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Educación, la privatización que no cesa
Artículo básico para conocer la privatización de la educación en nuestro país, lectura obligada:
Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.
Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.
“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”
El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.
La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.
Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su comunidad educativa. La trampa está en que no se va a construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.
Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.
“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”
Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.
Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.
“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”
El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.
Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.
El gasto público en colegios concertados marca un récord en 2015
La concertada sigue creciendo de forma imparable gracias a los políticos y, también, a sus políticas de segregar al alumnado:
http://linkis.com/cadenaser.com/ser/20/0Hl1j
La recuperación ha llegado a la escuela concertada mientras que la pública sigue sufriendo los estragos de la crisis. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, el gasto público en conciertos en el año 2015 (cifras aún provisionales) fue de 5.918,316 millones de euros, el mayor de toda la serie histórica y superior a los 5.891,028 millones de 2009, el más alto hasta ahora. Ese gasto récord en 2009 se produjo en el año en el que hubo mayor inversión educativa en España 53.895,012 millones en total, el 4,99% del PIB.
En 2015, sin embargo, las buenas cifras de la concertada contrastan con los recortes que aún se notan en la pública. Las Administraciones Educativas se gastaron en centros públicos 40.730 millones de euros. La inversión aumentó con respecto a 2014 en 1.652 millones pero está muy lejos de los 48.003 millones del año 2009. En total, la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015 que en 2009, mientras que en la concertada el gasto fue de 27 millones de euros más.
Las cifras reflejan también como la concertada ha salido reforzada con respecto a la pública de estos años de recesión. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%.
Todas las comunidades autónomas excepto han Andalucía han aumentado la proporción del gasto educativo que dedican a la enseñanza concertada. Las que más, Murcia donde la inversión en centros concertados ha pasado de suponer el 11,8% en 2009 al 16%en 2015 respecto al gasto educativo total y Madrid donde ha subido del 15,9% al 19,9% en ese periodo. En estas dos comunidades la inversión en conciertos ha aumentado a pesar de los recortes y de la caída en el presupuesto global para Educación. También es importante, de más de dos puntos porcentuales, la subida del gasto en concertada en la Comunidad Valenciana (del 13,2% al 15,9% del gasto total) Baleares del 18,2% al 21,1%, Navarra del 18,4% al 21,2% y La Rioja donde ha subido del 14,6% al 17,2% En todas estas comunidades gobernaba el Partido Popular en ese periodo.
En cualquier caso la comunidad que más gasta en conciertos es el País Vasco que en 2015 invirtió el 24,4% del total del gasto educativo en este tipo de enseñanza, en 2009 ya gastaba el 23,2% por lo que ha subido algo más de un punto porcentual.
La única comunidad en la que ha bajado proporcionalmente el gasto destinado a la concertada es Andalucía, casi un 0,4%. Además en Castilla y León el porcentaje no ha variado entre 2009 y 2015 y se mantiene en el 12,6%.
La Directora General de centros educativos de la Región de Murcia, María Dolores Valcárcel, reconoce que se han incrementado los conciertos atendiendo, asegura, a la demanda social: «El aumento del presupuesto destinado a conciertos entre 2009 y 2015 se debe al crecimiento vegetativo de los centros educativos que aún no están concertados completamente», explica en declaraciones a la SER en una grabación remitida por la propia consejería de Educación de Murcia.
Valcárcel añade que con ese 16% del gasto se atiende al 24% de los alumnos murcianos y que entre los compromisos del Gobierno regional está “garantizar la complementariedad de la enseñanza concertada con la pública” y “la libre elección de centro a las familias”.
Una explicación parecida da la Comunidad de Madrid. En una respuesta por escrito la consejería de Educación explica que el incremento en el gasto en conciertos se debe “crecimiento vegetativo de los centros”. Afirma que entre 2009 y 2015, el periodo analizado, aumentaron en casi 50.000 los alumnos de la concertada mientras que en la pública descendieron en 10.000. Educación responsabiliza del aumento de los conciertos a los anteriores Gobiernos del PP y subraya que Cristina Cifuentes “no ha autorizado la apertura de ningún centro concertado en lo que va de legislatura”. Además señala que mientras que los alumnos de la concertada han subido casi un 16% el gasto solo lo ha hecho un 9,6% y recuerda que Madrid equiparó los sueldos de los profesores de la concertada y la pública en 2008 lo que “sólo en los primeros 4 años ha supuesto un gasto de 160 millones de euros”.
El profesor de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero,cree que hay dos factores que explican el aumento del gasto en conciertos a niveles previos a la crisis: «En la concertada se puede recortar menos porque la administración pública sólo paga los salarios y, por tanto, es más fácil hacerlo en los centros públicos. Por otra parte, en algunas comunidades, como Madrid, Murcia, Valencia o Cataluña, ha habido una voluntad política de impulsar la concertada y esto hace que en los últimos años, incluida la crisis, haya habido una expansión de centros concertados y un incremento de la participación del gasto en conciertos sobre el gasto educativo total». Calero también subraya que la proporción de alumnos que van a la escuela concertada y los que estudian en centros públicos se ha mantenido estable durante la crisis lo que refuerza la idea de una apuesta política por la concertada. «El número de alumnos se ha mantenido muy estable, también durante la crisis, uno de cada tres alumnos va a centros concertados y dos de cada tres a centros públicos. Sin embargo, sí que ha habido durante la crisis ese crecimiento de la participación del gasto público en centros concertados. Es una evolución que claramente se debe a una voluntad política de dar impulso a los centros privados-concertados».
En este punto coincide con Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: “Yo creo que las políticas del Gobierno han tenido un claro sesgo privatizador y eso es una opción ideológica y política. Ha habido una apuesta clara por favorecer la privatización de la enseñanza por parte de la mayoría de las administraciones educativas del partido popular». García también recuerda que los recortes en la enseñanza pública han hecho aumentar el gasto privado de las familias durante la crisis – que ha pasado de representar el 0,8% del PIB al 1% – lo que afecta a la equidad del sistema educativo y a la igualdad de oportunidades de los alumnos con menos recursos.
Para Calero, experto en Economía de la Educación, la equidad del sistema educativa se basa en la fortaleza de la red pública: «Parece que un sistema donde hubiera más participación del sector público sería un sistema educativo con más posibilidades de igualdad. Una mayor presencia de colegios concertados abre más las puertas a la capacidad de elección, lo que también supone una reducción de la igualdad, supone más segregación, normalmente. Ahora, siempre en política educativa tenemos estos dos polos: la igualdad y la capacidad de elección. Unas políticas se orientan hacia un tipo de objetivo, otras hacía otro».
¿Por qué a algunos nos chirrían los conciertos educativos?
Excelente artículo de Jordi Martí, en xarsatic:
http://www.xarxatic.com/por-que-a-algunos-nos-chirrian-los-conciertos-educativos/
Ya cansa el debate estéril y demasiado ideologizado acerca de los conciertos educativos. No, el debate acerca de la existencia de los conciertos educativos no debería llevarse al ámbito ideológico porque es una cuestión más bien técnica acerca de la oferta de un determinado servicio por parte de una empresa externa. Sí, un concierto educativo no es nada más que la externalización del servicio educativo, dotando de la potestad a una determinada organización, empresa o cooperativa, para ofertar un servicio porque, supuestamente, la administración educativa es incapaz de satisfacer la demanda de los padres. Y, seamos claros, hoy en día hay un 30% de alumnado que estudia en centros concertados porque hay padres que han decidido que ello sea así por varios motivos.
Conviene recordar que los conciertos educativos se implantaron en nuestro país mediante el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, firmado por el Ministro socialista Maravall en un momento en el que, debido a la necesidad de escolarización masiva de alumnado y, cómo no, una cantidad de nacimientos sin precedentes en nuestro país (léase baby boom de los setenta y ochenta), no se daba abasto con los centros públicos que existían. Es por ello que, para permitir la posibilidad de dicha escolarización y, sin el dinero necesario para ello, se optó por la fórmula del concierto que permitió a muchos centros educativos -la mayoría gestionados por la Iglesia Católica en sus diferentes congregaciones- recibir un dinero por parte del Estado que financiaría el salario de sus docentes, personal auxiliar y mantenimiento del centro, a cambio de eliminar “cualquier concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad“.
Así pues, el Estado se ahorra el coste de las infraestructuras y permite, sabiendo ya de entrada que habrá algún coste encubierto para las familias, la creación de esa triple línea que tanto nos chirría a algunos. Un servicio privado, subvencionado con dinero público, que compite de forma desleal tanto con el servicio público como con el privado. Pero no nos quedemos con la afirmación fácil. Vayamos a ver por qué nos chirría ese modelo de conciertos educativos.
En primer lugar, se supone que, en ningún momento la prestación del servicio educativo vía conciertos, va a segregar a ningún alumno por razón de sexo, raza o religión. Algo que está incluido en nuestra Constitución y, aunque les parezca a algunos algo a mejorar por ya llevar más de treinta años redactada y no sujeta a modificaciones cuando ha cambiado la sociedad, sigue siendo la norma básica de funcionamiento de nuestro país. Es por ello que no se entiende que haya centros concertados que segreguen por sexo (sí, hay centros del Opus, que son concertados, a pesar de permitir sólo la escolarización de niños o niñas), otros cuya tasa de inmigrantes roza el 0% cuando en el público de al lado hay más del 40% (y no, no estoy hablando de centros educativos alejados kilómetros) y otros que, curiosamente, al ser gestionados por organizaciones católicas, hacen imposible satisfacer las creencias de alguien que no crea en esa religión concreta. Cualquiera de los tres casos ya discrimina y, es por ello que dicho concierto no debería darse. Centros que ponen barreras a los padres, satisfaciendo la libertad de elección de algunos pero impidiendo la libertad de elección de otros, es algo contraproducente. No lo digo yo, es de lógica aplastante. Si un padre no puede elegir un determinado centro para su hijo porque considera que el mismo atenta contra su confesión religiosa, le genera desasosiego que su hijo sea el único de padres inmigrantes en el centro o, simplemente, tenga la mala suerte de tener una hija y querer que vaya a un centro exclusivo para niños, ya implica que la libertad de elección no es tal.
No, en el punto anterior no entro en las cuotas ilegales que se cobran bajo supuestas donaciones, ni en el miedo que tienen algunos padres al no pagarlas por los efectos que puede tener dicha acción sobre sus hijos porque estamos hablando de miedos y, quizás, no de realidades. Eso sí, algo que nos chirría bastante a los que creemos en la desaparición de los conciertos educativos por considerar que son innecesarios en su mayor parte, es la dificultad de encontrar su cuenta de resultados. Bueno, más bien la imposibilidad de acceder a ella para comprobar si realmente, tal y como nos dicen todos los propietarios de centros concertados, están perdiendo dinero. Da la sensación que todos los centros concertados pierdan dinero. Algo que resulta curioso cuando se pagan millones de euros en mordidas por el simple hecho de poder ser adjudicatarios de dichos conciertos. Por tanto, ¿qué miedo tienen en publicar esa cuenta de resultados y hacerla pública? Callarían muchas bocas que hablan del beneficio que sacan esos centros con un servicio subvencionado con dinero público. Si no hay problema en lo anterior, ¿por qué no hacer una ley que impida que los centros concertados puedan obtener beneficios? Por cierto, ¿por qué la administración no inspecciona la contabilidad de los centros concertados? Si lo anterior fuera público seguro que se eliminan muchos dimes y diretes. Además, como ciudadano, ¿no tengo derecho a saber dónde van mis impuestos y cómo se gestionan? Y si se puede incluir en la contabilidad todas aquellas empresas que, propietarias de la Fundación que gestiona esos centros, venden libros de texto, uniformes o plataformas educativas, haría que todo fuera mucho más claro.
Ya veis que hasta ahora he entrado en dos temas que me preocupan: la libertad de elección que no es tal y la necesidad de saber las cuentas de resultados de esos centros que pagamos entre todos. Queda un tema también importante… el de la contratación y gestión del personal.
Según la ley mencionada anteriormente, la selección de docentes para trabajar en esos centros deberá hacerse “de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad“. Algo que se incumple sistemáticamente porque, resulta curioso que no haya ningún tipo de listas para entrar a trabajar en esos centros mediante baremos objetivos tal y como sucede en los centros públicos. No, a día de hoy debería haber un baremo objetivo, no ideológico ni relacionado con haber sido o no ex alumno de esos centros, que permitiera una selección transparente como la que marca la ley. Lo lógico sería que, tal y como marca la ley, los docentes de la concertada tuvieran las mismas condiciones laborales que los de la pública, con los mismos derechos y deberes y fueran seleccionados mediante criterios meritocráticos y transparentes. Yo no conozco ningún lugar donde haya unas listas con méritos expuestos. Si alguno la conoce que me lo haga saber porque, sinceramente, llevo años buscándola. No, no me vale decir que una entrevista personal determine qué docente entra a trabajar o no en un centro concertado. Me vale decir que buscamos un docente que tenga el título X, el dominio de idiomas certificado Y y una determinada experiencia dando clase. Bueno, seamos sinceros, ¿por qué no usamos la lista de interinos de la pública para dotar de docentes a la concertada? Un mecanismo más transparente, con baremos objetivos y con la posibilidad de saber en qué momento te toca trabajar no lo hay. Y si no funciona del todo bien, articulemos uno específico para la concertada donde se cumpla la ley porque, ¿no interesa tener a los mejores docentes en la concertada para ofrecer la mejor calidad educativa y así conseguir mantener a sus “clientes”? ¿O lo que realmente venden es otra cosa?
Ya habéis visto que me he alejado de apriorismos facilones para entrar de lleno en algunas cosas que me chirrían de la concertada. No pido mucho. Pido tan sólo transparencia, libertad para TODOS los padres y, cómo no, un sistema muchísimo más transparente que el actual de algo financiado con dinero público. Eso sí, por favor, evitaros comentar el típico mantra de que una plaza en la concertada sale más barata al erario público (que podría desmontar, de forma tan o tan poco interesada como los que venden lo anterior) porque, a mí lo que realmente me importa es que sea más barato, y sin merma de calidad, para el ciudadano que usa esos servicios 
Se da la paradoja de que las familias menos pudientes subvencionan la educación de las acomodadas
Artículo que explica muy bien como todos los ciudadanos subvencionamos esa escuela que fomenta la exclusión y la discriminación (concertada):
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/cierre-aulas-concertada_1190599.html
En cuestión de semanas, hemos pasado de la expectativa de cerrar unas 50 aulas “redundantes” de la educación privada concertada, a 28 aulas, a “racionalizar la concertada” eliminando solo 10 aulas, e incluso menos. De victoria en victoria hasta la derrota final.
El 15 de marzo, la Consejera de Educación tuvo una reunión con la patronal de la concertada y con el sindicato mayoritario de la misma –FSIE-, para explicarles el posible alcance de cierres de aulas en la concertada, garantizando que no habrá ningún despido. Es un trato mucho más delicado que el brindado a los trabajadores de la escuela pública. A finales de agosto, en una comisión de escolarización del Servicio Provincial de educación de Zaragoza se informó, como quien no quiere la cosa, del cierre de 12 aulas en la ciudad de Zaragoza. Eso también es destrucción de empleo. ¡Vaya diferencia de trato! STEA –Intersindical denunció en una nota de prensa el cierre de esas 12 aulas que, de no haber sido así, hubiera pasado sin pena ni gloria.
El cierre de unas 10 aulas en la concertada desde el punto de vista laboral no es ningún trauma, dado que están a punto de jubilarse buena parte de los más de 4.000 trabajadores de la concertada. La preocupación en todo caso es que la concertada como negocio en expansión sufriría, aunque de un modo casi simbólico, un pequeño revés en varias décadas.
La concertada, regulada por el POSE en 1985, mueve mucho dinero público, puestos de trabajo –no seleccionados a través de oposición a pesar de salir sus salarios de las arcas públicas- e influencia social. Prueba de ello es la rapidez y volumen de firmas recogidas contra este posible cierre de aulas.
Es un negocio que se está reestructurando, con un peso cada vez menor de la Iglesia y la entrada de empresas ajenas a la educación. Basta recordar la constructora de Florentino Pérez, La Caixa, el holding del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández o la cervecera Mahou. ¿Por qué es un negocio con éxito garantizado?: simplemente porque la Administración corre con los gastos –salarios, etc- y la empresa privada que gestiona el concierto cobra “donaciones” a las familias, además libres de impuestos gracias a las fundaciones que crean para formalizar los conciertos.
La legislación actual garantiza la libertad de elección de centro a los progenitores en el medio urbano, no así en áreas rurales –donde no hay alternativa a la red pública-, de hecho la concertada es un fenómeno que sólo se da en las tres capitales aragonesas y en alguna cabecera de comarca. A STEA-i le parece muy bien que se garantice la libertad de elección de centro, faltaría más, pero en lo que estamos radicalmente en contra es en que se garantice la libertad de elección subvencionada. Abogamos por el modelo como el francés con dos redes: la pública bien financiada y la privada costeada al 100% por las familias que “libremente” optan por ese modelo. En nuestro país, la educación concertada disfruta de una suerte de doping al costear sus gastos básicos la Administración y permitírsele el cobro de “donaciones” a las familias, se da pues la paradoja de que las familias menos pudientes subvencionan a través de los impuestos la educación de las familias acomodadas que pueden permitirse hacer las “donaciones”, con ello la educación concertada disfruta de dos fuentes de financiación, mientras la pública solo de una.
Dada la cobertura legal de la libertad de elección subvencionada de centro, y la línea seguida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –recordemos que permitió abrir cautelarmente el centro “Anfora Internacional” de Cuarte, o la concertación de centros que segregan por sexo, caso del “Monte Aragón” o el “Sansueña”, o paralizó la bajada de 90 a 45 minutos de religión a la semana en infantil y primaria con una cautelar ya iniciado el presente curso-, es previsible que cualquier recurso contra la no concertación prospere.
La cuestión de la concertada tiene mucho calado y tocarla es molestar muchos intereses creados, por ello, con medias tintas, y propuestas de “racionalizar”, como las esgrimidas por el centro izquierda, la guerra está perdida de antemano. Un debate serio sobre el asunto implica poner sobre la mesa cuestiones como la estratificación social, el doping de la concertada, es decir, hablar de los de arriba y abajo. En Aragón, STEA-i no firmó el Pacto Educativo por burlar este debate a propósito de la concertada, y ahora el Congreso de los Diputados está inmerso en otro Pacto similar, que cerrará el debate en falso.
El 15 de abril finaliza el plazo para renovar o solicitar nuevos conciertos, podemos aventurar el resultado: la concertada perderá solamente las vías absolutamente insostenibles –caso de querer concertar vías con cero alumnos, como podría ocurrir en Zuera- y punto. Mucho ruido y pocas nueces del centro izquierda y de quienes aspiran a ocupar ese espacio. Todo aparentemente muy racional.
*Integrante del Secretariado de STEA-Intersindical
Huelga educación 8/III/2017
http://www.eldiario.es/sociedad/Marea-Verde-general-Mendez-Vigo_13_620267968_9814.html
Finaliza la protesta con la lectura del manifiesto en Madrid: «Tenemos que seguir llenando las calles»
La cabecera de la manifestación que ha recorrido la capital ya ha finalizado y los organizadores han comenzado a leer el manifiesto, en el que han llamado a la comunidad educativa a seguir protestando en la calle. «Tenemos que seguir luchando y llenando las calles» porque «solo hemos recibido negativas y ataques de su parte, han asegurado en referencia al Gobierno.
Afirman que no confían en el pacto educativo que se está articulando en la subcomisión del Congreso creada para tal fin, del que critican que se está gestando en un entorno político y excluyente con los movimientos sociales. «Cinco años de gobierno nos han llevado al abismo, destrozando el sistema educativo y machacando las ilusiones de las familias», han afirmado. La «victoria» de las reválidas, han proseguido, «tienen que animarnos a seguir».
Educación en España: segregación de alumnos y desprecio por el profesorado
Os dejo un artículo de obligada lectura que denuncia los males del sistema educativo español:
http://diario16.com/educacion-en-espana-segregacion-de-alumnos-y-desprecio-por-el-profesorado/
El informe PISA tan solo muestra una faceta del sistema educativo español, pero la verdadera cara del mismo queda oculta tras ese marasmo de cifras y datos. 1 de cada 4 profesores no sabe si el curso que viene continuará ejerciendo la docencia. En España existe una tasa de interinidad del 23,4% que ha sido denunciada reiteradamente.
Para Marta Martín, de Ciudadanos, esto es un factor crítico, pues impide el acceso y la estabilidad en la profesión. Para Francisco García de CCOO, esta alta tasa de interinidad incide directamente en el trato con el alumnado. “¿Cómo va un profesor a implicarse con sus alumnos si no sabe si el año que viene estará ejerciendo su profesión o no?”, lamenta el sindicalista.
ESTE MODELO DE EDUCACIÓN ACABA DELEGANDO GRAN PARTE DE LA LABOR EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS
Es un profesorado que no solo tiene una alta tasa de temporalidad, sino que se ve abocado a trabajar con cada vez más alumnos en sus clases. CCOOrecoge en su informe de comienzo de curso el aumento de las ratios alumno/unidad en este curso. Éstas han aumentado en 1 para primaria y en 1,6 en ESO. Por tanto, en el curso actual existen más alumnos por cada aula incumpliendo la normativaque lo regula. Esto incide, explican desde los sindicatos, en una peor dedicación del cuerpo docente a los alumnos.
Desde CEAPA creen que este modelo de educación, al final, acaba delegando gran parte de la labor educativa en las familias, las cuales tienen que “compensar en casa las graves deficiencias de un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades con la actividad diaria que se desarrolla en los centros educativos”.
¿Una formación adecuada de los docentes?
Francisco García advierte que, desde el MECD y desde diversas comunidades autónomas, el Partido Popular ha ido eliminando los presupuestos en formación del profesorado. “Prácticamente –afirma– se valora solo la formación en TIC e Idiomas, hurtándose a los profesores la formación para la enseñanza”. Profesores de la zona sur de Madrid admiten que desde los tiempos de Esperanza Aguirre cada vez hay menos cursos presenciales y con una reducción de la oferta. Como muestra, en el CTIF de la zona Sur Madrid existen los siguientes cursos de formación: La cuestión de Dios en la filosofía; Consolidación del modelo EFQM (calidad en gestión); Nicea y el credo. Evolución histórica del cristianismo en los primeros siglos; Moodle 2.6 (plataforma de enseñanza on-line); Scratch (creación de juegos); TEA (Trastornos del Espectro Autista).
“Se puntúa igual un curso de Word que uno sobre Acoso Escolar”, recuerda García. Los docentes, a fin de obtener los sexenios de formación, pueden elegir entre todos esos cursos con una misma valoración. Sin embargo, la formación en Acoso Escolar o Igualdad es prácticamente nula según narran los docentes. El problema, insisten los docentes, es que los conocimientos que se adquieren son meramente esos. Existen pocos cursos con aplicabilidad. Como denuncia Martín Llaguno de C’s las habilidades TIC “tienen que ser aplicadas” como los conocimientos de otros idiomas. Es un sistema de formación que se ofrece para cumplir sexenios formativos y cobrar el plus, pero no para “formarnos en enseñanza” concluye una profesora.
Homogeneización y segregación educativa
José Luis Pazos, de CEAPA, denuncia los procesos de selección del alumnado que se vienen produciendo en algunas comunidades autónomas. “Los proyectos bilingües se seleccionan por criterios socioeconómicos como venimos denunciando desde hace tiempo” afirma con contundencia. Desde los sindicatos también se lamenta esta situación que nada tiene que ver con los recortes “es una opción política”. Para establecer el bilingüismo en un centro se consideran criterios económicos y sociales para su implantación. Incluso dentro de los propios centros, siguiendo la normativa, se están generando cursos más homogéneos con el alumnado con mejores resultados y cursos con alumnos que van un poco peor. Como afirman las madres y padres de alumnos, “se quieren hacer clases de listos y tontos”. Es un sistema de selección desde que abandonan Primaria.
“LOS PROYECTOS BILINGÜES SE SELECCIONAN POR CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS”
Para los sindicatos, esto está relacionado con el aumento de los presupuestos a los conciertos educativos que han aumentado un 6,5% en los últimos años, mientras que el resto de partidas han caído un 15%. En Islas Baleares, Madrid y Murcia, que son las comunidades en las que se producen los mayores incrementos en fondos para conciertos, el número de unidades (aulas) crece en los centros privados por encima de la media. Por eso desde CCOO se exige que “los poderes públicos retomen la iniciativa en la programación de plazas escolares para garantizar el derecho a la educación, tal como está establecido en el artículo 27 de la Constitución Española. La gratuidad de la educación obligatoria también es un mandato constitucional. El gobierno del PP, mediante la LOMCE, se ha desentendido de este mandato constitucional, y ha transferido el gasto a las familias [que puedan permitírselo remarcan]”. Y Martín Llaguno sigue un camino parecido al afirmar que “si el gobierno va aumentar el techo de gasto, lucharemos para que todo ese dinero de más vaya a la Educación y la Sanidad”.
Una fundación ultracatólica, homófoba y antifeminista recibe cuatro millones de la Comunidad de Madrid
Una medallita más para la Comunidad de Madrid:
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/29/radio_madrid/1480407986_257522.html
No solo respaldó al director de su colegio en Alcorcón, Carlos Martínez, cuando a principios de este curso envió una carta a todos sus alumnos en la que comparaba la ley contra la homofobia con el fanatismo terrorista y criticaba al islam, sino que Juan Carlos Corvera, empresario -dueño de la constructora Construcciones CYC- y presidente de la Fundación ultrarreligiosa Educatio Servanda, no tiene reparos ni complejos cuando expresa en público su punto de vista sobre el papel de la mujer en la sociedad.
En el mismo Congreso de Educadores Católicos organizado por su Fundación en 2015 en el que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, arremetió contra las feministas a las que tachó de mujeres «frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas», Corvera hizo de maestro de ceremonias para introducir el tema propuesto para aquella cita: «La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación». Según explicó él mimo, «pretende cuestionar esa supuesta igualdad en todo entre hombres y mujeres, lo cual dice bien de la falta de complejos de esta institución».
Corvera hizo un alegato en contra de la pretendida igualdad de derechos. «Reivindicamos esta diferencia entre el hombre y la mujer, reivindicamos el feminismo femenino, reivindicamos a la mujer distinta del varón«, inició Corvera su intervención ante este Congreso, para añadir citando al Papa Juan Pablo II «la mujer no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia identidad femenina». Un discurso en el que llegó a culpar a la mujer de perjudicar a los hijos por su ausencia en el hogar: «»El nuevo reparto de roles entre el hombre y la mujer ha reconfigurado la estructura interna de la familia, célula básica de la sociedad, y con la familia la educación de los hijos. Es una consecuencia innegable que la menor presencia de la mujer en el hogar ha terminado también teniendo efectos importantes en la educación de los hijos que se han traslado después a la escuela».
Este empresario, muy cercano al obispo de Getafe, y al alcalde de Alcorcón, aseguró también que la igualdad perseguida entre hombre y mujer «es el umbral de la desestructuración de la persona que acaba con el caracter sexuado de la especie humana«, y que acaba en lo que él llama «ideología de género». Un ataque más, como es habitual desde su Fundación y sus colegios, al colectivo LGTBi.
Este curso escolar, la Fundación de Corvera, ha recibido casi cuatro millones de euros de la Comunidad de Madrid por los conciertos educativos de los dos colegios que tienen en la región, el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón (por el que ha recibido 2,6 millones) y el del mismo nombre de Parla (1,2 millones) Además, esta Fundación se nutre de las aportaciones de los padres y madres de los alumnos de sus centros. En el caso del colegio de Alcorcón, como les contó la Cadena SER, se cobra una cuota mensual a las familias de más de 150 euros por un paquete de actividades que se imparte en horario lectivo y por servicios como las tutorías.
La Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación sobre el colegio Juan Pablo II de Alcorcón a raíz de la carta homófoba de su director que adelantó la Cadena SER.
La comunidad educativa exige a Cifuentes recuperar el suelo público cedido a los centros privados
Ya era hora de exigir que se recupere el suelo público regalado a los centros privados:
http://www.elboletin.com/nacional/141791/comunidad-educativa-cifuentes-suelo-publico.html
El Gobierno de Cristina Cifuentes y la comunidad educativa persiguen el ansiado Acuerdo para la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Un proyecto bilateral en el que el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, formado por organizaciones del ámbito educativo madrileño, ya ha asentado unas bases “imprescindibles para que pueda darse”.
Unos cimientos constituidos por un total de 35 medidas fundamentales con las que las organizaciones buscan recuperar y reforzar una educación pública que se ha visto lastrada por un “modelo educativo madrileño, experimentado y puesto en marcha en nuestra Comunidad antes de que fuera extendido con la LOMCE, que ha fracasado”.
De esta manera, 14 entidades, entre las que se encuentran algunas como CCOO, UGT, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de Madrid), identifican como problemas a resolver la revisión de “la ocupación de suelo público por centros privados que gozan de concierto”. Un escrutinio determinante para así poder establecer “mecanismos” que procedan “a revertir el uso” de ese suelo “para la red pública”.
Una cuestión que va acompañada del requisito de crear centros educativos “en función de las necesidades de cada zona, realizando una suficiente oferta pública y gratuita en todas las etapas y enseñanzas”, así como “aprobar un plan de recuperación y renovación de los centros educativos públicos, garantizando la adecuación de sus espacios a las necesidades actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética”.
Recuperar y mejorar el trabajo del personal educativo
Eso a nivel de la red escolar, pero no puede existir un pacto educativo, según el Consejo Escolar, sin “recuperar y ampliar las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales”. Una crisis económica que se ha llevado por delante personal de colegios e institutos y que ha dejado en una situación de inestabilidad a las plantillas. Por eso, una de las bases del acuerdo debe ser “garantizar la estabilidad” de estos profesionales “para favorecer el desarrollo y continuidad de sus proyectos educativos”.
Directamente, la competitividad que ha traído la LOMCE también afecta a los profesionales de la educación y por ello el Consejo Escolar exige que se modifique “el funcionamiento de la inspección educativa”. Algo que se podría alcanzar, según las organizaciones, “garantizando su profesionalización e independencia respecto a los responsables políticos mediante la oportuna normativa y rango jerárquico adecuado de sus máximos responsables”.
Pero no sólo se debería pasar a examen ciertos aspectos educativos. Según reclama el Consejo Escolar, en la Comunidad de Madrid se tendría que llevar a cabo una evaluación del “sistema educativo en todos sus extremos, incluyendo a la propia Administración educativa y todos los sectores que intervienen en el mismo”. Todo con un objetivo concreto: no competir entre centros sino buscar “los elementos a mejorar con el objetivoy compromiso explícito de destinar los medios adecuados para ello”.
Lucha contra la desigualdad
Recientemente, un informe de Save the Children ha determinado cómo el abandono escolar se ha disparado entre las familias con menos recursos. Es más, las cifras manejadas por la ONG sentenciaron que el 43% de los niños del quintil más pobre de la población española (20%) abandonó prematuramente sus estudios en 2015 frente al 20% de la tasa media española.
Unos datos que han llevado a la comunidad educativa a instar al Gobierno de Cifuentes, como base para el acuerdo, a que se desarrollen “políticas de equidad que garanticen que ninguna persona deje de cursar enseñanzas por falta de recursos económicos, la gratuidad del material escolar (incluyendo libros de texto, soportes digitales o cualquier otro que se use), la recuperación de las ayudas para transporte escolar y las becas de comedor, con financiación suficiente para atender todas las necesidades”.
Una serie de objetivos que serían complicados de alcanzar si no se cumple otro de los requisitos fundamentales para el Consejo Escolar: “Aumentar la inversión educativa en la Comunidad de Madrid para conseguir una educación de gestión y titularidad pública de calidad, alcanzando, al menos, la media europea en gasto por alumno”.
Levante: la Guardia Civil investiga 30 colegios concertados por fraude en las nóminas
Otra cosa que no se investiga de la escuela subvencionada:
Coto al copago encubierto en los colegios concertados en Aragón
Por fin una CCAA toma una decisión seria respecto a la concertada-subvencionada, ya está bien de segregar con el dinero de todos:
http://www.publico.es/sociedad/coto-al-copago-encubierto-colegios.html
Aragón va a poner coto al copago que, de hecho, aplican numerosos colegios concertados mediante la solicitud de “aportaciones voluntarias” a las familias de los alumnos. La Comisión de Educación de las Cortes ha aprobado este martes una moción que reclama al ejecutivo autonómico una batería de medidas “para lograr la absoluta gratuidad y universalidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos”.
La resolución, propuesta por Podemos y que tuvo el apoyo de PSOE, Cha e IU y la oposición de PP, Par y C’s, incluye que los centros concertados no puedan “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones”, tampoco “exigir la adquisición de material escolar para comprar en el propio centro o en determinados establecimientos” ni, de la misma manera, “reclamar” ni “percibir” dinero por “las enseñanzas de carácter gratuito” ni por reservar plazas.
Por otro lado, los colegios estarán obligados a entregar a las familias, ya durante los periodos de solicitud y de matrícula, información por escrito que deje claro que esas aportaciones son, en todo caso, voluntarias y también revocables en cualquier momento.
Entre las medidas, tras aceptar la formación morada una enmienda de los socialistas, se encuentran que la Inspección tenga “como medida prioritaria la supervisión de las aportaciones”, que la Consejería de Educación “habilite las medidas oportunas” para canalizar las reclamaciones de las familias que rechacen pagarlas y que el Gobierno autonómico realice un estudio jurídico sobre la legalidad de que los centros concertados “puedan solicitar de manera masiva las ‘aportaciones voluntarias” para “fundaciones o asociaciones particulares” cuando, en realidad, los alumnos que reciben mediante conciertos hacen “uso de un servicio público”.
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