Archivo
Educación, la privatización que no cesa
Artículo básico para conocer la privatización de la educación en nuestro país, lectura obligada:
Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.
Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.
“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”
El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.
La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.
Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su comunidad educativa. La trampa está en que no se va a construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.
Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.
“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”
Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.
Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.
“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”
El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.
Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.
Razones contra el bilingüismo de Madrid
Os dejo un buen vídeo que explica claramente las razones contra el bilingüismo de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, olvidan que este modelo es típico de países como Nigeria y no de países occidentales, ningún país occidental serio denigra su propia cultura y lengua de esta manera tan absurda.
Malas noticias para Lucía Figar: el juez Velasco pide a Educación los expedientes de 17 ‘colegios púnicos’
Lucía Figar investigada por los «colegios púnicos»:
El juez Eloy Velasco ha pedido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los expedientes administrativos por los que se hicieron los conciertos educativos de los 17 colegios concertados implicados en la trama Púnica. En un auto firmado el 2 de diciembre de 2016, accede a la petición de la Fiscalía de reclamar esta documentación. Se trata de tres colegios ubicados en Valdemoro, municipio del que fue alcalde el principal imputado de la trama, Francisco Granados. En esta localidad los centros bajo sospecha son Helicon, Caude (Nobelis) y Valle del Miro (Espacios Educativos). También está afectado otro colegio Caude situado en Majadahonda, El Catón (Torrejón de Velasco), Arcadia (Villanueva de la Cañada), Malvar (Arganda del Rey), Litterator (Aranjuez), Nova Hispalis (Sevilla la Nueva), Arula (Valdeolmos), Helade (Boadilla del Monte), Quercus (Boadilla del Monte), Villamadrid (Madrid), Miramadrid (Paracuellos del Jarama), Aguila (Parla), Vegasur (San Martín de la Vega) y Mirasur (Pinto).
Se da la circunstancia de que una de las investigadas por la Púnica, Lucía Figar,fue la responsable de la Consejería de Educación durante los años en los que se firmaron estos acuerdos. Figar, que tuvo que dimitir en junio 2015 tras ser imputada en esta trama corrupta por firmar contratos con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su reputación on line. Esperanza Aguirre nombró a Figar consejera de Educación en 2007 y fue una de sus más cercanas colaboradoras. Su nombre se barajó como su posible sustituta al frente del PP madrileño. Incluso se habló de ella como ministra de Educación o candidata del PP a la alcaldía de Madrid. Fromó parte del llamado clan Becerril, el grupo de jóvenes del PP afines a José María Aznar del que formaron parte Alejandro Agag o su marido, Carlos Aragonés, que fue jefe de Gabinete de Aznar en Moncloa. De tendencia ultracatólica, su labor en la consejería de Educación se ha caracterizado por favorecer los conciertos con escuelas religiosas.
Defensora de la enseñanza católica pagada con dinero público
Ella misma lo dejó patente en un encuentro anual organizado por el grupo ultracatólico Comunión y Liberación en Rimini, Italia, en 2011. “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. Estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado”, decía Figar, que presumía de su política privatizadora.
Las cuatro decisiones del ministro de Educación que han desembocado en la huelga contra las reválidas
Razones para una huelga con mucha razón:
http://www.eldiario.es/sociedad/Mendez-Vigo-huelga-oposicion-revalidas_0_572892837.html
El 24 octubre de 2013 Madrid vivió una de las manifestaciones por la educación más multitudinarias que se recuerdan. Fue el broche final de una huelga general educativa en toda España contra la LOMCE. El miércoles, tres años y dos días después, estudiantes, familias y docentes –esta vez sin convocatoria conjunta de huelga general educativa a nivel estatal– vuelven a la calle para protestar de nuevo contra la misma ley, implantada ya por completo y con su medida más polémica, las reválidas, en entredicho.
A los paros se ha convocado a familias (CEAPA) y estudiantes de toda España (Sindicato de Estudiantes y FAEST), aunque solo en Madrid a todos los niveles salvo los universitarios -desde Educación Infantil a Formación Profesional-. Los profesores pararán en la capital, en Andalucía y en Murcia, según los convocantes. En Euskadi están llamados a hacer paros parciales de una hora.
La huelga se produce solo tres días antes de que Mariano Rajoy sea investido presidente del Gobierno, según lo previsto. Hasta entonces, el Ejecutivo sigue en funciones, con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, responsable de la aprobación del real decreto de reválidas, al frente de la cartera de Educación.
Esta es la segunda vez – la primera fue en marzo– que el sucesor de José Ignacio Wert tiene que lidiar en funciones con una huelga educativa. Desde que llegó el PP al Gobierno en 2011 son, con mayor o menor intensidad, más de una veintena. En este caso, además, los paros aterrizan como la última muestra de una oposición unánime, tanto política como social, a las pruebas finales de evaluación en ESO y Bachillerato.
Todos los grupos de la oposición las han rechazado en el Congreso y varias comunidades autónomas aseguran que no las harán. Algunas han puesto recursos por la vía judicial contra las pruebas. Las evaluaciones tampoco terminan de cuadrar a sectores menos movilizados contra la LOMCE, como las asociaciones de colegios privados, por ejemplo.
El Ministerio de Educación continúa, con todo, adelante con las reválidas que, dicen, « se harán con toda tranquilidad«. Las últimas actuaciones de Méndez de Vigo, pese a los mensajes de calma, no han contribuido a sosegar la inquietud de la comunidad educativa: profesores de ESO y Bachillerato que no saben para qué tienen que preparar a sus alumnos y estudiantes con pocas certezas sobre cómo terminarán el curso, las mismas que cargan sus familias.
Recopilamos los últimas actuaciones controvertidas del ministro que han desencadenado la convocatoria de esta protesta para «vaciar las aulas» y tomar la calle contra las reválidas, la LOMCE y los recortes en educación.
El decreto «a la espalda de la comunidad educativa»
29 de julio. Pleno verano. El Gobierno informa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que el real decreto para la implantación de las reválidas de ESO y Bachillerato ha sido aprobado unilateralmente. El desarrollo, que confirmaba la realización de las pruebas por primera vez en junio de 2017, salió adelante con el rechazo manifiesto a las evaluaciones de todas las comunidades no gobernadas por el PP y con la oposición de la comunidad educativa.
Pasar las pruebas, se concretó entonces, es obligatorio para obtener el título de ESO y Bachillerato, aunque este primer año solo contarán para hacer la media (al modo de la antigua PAU). La Plataforma Regional por la Escuela Pública denuncia, como también han manifestado algunos partidos políticos en sede parlamentaria, que la «imposición» de las reválidas es el «punto final de una imposición sistemática de una ley orgánica aprobada sin consenso».
Especialmente problemática es la situación en la que quedan los alumnos y alumnas que suspendan dos veces la prueba de 4º de la ESO, cuya única salida es retroceder en el sistema y estudiar una FP Básica. «Las reválidas no tendrán un impacto positivo en el rendimiento ni aportan información sobre las capacidades de los estudiantes. Además, deslegitiman la labor de los docentes en ese ánimo de revalidar el proceso de evaluación continua», dicen desde UGT.
Un portavoz de los Movimientos de Renovación Pedagógica sostiene, en la misma línea, que estas evaluaciones convierten a los institutos en «centros de exámenes», a los profesores en «pasadores de prueba» y a los estudiantes en «competidores».
El plantón en el Congreso
Argumentos similares a los expresados por la plataforma convocante de la huelga –formada por CEAPA, UGT, CCOO, Sindicato de Estudiantes, STEM, MRP– se han escuchado hasta en dos ocasiones en dos plenos del Congreso de los Diputados. Una, en abril, cuando se debatió una Proposición de Ley del PSOE para paralizar la LOMCE; la otra, hace apenas tres semanas, a cuenta de la Proposición No de Ley del Grupo Mixto. Las dos iniciativas fueron respaldadas por la Cámara Baja.
En la última ocasión, el ministro optó por ausentarse del debate de la PNL y solo apareció al final del Pleno, cuando se llamó a los diputados a votar. Ganó el sí, con 175 votos frente a 133 noes. Ciudadanos, como pasó en abril, se abstuvo, aunque ha manifestado estar en contra de las reválidas.
El partido de Albert Rivera, a través de la diputada Marta Martín, hizo público el viernes un compromiso verbal con el ministro de Educación para aplazar cuatro años la implantación de las reválidas tal y como las concibe la ley. La idea, según la formación naranja, es esperar ese periodo de tiempo para que el aprobado de las pruebas sea condición sine qua non para titular. Un portavoz oficial del Ministerio ha desmentido a eldiario.es tal acuerdo.
La plataforma convocante interpreta el anuncio como una «maniobra para desmovilizar» y da poco crédito a las «promesas» del Gobierno en funciones. «No nos creemos una palabra», añaden.
Una implantación contrarreloj
El Gobierno, por estar en funciones, está encontrando algunos obstáculos para la implantación completa de las pruebas finales de evaluación, lo que ha hecho crecer la inquietud de estudiantes y profesores que ven pasar las semanas sin un calendario claro de organización. « No sabemos cómo plantearlo, vivimos en la desinformación«, contaban a eldiario.es varios docentes de Bachillerato.
El anterior ministro, José Ignacio Wert, dejó antes de su marcha a París todos los plazos fijados. El calendario se ha ido cumpliendo a trompicones hasta topar con la falta de presidencia y vicepresidencia en el Consejo Escolar del Estado. Sin ellos no es posible convocar a la comisión permanente, órgano que debe dar el visto bueno a la orden ministerial que desarrolla las bases de los exámenes.
Con las previsiones actuales, el Gobierno podrá resolver este trámite, en manos ahora de la Abogacía General del Estado: si se forma Ejecutivo en unos días hay tiempo suficiente para que el ministro de Educación nombre a un presidente del Consejo y desbloquee la situación.
La fecha límite para dar luz verde a la orden ministerial es el 30 de noviembre. Después, cada comunidad autónoma tendrá que elaborar, sobre las bases aprobadas por el Ministerio, sus propias pruebas. «Ahí las comunidades van muy justas, a lo mejor consiguen cerrar la cuestión a pocos meses de realizar las reválidas», argumenta José Luis Pazos, de CEAPA.
Reuniones inútiles
Durante el último mes, el ministro de Educación en funciones se ha reunido con la mayor parte de colectivos de la comunidad educativa en una ronda de contactos para acercar posiciones de cara a un futuro pacto educativo, según el Gobierno. A todas esas reuniones, Méndez de Vigo acudió sin propuestas, «con la voluntad de escuchar».
Para CCOO, los encuentros fueron «marketing político». «Buscan la foto, esa imagen de Gobierno dialogante», opina el Sindicato de Estudiantes. Los colectivos integrantes de la Plataforma Regional por la Escuela Pública afean que sea ahora, con un Gobierno en funciones, cuando Educación quiere escucharlos. Lo que venga a partir de ahora lo tienen claro: «Lo que nos espera, si seguimos, es un Ejecutivo que va a dar continuidad a cinco años de desolación en política educativa. No lo aguantamos y no lo aguantaremos».
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a la trama Púnica para atacar a la Marea Verde en Internet
Más corrupción de Figar y Aguirre:
http://www.eldiario.es/politica/Aguirre-Punica-Marea-Verde-Internet_0_561694673.html
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2011 con dinero público una campaña en Internet contra la denominada Marea Verde, un colectivo de profesores y trabajadores de la educación pública que entoncesprotestaba contra los recortes de la Comunidad de Madrid. Y el trabajo sucio lo encomendó a uno de los principales imputados en la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, supuesto gurú de Internet, encarcelado como uno de los conseguidores de la red que cobraba del Gobierno regional por amplificar los argumentarios del Partido Popular a través de miles de perfiles falsos en redes sociales que difundían informaciones de pequeños periódicos locales creados para ese fin.
El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al sumario que instruye el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional ofrece más detalles de los encargos que Figar –quien dimitió del último Gobierno de Ignacio González por este escándalo cuando ella misma fue imputada en junio de 2015– realizó con fondos públicos a las empresas de propaganda digital de De Pedro. En un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 –que un empleado de la red de De Pedro remite a varios compañeros y con copia al jefe– se describen entre los trabajos que «el cliente», la Consejería de Educación, les ha encargado el ataque a la Marea Verde, que entonces protagonizaba la movilización contra los recortes sociales.
En medio de las protestas de los trabajadores del sector público contra el Gobierno de Aguirre por los recortes educativos, el empleado de De Pedro explica cuál es la estrategia por la que paga el departamento de Figar: «El cliente nos ha solicitado con urgencia, sobre todo estos dos días, comencemos a interactuar con todos los periodistas posibles que tengan cuentas en twitter, véase @pedro_j. Esta labor la realizaremos de una forma más personalizada y con cuentas mejor alimentadas, es decir, no con un simple spam, sino enviándoles mensajes cuando nos pregunten, interactuando con ellos, convenciéndolos de que hay una marea de gente que está cansada de estos profesores y sindicatos que no se creen sus mentiras. Para el cliente es importantísimo que se note nuestra labor ahí, junto con la habitual de mencionar a la consejera figar poara [sic] mejorar su imagen, cosa que no debemos dejar de hacer. A la vez se nos pide que usemos más enlaces y argumentos concretos siguiendo la agenda y noticias de la consejera. Intentaré estar más alerta yo enviando correos como hacíamos con la agenda de Gallardón, pero ellos también estarán más activos en este sentido, avisándonos ellos. Nos tocará estar más alertas a los twitters de figar, aguirre [sic]».
A partir de ahí, el correo electrónico detalla algunas de las consignas a difundir en las redes sociales para intentar silenciar las protestas: «Menos alumnos por aula, menos horas de trabajo y más sueldo, ¿de qué se quejan los profesores españoles». Los trabajadores de De Pedro explican que la principal tarea del «grupo de trabajo» es «ejercer de tapón parcial entre la #mareaverde y la consejera de Educación y el PP de Madrid y Aguirre en general».
Argumentarios con ataques al ministro Gabilondo
La propaganda pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid incluía además ataques a políticos de otras administraciones. Y colocaba en la diana de las críticas a Ángel Gabilondo, entonces ministro de Educación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy líder de la oposición al Gobierno regional de Cristina Cifuentes en Madrid, al que proponían pedir su dimisión, según la documentación intervenida por la Guardia Civil. La instrucción planteaba amplificar en Internet el siguiente argumentario: «Pero menuda caradura la de Gabilondo, que le recortan un 7,5% el presupuesto y se dedica a dar lecciones sobre no reducir el presupuesto en Educación».
Esas órdenes por escrito, las facturas, los contratos recabados en la Administración regional bajo los mandatos de Aguirre y González, además de las escuchas telefónicas practicadas bajo orden judicial, llevan a la Guardia Civil a atribuir a Figar, que abandonó la política cuando fue imputada en junio de 2015, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Esta rama del sumario de Púnica que indaga sobre la propaganda del PP sufragada con dinero de las arcas públicas cuenta además con testimonios que refrendan las sospechas de la Guardia Civil. Cuando el juez Eloy Velasco leyó la motivación de los cometidos de los contratos a una de las empleadas de De Pedro que compareció como testigo, la mujer aseguró: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Figar, porque era lo que peor estaba”. La trabajadora enunció luego los nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios. Entre ellos estaba Isabel Gallego, la mano derecha de Aguirre primero e Ignacio González después en el área de Comunicación, también imputada por el mismo caso. Gallego declaró al juez que la Comunidad pagaba a las firmas de De Pedro, pero por hacer resúmenes de prensa y seguimiento del Gobierno en distintos medios de comunicación.
Uno de los trabajos incautados por la Guardia Civil y que realizaban las sociedades de De Pedro para el Gobierno regional relata: «El presente informe refleja la situación actual de la entidad online de Lucía Figar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación online».
De Pedro fue encarcelado junto a otras 50 personas en octubre de 2014 como supuesto cabecilla de una red corrupta liderada por el exvicepresidente madrileño y antiguo secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, que pagaba mordidas a cambio de contratos millonarios en distintas administraciones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. El montante total que se investiga ronda los 250 millones de euros. El empresario que montaba redes de propaganda en Internet para instituciones, empresas privadas y hasta para el Real Madrid, logró eludir la prisión en diciembre de 2014 tras pagar una fianza de 50.000 euros, pero sigue imputado por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
Cifuentes y Van Grieken benefician a la concertada y marginan a la pública
El alcalde de Majadahonda, implicado por un testigo por adjudicar un colegio a la Púnica
La Púnica tenía unos tentáculos muy largos y cientos de millones de euros en comisiones, todo para construir colegios concertados-subvencionados:
Más líneas de investigación en el caso Púnica. Un nuevo testigo, un exconcejal de Majadahonda, ha descrito ante el juez Eloy Velasco el destacado papel que el actual alcalde del municipio, Narciso de Foxá, del PP, jugó en la adjudicación de unos terrenos públicos para que una de las empresas de la trama, Alfedel, participara en la construcción de un colegio concertado en esta localidad madrileña. La declaración de Juan José Moreno se produjo a mediados de marzo, aunque entonces solo trascendió que había comparecido en sede judicial para ampliar los detalles de una grabación tomada en 2005 a un directivo de la inmobiliaria Dico, vinculada al empresario David Marjaliza, el principal imputado en el caso.
Moreno, que es testigo en Púnica pero que está imputado en el caso Gürtel(realizó junto con José Luis Peñas las famosas grabaciones que destaparon esta trama), también relató al magistrado de la Audiencia Nacional cómo el voto de calidad del alcalde Narciso de Foxá inclinó la balanza tras un empate en el pleno para que la parcela bautizada Los Negrillos fuera adjudicada a la cooperativa de profesores El Catón, que querían construir en ella un colegio concertado. La adjudicación se produjo el 31 de enero de 2006. Un mes antes, en diciembre de 2005, la cooperativa había firmado con la empresa Alfedel un contrato por tres años para que esta firma prestara «servicios de promoción, consulta y asesoramiento» a la cooperativa. Catón se comprometía a pagar 700.000 euros a Alfedel.
El fundador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, también está imputado. Tanto el juez como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están convencidos de que Francisco Granados, que fue número tres del Gobierno regional con Esperanza Aguirre, y exsecretario general del PP de Madrid, utilizó sus influencias para sacar tajada de la promoción de colegios concertados. Es decir, debido a su poder político, Granados conseguía que determinados ayuntamientos cedieran suelo a un precio muy ventajoso a cooperativas controladas por Alfedel, que aseguraba a los profesores el concierto educativo que concedía la Comunidad. Los colegios, además, eran construidos en la mayoría de los casos por empresas de Marjaliza, socio y amigo de Granados. A cambio, Alfedel pagaba comisiones a Granados y a Marjaliza que se ocultaban como presuntos trabajos de consultoría.
En Majadahonda todo cuadra. La cooperativa El Catón consiguió «la adjudicación, por el procedimiento abierto, del contrato de concesión de uso privativo sobre un bien de dominio público con la finalidad de construir y gestionar un colegio concertado». Se trata de una concesión administrativa a 50 años en la que la cooperativa paga un canon anual de 101.000 euros (IVA incluido). El valor de la parcela era de 5,3 millones. La cooperativa levantó el colegio Caude, construido por Obrum (de Marjaliza), que recibió 13,7 millones de euros. Todo el proyecto lo lideró Alfedel, que por este sistema promovió una veintena de centros en Madrid.
La pieza 11 del sumario
La pieza 11 del sumario investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de los colegios puestos en marcha por Alfedel. La declaración de Moreno, que se realizó a petición de la Fiscalía Anticorrupción, implica de lleno a De Foxá, que llegó a la Alcaldía en febrero de 2005 después de que Esperanza Aguirre forzara la marcha de su antecesor, Guillermo Ortega (que luego en 2009 sería detenido por el caso Gürtel). La Fiscalía y el juez Velasco hicieron varias preguntas sobre De Foxá en la declaración del testigo,según fuentes judiciales.
Moreno y su compañero Peñas también dejaron el grupo municipal del PP en 2005 y terminaron esa legislatura como concejales no adscritos tras denunciar irregularidades urbanísticas. En la grabación que ha aportado Moreno, el directivo de Dico explica el poder que Granados tenía en Majadahonda. De hecho, en la documentación intervenida a la secretaria de Marjaliza, también imputada, aparece una lista de políticos que recibían regalos. En la del año 2005 aparece Narciso de Foxá.
Una vez que los profesores construyeron el colegio, rescindieron los poderes que habían otorgado a Ferrón y denunciaron a la constructora Obrum por deficiencias. En el sumario aparecen además otros dos pagos que la cooperativa El Catón hizo en el año 2006: 403.100 euros a la empresa Ademo Asesoría Integral y otros 403.100 euros a la constructora Larsson Madrid 2004, que los investigadores creen que podrían ocultar las comisiones de Ferrón a Marjaliza.
El municipio de Majadahonda ya aparece en otras piezas del sumario. El 16 de marzo de 2016, cuando el fiscal solicitó que el caso fuera declarado instrucción compleja, ya señaló que «otra de las líneas de investigación pivota sobre las contrataciones de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa con diferentes autoridades autonómicas de Madrid, Murcia, la Diputación de León, y alcaldías de Madrid, Gandía, Majadahonda, regidas por el Partido Popular. El objeto de las pesquisas es la averiguación de las actividades reales que se prestaron, si las citadas adjudicaciones y contratos fueron una simple excusa a modo de cobertura para remunerar con dinero de las arcas públicas, o con entregas en efectivo, los trabajos de propaganda en favor de las autoridades y candidatos del Partido Popular».
El sumario revela que el Ayuntamiento facturó con varias empresas de Alejandro de Pedro: con Eico Online (2011-2014) y con Madiva (2012 y 2014)
Aunque el juez no ha imputado a nadie en Majadahonda, sí ha llamado a declarar a funcionarios y a concejales del municipio. También ordenó a la UCO que requisara documentación sobre los contratos que el Ayuntamiento adjudicó a empresas de Alejandro de Pedro. Este informático realizó varios trabajos tanto para el Gobierno regional como para varios ayuntamientos del PP. Los investigadores creen que las facturas emitidas por estos trabajos solo habrían servido para encubrir el pago con fondos públicos de servicios de imagen y reputación ‘online’ de políticos del PP.
El sumario revela que el Ayuntamiento facturó con varias empresas de Alejandro de Pedro: 42.391 euros con Eico Online entre los años 2011-2014 y 14.191 euros a Madiva por inserciones publicitarias entre 2012 y 2014. De Pedro puso en marcha un falso diario digital en el municipio que se alimentaba de las notas de prensa del Grupo Popular e incrementaba sus visitas fraudulentamente con un robot para posicionarlas mejor en Google.
Se trataba de actualidadmajadahonda.es. En un documento interno de Madiva titulado «periodistas donde tenemos gente», la empresa de De Pedro calificaba al periodista que tenía en Majadahonda como «niño bien e inmaduro. No sabe muy bien qué quiere, pero ve esto como un modo de ganarse algo de dinerillo. Le falta instinto periodístico y está mucho por hacer. No tiene ningún tipo de compromiso y le falta profesionalidad. Está como un becario, sin más, no se le puede exigir mucho pues ya hemos visto que no lo va a dar».
Educación colocó al frente de un tribunal de las oposiciones a profesor a una inspectora que impartió clases en una academia privada
Muchas veces los opositores se han quejado en Madrid de que los tribunales tenían intereses oscuros, como ser preparadores de academia, aquí una prueba:
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/07/radio_madrid/1465279906_108093.html
Avelina Fernández Gascón es inspectora de la consejería de Educación, forma parte del cuerpo de docentes y, al mismo tiempo, ha sido profesora y ponente en una academia privada que forma a los opositores y futuros docentes. Una de las academias más demandadas en Madrid. Fernández Gascón ha impartido en este centro, al menos, dos cursos de orientación educativa, la materia que precisamente va a evaluar el tribunal para el que había sido designada por la Comunidad.Hasta el jueves pasado. Según fuentes de la inspección educativa consultadas por la SER, ese día se vió forzada a renunciar después de que UGT la recusara por intereses contrapuestos. Según Pedro Hernández, portavoz de la Federación de Enseñanza del sindicato, «una persona que forma parte del tribunal y tiene que calificar a los opositores, no es ético que a su vez dé cursos para preparar a opositores. Entendemos que sus criterios de calificación no van a ser conocidos por todos, sino solo por aquellos opositores que han recibido sus ponencias».
Como presidenta de uno de los tribunales de las oposiciones su labor consistía en fijar los criterios para examinar a los futuros orientadores. Alumnos a los que ella misma ha formado en la privada. Una incompatiblidad que reconocen ahora fuentes de la consejería de Educación pero que no se tuvo en cuenta en su momento, cuando el gobierno regional la designó para ese puesto. Los nombramiento se publicaron el pasado 31 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Los servicios jurídicos de UGT van a estudiar si también se incurrió en una incompatibilidad al permitir a esta inspectora de la Dirección de Área Territorial impartir docencia en una institución privada al mismo tiempo que en la pública en la misma especialidad.
La escuela pública es para pringados y pobretones
Hace un mes aproximadamente nos sorprendimos en twitter con una entrada del blog de Juanri, titulada La conertada merece mucha más seriedad, donde el autor explicaba que la escuela pública es para pringados y pobretones. Algunos se lo recriminamos en twitter y Juanri nos bloqueó. Apenas un mes después nos enteramos que lo investigan por abusos a menores y no es raro, todo su blog destacaba por un desconocimiento brutal de pedagogía y sobre todo se dedicaba a hacer rankngs de colegios concertados. Lo increíble, realmente, es como los colegios concertados le abrían sus puertas mientras él grababa vídeos y elaboraba rankings, tan increíble como cierto. Aquí la noticia explicada por Cuatro:
http://www.cuatro.com/noticias/Juanri-pederasta-colegios-camuflado-educador_2_2192955084.html
A veces la mejor manera de desenmascarar a un pederasta es buscando en el lugar donde están los niños. De este modo han dado en Valencia con un peligroso depredador sexual de 25 años que se hacía pasar por experto en educación. Juan Rivera Pascual, más conocido como ‘Juanmi’, producía y distribuía pornografía infantil oculto tras la apariencia de un educador que escribía un blog de consejos.
Además de por este delito, ha sido detenido acusado de abusar de al menos un menor de 13 años. Por este motivo, el juez ha solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza, ya que existe riesgo de fuga. Y es que se puede enfrentar a 12 años de cárcel por abuso sexual continuado y ottros 9 por corrupción de menores.
profesorgeohistoria
PROFESORGEOHISTORIA 