuatro años la implantación de las reválidas tal y como las concibe la ley. La idea, según la formación naranja, es esperar ese periodo de tiempo para que el aprobado de las pruebas sea condición sine qua non para titular. Un portavoz oficial del Ministerio ha desmentido a eldiario.es tal acuerdo.

La plataforma convocante interpreta el anuncio como una “maniobra para desmovilizar” y da poco crédito a las “promesas” del Gobierno en funciones. “No nos creemos una palabra”, añaden.

Una implantación contrarreloj

El Gobierno, por estar en funciones, está encontrando algunos obstáculos para la implantación completa de las pruebas finales de evaluación, lo que ha hecho crecer la inquietud de estudiantes y profesores que ven pasar las semanas sin un calendario claro de organización. “ No sabemos cómo plantearlo, vivimos en la desinformación“, contaban a eldiario.es varios docentes de Bachillerato.

El anterior ministro, José Ignacio Wert, dejó antes de su marcha a París todos los plazos fijados. El calendario  se ha ido cumpliendo a trompicones hasta topar con la falta de presidencia y vicepresidencia en el Consejo Escolar del Estado. Sin ellos no es posible convocar a la comisión permanente, órgano que debe dar el visto bueno a la orden ministerial que desarrolla las bases de los exámenes.

Con las previsiones actuales, el Gobierno podrá resolver este trámite, en manos ahora de la Abogacía General del Estado: si se forma Ejecutivo en unos días hay tiempo suficiente para que el ministro de Educación nombre a un presidente del Consejo y desbloquee la situación.

La fecha límite para dar luz verde a la orden ministerial es el 30 de noviembre. Después, cada comunidad autónoma tendrá que elaborar, sobre las bases aprobadas por el Ministerio, sus propias pruebas. “Ahí las comunidades van muy justas, a lo mejor consiguen cerrar la cuestión a pocos meses de realizar las reválidas”, argumenta José Luis Pazos, de CEAPA.

Reuniones inútiles

Durante el último mes, el ministro de Educación en funciones se ha reunido con la mayor parte de colectivos de la comunidad educativa en una ronda de contactos para acercar posiciones de cara a un futuro pacto educativo, según el Gobierno. A todas esas reuniones, Méndez de Vigo acudió sin propuestas, “con la voluntad de escuchar”.

Para CCOO, los encuentros fueron “marketing político”. “Buscan la foto, esa imagen de Gobierno dialogante”, opina el Sindicato de Estudiantes. Los colectivos integrantes de la Plataforma Regional por la Escuela Pública afean que sea ahora, con un Gobierno en funciones, cuando Educación quiere escucharlos. Lo que venga a partir de ahora lo tienen claro: “Lo que nos espera, si seguimos, es un Ejecutivo que va a dar continuidad a cinco años de desolación en política educativa. No lo aguantamos y no lo aguantaremos”.

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Huelga general 26 octubre

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