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El juez Velasco investiga ahora los contratos con la trama Púnica de la Consejería de Lucía Figar
La corrupción de Figar en los juzgados por fin:
La negra sombra de la ‘Operación Púnica’ sigue extendiéndose por el Ejecutivo autonómico de Madrid. Tras salpicar al ‘número 2’ del gobierno regional, Salvador Victoria, y provocar recientemente la imputación de la responsable de Medios de Comunicación y actual jefa de prensa de Esperanza Aguirre, la periodista Isabel Gallego, ahora le toca el turno a la Consejería de Educación que dirige Lucía Figar, una persona muy cercana al expresidenteJosé María Aznar y a la propia candidata a la alcaldía de Madrid. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, investiga desde finales de enero al menos cuatro contratos que este departamento firmó con dos empresas de uno de los ‘conseguidores’ de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, detenido en la redada del pasado 27 de octubre en la que también fue arrestado el exdirigente regional del PP Francisco Granados. Según fuentes cercanas a la investigación, el magistrado quiere saber si los servicios prestados se corresponden con el importe pagado por ellos, superior a los 80.000 euros.
La Guardia Civil halló en enero en el departamento de Contrataciones documentos sobre varias adjudicaciones de la Consejería de Educación a las empresas del ‘conseguidor’ de la trama
Esta línea de investigación en el ‘caso Púnica’ arrancó con la declaración ante el magistrado de uno de los detenidos en octubre, José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad, un organismo adscrito a la Consejería de Presidencia. Este alto cargo aseguró entonces que fue su jefe, el vicepresidente madrileño, Salvador Victoria, quien supuestamente le ordenó que pidiese a la empresa Indra, adjudicataria de varios contratos con la Administración autonómica, que pagase una factura expedida por una empresa de De Pedro, EICO Online Reputation Management SL, por los trabajos de reputación en internet que había hecho para el propio Victoria y el presidente Ignacio González. El testimonio de Martínez Nicolás venía precedido del contenido de varios pinchazos telefónicos y SMS intervenidos durante la investigación que ya apuntaban en esa dirección.
Con este hilo, el pasado 22 de enero el juez Velasco ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se personara en tres organismos autonómicos: el departamento de Contrataciones de la Comunidad de Madrid, el ICM al frente del cual estaba Martínez Nicolás y la Oficina de Comunicación del Gobierno madrileño, dirigida por la ahora imputada Isabel Gallego. El juez quería que sus agentes reclamaran todos los contratos firmados en los últimos cinco años con las dos empresas del ‘conseguidor’, EICO Online y Madiva Editorial y Publicidad SL, pero también los que se hubieran firmado con otras tres mercantiles de la trama, Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones, vinculadas estas últimas a otro de los presuntos integrantes de la red, el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa. Los agentes sólo localizaron, sin embargo, adjudicaciones a las dos primeras, entre ellas las de los contratos denunciados por Martínez Nicolás y los que en abril llevaran a la jefa de prensa de Esperanza Aguirre a comparecer como imputada ante el juez.
El protagonismo de Educación
Sin embargo, la sospecha sobre supuestas irregularidades se extendió rápidamente más allá de estos dos departamentos ya que entre la documentación intervenida aquel día en el departamento de Contrataciones de la Comunidad de Madrid aparecieron adjudicaciones de otras consejerías del Gobierno autónomo. Entre ellas, llamó la atención los formalizados por el departamento de Educación que encabeza Lucía Figar. La mayoría de los contratos firmados por este lo fueron con la empresa Madiva Editorial, aunque también había al menos uno con EICO Online. A través de la primera empresa, De Pedro gestionaba una red de diarios digitales prácticamente sin audiencia, pero que le permitían engañar a los buscadores de internet para colocar noticias positivas de sus clientes en los primeros lugares cuando cualquier ciudadano recababa información sobre los integrantes del Ejecutivo madrileño. En total, el equipo de Figar firmó con Madiva Editorial tres contratos anuales entre 2012 y 2014 por un montante total cercano a los 60.000 euros. Con EICO Online rubricó el cuarto, en este caso para el diseño de una página web para estudiantes extranjeros en Madrid.
Desde febrero, el juez Velasco ha citado en su despacho a numerosas personas como testigos o imputados, entre ellos los trabajadores de las empresas del ‘conseguidor’
Con estos documentos en la mano, a comienzos de febrero el juez Velasco comenzó a citar en su despacho a las personas relacionadas con los mismos. Unos, como testigos. Otros, como imputados, como ha sido ahora el caso de Isabel Gallego, la jefa de prensa de Aguirre. Entre los primeros citados se encuentran las personas que trabajaban para el ‘conseguidor’ en las dos empresas cuyas adjudicaciones con la Comunidad de Madrid están bajo sospecha. El magistrado quería saber cuál fue realmente el objeto de dichos contratos, si estaban justificados los miles de euros pagados con dinero público por ellos y si se ajustaban a los conceptos de «cliping’ y posicionamientos online» que recogían las facturas. Pocos días después de ellos, también declaró como testigo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien fue interrogado por el magistrado por el contrato que el club de fútbol también suscribió con la empresa de De Pedro. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el número de personas que ha pasado a declarar por la Audiencia Nacional en las últimas semanas ha sido «bastante alto», pero que no ha trascendido hasta ahora la identidad de las mismas por el secreto de sumario que se mantiene sobre la mayor parte de la causa.
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