Educación, la privatización que no cesa
Artículo básico para conocer la privatización de la educación en nuestro país, lectura obligada:
Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.
Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.
“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”
El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.
La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.
Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su comunidad educativa. La trampa está en que no se va a construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.
Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.
“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”
Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.
Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.
“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”
El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.
Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.
Más de 100.000 madrileños viven en zonas donde no hay instituto público
Van Grieken sigue la demolición controlada de la educación pública de Madrid que iniciaron Figar/Aguirre:
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, liderada por Rafael van Grieken, ha puesto en marcha esta semana el plan para desarrollar centros educativos trilingües a partir del próximo curso. La idea es que los colegios bilingües incorporen paulatinamente la enseñanza de una tercera lengua. El primer año (2017-2018) serán dos centros los que inicien el programa piloto.
Sin embargo, para unos tanto y para otros tan poco. Esa es la sensación al menos que tienen varias asociaciones de padres de la Comunidad de Madrid, así como plataformas en defensa de la Educación Pública, que critican que la Consejería de Educación dedique todos sus esfuerzos en el proyecto trilingüe y no en ofertar educación secundaria pública a los madrileños.
Barrios de la capital, como Las Tablas, Rejas o Montercamelo, zonas como La Garena en Alcalá de Henares o la localidad de Loeches no disponen de ningún Instituto público de Enseñanza Secundaria. Lugares que suman más de 100.000 habitantes.
La joya del ‘despropósito’ sucede en el barrio madrileño de Las Tablas (37.000 habitantes), tal y como detalló elboletin.com hace unos días, donde la construcción del IES Las Tablas camina tan lento – solicitado desde el 2006 – que los estudiantes inscritos comenzarán el curso en un centro concertado privado. Algo similar a lo que sucedió en Arroyomolinos y por el que la Comunidad acabó pagando el alquiler de las instalaciones del centro privado.
Esa es una de las principales preocupaciones de las asociaciones de padres de estas zonas, la constatación del desarrollo de un modelo que beneficia y promueve la enseñanza privada en detrimento de la pública. Aunque esto no es un problema exclusivo de Las Tablas, Rejas o Loeches. Muchas zonas como Boadilla del Monte, Las Rozas o Getafe, impiden a los padres inscribir a sus hijos/as en institutos públicos por la falta de oferta.
Eso no sucede en el barrio madrileño de Montecarmelo o Rejas, donde directamente no hay oferta. Se calcula que en estas dos zonas viven cerca de 35.000 personas, y ninguna de ellas puede acudir o enviar a sus hijos/as a un instituto público cercano. Todas las opciones pasan por inscribirlos en institutos de otros barrios.
En el barrio de Rejas, por ejemplo, la mayoría de los alumnos que terminan Primaria acuden al IES Alameda de Osuna. La Consejería de Educación se ha comprometido a estudiar un plan de viabilidad para la construcción de un instituto público. Sin embargo, la dotación aportada no parece convencer a las asociaciones de padres. 30.000 euros para el estudio geotécnico y para el proyecto.
Fuera de la capital, pero dentro de la región, este problema comienza a ser un hábito. A los traslados ‘temporales’ a otros centros, como sucede en Las Tablas o en Paracuellos del Jarama, se une el ‘olvido’ que sienten los 30.000 habitantes del barrio de La Garena en Alcalá de Henares, o los 8.000 de Loeches, donde no tienen ningún instituto público.
En varios de estos casos, como en Las Tablas o Arroyomolinos, donde muchos estudiantes deben ser trasladados a otros centros por la lentitud de las obras, el problema nace del proceso de licitación de las obras de la Comunidad de Madrid, cuya principal razón de otorgar una adjudicación se basa en el precio. Cuanto más barato, más probabilidades de obtener la licitación. Que luego se haga el instituto, es otra cosa.
Investigan la concesión de tres colegios de Madrid a un sobrino de López del Hierro
Más mafia del PP en la concesión de colegios concertados madrileños, subvencionados y pagados por los madrileños:
Colegios en el punto de mira por su adjudicación. La empresa Antana Educación se ha hecho desde 2008 con la gestión de centros educativos en tres municipios de la Comunidad de Madrid, todos gobernados por el Partido Popular: Villanueva del Pardillo, Paracuellos del Jarama y Leganés. Sin embargo, grupos de la oposición han denunciado a dos de los tres alcaldes por la forma en la que traspasaron los terrenos a la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar. Los opositores relacionan la adjudicación con determinados intereses y conexiones políticas por parte del consejero delegado de la empresa adjudicataria, Jorge López del Hierro, sobrino del marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran a El Confidencial que sendas adjudicaciones se rigieron por “los mismos criterios que se siguen en todos los concursos públicos” y señala a los ayuntamientos como los responsables de ceder los terrenos para uso educativo. “El ayuntamiento aprueba el traspaso. La consejería únicamente se limita a sacar el concurso público y concedérselo a la compañía que reúna las condiciones más óptimas”. De hecho, las mismas fuentes aseguran que Antana Educación pujó por la concesión de otros colegios que fueron a parar a manos de otras compañías, pero no quisieron desvelar cuáles.
El primer traspaso se firmó en Villanueva del Pardillo en mayo de 2010, cuando se entregó, de manera gratuita y por 75 años, un suelo valorado en más de 4,1 millones de euros. Izquierda Unida demandó al ayuntamiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 le dio la razón en junio de 2011, según desveló Estrella Digital. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó porque el juez pidió un aval de 300.000 euros para demoler el colegio, pero no lo consiguieron.
Leganés copió el modelo de Villanueva del Pardillo tras las elecciones de mayo de 2011. Otra vez a puerta cerrada se aprobó la cesión gratuita de un terreno, este valorado en 33 millones de euros. Los tres grupos de la oposición denunciaron el proceso porque el negocio volvió a superar el 10% del presupuesto municipal. En paralelo, el partido independiente de la localidad ULEG va a pedir un pleno monográfico para aclarar si existen vínculos familiares entre los gestores de los centros educativos y el PP.
Sin ir más lejos, Jorge López del Hierro es consejero de dicha compañía, junto con Germán García Cordero, desde el pasado mes de junio. Antes había salido de la compañía su hermano Francisco Javier.Los dos son sobrinos de Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general del Partido Popular. Desde la Consejería de Educación aseguran que “desconocen” si existe algún parentesco entre los adjudicatarios y la secretaria general del PP. Además, subrayan que desde que se adjudicaron los centros no ha habido ningún problema en ninguno de ellos.
Las guarderías ‘Mis Pollitos’, clave para la detención de Ignacio González en la ‘Operación Lezo’
Noticia que muestra como Aguirre, González y los demás mafiosos privatizaban la educación pública para llenarse los bolsillos propios:
La fundadora del grupo de guarderías aparece como presidenta del Grupo Empresarial Chickies en la que también está presente la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el empresario Alberto Pérez de la Sal, a quien compraron la mansión de Aravaca a un precio menor que el de mercado, según informa El Español
Salamanca entra en la ‘Operación Lezo’ como una pieza clave para esclarecer lo sucedido. Al menos, el juez Eloy Velasco, encargado instructor, así lo cree. La fundadora del Grupo Mis Pollitos, una red de guarderías que nace en 2007 tratando de reinventar el concepto, aparece en cierta medida dentro de un caso con muchas aristas con una gran importancia para llegar a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
‘El Español’ así lo publica este domingo, en el que sitúa a esta salmantina como presidenta de un Grupo todavía no constituido y que podría ser destinado a blanquear el dinero de origen ilícito del que disponían. Al parecer, según Eloy Velasco, este era el ‘modus operandi’ de la mujer de Ignacio González y el hermano de esta, que pusieron en marcha varias sociedades con este fin.
La relación entre la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid y la fundadora del Grupo Mis Pollitos surge a finales de 2016, según ‘El Español’, una vez que Lourdes Cavero, así se llama la esposa, se puso en contacto con esta salmantina, aclamada por sus premios como emprendedora, para poner en marcha su propia red de guarderías.
Así se formó Grupo Empresarial Chickies, esta sociedad dedicada al cuidado de niños que nunca llegó a ver la luz y, ni siquiera, presentó ningún informe en el Registro Mercantil. La salmantina iba a ser la presidenta de un Grupo en el que también aparecían nombres relacionados con otros casos de corrupción. El más sonado, siempre según ‘El Español’, el CEO de la inmobiliaria a la que le compraron la mansión de Aravaca con unos 200.000 euros de reducción sobre el precio de mercado, Alberto Pérez de la Sal, y que también era trabajador de otras empresas investigadas en la ‘Trama Púnica’. Todos estos lazos, investigados por el juez, han sido claves para arrestar a Ignacio González.
La Junta tarda nueve meses en revisar un examen de oposición
Noticia importante para todos los interinos, en esta época de escasas plazas y abusos en las oposiciones la Junta de Andalucía tardaba nueve meses en revisar un examen de oposición. En Madrid es peor, tardan más de un año, y los tribunales de oposición en Madrid están plagados de tribunos voluntarios con opacas intenciones como trepar o beneficiar a sus amigos.
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/01/58fb3ed8e2704e0f528b4579.html
La Junta responde en marzo a una queja sobre la valoración de una prueba que se realizó el mes de julio anterior
La Junta reconoce que hay instancias judiciales instando a revisar los exámenes, pero añade que no hay constancia de que «ningún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa»
Cuando Luis Carlos Nogués terminó el primero de los exámenes de las oposiciones a profesor de Secundaria de la especialidad de Geografía e Historia estaba convencido de haber realizado un buen trabajo. Todavía lo está, de hecho. Pero el tribunal que lo evaluó opinó de manera diferente y le puntuó la prueba con un 4,1 sobre 10. Pensó entonces que debía tratarse de un error y solicitó una revisión. Y fue entonces cuando conoció el muro normativo infranqueable que impide a los opositores tener acceso siquiera a las correcciones del examen ni, por supuesto tampoco, a una revisión del mismo.
El tribunal se negó a enseñarle la prueba y le remitió a lo dispuesto al respecto en la orden de convocatoria de las oposiciones que, como toda garantía procesal para los opositores, sólo prevé la reclamación por la vía del recurso de reposición y del contencioso-administrativo, una vez que se conozca el listado definitivo de aprobados en la oposición, o sea terminado todo el proceso y sin posibilidad ya de participar en el mismo.
Nueve meses después de presentar su recurso por su disconformidad con la nota recibida, Luis Carlos Nogués recibió un escrito, con fecha de 28 de marzo de 2017, en el que la administración, como cabía esperar, rechaza su recurso, detallando las razones que llevaron al tribunal a imponerle un 4,1750 de nota de evaluación.
«El desarrollo del tema peca de excesivamente descriptivo», le explican en un momento dado. «Se abusa del punto y seguido, incluso cuando cambia de concepto», añade, por otro lado, el escrito de respuesta al recurso de reposición.
Luis Carlos Nogués admite que su propia evaluación del examen realizado puede no ser objetiva. Pero lo que a Nogués no le cuadra es que, para acceder a una revisión de la prueba haya tenido que esperar nueve meses lo cual, en ningún caso garantiza sus derechos, pues en su momento se le negó la posibilidad de presentarse al segundo examen y, por tanto, aunque la administración hubiera reconocido un error en la evaluación, la puerta de las oposiciones hace ya nueve meses que se le había cerrado.
«¿De verdad piensa alguien que la Junta va a darle la razón a un opositor nueve meses después? ¿Cómo se le repararían sus derechos en ese caso?», se pregunta Nogués que, desde la convocatoria pasada ‘pelea’ por un proceso de selección de personal más justo y, sobre todo, más transparente en el área de Educación.
Este licenciado en Geografía e Historia investiga desde el pasado junio cada paso en la Consejería de Educación para poner en marcha unas oposiciones y ha concluido que el proceso es un campo abonado para las arbitrariedades, desde la elección de los miembros del tribunal hasta la falta de una vía ágil de revisión de los exámenes.
Su opinión con respecto a la opacidad de los tribunales la comparte el sindicato APIA, que ha reclamado en reiteradas ocasiones «que se sustituya el actual sistema de libre designación de los presidentes de los tribunales y de las comisiones que bareman los méritos de los opositores por un sistema objetivo de méritos profesionales que responda a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Manuel Fernández, presidente de APIA, considera que «con el sistema actual la Consejería elige de forma unilateral a quiénes nombra» para puestos tan importantes como la presidencia de los tribunales y de las comisiones de baremación de los méritos, un apartado fundamental en un concurso-oposición, y resulta llamativo que algunas personas repitan con cierta habitualidad en esos puestos por decisión unilateral de la Consejería».
Pero no sólo los presidentes de los tribunales, elegidos a dedo en cada convocatoria, repite. Con sorpresa, Luis Carlos Nogués ha podido comprobar cómo hay vocales (que en teoría son elegidos por sorteo) que también aparecen en diferentes convocatorias hasta en cuatro ocasiones diferentes.
Con respecto a la negativa de la Consejería de Educación a incluir en su normativa un plazo para la revisión de los exámenes por parte de los opositores que así lo reclamen, resulta especialmente llamativo dado que éste es un derecho de cualquier examinando en cualquier etapa de la educación. Así, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la Universidad, existen dos vías alternativas de revisión de libre elección para los alumnos.
Infalibles
Para la Consejería de Educación, sin embargo, sus tribunales tienen prácticamente el don de la infalibilidad. Eso al menos se desprende de una respuesta parlamentaria realizada a preguntas de la diputada del PP Patricia del Pozo, en la que se recuerda que cada tribunal (242 en el último proceso) dispone de un modelo de plantilla de corrección con hasta 20 ítems, dependiendo de la especialidad, «de manera que las calificaciones de los órganos de selección obedezca, en todo momento, a los mismos criterios». «Cada miembro del tribunal ha debido rellenar una ficha por cada prueba o parte de prueba, basada en los referidos criterios de corrección».
«Además, -continúa la Consejería de Educación en su respuesta- la calificación final del ejercicio constituye la media de las calificaciones de los cinco miembros, anulándose, de conformidad con las bases de la convocatoria, las notas máxima y mínima, si entre las otorgadas por los miembros del tribunal hay tres o más puntos de diferencia». «Es difícil, por tanto que un posible error en la calificación de un miembro no sea advertido por los cuatro restantes, lo que da suficientes garantías al proceso», dictamina la consejera Adelaida de la Calle en su respuesta al PP.
Y añade: «Efectivamente hay providencias judiciales instando a los órganos de selección a revisar e informar de ejercicios de la fase de oposición, pero también es cierto que no hay constancia de que algún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa».
Otro mecanismo para dotar de transparencia el proceso, habitual en las convocatorias de oposición para profesores en otras comunidades autónomas es la lectura pública de cada uno de los exámenes, que tampoco se utiliza en Andalucía.
Un proceso de 40 días
La Consejería de Educación defiende su actual modelo apelando a la necesidad de que todo el proceso de selección se ajuste a un plazo máximo de 40 días, de manera que no se altere «el normal desarrollo de la labor educativa durante el periodo lectivo», y a su vez se permita emplear el mes de agosto para que la Administración pueda llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de los destinos provisionales, al «objeto de que los docentes que hayan obtenido plaza en el proceso selectivo tengan asignado un destino para el siguiente curso».
En la convocatoria a la que se presentó el aspirante Luis Carlos Nogués se presentaron 23.805 opositores para 1.674 plazas de Secundaria, según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación. El tribunal que calificó a Luis Carlos Nogués tenía que evaluar a 121 aspirantes. Por comparar con otros procesos con mayores garantías, cabe recordar que a la convocatoria de selectividad del pasado mes de junio se presentó un total de 43.000 alumnos andaluces.
El PP de Madrid pagó la campaña de 2011 con falsos informes sobre la crisis y el paro
Esta noticia no es educativa pero sirve para demostrar la degeneración del PP de Madrid que recorta en políticas sociales y acude dopado a las campañas electorales:
El Partido Popular de Madrid desplegó un arsenal de engaños para inyectar fondos en sus campañas electorales sorteando los controles de los organismos de fiscalización. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la formación recurrió a una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, para contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos deintención de voto en municipios de máximo interés para Génova.
El presunto fraude se habría producido en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, en las que Esperanza Aguirre volvió a imponerse con mayoría absoluta y arrasó al PSOE en las principales ciudades de la región. Las pesquisas del caso Púnica han permitido comprobar ahora que el PP acudió a esos comicios y también a las municipales de 2007 y a las generales de 2008 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, una superación sistemática del gasto permitido en las campañas. En el caso de 2011, el exceso presupuestario rondó los1.546.000 euros, según la investigación.
Las facturas y las encuestas que probarían la trampa de los falsos estudios de desempleo fueron localizadas por agentes del Instituto Armado el pasado marzo en la agencia de investigación de mercados Demométrica, una de las mercantiles que están acusadas de haber colaboradocon los populares en la ocultación de su caja B. Según consta en el sumario, la clave radica en cuatro facturas de esta firma que suman 39.156 euros IVA incluido y fueron abonadas por Fundescam.
La primera de ellas tiene fecha del 31 de enero de 2011 y asciende a 11.835 euros. Supuestamente, se corresponde con trabajos de “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del ‘Cinturón Industrial Sur‘”. La UCO no encontró ningún documento relacionado con el concepto de la factura, pero sí localizó encuestas de intención de voto en Parla y San Martín de la Vega, dos municipios del llamado Cinturón Industrial Sur en los que los populares aspiraban a desbancar al PSOE. A juicio de los investigadores, la factura sólo tenía como objetivo esconder la utilización de fondos de Fundescam para abonar servicios que tenían como único beneficiario al PP.
En la propia carátula de los informes encontrados por la Guardia Civil e incluidos en el sumario se anuncia que se trata de estudios sobre el “estado de opinión de la población sobre su ciudad y su alcalde”. En concreto, analizan la “intención de voto”, la “fortaleza de los partidos”, la “notoriedad y valoración de líderes”, “los segmentos de afinidad e imagen del alcalde/sa” y la “valoración situación y calidad de vida en el municipio”. Sólo en este último capítulo, de apenas tres páginas, aparece alguna mención al problema del desempleo, pero siempre vinculado a la gestión del partido de turno que gobernaba la ciudad correspondiente en aquel momento.
La segunda factura abonada por Fundescam reproduce el mismo esquema. Lleva fecha del 15 de febrero de 2011 y ascendió a 19.841 euros. Según el concepto, se trataría de otro encargo para la “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del “Corredor del Henares” y “Zona Norte” de la Comunidad de Madrid”. Pero esos trabajos tampoco han aparecido. La factura se corresponde, nuevamente, con otras encuestas de intención de voto de Alcalá de Henares, Coslada y San Sebastián de los Reyes, ubicadas en las mismas zonas que refleja el concepto de ese segundo documento de pago.
Finalmente, el sistema se habría repetido en otras dos facturas, del 17 y 28 de febrero de 2011 e importes de 2.618 y 4.862 euros, respectivamente. Mencionan evaluaciones sobre los efectos de la crisis en la “Zona Oeste” de la Comunidad que tampoco se efectuaron nunca. En esta ocasión, habrían servido para que Fundescam abonara encuestas electorales en los municipios de Boadilla del Monte y Guadarrama.
El propietario y presidente de Demométrica, Alfonso del Corral, admitió en marzo a la Guardia Civil que realizó esos sondeos a petición del Partido Popular de Madrid. El encargado de darle las instrucciones era el gerente de la formación hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, otro de los imputados en Púnica por la presunta financiación ilegal de Génova. Según Del Corral, Gutiérrez le ordenó que unas encuestas fueras cargadas al PP y otras a Fundescam. También le indicó qué conceptos debía poner en las facturas.
El método era sencillo pero permitió presuntamente al PP financiarse de forma ilegal durante tres procesos electorales consecutivos. Por un lado, con la facturación a través de Fundescam, podía gastar en la campaña más dinero del permitido. Los fondos ni siquiera tenían que pasar por la cuenta que la formación debía tener reservada por ley a los gastos electorales. El Tribunal de Cuentas nunca encontró nada extraño. Por otro lado, a través de esa fundación satélite, Génova accedía a recursos extraordinarios. En 2010 y 2011, Fundescam se nutrió esencialmente de ayudas públicas concedidas por el propio Gobierno de Aguirre para ejecutar supuestos proyectos sociales y formativos. Pero la UCO ha constatado a lo largo de la instrucción de Púnica que esos proyectos nunca existieron. Mediante facturas falsas como las de Demométrica, el dinero público que recibió esa organización acabó engrosando la contabilidad opaca del PP.
Por fin dimite la dama de hojalata
Ahora que dimite Esperanza Aguirre, la dama de hojalata, no puedo evitar acordarme de la Marea Verde y todas las manifestaciones contra sus políticas. Tampoco puedo olvidar a todos los que la votaban algremente, no han hecho otra cosa que legitimar la corrupción y el saqueo de Madrid. En este blog lo advertimos muchas veces, hay que ser muy bobo para no ver como Granados y González saqueaban Madrid.
Dos hijas de Ignacio González lograron comprar Viviendas de Precio Público en Madrid
Esta noticia no es educativa pero muestra como la corrupción está tan enquistada en la política de Madrid -y en la sociedad-. Las hijas del último corrupto Ignacio González, antes fueron Granados o Figar, compraron viviendas de protección oficial cuando por renta estaría excluidas:
http://www.eldiario.es/rastreador/Proteccion-Publica-Precio-Ignacio-Gonzalez_6_635946403.html
Las hijas de Ignacio González, que saltaron a la opinión pública por la fiesta del decimoctavo cumpleaños del ‘pequeño Nicolás’ en el polémico ático de sus padres de Estepona, vuelven al foco mediático. Según publica Vanitatis, las hijas mayores de González adquirieron en 2014 dos viviendas de Precio Público (VPP) en un bloque de Valdebebas que comparten con otros 170 vecinos.
Para adquirir este tipo de viviendas, los ingresos familiares no pueden superar 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en ese año se situaba en 6.390,13 y 7.455,14 euros al año (12 y 14 pagas, respectivamente). Es decir, no podrían superar los 35.145,72 o 41.003,27 euros anuales de ingresos familiares.
Lourdes, médico residente, y Patricia, economista, adquirieron sendos apartamentos de 80,62 metros cuadrados sujetas al Premio Máximo Legal de Venta (PMLV) con una hipoteca de 145.000 euros por cada piso, siempre según la sección de corazón del periódico El Confidencial.
La Comunidad de Madrid fija un precio máximo de venta por metro cuadrado útil para facilitar que personas con menos recursos económicos puedan adquirir el inmueble. En particular, las hijas de Ignacio González compartirían número de bloque y letra: una viviría en la tercera planta, y la otra, en la quinta.
La calificación de una vivienda de Protección Pública dura una veintena de años desde la calificación definitiva, aunque se puede solicitar la descalificación quince años después. El segundo precio máximo legal de venta se calculará entonces aplicando un coeficiente del 1,5 al precio de venta inicial actualizado según la variación del IPC. En los próximos años, por lo tanto, Lourdes y Patricia podrían vender sus pisos triplicando el precio, según informa el reportaje.
La esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, también está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo.
Ignacio González desvió 1 millón de euros de ICM
Ahora se entiende mejor las aplicaciones informáticas de ICM que hemos padecido los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Cualquiera que haya padecido AFDI (gestión docente) lo entenderá a la perfección:
Los conciertos: una perversión educativa
Excelente artículo de Agustín Moreno analizando la escuela subvencionada que segrega:
La finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven. Al igual que no se puede educar para la democracia desde un sistema educativo autoritario, es muy difícil conseguir mayor cohesión social si el sistema educativo es segregador.
Hace unos días apareció en la prensa esta información: “Barcelona tiene centros concertados sin ningún alumno inmigrante” y añadía: “Un colegio público de Ciutat Vella tiene un 76% de estudiantes extranjeros; un concertado, cercano el 6%”. En febrero conocimos la “sublevación” de las familias de Vitoria contra la segregación social de los colegios. Todas las AMPAS, sindicatos y organizaciones sociales denunciaban la situación de guetización y empobrecimiento de unos centros frente al clasismo y elitismo de otros. La cuestión es que todos están financiados con fondos públicos. Responsabilizaban al departamento de Educación de no hacer nada ante la concentración muy elevada de alumnado de origen extranjero. Las complicaciones no se plantean por la existencia de alumnos de origen inmigrante, que pueden ser muy competentes, sino por la situación socioeconómica familiar que suele estar asociada, y porque funcionen en régimen de apartheid.
El caso de Madrid, aún es más grave porque las autoridades educativas fomentan la segregación y competencia entre centros. Esto se logra con el modelo bilingüe, la zona única de escolarización y los centros de excelencia y/o especializados. Pero sobre todo, con una descarada desviación de recursos públicos a la concertada. Por ejemplo, en 2015 le dieron 43 millones de euros que no se gastaron en educación compensatoria. Y estamos hablando de la comunidad donde más ha crecido la enseñanza concertada y donde más se ha recortado el gasto por estudiante durante la crisis: un 24,9% en la educación pública no universitaria. La política del PP en Madrid conduce a la subsidiariedad de la educación pública respeto a la privada. Para ello ha aplicado un proceso nada sutil de privatización: cierre de grupos y centros públicos, al tiempo que se regala suelo público y conciertos, a veces incluso en condiciones delictivas.
No son casos aislados, es el sistema. El problema lo crea la doble red existente (pública-concertada) que pervierte nuestro sistema educativo. No se pueden dedicar recursos públicos a un modelo que instaura un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Esta injusta política tiene graves consecuencias: pérdida de alumnado en la pública, creación de guetos y deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Desde el punto de vista educativo y constitucional es intolerable porque quiebra el principio de igualdad de oportunidades, la equidad y la cohesión social.
La privada-concertada ofrece básicamente la selección del alumnado e idearios religiosos para quien le interese. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto a los resultados, al cobro de cuotas ilegales y a la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es que lo estemos pagando todos. Es como si pudiendo ir gratis a un precioso parque público como El Retiro, algunos se empeñasen en que les paguemos entre todos el club de golf porque no se quieren juntar con sus conciudadanos.
Frente a este modelo, la escuela pública tiene calidad por muchas razones. Asegura la gratuidad, la coeducación, la ausencia de ideario religioso, un profesorado bien seleccionado tras una dura oposición, es más democrática en el funcionamiento y abierta a la participación de las familias y el alumnado. Y sobre todo, es el modelo que atiende a la diversidad. Quizá la escuela pública adolece de no hacer suficiente propaganda de sus valores y sus muchos proyectos innovadores. Como muestra comparto alguno de los preciosos vídeos que ahora circulan en plena campaña de matriculación.
Conviene recordar que España es una anomalía en Europa en cuanto a la existencia de centros concertados. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 68% de España). Y es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la escuela pública los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores sociales.
No vale el argumento del supuesto menor coste de la concertada respecto a la pública. Es un mito que se ha venido abajo según diferentes estudios. El Observatorio por la Educación Pública de 2014 ha demostrado que la diferencia es solo de un euro (4.184 € en la concertada y 4.185 € en la pública). Y eso que en la educación pública se incluyen las 4/5 partes del alumnado con mayores necesidades educativas (integración, origen extranjero, Formación Profesional Básica, Diversificación Curricular, etc.). Como dice Manuel Menor, “si la diferencia entre lo que cuesta un puesto escolar en la privada-concertada y la pública es nula, la cuestión es si ha de subvencionar el Estado la distinción social”.
La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. No es compatible un sistema público de calidad con el crecimiento de la red privada, necesariamente selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. A ningún empresario se le puede prohibir crear centros privados, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos y las hijas de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.
¿Soluciones? El Foro de Sevilla -en el que participo-, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como un eje fundamental en todo pacto para una nueva ley de educación la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
El acuerdo social, político y territorial que necesita el sistema educativo en España debe abordar de una vez por todas la existencia de los centros concertados que tienen como función principal el negocio ideológico y/o económico. La posición los ciudadanos debería de ser muy clara: Yo no financio el clasismo en la escuela. Podría ser un lema contra un modelo educativo que atenta contra la equidad.
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