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Educación, la privatización que no cesa

Artículo básico para conocer la privatización de la educación en nuestro país, lectura obligada:

Educación, la privatización que no cesa

Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.

Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.

“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”

El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE)Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.

La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.

Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su  comunidad educativa. La trampa está en que no se va a  construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.

Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.

“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”

Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.

Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.

“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”

El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.

Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.

Más de 100.000 madrileños viven en zonas donde no hay instituto público

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Van Grieken sigue la demolición controlada de la educación pública de Madrid que iniciaron Figar/Aguirre:

http://www.elboletin.com/noticia/151961/nacional/mas-de-100.000-madrilenos-viven-en-zonas-donde-no-hay-instituto-publico.html

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, liderada por Rafael van Grieken, ha puesto en marcha esta semana el plan para desarrollar centros educativos trilingües a partir del próximo curso. La idea es que los colegios bilingües incorporen paulatinamente la enseñanza de una tercera lengua. El primer año (2017-2018) serán dos centros los que inicien el programa piloto.

Sin embargo, para unos tanto y para otros tan poco. Esa es la sensación al menos que tienen varias asociaciones de padres de la Comunidad de Madrid, así como plataformas en defensa de la Educación Pública, que critican que la Consejería de Educación dedique todos sus esfuerzos en el proyecto trilingüe y no en ofertar educación secundaria pública a los madrileños.

Barrios de la capital, como Las TablasRejas o Montercamelo, zonas como La Garena en Alcalá de Henares o la localidad de Loeches no disponen de ningún Instituto público de Enseñanza Secundaria. Lugares que suman más de 100.000 habitantes.

La joya del ‘despropósito’ sucede en el barrio madrileño de Las Tablas (37.000 habitantes), tal y como detalló elboletin.com hace unos días, donde la construcción del IES Las Tablas camina tan lento – solicitado desde el 2006 – que los estudiantes inscritos comenzarán el curso en un centro concertado privado. Algo similar a lo que sucedió en Arroyomolinos y por el que la Comunidad acabó pagando el alquiler de las instalaciones del centro privado.

Esa es una de las principales preocupaciones de las asociaciones de padres de estas zonas, la constatación del desarrollo de un modelo que beneficia y promueve la enseñanza privada en detrimento de la pública. Aunque esto no es un problema exclusivo de Las Tablas, Rejas o Loeches. Muchas zonas como Boadilla del Monte, Las Rozas o Getafe, impiden a los padres inscribir a sus hijos/as en institutos públicos por la falta de oferta.

Eso no sucede en el barrio madrileño de Montecarmelo o Rejas, donde directamente no hay oferta. Se calcula que en estas dos zonas viven cerca de 35.000 personas, y ninguna de ellas puede acudir o enviar a sus hijos/as a un instituto público cercano. Todas las opciones pasan por inscribirlos en institutos de otros barrios.

En el barrio de Rejas, por ejemplo, la mayoría de los alumnos que terminan Primaria acuden al IES Alameda de Osuna. La Consejería de Educación se ha comprometido a estudiar un plan de viabilidad para la construcción de un instituto público. Sin embargo, la dotación aportada no parece convencer a las asociaciones de padres. 30.000 euros para el estudio geotécnico y para el proyecto.

Fuera de la capital, pero dentro de la región, este problema comienza a ser un hábito. A los traslados ‘temporales’ a otros centros, como sucede en Las Tablas o en Paracuellos del Jarama, se une el ‘olvido’ que sienten los 30.000 habitantes del barrio de La Garena en Alcalá de Henares, o los 8.000 de Loeches, donde no tienen ningún instituto público.

En varios de estos casos, como en Las Tablas o Arroyomolinos, donde muchos estudiantes deben ser trasladados a otros centros por la lentitud de las obras, el problema nace del proceso de licitación de las obras de la Comunidad de Madrid, cuya principal razón de otorgar una adjudicación se basa en el precio. Cuanto más barato, más probabilidades de obtener la licitación. Que luego se haga el instituto, es otra cosa.

Las guarderías ‘Mis Pollitos’, clave para la detención de Ignacio González en la ‘Operación Lezo’

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Noticia que muestra como Aguirre, González y los demás mafiosos privatizaban la educación pública para llenarse los bolsillos propios:

http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/guarderias-mis-pollitos-clave-detencion-ignacio-gonzalez-operacion-lezo/201704230838121048261.html

La fundadora del grupo de guarderías aparece como presidenta del Grupo Empresarial Chickies en la que también está presente la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el empresario Alberto Pérez de la Sal, a quien compraron la mansión de Aravaca a un precio menor que el de mercado, según informa El Español

Salamanca entra en la ‘Operación Lezo’ como una pieza clave para esclarecer lo sucedido. Al menos, el juez Eloy Velasco, encargado instructor, así lo cree. La fundadora del Grupo Mis Pollitos, una red de guarderías que nace en 2007 tratando de reinventar el concepto, aparece en cierta medida dentro de un caso con muchas aristas con una gran importancia para llegar a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

‘El Español’ así lo publica este domingo, en el que sitúa a esta salmantina como presidenta de un Grupo todavía no constituido y que podría ser destinado a blanquear el dinero de origen ilícito del que disponían. Al parecer, según Eloy Velasco, este era el ‘modus operandi’ de la mujer de Ignacio González y el hermano de esta, que pusieron en marcha varias sociedades con este fin.

La relación entre la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid y la fundadora del Grupo Mis Pollitos surge a finales de 2016, según ‘El Español’, una vez que Lourdes Cavero, así se llama la esposa, se puso en contacto con esta salmantina, aclamada por sus premios como emprendedora, para poner en marcha su propia red de guarderías.

Así se formó Grupo Empresarial Chickies, esta sociedad dedicada al cuidado de niños que nunca llegó a ver la luz y, ni siquiera, presentó ningún informe en el Registro Mercantil. La salmantina iba a ser la presidenta de un Grupo en el que también aparecían nombres relacionados con otros casos de corrupción. El más sonado, siempre según ‘El Español’, el CEO de la inmobiliaria a la que le compraron la mansión de Aravaca con unos 200.000 euros de reducción sobre el precio de mercado, Alberto Pérez de la Sal, y que también era trabajador de otras empresas investigadas en la ‘Trama Púnica’. Todos estos lazos, investigados por el juez, han sido claves para arrestar a Ignacio González.

Dos hijas de Ignacio González lograron comprar Viviendas de Precio Público en Madrid

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Esta noticia no es educativa pero muestra como la corrupción está tan enquistada en la política de Madrid -y en la sociedad-.  Las hijas del último corrupto Ignacio González, antes fueron Granados o Figar, compraron viviendas de protección oficial cuando por renta estaría excluidas:

http://www.eldiario.es/rastreador/Proteccion-Publica-Precio-Ignacio-Gonzalez_6_635946403.html

Las hijas de Ignacio González, que saltaron a la opinión pública por la fiesta del decimoctavo cumpleaños del ‘pequeño Nicolás’ en el polémico ático de sus padres de Estepona, vuelven al foco mediático. Según publica Vanitatis, las hijas mayores de González adquirieron en 2014 dos viviendas de Precio Público (VPP) en un bloque de Valdebebas que comparten con otros 170 vecinos.

Para adquirir este tipo de viviendas, los ingresos familiares no pueden superar 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en ese año se situaba en 6.390,13 y 7.455,14 euros al año (12 y 14 pagas, respectivamente). Es decir, no podrían superar los 35.145,72 o 41.003,27 euros anuales de ingresos familiares.

Lourdes, médico residente, y Patricia, economista, adquirieron sendos apartamentos de 80,62 metros cuadrados sujetas al Premio Máximo Legal de Venta (PMLV) con una hipoteca de 145.000 euros por cada piso, siempre según la sección de corazón del periódico El Confidencial. 

La Comunidad de Madrid fija un precio máximo de venta por metro cuadrado útil para facilitar que personas con menos recursos económicos puedan adquirir el inmueble. En particular, las hijas de Ignacio González compartirían número de bloque y letra: una viviría en la tercera planta, y la otra, en la quinta.

La calificación de una vivienda de Protección Pública dura una veintena de años desde la calificación definitiva, aunque se puede solicitar la descalificación quince años después. El segundo precio máximo legal de venta se calculará entonces aplicando un coeficiente del 1,5 al precio de venta inicial actualizado según la variación del IPC. En los próximos años, por lo tanto, Lourdes y Patricia podrían vender sus pisos triplicando el precio, según informa el reportaje.

La esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, también está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo.

Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüismo

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Un artículo excelente de obligada lectura:

Elitismo educativo, escuelas concertadas y bilingüismo

La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.

La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.

En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.

El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.

¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.

Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.

Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.

Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.

Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüismo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.

El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.

[Este texto es un extracto de un artículo más amplio  (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]

Ignacio González ya declara ante el juez Velasco

En este blog lo repetimos numerosas veces, el PP de Madrid es el partido más corrupto de España desde Fernando VII y, de hecho, funciona como la camorra siciliana.  Ahora Ignacio González, el heredero y mano derecha de Esperanza Aguirre, entra en Soto del Real:

http://www.eldiario.es/politica/Ignacio_Gonzalez-PP-Canal_Isabel_II_13_634966498_10132.html

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declara ya ante el juez Eloy Velasco. Tras la declaración, el magistrado que dirige la Operación Lezo decidirá luego si le envía a prisión o le deja en libertad con medidas cautelares.

Antes que él han pasado a disposición judicial su hermano Pablo, que se ha negado a responder a las preguntas del juez y los fiscales.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, a su llegada esta madrugada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Madrid, tras el registro de su despacho.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido por supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, a su llegada esta madrugada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, Madrid, tras el registro de su despacho.

Con Cifuentes 22 millones para nuevos colegios en un cajón

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Nada ha cambiado con Cifuentes, continúan las políticas de Figar:

http://cadenaser.com/emisora/2016/11/24/radio_madrid/1479975276_997632.html

La Comunidad de Madrid dejó de gastar 22 millones y medio de euros en infraestructuras educativas de lo que había presupuestado en 2015. La consejería de Educación gastó 62 millones de los 85 presupuestados inicialmente con una ejecución real del 73%. Según los datos que falicitó el consejero de educación Rafael Van Grieken en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, se pusieron en marcha seis colegios de infantil y primaria en distintos municipios como San Sebastián de los Reyes, Parla o Navalafuente, y 12 institutos de secundaria. Según le recriminó el portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, el diputado Juan José Moreno, con los más de 20 millones que no se gastaron «se podrían haber construido otros ocho centros nuevos».

El gobierno regional explica que «los remanentes que quedaron en infraestructuras corresponden a las bajas en las licitaciones» pero la oposición no lo entiende. «¿Qué se ha dejado de construir?», se pregunta la diputada de Ciudadanos María Teresa de la Iglesia, «eso significa que hay muchos proyectos e inversiones de colegios, institutos, mantenimiento, etc., que se han dejado de ejecutar«. El PSOE cree que con ese dinero se podría haber avanzado en zonas donde la necesidad de nuestros centros públicos es un clamor como Arroyomolinos, Paracuellos o los barrios del Ensache de Vallecas, San Fermín y Las Tablas en la capital. «Lo que tenemos, en cambio, son aulas abarrotadas, colegios viejos y escuelas construídas a cuentagotas«, asegura Moreno.

La de infraestructuras educativas no es la única partida que ha quedado sin ejecutar al 100%. En formación de profesorado se quedó sin gastar en 2015 casi el 50% del presupuesto previsto y no se tocó mas de un 10% del dinero destinado a la inspección educativa.

Educación en España: segregación de alumnos y desprecio por el profesorado

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Os dejo un artículo de obligada lectura que denuncia los males del sistema educativo español:

http://diario16.com/educacion-en-espana-segregacion-de-alumnos-y-desprecio-por-el-profesorado/

El informe PISA tan solo muestra una faceta del sistema educativo español, pero la verdadera cara del mismo queda oculta tras ese marasmo de cifras y datos. 1 de cada 4 profesores no sabe si el curso que viene continuará ejerciendo la docencia. En España existe una tasa de interinidad del 23,4% que ha sido denunciada reiteradamente.

Para Marta Martín, de Ciudadanos, esto es un factor crítico, pues impide el acceso y la estabilidad en la profesión. Para Francisco García de CCOO, esta alta tasa de interinidad incide directamente en el trato con el alumnado. “¿Cómo va un profesor a implicarse con sus alumnos si no sabe si el año que viene estará ejerciendo su profesión o no?”, lamenta el sindicalista.

ESTE MODELO DE EDUCACIÓN ACABA DELEGANDO GRAN PARTE DE LA LABOR EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS

Es un profesorado que no solo tiene una alta tasa de temporalidad, sino que se ve abocado a trabajar con cada vez más alumnos en sus clases. CCOOrecoge en su informe de comienzo de curso el aumento de las ratios alumno/unidad en este curso. Éstas han aumentado en 1 para primaria y en 1,6 en ESO. Por tanto, en el curso actual existen más alumnos por cada aula incumpliendo la normativaque lo regula. Esto incide, explican desde los sindicatos, en una peor dedicación del cuerpo docente a los alumnos.

Desde CEAPA creen que este modelo de educación, al final, acaba delegando gran parte de la labor educativa en las familias, las cuales tienen que “compensar en casa las graves deficiencias de un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades con la actividad diaria que se desarrolla en los centros educativos”.

 

¿Una formación adecuada de los docentes?

Francisco García advierte que, desde el MECD y desde diversas comunidades autónomas, el Partido Popular ha ido eliminando los presupuestos en formación del profesorado. “Prácticamente –afirma– se valora solo la formación en TIC e Idiomas, hurtándose a los profesores la formación para la enseñanza”. Profesores de la zona sur de Madrid admiten que desde los tiempos de Esperanza Aguirre cada vez hay menos cursos presenciales y con una reducción de la oferta. Como muestra, en el CTIF de la zona Sur Madrid existen los siguientes cursos de formación: La cuestión de Dios en la filosofía; Consolidación del modelo EFQM (calidad en gestión); Nicea y el credo. Evolución histórica del cristianismo en los primeros siglos; Moodle 2.6 (plataforma de enseñanza on-line); Scratch (creación de juegos); TEA (Trastornos del Espectro Autista).

Se puntúa igual un curso de Word que uno sobre Acoso Escolar”, recuerda García. Los docentes, a fin de obtener los sexenios de formación, pueden elegir entre todos esos cursos con una misma valoración. Sin embargo, la formación en Acoso Escolar o Igualdad es prácticamente nula según narran los docentes. El problema, insisten los docentes, es que los conocimientos que se adquieren son meramente esos. Existen pocos cursos con aplicabilidad. Como denuncia Martín Llaguno de C’s las habilidades TIC “tienen que ser aplicadas” como los conocimientos de otros idiomas. Es un sistema de formación que se ofrece para cumplir sexenios formativos y cobrar el plus, pero no para “formarnos en enseñanza” concluye una profesora.

 

Homogeneización y segregación educativa

José Luis Pazos, de CEAPA, denuncia los procesos de selección del alumnado que se vienen produciendo en algunas comunidades autónomas. “Los proyectos bilingües se seleccionan por criterios socioeconómicos como venimos denunciando desde hace tiempo” afirma con contundencia. Desde los sindicatos también se lamenta esta situación que nada tiene que ver con los recortes “es una opción política”. Para establecer el bilingüismo en un centro se consideran criterios económicos y sociales para su implantación. Incluso dentro de los propios centros, siguiendo la normativa, se están generando cursos más homogéneos con el alumnado con mejores resultados y cursos con alumnos que van un poco peor. Como afirman las madres y padres de alumnos, “se quieren hacer clases de listos y tontos”. Es un sistema de selección desde que abandonan Primaria.

“LOS PROYECTOS BILINGÜES SE SELECCIONAN POR CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS”

Para los sindicatos, esto está relacionado con el aumento de los presupuestos a los conciertos educativos que han aumentado un 6,5% en los últimos años, mientras que el resto de partidas han caído un 15%. En Islas Baleares, Madrid y Murcia, que son las comunidades en las que se producen los mayores incrementos en fondos para conciertos, el número de unidades (aulas) crece en los centros privados por encima de la media. Por eso desde CCOO se exige que “los poderes públicos retomen la iniciativa en la programación de plazas escolares para garantizar el derecho a la educación, tal como está establecido en el artículo 27 de la Constitución Española. La gratuidad de la educación obligatoria también es un mandato constitucional. El gobierno del PP, mediante la LOMCE, se ha desentendido de este mandato constitucional, y ha transferido el gasto a las familias [que puedan permitírselo remarcan]”. Y Martín Llaguno sigue un camino parecido al afirmar que “si el gobierno va aumentar el techo de gasto, lucharemos para que todo ese dinero de más vaya a la Educación y la Sanidad”.

La comunidad educativa exige a Cifuentes recuperar el suelo público cedido a los centros privados

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Ya era hora de exigir que se recupere el suelo público regalado a los centros privados:

http://www.elboletin.com/nacional/141791/comunidad-educativa-cifuentes-suelo-publico.html

El Gobierno de Cristina Cifuentes y la comunidad educativa persiguen el ansiado Acuerdo para la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Un proyecto bilateral en el que el Consejo  Escolar de la Comunidad de Madrid, formado por organizaciones del ámbito educativo madrileño, ya ha asentado unas bases “imprescindibles para que pueda darse”.

Unos cimientos constituidos por un total de 35 medidas fundamentales con las que las organizaciones buscan recuperar y reforzar una educación pública que se ha visto lastrada por un “modelo educativo madrileño, experimentado y puesto en marcha en nuestra Comunidad antes de que fuera extendido con la LOMCE, que ha fracasado”.

De esta manera, 14 entidades, entre las que se encuentran algunas como CCOO, UGT, FAPA Francisco Giner de los Ríos, ADIMAD (Asociación de Directores de Instituto de Madrid), identifican como problemas a resolver la revisión de “la ocupación de suelo público por centros privados que gozan de concierto”. Un escrutinio determinante para así poder establecer “mecanismos” que procedan “a revertir el uso” de ese suelo “para la red pública”.

Una cuestión que va acompañada del requisito de crear centros educativos “en función de las necesidades de cada zona, realizando una suficiente oferta pública y gratuita en todas las etapas y enseñanzas”, así como “aprobar un plan de recuperación y renovación de los centros educativos públicos, garantizando la adecuación de sus espacios a las necesidades actuales, su sostenibilidad y eficiencia energética”.

Recuperar y mejorar el trabajo del personal educativo
 
Eso a nivel de la red escolar, pero no puede existir un pacto educativo, según el Consejo Escolar, sin “recuperar y ampliar las plantillas de los centros educativos para adecuarlas a las necesidades actuales”. Una crisis económica que se ha llevado por delante personal de colegios e institutos y que ha dejado en una situación de inestabilidad a las plantillas. Por eso, una de las bases del acuerdo debe ser “garantizar la estabilidad” de estos profesionales “para favorecer el desarrollo y continuidad de sus proyectos educativos”.

Directamente, la competitividad que ha traído la LOMCE también afecta a los profesionales de la educación y por ello el Consejo Escolar exige que se modifique “el funcionamiento de la inspección educativa”. Algo que se podría alcanzar, según las organizaciones, “garantizando su profesionalización e independencia respecto a los responsables políticos mediante la oportuna normativa y rango jerárquico adecuado de sus máximos responsables”.

Pero no sólo se debería pasar a examen ciertos aspectos educativos. Según reclama el Consejo Escolar, en la Comunidad de Madrid se tendría que llevar a cabo una evaluación del “sistema educativo en todos sus extremos, incluyendo a la propia Administración educativa y todos los sectores que intervienen en el mismo”. Todo con un objetivo concreto: no competir entre centros sino buscar “los elementos a mejorar con el objetivoy compromiso explícito de destinar los medios adecuados para ello”.

Lucha contra la desigualdad
 
Recientemente, un informe de Save the Children ha determinado cómo el abandono escolar se ha disparado entre las familias con menos recursos. Es más, las cifras manejadas por la ONG sentenciaron que el 43% de los niños del quintil más pobre de la población española (20%) abandonó prematuramente sus estudios en 2015 frente al 20% de la tasa media española.

Unos datos que han llevado a la comunidad educativa a instar al Gobierno de Cifuentes, como base para el acuerdo, a que se desarrollen “políticas de equidad que garanticen que ninguna persona deje de cursar enseñanzas por falta de recursos económicos, la gratuidad del material escolar (incluyendo libros de texto, soportes digitales o cualquier otro que se use), la recuperación de las ayudas para transporte escolar y las becas de comedor, con financiación suficiente para atender todas las necesidades”.

Una serie de objetivos que serían complicados de alcanzar si no se cumple otro de los requisitos fundamentales para el Consejo Escolar: “Aumentar la inversión educativa en la Comunidad de Madrid para conseguir una educación de gestión y titularidad pública de calidad, alcanzando, al menos, la media europea en gasto por alumno”.

Rapapolvo de Bruselas a la educación española

 

Lógicamente, no podía ser de otra forma:

http://www.elplural.com/sociedad/2016/11/07/rapapolvo-de-bruselas-la-educacion-espanola

Cinco leyes educativas ha tenido España desde la restauración de la democracia, las tres últimas en apenas 14 años. Este vaivén en el modelo educativo español, y la incapacidad de los distintos gobiernos y congresos para alcanzar un acuerdo amplio en un tema tan importante para la sociedad, han producido que este lunes la Comisión Europea ponga el grito en el cielo y exija medidas urgentes al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia.En un demoledor informe, Bruselas sitúa a España a la cabeza de la Unión Europea en abandono escolar y uno de los miembros comunitarios que gasta menos y peor en educación. La Comisión señala directamente a una “presión presupuestaria importante” para explicar los grabes problemas de financiación de un “sistema de cualificaciones eficaz y equitativo”.

Poco e ineficaz

Actualmente, el gasto en educación de España es el 4,1% del PIB, uno de los más bajos de la UE y que se ha visto disminuido desde el estallido de la crisis. Aunque esta reducción se ha detenido en 2015 y 2016, “los recortes acumulados previamente han disminuido el capital disponible para educación” y “han reducido la equidad”, señala el Ejecutivo comunitario.La Comisión señala también que este dinero destinado a educación, además de poco, se usa de forma ineficaz, poniendo como ejemplo las “considerables diferencias” en las tasas de matriculación y financiación pública entre comunidades autónomas que “aumentan las desigualdades a nivel nacional”.Incluso desde Bruselas no dudan en señalar la “fuga de cerebros”, “movilidad exterior” para la ministra Fátima Bánez, que se está produciendo en los universitarios españoles hacia el extranjero, lo cual “podría exacerbar los efectos de la crisis”.https://drive.google.com/file/d/0B6G9lA9aTTz6V1NnbmtHWnBfMEk/preview

Abandono y repetición sin soluciones

Uno de los principales problemas para la Comisión Europea en la educación española, bien conocido desde hace años, es el alto grado de abandono escolar. Esta tasa, correspondiente a la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que han dejado el sistema sin completar la educación secundaria, se ha reducido levemente en los últimos años, pasando del 21,9% en 2014 al 20% en 2015, aunque sigue siendo de las más entre los 28 de la UE.

El informe del Ejecutivo comunitario señala que, si bien la última ley educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la LOMCE, se propuso como primera prioridad reducir este porcentaje a través de la nueva Formación Profesional Básica como itinerario alternativo, “tras dos años de funcionamiento, las tasas de matriculación y de transición son bajas, lo que cuestiona la eficacia del programa”.Otro grave problema para Bruselas es el alto grado de repetición de cursos con un 32,9% en España, muy por encima de la media del 12,4%, lo que agrava en gran medida la desigualdad entre estudiantes y para lo que la LOMCE no plantea ninguna solución.

Parálisis política

Además de las “dudas” sobre el futuro de la LOMCE, la La Comisión Europea destaca la falta de avances en la reforma educativa en España como consecuencia del bloqueo político del último año.“El bloqueo político de 2016 ha frenado el progreso en materia de reformas educativas, ya que existen dudas sobre el futuro de la Ley Orgánica 8/2013para la mejora de la calidad educativa, y la reforma de la profesión de docente sigue paralizada”, indica el estudio.El propio ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha admitido este problema en su reunión con el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, justo el día que se ha publicado el informe. De Vigo ha declarado que espera “recuperar el tiempo perdido”.

Recado a las universidades

Además de para el Gobierno, la Comisión Europea también tiene deberes para las universidades españolas, a las cuales reclama una mayor cooperación entre ellas y el sector privado, así como la revisión de sus sistemas de gobernanza y financiación, señalando que tampoco “proporciona suficientes incentivos para la cooperación”. «El reclutamiento de los profesores y el sistema de promociones limitan la movilidad del personal tanto entre universidades como entre universidades y empresas. Es más, el sistema de financiación de las universidades se basa principalmente en criterios cuantitativos y no premia la innovación», recalca Bruselas.