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Educación, la privatización que no cesa
Artículo básico para conocer la privatización de la educación en nuestro país, lectura obligada:
Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.
Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.
“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”
El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.
La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.
Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su comunidad educativa. La trampa está en que no se va a construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.
Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.
“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”
Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.
Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.
“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”
El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.
Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.
Investigan la concesión de tres colegios de Madrid a un sobrino de López del Hierro
Más mafia del PP en la concesión de colegios concertados madrileños, subvencionados y pagados por los madrileños:
Colegios en el punto de mira por su adjudicación. La empresa Antana Educación se ha hecho desde 2008 con la gestión de centros educativos en tres municipios de la Comunidad de Madrid, todos gobernados por el Partido Popular: Villanueva del Pardillo, Paracuellos del Jarama y Leganés. Sin embargo, grupos de la oposición han denunciado a dos de los tres alcaldes por la forma en la que traspasaron los terrenos a la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar. Los opositores relacionan la adjudicación con determinados intereses y conexiones políticas por parte del consejero delegado de la empresa adjudicataria, Jorge López del Hierro, sobrino del marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran a El Confidencial que sendas adjudicaciones se rigieron por “los mismos criterios que se siguen en todos los concursos públicos” y señala a los ayuntamientos como los responsables de ceder los terrenos para uso educativo. “El ayuntamiento aprueba el traspaso. La consejería únicamente se limita a sacar el concurso público y concedérselo a la compañía que reúna las condiciones más óptimas”. De hecho, las mismas fuentes aseguran que Antana Educación pujó por la concesión de otros colegios que fueron a parar a manos de otras compañías, pero no quisieron desvelar cuáles.
El primer traspaso se firmó en Villanueva del Pardillo en mayo de 2010, cuando se entregó, de manera gratuita y por 75 años, un suelo valorado en más de 4,1 millones de euros. Izquierda Unida demandó al ayuntamiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 27 le dio la razón en junio de 2011, según desveló Estrella Digital. Sin embargo, la sentencia no se ejecutó porque el juez pidió un aval de 300.000 euros para demoler el colegio, pero no lo consiguieron.
Leganés copió el modelo de Villanueva del Pardillo tras las elecciones de mayo de 2011. Otra vez a puerta cerrada se aprobó la cesión gratuita de un terreno, este valorado en 33 millones de euros. Los tres grupos de la oposición denunciaron el proceso porque el negocio volvió a superar el 10% del presupuesto municipal. En paralelo, el partido independiente de la localidad ULEG va a pedir un pleno monográfico para aclarar si existen vínculos familiares entre los gestores de los centros educativos y el PP.
Sin ir más lejos, Jorge López del Hierro es consejero de dicha compañía, junto con Germán García Cordero, desde el pasado mes de junio. Antes había salido de la compañía su hermano Francisco Javier.Los dos son sobrinos de Ignacio López del Hierro, el marido de la secretaria general del Partido Popular. Desde la Consejería de Educación aseguran que “desconocen” si existe algún parentesco entre los adjudicatarios y la secretaria general del PP. Además, subrayan que desde que se adjudicaron los centros no ha habido ningún problema en ninguno de ellos.
La Junta tarda nueve meses en revisar un examen de oposición
Noticia importante para todos los interinos, en esta época de escasas plazas y abusos en las oposiciones la Junta de Andalucía tardaba nueve meses en revisar un examen de oposición. En Madrid es peor, tardan más de un año, y los tribunales de oposición en Madrid están plagados de tribunos voluntarios con opacas intenciones como trepar o beneficiar a sus amigos.
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/01/58fb3ed8e2704e0f528b4579.html
La Junta responde en marzo a una queja sobre la valoración de una prueba que se realizó el mes de julio anterior
La Junta reconoce que hay instancias judiciales instando a revisar los exámenes, pero añade que no hay constancia de que «ningún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa»
Cuando Luis Carlos Nogués terminó el primero de los exámenes de las oposiciones a profesor de Secundaria de la especialidad de Geografía e Historia estaba convencido de haber realizado un buen trabajo. Todavía lo está, de hecho. Pero el tribunal que lo evaluó opinó de manera diferente y le puntuó la prueba con un 4,1 sobre 10. Pensó entonces que debía tratarse de un error y solicitó una revisión. Y fue entonces cuando conoció el muro normativo infranqueable que impide a los opositores tener acceso siquiera a las correcciones del examen ni, por supuesto tampoco, a una revisión del mismo.
El tribunal se negó a enseñarle la prueba y le remitió a lo dispuesto al respecto en la orden de convocatoria de las oposiciones que, como toda garantía procesal para los opositores, sólo prevé la reclamación por la vía del recurso de reposición y del contencioso-administrativo, una vez que se conozca el listado definitivo de aprobados en la oposición, o sea terminado todo el proceso y sin posibilidad ya de participar en el mismo.
Nueve meses después de presentar su recurso por su disconformidad con la nota recibida, Luis Carlos Nogués recibió un escrito, con fecha de 28 de marzo de 2017, en el que la administración, como cabía esperar, rechaza su recurso, detallando las razones que llevaron al tribunal a imponerle un 4,1750 de nota de evaluación.
«El desarrollo del tema peca de excesivamente descriptivo», le explican en un momento dado. «Se abusa del punto y seguido, incluso cuando cambia de concepto», añade, por otro lado, el escrito de respuesta al recurso de reposición.
Luis Carlos Nogués admite que su propia evaluación del examen realizado puede no ser objetiva. Pero lo que a Nogués no le cuadra es que, para acceder a una revisión de la prueba haya tenido que esperar nueve meses lo cual, en ningún caso garantiza sus derechos, pues en su momento se le negó la posibilidad de presentarse al segundo examen y, por tanto, aunque la administración hubiera reconocido un error en la evaluación, la puerta de las oposiciones hace ya nueve meses que se le había cerrado.
«¿De verdad piensa alguien que la Junta va a darle la razón a un opositor nueve meses después? ¿Cómo se le repararían sus derechos en ese caso?», se pregunta Nogués que, desde la convocatoria pasada ‘pelea’ por un proceso de selección de personal más justo y, sobre todo, más transparente en el área de Educación.
Este licenciado en Geografía e Historia investiga desde el pasado junio cada paso en la Consejería de Educación para poner en marcha unas oposiciones y ha concluido que el proceso es un campo abonado para las arbitrariedades, desde la elección de los miembros del tribunal hasta la falta de una vía ágil de revisión de los exámenes.
Su opinión con respecto a la opacidad de los tribunales la comparte el sindicato APIA, que ha reclamado en reiteradas ocasiones «que se sustituya el actual sistema de libre designación de los presidentes de los tribunales y de las comisiones que bareman los méritos de los opositores por un sistema objetivo de méritos profesionales que responda a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Manuel Fernández, presidente de APIA, considera que «con el sistema actual la Consejería elige de forma unilateral a quiénes nombra» para puestos tan importantes como la presidencia de los tribunales y de las comisiones de baremación de los méritos, un apartado fundamental en un concurso-oposición, y resulta llamativo que algunas personas repitan con cierta habitualidad en esos puestos por decisión unilateral de la Consejería».
Pero no sólo los presidentes de los tribunales, elegidos a dedo en cada convocatoria, repite. Con sorpresa, Luis Carlos Nogués ha podido comprobar cómo hay vocales (que en teoría son elegidos por sorteo) que también aparecen en diferentes convocatorias hasta en cuatro ocasiones diferentes.
Con respecto a la negativa de la Consejería de Educación a incluir en su normativa un plazo para la revisión de los exámenes por parte de los opositores que así lo reclamen, resulta especialmente llamativo dado que éste es un derecho de cualquier examinando en cualquier etapa de la educación. Así, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la Universidad, existen dos vías alternativas de revisión de libre elección para los alumnos.
Infalibles
Para la Consejería de Educación, sin embargo, sus tribunales tienen prácticamente el don de la infalibilidad. Eso al menos se desprende de una respuesta parlamentaria realizada a preguntas de la diputada del PP Patricia del Pozo, en la que se recuerda que cada tribunal (242 en el último proceso) dispone de un modelo de plantilla de corrección con hasta 20 ítems, dependiendo de la especialidad, «de manera que las calificaciones de los órganos de selección obedezca, en todo momento, a los mismos criterios». «Cada miembro del tribunal ha debido rellenar una ficha por cada prueba o parte de prueba, basada en los referidos criterios de corrección».
«Además, -continúa la Consejería de Educación en su respuesta- la calificación final del ejercicio constituye la media de las calificaciones de los cinco miembros, anulándose, de conformidad con las bases de la convocatoria, las notas máxima y mínima, si entre las otorgadas por los miembros del tribunal hay tres o más puntos de diferencia». «Es difícil, por tanto que un posible error en la calificación de un miembro no sea advertido por los cuatro restantes, lo que da suficientes garantías al proceso», dictamina la consejera Adelaida de la Calle en su respuesta al PP.
Y añade: «Efectivamente hay providencias judiciales instando a los órganos de selección a revisar e informar de ejercicios de la fase de oposición, pero también es cierto que no hay constancia de que algún opositor haya visto prosperar su petición por esta causa».
Otro mecanismo para dotar de transparencia el proceso, habitual en las convocatorias de oposición para profesores en otras comunidades autónomas es la lectura pública de cada uno de los exámenes, que tampoco se utiliza en Andalucía.
Un proceso de 40 días
La Consejería de Educación defiende su actual modelo apelando a la necesidad de que todo el proceso de selección se ajuste a un plazo máximo de 40 días, de manera que no se altere «el normal desarrollo de la labor educativa durante el periodo lectivo», y a su vez se permita emplear el mes de agosto para que la Administración pueda llevar a cabo el procedimiento de adjudicación de los destinos provisionales, al «objeto de que los docentes que hayan obtenido plaza en el proceso selectivo tengan asignado un destino para el siguiente curso».
En la convocatoria a la que se presentó el aspirante Luis Carlos Nogués se presentaron 23.805 opositores para 1.674 plazas de Secundaria, según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación. El tribunal que calificó a Luis Carlos Nogués tenía que evaluar a 121 aspirantes. Por comparar con otros procesos con mayores garantías, cabe recordar que a la convocatoria de selectividad del pasado mes de junio se presentó un total de 43.000 alumnos andaluces.
El gasto público en colegios concertados marca un récord en 2015
La concertada sigue creciendo de forma imparable gracias a los políticos y, también, a sus políticas de segregar al alumnado:
http://linkis.com/cadenaser.com/ser/20/0Hl1j
La recuperación ha llegado a la escuela concertada mientras que la pública sigue sufriendo los estragos de la crisis. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, el gasto público en conciertos en el año 2015 (cifras aún provisionales) fue de 5.918,316 millones de euros, el mayor de toda la serie histórica y superior a los 5.891,028 millones de 2009, el más alto hasta ahora. Ese gasto récord en 2009 se produjo en el año en el que hubo mayor inversión educativa en España 53.895,012 millones en total, el 4,99% del PIB.
En 2015, sin embargo, las buenas cifras de la concertada contrastan con los recortes que aún se notan en la pública. Las Administraciones Educativas se gastaron en centros públicos 40.730 millones de euros. La inversión aumentó con respecto a 2014 en 1.652 millones pero está muy lejos de los 48.003 millones del año 2009. En total, la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015 que en 2009, mientras que en la concertada el gasto fue de 27 millones de euros más.
Las cifras reflejan también como la concertada ha salido reforzada con respecto a la pública de estos años de recesión. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%.
Todas las comunidades autónomas excepto han Andalucía han aumentado la proporción del gasto educativo que dedican a la enseñanza concertada. Las que más, Murcia donde la inversión en centros concertados ha pasado de suponer el 11,8% en 2009 al 16%en 2015 respecto al gasto educativo total y Madrid donde ha subido del 15,9% al 19,9% en ese periodo. En estas dos comunidades la inversión en conciertos ha aumentado a pesar de los recortes y de la caída en el presupuesto global para Educación. También es importante, de más de dos puntos porcentuales, la subida del gasto en concertada en la Comunidad Valenciana (del 13,2% al 15,9% del gasto total) Baleares del 18,2% al 21,1%, Navarra del 18,4% al 21,2% y La Rioja donde ha subido del 14,6% al 17,2% En todas estas comunidades gobernaba el Partido Popular en ese periodo.
En cualquier caso la comunidad que más gasta en conciertos es el País Vasco que en 2015 invirtió el 24,4% del total del gasto educativo en este tipo de enseñanza, en 2009 ya gastaba el 23,2% por lo que ha subido algo más de un punto porcentual.
La única comunidad en la que ha bajado proporcionalmente el gasto destinado a la concertada es Andalucía, casi un 0,4%. Además en Castilla y León el porcentaje no ha variado entre 2009 y 2015 y se mantiene en el 12,6%.
La Directora General de centros educativos de la Región de Murcia, María Dolores Valcárcel, reconoce que se han incrementado los conciertos atendiendo, asegura, a la demanda social: «El aumento del presupuesto destinado a conciertos entre 2009 y 2015 se debe al crecimiento vegetativo de los centros educativos que aún no están concertados completamente», explica en declaraciones a la SER en una grabación remitida por la propia consejería de Educación de Murcia.
Valcárcel añade que con ese 16% del gasto se atiende al 24% de los alumnos murcianos y que entre los compromisos del Gobierno regional está “garantizar la complementariedad de la enseñanza concertada con la pública” y “la libre elección de centro a las familias”.
Una explicación parecida da la Comunidad de Madrid. En una respuesta por escrito la consejería de Educación explica que el incremento en el gasto en conciertos se debe “crecimiento vegetativo de los centros”. Afirma que entre 2009 y 2015, el periodo analizado, aumentaron en casi 50.000 los alumnos de la concertada mientras que en la pública descendieron en 10.000. Educación responsabiliza del aumento de los conciertos a los anteriores Gobiernos del PP y subraya que Cristina Cifuentes “no ha autorizado la apertura de ningún centro concertado en lo que va de legislatura”. Además señala que mientras que los alumnos de la concertada han subido casi un 16% el gasto solo lo ha hecho un 9,6% y recuerda que Madrid equiparó los sueldos de los profesores de la concertada y la pública en 2008 lo que “sólo en los primeros 4 años ha supuesto un gasto de 160 millones de euros”.
El profesor de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero,cree que hay dos factores que explican el aumento del gasto en conciertos a niveles previos a la crisis: «En la concertada se puede recortar menos porque la administración pública sólo paga los salarios y, por tanto, es más fácil hacerlo en los centros públicos. Por otra parte, en algunas comunidades, como Madrid, Murcia, Valencia o Cataluña, ha habido una voluntad política de impulsar la concertada y esto hace que en los últimos años, incluida la crisis, haya habido una expansión de centros concertados y un incremento de la participación del gasto en conciertos sobre el gasto educativo total». Calero también subraya que la proporción de alumnos que van a la escuela concertada y los que estudian en centros públicos se ha mantenido estable durante la crisis lo que refuerza la idea de una apuesta política por la concertada. «El número de alumnos se ha mantenido muy estable, también durante la crisis, uno de cada tres alumnos va a centros concertados y dos de cada tres a centros públicos. Sin embargo, sí que ha habido durante la crisis ese crecimiento de la participación del gasto público en centros concertados. Es una evolución que claramente se debe a una voluntad política de dar impulso a los centros privados-concertados».
En este punto coincide con Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: “Yo creo que las políticas del Gobierno han tenido un claro sesgo privatizador y eso es una opción ideológica y política. Ha habido una apuesta clara por favorecer la privatización de la enseñanza por parte de la mayoría de las administraciones educativas del partido popular». García también recuerda que los recortes en la enseñanza pública han hecho aumentar el gasto privado de las familias durante la crisis – que ha pasado de representar el 0,8% del PIB al 1% – lo que afecta a la equidad del sistema educativo y a la igualdad de oportunidades de los alumnos con menos recursos.
Para Calero, experto en Economía de la Educación, la equidad del sistema educativa se basa en la fortaleza de la red pública: «Parece que un sistema donde hubiera más participación del sector público sería un sistema educativo con más posibilidades de igualdad. Una mayor presencia de colegios concertados abre más las puertas a la capacidad de elección, lo que también supone una reducción de la igualdad, supone más segregación, normalmente. Ahora, siempre en política educativa tenemos estos dos polos: la igualdad y la capacidad de elección. Unas políticas se orientan hacia un tipo de objetivo, otras hacía otro».
Malas noticias para Lucía Figar: el juez Velasco pide a Educación los expedientes de 17 ‘colegios púnicos’
Lucía Figar investigada por los «colegios púnicos»:
El juez Eloy Velasco ha pedido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los expedientes administrativos por los que se hicieron los conciertos educativos de los 17 colegios concertados implicados en la trama Púnica. En un auto firmado el 2 de diciembre de 2016, accede a la petición de la Fiscalía de reclamar esta documentación. Se trata de tres colegios ubicados en Valdemoro, municipio del que fue alcalde el principal imputado de la trama, Francisco Granados. En esta localidad los centros bajo sospecha son Helicon, Caude (Nobelis) y Valle del Miro (Espacios Educativos). También está afectado otro colegio Caude situado en Majadahonda, El Catón (Torrejón de Velasco), Arcadia (Villanueva de la Cañada), Malvar (Arganda del Rey), Litterator (Aranjuez), Nova Hispalis (Sevilla la Nueva), Arula (Valdeolmos), Helade (Boadilla del Monte), Quercus (Boadilla del Monte), Villamadrid (Madrid), Miramadrid (Paracuellos del Jarama), Aguila (Parla), Vegasur (San Martín de la Vega) y Mirasur (Pinto).
Se da la circunstancia de que una de las investigadas por la Púnica, Lucía Figar,fue la responsable de la Consejería de Educación durante los años en los que se firmaron estos acuerdos. Figar, que tuvo que dimitir en junio 2015 tras ser imputada en esta trama corrupta por firmar contratos con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su reputación on line. Esperanza Aguirre nombró a Figar consejera de Educación en 2007 y fue una de sus más cercanas colaboradoras. Su nombre se barajó como su posible sustituta al frente del PP madrileño. Incluso se habló de ella como ministra de Educación o candidata del PP a la alcaldía de Madrid. Fromó parte del llamado clan Becerril, el grupo de jóvenes del PP afines a José María Aznar del que formaron parte Alejandro Agag o su marido, Carlos Aragonés, que fue jefe de Gabinete de Aznar en Moncloa. De tendencia ultracatólica, su labor en la consejería de Educación se ha caracterizado por favorecer los conciertos con escuelas religiosas.
Defensora de la enseñanza católica pagada con dinero público
Ella misma lo dejó patente en un encuentro anual organizado por el grupo ultracatólico Comunión y Liberación en Rimini, Italia, en 2011. “Hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. Estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado”, decía Figar, que presumía de su política privatizadora.
Figar pagó a una empresa de la trama 21.240 euros por un informe de 33 páginas con faltas de ortografía
Encima de corrupta tonta y muy tonta:
El trabajo concluye que la Consejería de Educación tenía presencia en Internet «prevaleciendo las percepciones negativas»
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó en enero de 2011 un total de 21.240 euros a una empresa vinculada al presunto «conseguidor» de la red corrupta ‘Púnica’ Alejandro de Pedro por un informe de apenas 33 páginas y con faltas de ortografía sobre la presencia de este departamento en Internet.
El trabajo, titulado «Informe situación actual en la red», figura en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y tenía como objetivo analizar la presencia en las redes del departamento dirigido entonces por Lucía Figar.
La factura por este trabajo, que se incluye igualmente entre la documentación aportada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, fue girada por la empresa Redytel Ingeniería de Telecomunicaciones, perteneciente a la red de sociedades de De Pedro. Cada página del informe le costó a las arcas públicas 643 euros.
CONSEJERÍA SIN TILDE
El estudio, plagado de fotografías y gráficos, comienza con la siguiente afirmación: «Un Consejeria (sic) que se decide a transformarse para ser abierta (o-Gov) es aquella que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan».
Esta consideración se completa con otras parecidas como cuando los autores del informe señalan que Educación debía convertirse en «una Consejeria (sic) de doble dirección», que «escucha primero y habla después». «Incluso diríamos más, es un Organismo (sic) que escucha más que habla», añade.
Los autores del informe explican la importancia de los resultados que se encuentran en Google cuando se realizan búsquedas de términos como «Consejería Educación Comunidad de Madrid» o «Educación Madrid». Después informan de lo que son los blogs («espacios de conversación e intercambio de ideas») y se exponen en detalle los resultados de las búsquedas de esos mismo términos en las redes sociales Twitter y Facebook: «ningún resultado» en la primera y «varios grupos no oficiales y sin actividad» en la segunda.
Tras hacer el mismo proceso de búsqueda en Youtube, Flickr y espacios de dinamización de los contenidos como Méneame o Wikipedia, la empresa adjudicataria del proyecto señala textualmente que Eico, una de las compañías de De Pedro, «a (sic) producido este informe sobre el interés y clima en Internet para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid» y que su información «podrá ser usada para analizar los atributos más destacados así como comprobar las distintas evoluciones».
El informe termina con tres conclusiones resumidas, cada una de ellas, en un párrafo. En el primero se incide en que «la Consejería de Educación tiene presencia en la red Internet (*) prevaleciendo, generalmente, percepciones negativas sobre su actividad».
En el segundo se apunta que «no hay términos registrados en las redes sociales y esto no ayudan (sic) a trabajar y mejorar el posicionamiento de la Consejería» y en el tercero se añade que «la experiencia apunta que la gestión de la entidad digital conlleva un trabajo sostenido en el tiempo, suficiente para consolidar los atributos deseados y consecuentemente fortalecer la reputación digital».
Escuela concertada versus pública
Gráfico esclarecedor de CGT:
Granados cobraba comisiones de un millón por cada colegio concertado aprobado
La íntima relación entre la concertada y la corrupción:
La presunta comisión que Granados y Marjaliza se habrían embolsado por sólo facilitar laconstrucción de centros concertados por toda la Comunidad de Madrid asecendería a un millón de euros por centro.
Eso explicaría que, por ejemplo, en Valdemoro haya hasta tres en el mismo barrio, separados por pocos metros. Serafín Faraldos, portavoz del PSOE en Valdemoro, declara que «la Púnica está poniendo de manifiesto que Valdemoro funcionaba como un cortijo».
El plan, según cuenta ‘ABC, era el siguiente: Granados conseguía, a través de su influencia, licencias y suelo muy barato para el promotor Alfonso Ferrón del Río. Ferrón del Río, a través de su empresa Alfedel pagaba Marjaliza presuntas mordidas camufladas como facturas falsas de unos 900.000 euros.
El círculo se cerraba cuando el conseguidor de la Púnica daba su parte al propio Granados. El beneficio era aún mayor, ya que siempre era la constructora de Marjaliza quien hacía las obras.
Un negocio redondo para el promotor, pues eran las cooperativas de profesores quienes corrían con todos los gastos. Cooperativas que nada tenían ni tienen que ver con la trama.
laSexta.com | Madrid | Actualizado el 01/05/2016 a las 01:36 horas
Los colegios promovidos por la ‘Púnica’ ingresaron 41 millones por conciertos el curso pasado
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