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Los institutos de la Comunidad de Madrid pierden profesores por quinto año consecutivo
Cifuentes con ayuda de Ciudadanos va a seguir destruyendo la Escuela Pública con más recortes:
http://www.elboletin.com/nacional/119394/profesores-recorte-institutos-publicos-madrid.html
CCOO denuncia que el próximo curso habrá 200 profesores menos en los<strong< institutos=»» públicos=»» de=»» la=»» comunidad=»» madrid<=»» strong=»»>, alertando que el quinto año consecutivo en que se recorta profesorado en la región, una “decisión tomada de manera unilateral por la Administración” y con el agravante de que esto sucede cuando “se anunció a bombo y platillo un aumento profesorado en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos”, para la investidura de Cristina Cifuentes.
Informa el sindicato en un comunicado que “en estos días, los centros públicos de educación secundaria (institutos) de nuestra Comunidad están recibiendo los ‘cupos»’ para el curso 2015/2016, es decir, el conjunto de horarios completos del profesorado que la Consejería asigna, de forma unilateral y sin tomar en consideración lo que los representantes del centro, de la Comunidad educativa o de las centrales sindicales puedan decir, aportar u objetar”.
Señalando CCOO que tras las consultas realizadas a distintas instancias así como a los centros educativos ha constatado que el recorte de profesorado es de 200 manteniendo el número de grupos.
Se queja la central sindical de que “se trata de un reparto de horarios de profesorado diseñado desde un despacho, considerado de espaldas a la Comunidad educativa y sin tener en cuenta las necesidades de los centros, pues en ningún momento se les ha consultado ni se ha contado con informe o dictamen alguno de los Servicios de Inspección para elaborar dichos ‘cupos’.
Y alerta que la comunidad docente “ lejos de contemplar el aumento de profesores anunciado”, se encuentra de nuevo con recortes que, aunque no son “de la intensidad de los últimos cursos, siguen siendo significativos, máxime cuando la ratio de alumnado/profesorado en Madrid es de las más altas del territorio nacional; cuando pese a tener una renta per cápita de las más altas de España es de las Comunidades que menos invierte en Educación y, concretamente, en profesorado”.
El sindicato hace notar que a pesar de las manifestaciones del Gobierno de que estamos saliendo de la crisis “se castiga a la Comunidad educativa de la Educación pública con recortes por quinto año consecutivo y, a mayor abundamiento, cuando se anunció a bombo y platillo un aumento profesorado en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos”.
Cambios de la Lomce
Además, desde CCOO se advierte que a esta situación precaria se suman, además, los cambios a los que obliga la Lomce y que” llegan a última hora, después incluso de que el alumnado haya acabado sus clases y sus familias no hayan podido ser informadas con tiempo suficiente acerca de los mismos”.
Unos “cambios que afectan a cuestiones tan fundamentales como la elección de nuevas materias e itinerarios que condicionarán extemporáneamente por lo temprano, su futuro educativo, laboral y social. Además, hay cambios técnicos causados por la Lomce que exigen, per se, un aumento de profesorado, como el hecho de que ahora existan dos tipos de Matemáticas en 3º de ESO”, tal y como recuerda el sindicato madrileño en su comunicado.
También recrimina el sindicato que “la modificación de determinados títulos de la Formación Profesional -que pasan de la normativa LOGSE a LOE (todavía está inacabada esta transición, cuando a la par se impone una nueva Ley Orgánica sin el más mínimo consenso ni sentido pedagógico)- sale a la luz también precipitadamente y con una escasez de datos palmaria, pues sólo se facilitan los relativos a las horas asignadas a módulo, pero sin aportar la legislación curricular correspondiente”.
Alertando que “toda esta precariedad, improvisación, precipitación y déficit en la asignación de medios viene acompañada de un calendario escolar que, por sí mismo, hace prácticamente imposible comenzar el curso en las fechas previstas en septiembre”.
Finalmente, CCOO considera que «los criterios que maneja la Consejería para la asignación de profesorado a la Educación Secundaria están diametralmente alejados de los que deben considerarse para garantizar una educación equitativa y de calidad”, por lo que exige a la nueva Consejería de Educación “unos cupos que se ajusten a las necesidades de los centros y del alumnado teniendo en cuenta las exigencias de los centros y de los representantes de los trabajadores y trabajadoras”.
Cifuentes elige a una viceconsejera de Educación que dijo que los niños gitanos prefieren «la fregoneta» a estudiar
Ahora ya sabemos que la regeneración de Cifuentes es otra mentira más. Cifuentes elige a una viceconsejera de Educación que dijo que los niños gitanos prefieren «la fregoneta» a estudiar:
Carmen González vuelve al departamento madrileño de enseñanza. Además lo vuelve a hacer como número dos de la Consejería, como viceconsejera de Educación no Universitaria, Juventud y Deportes del gobierno de Cristina Cifuentes. Ya ocupó este cargo durante el primer mandato de Esperanza Aguirre y no pasó desapercibida. Aunque desempeñaba un puesto en segunda línea política, generó un revuelo mediático al realizar unas declaraciones en las que defendía el «derecho a la ignorancia» de los jóvenes inmigrantes y gitanos.
«Yo pienso, por ejemplo, en un chaval marroquí de 15 años. Pensemos en su mentalidad, pongámonos en su lugar. Él ha venido a trabajar, y yo le pongo a estudiar la ESO, y le doy lengua y matemáticas, y a él le importa un comino, porque él ha venido a trabajar», argumentó en una entrevista publicada por la revista Magisterio en mayo del 2004, unas palabras que no pasaron desapercibidas y que fueron muy criticadas por la oposición y por las asociaciones que trabajan con población en riesgo de exclusión social.
Durante la conversación que mantuvo con el periodista realizó varias reflexiones que generaron polémica. Por ejemplo, explicó que el «alumno que ha cruzado en patera no ha venido a estudiar 3º de ESO» y añadió que estos jóvenes le «creaban un conflicto en clase» a la Consejería de Educación porque «no quieren estar ahí».
Con esta argumentación González buscaba defender la separación de estudiantes en itinerarios diferentes, una medida que contemplaba la LOCE ( Ley Orgánica de Calidad de la Educación), la ley educativa aprobada por el gobierno de José María Aznar. Esta normativa, que fue paralizada tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, planteaba que los alumnos con malos resultados académicos comenzasen a estudiar Programas de Iniciación Profesional desde 3º de la ESO.
Por eso, en esa entrevista la viceconsejera de Educación del gobierno de Cifuentes insistía en señalar que los alumnos que pertenecían a colectivos minoritarios, en riesgo de exclusión social, no querían estudiar. Para ello quiso poner también el foco en los escolares de etnia gitana: «El niño lo que quiere es ir con su padre con la fregoneta al mercado a vender fruta» ya que, según defendió, los jóvenes gitanos «han mamado una cultura en la que ascender en la escala social por formación no goza de muy buena fama» y por lo tanto «luchar contra el peso de su cultura es muy difícil».
Pidió disculpas por las «desafortunadas» declaraciones
Esta tesis educativa fue muy criticada y calificada como «racista y xenófoba» por los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid, así como por asociaciones que trabajan con estos colectivos y que defienden los Derechos Humanos. Incluso Pedro Núñez Morgades, miembro del PP y en ese momento Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, reprobó el modelo educativo planteado por la viceconsejera al señalar que la Administración «no puede claudicar ante las dificultades». Tras la polémica desatada, González tuvo que disculparse y señaló que sus palabras habían sido «desafortunadas».
Una década después vuelve a un despacho de la Consejería de Educación. Es uno de los nombramientos aprobados la semana pasada por Cristina Cifuentes, González pasa a ocupar la Viceconsejería con más responsabilidades formativas ( Educación no Universitaria, Juventud y Deportes) se convierte así en la número 2 del departamento dirigido por Rafael Van Grieken. Su cartera aglutina las direcciones generales de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Además de las de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación; así como la de Juventud y Deporte. Por lo tanto, a partir de ahora, su opinión será importante a la hora de decidir sobre el modelo educativo en las enseñanzas básicas y para población en riesgo de exclusión social.
Desde la Consejería justifican el nombramiento de González, fuentes del departamento de comunicación señalan que «está avalada por su dilatada gestión en la administración pública madrileña». «Se trata de un asunto zanjado hace más de una década por la viceconsejera, que inmediata y públicamente pidió disculpas», apuntan.
Durante su primera etapa en la Consejería de Educación, formó parte del gobierno de Esperanza Aguirre. Ambas ya se conocían, no era la primera vez que trabajaban juntas y menos en temas docentes, ya que González se encargó de la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, cuando la expresidenta regional ocupaba esa cartera.
Tras las críticas recibidas por las declaraciones publicadas, la presidenta del PP madrileño arropó a su viceconsejera y contó con ella hasta 2007. Coincidiendo con la llegada de Lucía Figar al departamento de enseñanza, González abandonó su puesto y no volvió a ocupar un cargo en el gobierno de Aguirre. Durante los años siguientes pasó por puestos de menor relevancia –diputada de la Asamblea de Madrid o Presidenta de la Junta Municipal de San Blas– hasta que Ignacio González la nombró a finales del 2012viceconsejera de Turismo y Cultura.
El cabecilla de la ‘Púnica’ admite que él y Granados cobraron sobornos
Una noticia política, pero como Figar estaba metida en la operación Púnica… Ahora el socio de Grandados está colaborando con la justicia y en el PP madrileño hay mucho temor:
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/17/actualidad/1437158264_934298.html
23 de abril de 2015. El juez que investiga la trama Púnica efectuó ese día un registro en casa de los padres de David Majarliza, cabecilla de la red junto a su socio y exconsejero de Madrid Francisco Granados. En el registro estaba presente Majarliza, que espetó a los funcionarios: “¿Queréis saber dónde están las comisiones? Las tengo todas aquí…”, y señaló a su cabeza. Tras ese comentario pactó con la Fiscalía Anticorrupción contarlo todo a cambio de una rebaja de pena.
Los funcionarios buscaban en casa de los padres de Marjaliza obras de arte utilizadas como tapadera de un supuesto delito de blanqueo de capitales. El pañuelo de colaboración lanzado entonces por Majarliza ya ha dado fruto. Ha salido al menos cinco veces en secreto de la cárcel de Aranjuez, donde se halla desde el pasado 27 de octubre, cuando estalló la Operación Púnica. Y tres de ellas han sido para verse en persona con el juez Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción.
Políticos en las grabaciones
Las grabaciones interceptada en la Operación Púnica han contribuido decisivamente a identificar a los implicados en la trama y los chanchullos que se traían entre ellos con cargo al erario público. Los cabecillas aparentan connivencias con políticos del PP y del PSOE. Granados y compinches detallan “cosas muy feas” de terceras personas de relevancia pública.
Según fuentes jurídicas, dice haberlo contado todo. Eso sí, tras asegurarse un pacto con la Fiscalía que le permita aminorar su petición de pena con vistas a un eventual juicio. A cambio de colaborar con la justicia.
Ha soltado, por ejemplo, las comisiones pagadas por la firma francesa Cofely a numerosos alcaldes (entre 20.000 y 50.000 euros, en función del volumen de la contrata). Hay alcaldes del PP, la mayoría, del PSOE e incluso un edil de Izquierda Unida implicados, siempre según fuentes jurídicas. Las contratas de ayuntamientos a Cofely alcanzan los 200 millones. Estas adjudicaciones tenían por objetivo el ahorro de energía eléctrica en esos municipios. La intermediación entre los ayuntamientos y Cofelyla hizo Marjaliza, siempre bajo la sempiterna sombra de Granados.
El propio Majarliza llegó a adelantar de su bolsillo comisiones a regidores que luego recuperó mediante facturas falsas. Tras el verano, habrá otra redada contra regidores, según los citados medios. Ya hay al menos siete imputados, y están siendo investigados otra decena.
Las diligencias sobre la trama Púnica se han agigantado con las nuevas revelaciones de Marjaliza. Su declaración apuntala, por otro lado, lo que ya se sabía: que los 11 millones detectados a ambos en el extranjero proceden en parte de comisiones obtenidas por recalificaciones de terrenos.
Cumpleaños por todo lo alto en Valdemoro
Al margen de los negocios que mantenía con su socio David Majarliza en recalificaciones de terrenos en el municipio de Valdemoro, Francisco Granados dispuso también de su propia operativa de recaudación de comisiones. Granados diseñó su plan recaudador en connivencia con la empresa de espectáculos musicales Waiter Music, con sede en Aranjuez (Madrid), según fuentes jurídicas de la investigación.
El sumario revela que Granados, tras abandonar la alcaldía de Valdemoro y acceder a la secretaria general del PP de Madrid y también al Gobierno de Esperanza Aguirre, cobró importantes comisiones de Waiter Music. ¿Por qué? Por instar a numerosos alcaldes de la Comunidad (él los elegía junto a Aguirre) a contratar para sus fiestas locales y otros eventos los servicios de Waiter Music.
Granados, o bien en su nombre Waiter Music, convencían a los alcaldes para organizarles eventos musicales. Eso sí, con precios muy superiores a los del mercado. De ahí salían las comisiones. La firma musical llegó a gastar 6.000 euros en la fiesta de cumpleaños de Granados de 2008.
En su pacto con la Fiscalía para contar toda la verdad caiga quien caiga, Marjaliza no solo ha dado nombres de políticos que han cobrado sobornos; también ha desgranado cómo se hacían las operaciones para ocultar el rastro de corrupción. Y de donde salían las comisiones.
En las largas horas que durante tres días ha empleado para contar al juez la dinámica corrupta de la red, ha descrito asimismo sus distintas tramas. Una de ellas, la que él mantuvo con Granados, que se circunscribe a recalifcaciones ypelotazos en Valdemoro. Cómo ocultaron el dinero de comisiones en Suiza, cómo se lo repartían…
Con su declaración autoinculpatoria, Marjaliza ha dejado a los pies de los caballos a Granados, preso en la prisión de Estremera (Madrid). Ambos han llegado a acopiar unos 11 millones de euros en el extranjero (Suiza y Singapur), según revela el sumario, que se hará público antes de que finalice el mes.
Otra de las tramas que ha desglosado ante el juez Marjaliza, aparte de la suya con Granados, con quien compartió yate y chalés en Valdemoro y la Costa del Sol, y la que él personalmente desplegó con Cofely, es la que afecta al experto informático Alejandro de Pedro, otro de los cabecillas de la red Púnica. De Pedro es amigo personal de Granados. Este fue quien le presentó a numerosos políticos con los que después hizo negocios.
La labor de De Pedro en los últimos años ha sido realizar labores para mejorar la reputación de políticos en las redes sociales. Esta mejora de imagen se ha llevado ya por delante a dos pesos pesados del anterior Gobierno de Madrid, los exconsejeros Salvador Victoria (Presidencia y Justicia) y Lucía Figar (Educación).
Victoria se ha visto envuelto en este asunto porque supuestamente ordenó a la firma privada Indra (proveedor de la Comunidad) pagar a De Pedro por relanzar en Internet su imagen personal y la del expresidente de Madrid Ignacio González.
investigacion@elpais.es
Ya hay 100 imputados, y habrá más…
La investigación que desarrolla el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acumula ya un centenar de imputados. Y la lista crecerá previsiblemente tras el verano cuando el juez concluya las pesquisas sobre otra decena de alcaldes, fundamentalmente de PP, pero también del PSOE, que supuestamente han cobrado comisiones por otorgar contratos a la firma energética Cofely con la aparente intención de ahorrar electricidad en sus municipios. El juez está analizando ahora toda la información que ha facilitado el constructor David Majarliza y las comisiones supuestamente pagadas a cargos públicos (alcaldes del PP, PSOE e incluso un edil de IU) por la obtención de contratas. Marjaliza fue el que gestionó como intermediario las contratas con Cofely. No solo hubo comisiones para alcaldes: en muchos ayuntamientos, las contratas otorgadas a Cofely contenían la obligación por parte de la firma francesa de realizar encuestas entre los ciudadanos para que opinasen sobre sus trabajos de eficiencia energética y sobre la gestión e imagen del alcalde. Y hacerles un informe ad hoc sobre la opinión vecinal. Todo con cargo al dinero de las contratas, que salía de las arcas públicas en beneficio particular de los regidores. Al ser una cuestión privada pagada con dinero público (se inflaba la contrata), el hecho puede ser constitutivo de financiación ilegal.
Además, el juez están indagando recalificaciones de suelo hechas en diferentes municipios de Madrid en las que supuestamente mediaron comisiones durante la época de Francisco Granados como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Las recalificaciones se efectuaron a través de la empresa pública Arpegio, dependiente antes y ahora de la Dirección General de Administración local, al frente de la que estuvo Jaime González Taboada. En la actualidad Arpegio sigue gestionada a nivel político por Taboada en su calidad de nuevo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio del gobierno de Cristina Cifuentes. Al igual que Arpegio, otro organismo público que está siendo investigado en la Púnica es la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). En la cúpula del Gobierno regional hay temor ante la posibilidad de que la trama Púnica salpique a nuevos cargos públicos de la lista de Cifuentes.
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