Wert dice que «no será necesario revisar la futura Lomce hasta 2050»

 

El powerpointista de FAES y tertuliano de Intereconomía y PRISA se vuelve a cubrir de gloria en una entrevista:

http://www.teinteresa.es/espana/Wert-necesario-revisar-futura-Lomce_0_863915638.html

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha opinado hoy que sería «suicida» complacerse en las fortalezas del sistema educativo y no afrontar sus debilidades con la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que «no será necesario revisar hasta 2050 aproximadamente».

En el Foro del diario ABC, el ministro ha subrayado que el principal problema educativo es la tasa de abandono escolar prematuro -«excepcionalmente alto»-, aunque haya tenido una «mejoría significativa» en 2012, que no ha precisado (era del 26,5 % en 2011).

Ha explicado que la bajada del año pasado, sin quitarle valor, se debe fundamentalmente a que ha aumentado la población escolar mayor de 18 años que continúa en el sistema escolar, pero que no ha conseguido el título mínimo de ESO a los 16 años o no se ha graduado en secundaria postobligatoria al alcanzar la mayoría de edad.

Ha señalado que antes de la crisis, de tres jóvenes que habían abandonado los estudios prematuramente dos estaban trabajando; en 2011, había uno con empleo por cuatro en el paro.

Esto es algo «dramático», pues con la crisis desaparecen los puestos que requieren menor formación, así que ha destacado la importancia de que más jóvenes cursen FP.

«No hay nada más infeliz probablemente que un ‘ni-ni’ (jóvenes que no estudian ni trabajan) -ha dicho-, por muy feliz que se pueda considerar«.

Ha rechazado que la Lomce sea una reforma «ideológica», y ha dicho que se basa en identificar lo que no funciona y su gravedad y aplicar las herramientas que se han demostrado eficaces en otros países.

Ha señalado que existe una falta de criterios claros de competencias que corresponden a cada administración, lo que deriva hacia la heterogeneidad de los resultados educativos, cada vez «más dispares» entre las comunidades autonómicas.

Esa deriva es factor fundamental del debilitamiento de la unidad del mercado, al menos simbólicamente, ha comentado

El ministro ha explicado que el anteproyecto legislativo entrará esta semana en el Consejo de Estado en la fase consultas; si queda aprobado por las Cortes en el curso 2013-2014, ya se aplicaría en parte en 2014-2015; si no, en 2015-2016. «Pero yo no creo que sea necesario revisar esta ley hasta el 2050 aproximadamente», ha agregado.

Siempre se dan entre doce y catorce meses al sistema educativo para adaptarse a la nueva legislación, según Wert, y se concederá «todo el tiempo» a las administraciones educativas y a otros sectores interesados como las editoriales.

En cualquier caso, ha rechazado que el PP no ganase las próximas elecciones, al ser preguntado por si la ley no llegase a entrar en vigor por motivo de los calendarios electorales.

Sobre los universitarios y el desempleo, ha indicado que los poderes públicos tienen que hacer una reflexión «seria» sobre el «sistema de señalización» (orientación) que lleva a la gente a seguir trayectorias académicas que tienen mal encaje con el mercado laboral, aunque respetando sus gustos e intereses.

Preguntado por los ‘minijobs’, ha precisado que no está en absoluto a favor de la explotación de estudiantes con becas de prácticas ni de los jóvenes profesionales.

«Conocer el mercado de trabajo es buena experiencia para cualquiera y conocerlo, no en las condiciones de protección para el conjunto de los trabajadores, sino en las condiciones excepcionales de un aprendiz o estudiante con su primera experiencia en el mercado del trabajo no le va a hacer ningún daño -ha opinado- y le va a permitir valorar mucho mejor las cosas».

Sobre el profesorado, ha señalado que existen «pocos incentivos» en estos momentos para esforzarse y desarrollar su carrera profesional.

La LOMCE según TONUCCI – STOP LEY WERT/ www.stopleywert.org

 

Un vídeo recomendado:

http://www.youtube.com/watch?v=F0IPsqozlgI

Publicado el 02/12/2012

El prestigioso pedagogo Francesco Tonucci conversa sobre la LOMCE. WWW.STOPLEYWERT.ORG / Pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.

 

 

La LOMCE deja las manos libres a los concertados (V)

 

Otro artículo de obligatoria lectura de Ángel Sabín:

 

http://angelsabin.wordpress.com/2013/02/13/la-lomce-deja-las-manos-libres-a-los-concertados-v/

Vuelta al sistema de los 70

Wert elimina la participación

 

(fundación faes.org)

La participación de la comunidad educativa en los centros privados concertados vuelve a los orígenes e incluso supone un retroceso  respecto de la LOCE, ley impulsada por el PP. Wert, en su filosofía antiparticipativa, no presenta un nuevo proyecto de funcionamiento y organización sino que se limita, en la disposición final tercera, a hacer modificaciones, como en el resto del proyecto de ley, a los artículos 54 a 61 de la LODE.

En la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados (31/01/2012) ya mostraba su objetivo: que el Estado se encargue de la educación para todos, pero que  deje a la enseñanza privada hacer su vida. Y lo explica así: “El segundo pilar, el de la libertad de enseñanza, comprende a su vez, por una parte, el derecho de la iniciativa social a participar mediante la creación y dirección de centros docentes en la tarea educativa, y por otra parte, la libertad de elección del tipo de educación y del centro docente por parte de las familias, una libertad que cada vez es más apreciada por los ciudadanos”. Aquí nos vamos a referir al concepto de dirección de los centros; los otros aspectos están analizados en artículos anteriores.

Vuelta al sistema de los 70. Este planteamiento en el proyecto de Wert nos retrotrae a la etapa constituyente en el debate del artículo 27. Ya entonces  Alianza Popular  enmendó el texto pidiendo la financiación inmediata e indiscriminada de todos los centros privados en los niveles obligatorios, y, en lo que concierne ahora, reducir el control solo a los aspectos administrativos, dejando sin valor el punto 5: la participación en el control y gestión de los centros financiados con fondos públicos.

La LOECE (1980), hecha por los democristianos de UCD, de mano de Otero Novas,   resuelve el tema (Art.34.1) en cuatro líneas: “Los titulares de los centros privados … asimismo podrán contratar el personal del centro y ejercitar los derechos y deberes dimanantes de esas relaciones contractuales con el personal, asumir la gestión económica del centro y la responsabilidad del funcionamiento del mismo ante la administración, padres de alumnos, profesorado y personal no docente”. Cada centro elaborará su propio estatuto y  añade al final  una Junta Económica en los centros o niveles sostenidos con fondos estatales. Fue declarado  inconstitucional.

La LODE (1985) será la que desarrolle el 27.7: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”. Establece los órganos siguientes: director, Consejo escolar y Claustro de profesores así como las funciones y la composición. Las funciones del Claustro de profesores son análogas a las de los centros públicos; las del Consejo escolar suponen la intervención en la designación y cese del director y del profesorado, aprobar el presupuesto y la programación general y aprobar el reglamento de régimen interior del centro.

El penúltimo acto fue el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Popular a la LODE en 1984 y que en el motivo 5º alegaba que “no se respeta el contenido esencial de las facultades directivas del titular”, porque el propietario del centro “queda despojado de su facultad de dirigir el centro, de seleccionar y despedir al profesorado, de dirimir los asuntos graves en materia de disciplina escolar, de establecer el presupuesto del centro y de instituir el reglamento de régimen interior del mismo, facultades todas ellas que forman parte de la soberanía del empresario” (aclaro: con dinero público). Fue rechaza su petición de declarar inconstitucionales esos artículos.

Wert elimina la participación.

(hufftingtonpost.es) A. Fernández y E. Aguirre, en cuyo mandato se le ha cedido suelo público.

Hace las modificaciones en dos aspectos: elección y funciones del director, y las competencias del consejo escolar.

Director: Nombrado y cesado por el titular. Elimina los requisitos establecidos en la LODE de ser profesor del centro o con tres años en otro centro y que era por acuerdo con el consejo escolar; ahora hay solo un informe. Las funciones son estrictamente académicas tanto en las actividades educativas como en las de personal docente, claustro y consejo escolar.

Consejo escolar: Las funciones se vacían de contenido.  Se usa participar por garantizar; conocer por resolver; informar por aprobar (presupuesto del centro; la programación general anual; las directrices de las actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares; establecer los criterios de participación del centro en actividades externas); informar por fijar, por establecer, por elaborar, por aprobar; favorecer por establecer; participar por supervisar. Y la más significativa y global: el reglamento de régimen interior del centro lo informa, a propuesta del titular; antes lo tenía que aprobar. Aquí está la prueba de la vuelta a los setenta, el vaciamiento total. Lo mismo ocurre al eliminar al Consejo Escolar en el caso de que haya incumplimientos del concierto.

Equiparación de pública y privada. España ha carecido de puestos escolares y ha tenido y tiene una altísima tasa de analfabetismo debido a la subsidiariedad del Estado respecto de la enseñanza privada. La iniciativa privada solo se establece donde le interesa. Desde la Ley del 70, en que la educación se define como un servicio público fundamental, hasta la etapa reciente se ha conseguido la escolarización total y gratuita entre los 3 y los 16 años. Ahora viene Wert y plantea la equiparación de pública y privada en el artículo 2.bis, tan farragoso: “Se entiende por Sistema Educativo Español las Administraciones educativas, los profesionales de la educación, y, en general, el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo”. Equiparación que plantea también en la creación y financiación de centros, incluso con escolarización segregada.

Hemos repasado el viaje desde 1970 para ver cómo Wert vuelve a los orígenes de la predemocracia y hace un planteamiento neoliberal, pero con la subvención del Estado: que dé dinero el Estado y que no se meta en lo que hago. Así hemos visto crecer a empresarios dir/ligentes, con concesiones de la Administración, como  Arturo Fernández   (empresario de la enseñanza a base de cesiones de suelo público y subvenciones). No consta en declaraciones de un sector privado como la FERE que el sistema de participación existente, en vigor desde 1985, fuera negativo para la gestión y funcionamiento de los centros concertados. Hay otro sector privado concertado que tiene otros intereses, el que anda picando en los yacimientos de inversión. Esto es lo que Wert quiere convertir en ley, pero parece que las cuentas no salen.

 

Los expertos de Wert apuntan a la “desfuncionarización” del profesorado

 

Otro de los mantras peperos que se hace realidad:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/15/actualidad/1360946329_136189.html

Los límites de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra consagradas en la Constitución marcarán sin duda el debate sobre la reforma de los campus que abre el informe del comité de expertos nombrado el pasado abril por el ministro José Ignacio Wert. Este informe, que ha dado hoy a conocer el ministerio, propone, entre otras cosas, un nuevo sistema de gobierno de los campus para intentar hacerlo más ágil y eficaz en el que un rector casi plenipotenciario sería elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas. Además, habría una doble vía de acceso al profesorado permanente de los campus públicos: uno para ser titulares y catedráticos funcionarios y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos. Esto permitiría “proporcionar una transición hacia una «desfuncionarización” de los profesores e investigadores delos campus públicos.

Estos dos puntos son los que han llevado a dos de los nueve firmantes del informe a emitir un voto particular en el que expresan serias dudas sobre si se está poniendo precisamente en peligro la autonomía universitaria y la libertad de cátedra de los docentes. “¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?”, se preguntan en su texto particular los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Ambos hablan de “un riesgo para la plena independencia investigadora”, de los profesores contratados, pues las figuras de profesores funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra”.

Este debate será sin duda intenso, porque si profesores y universidades como institución -con los rectores a la cabeza- siempre han supuesto una voz crítica frente al poder políticos, lo han sido todavía más en los últimos tiempos, pues se han enfrentado públicamente con dureza a los Gobiernos en muchas comunidades (también al Ejecutivo central) contra las medidas que han considerado: los recortes presupuestarios o el endurecimiento de los criterios para conceder becas, por ejemplo. Quienes están a favor de la reforma, sin embargo, justifican que ahora, aunque no esté a merced del poder político, lo están muchas veces de intereses corporativos de los profesores, que en todo caso no responden completamente a quienes deberían responder: los alumnos y la sociedad en general, como dice el informe.

Los expertos (de 11 se han quedado en nueve por la renuncia de dos, y en siete, si se tienen en cuentan los dos votos particulares) reclaman más dinero para las universidades (llegar al 3% del PIB, con más porcentaje vinculado a resultados) y reformar los «insuficientes» programas de becas, incluidas las de movilidad como las Erasmus (que se han recortado un 75%) y las Séneca (que se eliminan el próximo curso). Asimismo, insisten en la necesidad de luchar contra la endogamia, de reducir la oferta de titulaciones y de que las universidades españolas se especialicen. Bajo la presidencia de María Teresa Miras, el resto de los expertos son José Adolfo de Azcárraga, José Campmany, Luis Garicano, Félix M. Goñi, Rafael Puyol y Matías Rodríguez Inciarte.

El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, les ha dicho a los expertos que su trabajo será objeto «de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria», abriéndose así un proceso que ya anunció la semana pasada a los rectores de consulta con la comunidad universitaria. En aquella reunión el ministro dijo que el informe de los expertos, junto a otros, sería ese punto de partida. De momento, estos son algunos de los puntos más importantes del informe titulado Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español:

Titulares y catedráticos contratados. El informe propone que haya profesores titulares y catedráticos de universidad funcionarios o contratados. Los primeros seguirán accediendo con un proceso de concurso parecido al actual (primero se acredita y luego concursa por una plaza que convoca la universidad) y los segundos serán contratados directamente por la universidad entre los doctores que se presenten mediante un proceso que decidirá cada campus. Recomiendan una especie de vía de formación de contrato por cinco años que puede convertirse, si todo funciona, en ese contrato indefinido, una especie de vía de formación y contratación como la que existe en EEUU (tenure track)

“Desfuncionarización”. Esa nueva doble vía podría “proporcionar una transición hacia una «desfuncionarización” del profesorado universitario, dice el texto, sin pasarse del 49% que marca la ley. Ya hay un 49% de profesorado no funcionario en las universidades públicas (como permite la ley), pero la inmensa mayoría con contratos temporales y dentro de figuras concretas como asociados (la inmensa mayoría) o ayudantes… La idea es que la presencia de estas figuras fueran dando paso a los titulares y catedráticos contratados y que se dejara de usar la vía falsa de los asociados para hacer contrataciones: en realidad esa vía es para profesionales de prestigio que compaginan docencia y trabajo.

El Consejo de la Universidad. Con 21-25 miembros como máximo que serán renovados cada cinco años, elegirá al rector (ahora lo hace el claustro o lo vota toda la comunidad universitaria), controlará su gestión y la de los decanos y directores de centros y aprobará los presupuestos. El 50% de los miembros los elegirá el Claustro de la universidad (los profesores, alumnos y personal de administración), otro 25% la comunidad autónoma entre personas de reconocido prestigio profesional o académico, y el 25% deberán acordarse entre unos y otros entre personas de especial prestigio internacional. Mientras el informe pone como salvaguarda que ninguno de los miembros haya tenido un cargo político, empresarial o sindical en los cuatro años anteriores a su nombramiento, para los firmantes de la adenda eso no es garantía. Que los miembros elegidos por las comunidades autónomas sean el 25% “no deja de ser un peligro cierto de injerencia”, que puede ser “causa y origen de una institución dotada de poder político, que entra en lo posible que busque formar mayoría con los ideológicamente afines [del claustro] para controlar la designación” del tercer grupo.

El rector. Será elegido durante cinco años (ahora son cuatro), estará abierto a académicos de cualquier universidad (ahora tiene que ser de la propia) tanto españoles como extranjeros que deberán demostrar su excelencia (si son españoles, con tres sexenios de investigación). “Tendrá plenas funciones ejecutivas” y nombrará a su equipo (vicerrectores, etcétera), a los decanos y directores de centros, facultades y escuelas. Con la organización actual la elección de los representantes de los distintos sectores se hace por votación en cada centro y el claustro y todos ellos tienen una fuerte representación en el consejo de gobierno, el actual “órgano de gobierno” de la universidad, según la ley. Una de las principales críticas al actual sistema es su falta de agilidad y de poder real del equipo rectoral, ya que cada pequeña decisión pasa por demasiados manos; el miedo, por otro lado, es que en busca de la eficacia se pierda democracia.

El Claustro. Con un máximo de 60 o 70 miembros (ahora son hasta 300), un 80% de profesores y un 20% de alumnos y personal de administración, pasaría a ser “órgano consultivo”. En general, se recomienda que todos los órganos (juntas de facultad, etcétera) “tengan un número reducido”.

Más financiación y en base a resultados. Los expertos recomiendan vincular entre el 20-25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia. Esto requiere mucha más información y transparencia, dentro de un proceso que tenga en cuenta ranking internacionales, resultados de investigación o empleabilidad de los titulados (proponen hacer público una clasificación de campus según este último dato). También reclaman, en todo caso, más dinero público para las universidades (ponerse como objetivo alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación superior, ahora es menos del 2%), más becas y ayudas al estudio porque el sistema actual es “muy deficiente”. Lo que incluye las becas de movilidad, en un contexto en el que el gobierno ha reducido un 75% su aportación a Erasmus y ha eliminado las Séneca. También quieren que haya más proyectos competitivos y proponen recuperar, con algunos cambios y más financiación, la iniciativa de Campus de Excelencia eliminada por el actual Gobierno.

Reordenación de la oferta y especialización. La oferta de títulos es excesiva y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos… En este sentido, en otros puntos los sabios vuelven a insistir en la especialización de las universidades: no todas pueden ser punteras en investigación ni en todos los ámbitos.

Acceso al funcionariado. Ahora los profesores deben pasar un proceso de acreditación (a base de documentación) por el cual la Agencia de calidad de las Universidades (ANECA) pone un sello previo de que alguien tiene los méritos suficientes para ser titular o catedrático de universidad. El nuevo informe propone volver a un sistema muy parecido al anterior, que se abandonó por ser muy caro y porque no evitaba la endogamia: se convocará un número limitado de plazas de acreditación de acuerdo con las necesidades de profesores de las universidades: y si se presentan muchas más aspirantes, se resolverá con distintos procesos de exámenes.

Lucha contra la endogamia. Se recomienda que no universidad no pueda contratar a un doctor formado dentro de sus muros (a no ser que se haya formado también en otras instituciones) y que haya complementos salariales ligados a la productividad conjunta de todo un grupo o de todo un departamento.