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La elección de centro educativo o la semilla de la desigualdad
Otro artículo excelente que analiza las políticas educativas del PP en Madid:
El artículo 27.3 de la Constitución Española garantiza a los padres el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. En nuestro país, se ha interpretado que este derecho exige a las administraciones públicas ofrecer distintas opciones educativas, algo que pueden hacer de dos modos. El primero, disponiendo diferentes tipos de centro, y el segundo, ofreciendo alternativas formativas dentro de los propios centros. Ese es precisamente el propósito con el que se regula la asignatura optativa de Religión Católica, cuyos docentes y currículum son elegidos por la Iglesia, y que puede ser cursada por todos los alumnos.
Tanto la asignatura de Religión Católica como la financiación pública de colegios confesionales han sido cuestionadas por quienes consideran que la educación sostenida con fondos públicos debe ser laica y evitar el adoctrinamiento religioso. En particular, existe un permanente debate entre quienes defienden un aumento de la educación concertada y quienes apoyan una red pública ampliamente mayoritaria. La polémica se mantiene, en parte, porque muchos centros concertados no se caracterizan solo por su orientación religiosa o moral, sino también por establecer requisitos económicos para su acceso y por no disponer las actividades religiosas con carácter voluntario, prácticas que vulneran la ley al discriminar a las familias con rentas bajas o que no son católicas.
Desde hace unos años, el Estado central y, especialmente, algunas Comunidades Autónomas han apostado decididamente por aumentar la diferenciación educativa en los niveles obligatorios. El objetivo, como explicó la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, es garantizar la libertad de elección de los padres y, con ello, mejorar la calidad del sistema. Aunque no hay evidencias de que lo primero logre lo segundo, conviene detenerse en el primer paso: ¿Existe libertad de elección? Mi tesis es que no, por las siguientes razones:
1. Hay centros concertados que no están al alcance de muchas familias debido a algunos costes económicos indirectos bastante generalizados, como cuotas cuasi-obligatorias o gastos extra como el uniforme o el transporte, que se han incrementado durante los últimos años.
2. La información sobre colegios e institutos es insuficiente y desigual. Aunque existen mecanismos como las jornadas de puertas abiertas o las páginas Web, los datos ofrecidos suele ser escasos e incompletos. Es infrecuente, por ejemplo, que el proyecto educativo esté disponible. Otras herramientas, como los rankings en base a pruebas externas, se han demostrado poco fiables para estimar la calidad educativa de un colegio. En este aspecto, los padres con mayor nivel socioeconómico suelen disponer de mejor información sobre los centros elegibles.
3. El interés y conocimiento sobre la educación varían mucho entre las familias. Precisamente, los padres con más recursos suelen elegir colegio con un objetivo: que sus hijos se relacionen con un alumnado seleccionado socialmente, sobre la suposición de que estas relaciones serán positivas para su éxito escolar y social.
4. No todas las familias disponen de las mismas posibilidades para acompañar con garantías el proceso educativo de sus hijos. Hay quienes, por ejemplo, no eligen colegios bilingües porque no saben inglés y no podrán servir de apoyo a la hora de hacer los deberes, o porque no tienen el dinero suficiente para pagar una academia de refuerzo.
Por todo ello, quienes tienen menos recursos económicos y culturales tienden a mantenerse en el centro asignadoadministrativamente, mientras que quienes disponen de ellos sí suelen ejercer de manera efectiva esa elección. Como consecuencia, el alumnado con ingresos bajos, progenitores con menor nivel de estudios (ver gráfico 1) y de origen inmigrante se concentra principalmente en la educación pública. Debido a que los resultados individuales se ven afectados por las características socioeconómicas y culturales de los compañeros, esa concentración de alumnado “difícil” reduce las posibilidades de conseguir buenos resultados académicos en los centros públicos. La mayor expectativa de éxito escolar y de establecer relaciones sociales provechosas hacen aumentar el atractivo de la escuela concertada.
Gráfico 1. Máximo nivel de estudios de la madre, según tipo de centro al que acude el alumno. España 2012
Fuente: PISA 2012.
Diversificar la oferta educativa y aumentar el número de centros concertados no ha demostrado mejorar la calidad de la educación ni aumentar la motivación de los alumnos. En cambio, sí hay evidencias de que aumenta la desigualdad de oportunidades. ¿Por qué profundiza la administración en una separación del alumnado que tiene efectos perniciosos para muchos alumnos? Posiblemente, por dos razones: Primero, porque muchas familias no ven con malos ojos este filtro social, siempre y cuando les siga permitiendo evitar al alumnado con mayores dificultades. Y segundo, porque es muy barato para una administración que no solo potencia la extensión de la educación concertada, sino que además no pone los medios necesarios para que se desempeñe de acuerdo con la ley.
Más que de libertad de elección, por tanto, deberíamos hablar de opciones limitadas en un sistema que conduce a los alumnos al estrato educativo que se corresponde con su origen social. La cuestión de fondo es: ¿Están obligados los padres a tener unos determinados recursos económicos, información, conocimiento y capacidades para que sus hijos reciban una educación básica de igual calidad al resto? Dicho de otro modo: ¿El contenido del derecho a la educación debe depender de los recursos de las familias?
La preservación de las creencias de las familias no puede ser la excusa para segregar al alumnado según origen socioeconómico a través de una falsa libertad de elección de centro. Las políticas educativas deben corregirse para garantizar el respeto a las convicciones de todas las familias y para que tengan a su alcance una educación de la máxima calidad. Ello pasa, ineludiblemente, por repensar el modelo de distribución del alumnado entre centros y el papel que desempeña la Religión Católica en la educación española.
Prioridades, engaños y aulas atestadas
Excelente artículo:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Prioridades-enganos-aulas-atestadas_6_430866911.html
Comienza el curso 2015-16 con un nuevo responsable al frente del Ministerio de Educación (MEC) y un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid que empieza a caracterizarse por entregarse a una suerte de juego de trileros que mientras muestra una cara amable y dialogante. Pero esconde, en la otra mano, la continuidad de la política educativa del ínclito Sr. Wert y la Sra. Doña Esperanza Aguirre.
Quizá la comunidad educativa y las sociedades española y madrileña tendrán que acostumbrarse a una nueva dinámica en la que pasemos del exabrupto, la arbitrariedad, el desprecio y el enfrentamiento, a las medias verdades, las buenas palabras, las sonrisas y la intoxicación comunicativa.
Porque lo cierto es que la política educativa del Partido Popular sigue la senda de deterioro de la educación pública, de retirada de apoyo a familias y estudiantes con mayores dificultades, de elitización de la educación y de centralización antidemocrática de la gestión de los centros educativos que deja fuera a la comunidad educativa.
Las prioridades tanto de Ministerio como de Consejería así parecen confirmarlo.
Mientras el presupuesto se reduce (su ampliación es aparente ya que se debe a los costes de la implantación de la ampliamente rechazada LOMCE) afectando especialmente a los Departamentos de Orientación, mientras se desmantelan los Planes de Convivencia en los centros, mientras se ningunea el papel de las tutorías sobrecargando al profesorado, el Ministropone a disposición de los estudiantes un teléfono para denunciar el acoso escolar. No, Sr. Ministro, no, Sr. Consejero. El complejo problema de acoso escolar no se resuelve con la técnica del “Teléfono de la esperanza”. Se aborda con la prevención, poniendo medios que prevengan el acoso, actuando antes y no socorriendo telefónicamente cuando el mal está hecho. Se aborda con recursos humanos, con formación, con planes de convivencia, facilitando el contacto con las familias, la coordinación del profesorado… El dramático caso del IES Ciudad de Jaén que terminó con el suicidio de una joven acosada puso de relieve la imposibilidad de abordar estos conflictos con una única orientadora para un centro de difícil desempeño con más de 1200 alumnos y una Consejería de Educación sorda ante las múltiples demandas de ayuda tanto del centro como del AMPA.
Tampoco se aborda el problema del fracaso escolar con propuestas al “estilo LOMCE” , es decir, eliminando los programas de diversificación que permitían titular a miles de estudiantes cada año y sustituyéndolos por los Programas de Mejora y Aprendizaje que no solo impiden la titulación sino que adelantan el diagnóstico a los 12 años, no eso no lo arregla, especialmente cuando en la Comunidad de Madrid se abre el curso sin que se hayan puesto en marcha en una parte importante de centros educativos. La inversión detraída de estos programas recae, por supuesto, en lo que llaman “excelencia”.
Pero además, en la Comunidad de Madrid, mientras que decenas de miles de estudiantes de Formación Profesional de grado medio quedan sin plaza, en un contexto en que el paro supera el 72% en menores de 20 años y empuja a nuestros jóvenes a salir fuera de nuestras fronteras, la inversión educativa no se dirige al aumento del número de plazas, ni a la ampliación de una oferta formativa acorde con un modelo productivo que propicie trabajos estables y cualificados. No, la inversión educativa se dirige exclusivamente, según ha anunciado Cristina Cifuentes, a promover un plan de bilingüismo para los afortunados que han conseguido plaza. Y las tasas de las escuelas Oficiales de Idiomas subiendo… Decenas de miles de estudiantes sin cualificación profesional no es el mejor método de resolver el problema del paro juvenil.
Tampoco se soluciona el problema del profesorado derivado de la implantación de la LOMCE destinando, como ha hecho el Sr. Van Grieken, “0,5 de profesor” (si, medio profesor),tal y como se reflejaba en la comunicación oficial, por centro para tareas “de apoyo”, esto es, “para lo que salga”.
Pero esta forma de entender la educación del Partido Popular como mecanismo de clasificación y segregación social obviando su función compensatoria ya no consigue apoyos. Los esfuerzos de estos últimos años de la comunidad educativa para poner de relieve el proceso de deterioro y elitización de la educación en manos de los gobiernos del PP han calado profundamente en la sociedad civil. Ahora son también necesarias las medias verdades, recurrir a la ambigüedad y en ocasiones casi al engaño para conseguir un apoyo social perdido.
Como cuando el Sr. Méndez Vigo, en un intento de lavar la cara a su Ministerio anuncia, como si de una concesión se tratara, que no habrá reválidas en la ESO hasta el 2017, plazo previsto e impuesto por Wert. Como cuando anuncia a bombo y platillo y como si fuera un movimiento de apertura una tasa de reposición del 100% tras la pérdida de más de 30.000 profesores en los últimos años, como cuando anuncia la bajada de ratios para el 2017 cuando previsiblemente ya no esté al frente del Ministerio.
El Consejero de Educación de Madrid se suma a la ceremonia de confusión y medias verdades que inicia Méndez Vigo.
Así, anuncia 500 nuevas contrataciones cuando anualmente, en junio, despide a miles de interinos que se quedan sin sueldo ni derecho a paro. Pero aún mas, afirma que la prometida bajada de ratos del Ministerio no afecta a Madrid que mantiene una media de 29 alumnos por aula. Le sugiero al Sr Consejero que se pase por algún centro de la Comunidad de Madrid. Una pena no haberle conocido el curso pasado porque yo misma le hubiera invitado a mis aulas. Que un profesor tenga un curso de 37 alumnos y salga uno para la atención de un logopeda no implica que haya dos cursos de 19 sino uno de 36 y uno de 1. No hablamos de ratio media sino de ratio máxima y esta desde hace años es superior a la cifra que menciona.
También proclama la reducción de tasas universitarias en un porcentaje irrisorio o enumera, triunfante, los centros de nueva creación que abren sus aulas con las excavadoras en el patio, los edificios sin terminar sin gimnasio, comedor u otros servicios, con aulas desperdigadas por la población, como en Villaverde con el IES Butarque, en Valdemoro en el Diego Muñoz Terrero, como en Las Rozas, Leganés, Getafe o tantas otras localidades.
Engaños que tratan de quebrar, ante la opinión pública la línea de continuidad real entre el ex ministro Wert y el Sr. Méndez Vigo, entre la hoy imputada Lucía Fugar y el Sr. Van Grieken, entre Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Las políticas educativas del PP no convencen ya a nadie, los desmanes, la corrupción que afecta a algunos centros concertados, el ninguneo de la comunidad educativa, la arbitrariedad en la imposición de su modelo educativo alejado de las demandas sociales vive horas muy bajas.
De ahí esos esfuerzos por mostrar una cara amable ,“piel” como decían en el anuncio. Pero eso no va a ser suficiente. La educación sigue sufriendo y la sociedad demanda, cada vez con mayor claridad, un cambio. Hasta el momento nada ha cambiado en el Ministerio. Nada en la Consejería de Educación.
Nada.
Educación reduce 500 plazas en centros públicos de la Comunidad de Madrid
Figar sigue con su proyecto de destrucción de la escuela pública:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/14/madrid/1405361185_635960.html
Una cadena humana rodea el instituto Salvador Dalí, en el distrito de Ciudad Lineal. Padres, profesores y alumnos se dan la mano como si quisieran formar un gran escudo que protegiera al centro educativo al que llevan años ligados de las injerencias externas. “Sí hay vacantes”. “Queremos Bachilleratos públicos”. “Incumplimiento de la libre elección de centros”, se lee en grandes pancartas. Desde marzo, al menos 13 centros han vivido movilizaciones de este tipo en contra del cierre de aulas previsto por el Gobierno de Madrid para el curso que viene. Aseguran que se está obstaculizando la matrícula de nuevos alumnos para reducir grupos, y con ello profesores y gastos. A falta de cifras oficiales, CC OO calcula que el próximo curso se van a eliminar al menos 500 plazas en centros públicos, sobre todo de infantil, ESO y bachillerato. Un portavoz de la consejería asegura que “cuando se decide cerrar grupos es porque no hay suficiente demanda de alumnos”.
La situación en las etapas de ESO y bachillerato resulta “especialmente preocupante” para la comunidad educativa. “Existen listas de espera para cursar Bachillerato y las peticiones de apertura de nuevos grupos no están siendo atendidas”, explica Pilar de los Ríos, presidenta de ADIMAD, la asociación de directores que representa al 70% de los centros de secundaria de la Comunidad. CC OO estima que casi 1.000 alumnos no saben todavía en qué centro van a estudiar en septiembre, y esta incertidumbre puede generar, según De los Ríos, “un desvío de alumnos a la red privada”. “¿Crees que los padres que a estas alturas no sepan dónde van a estar sus hijos van a esperar hasta septiembre?”, pregunta con ironía. “Los que puedan permitírselo, llevarán a sus hijos a concertados cerca de casa”.
José Luis Pazos, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres (Ceapa), considera que “es lógico terminar la adjudicación de plazas en septiembre” para incluir a los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria. “Lo que no es razonable —dice— es que los estudiantes que han aprobado no estén matriculados porque el proceso se haya hecho mal”.
Muchos centros tienen concertada la enseñanza secundaria, pero no los dos cursos de bachillerato, por lo que las familias tienen que decidir entre pagar elevadas cuotas o trasladar a sus hijos a un instituto público. Esta es la situación de Oilyana, de 17 años. Sus padres optaron por buscar otro centro porque no podían hacer frente al pago de 14 cuotas de 250 euros mensuales. Eligió el Dalí, pero el portal escolar publicó justo antes de Semana Santa que no había vacantes. Algo que la jefa de estudios del centro, Belén Rodríguez, niega con rotundidad. Lo mismo sucedió en todos los institutos en los que han suprimido algún grupo. “La consejería afirma que no hay demanda suficiente de niños”, comunica Asunción López, vocal de la Asociación de Padres del Rosa Chacel. “Pero no pueden comprobarlo porque ni siquiera permitieron que se abriera el plazo de inscripción. Por lo menos 40 familias iban a matricular a sus hijos”, asegura.
El cierre de aulas no se limita a cursos puntuales. Al menos en nueve institutos se van a suprimir las enseñanzas de ESO y bachillerato para, según afirma un portavoz de la consejería, “especializar los centros y potenciar la formación profesional”. La decisión significa separar de nuevo a los alumnos de educación secundaria de los que cursan módulos que capacitan para el desempeño de una profesión. “Este planteamiento nos retrotrae a los años setenta”, opina Isabel Galvín, representante de Educación de CC OO. “Segrega a los alumnos que considera mejores de los que la LOMCE —la nueva ley educativa— califica “con menos talentos”. Pazos va más allá. Cree que el Ejecutivo autonómico está quitando las enseñanzas de ESO y bachillerato en “barrios de entorno socioeconómico bajo”. “El Rosa Chacel se queda sin enseñanza secundaria porque está enfrente de la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza. Se lo puede decir más alto, pero no más claro”. El director del Luis Buñuel, Alfonso García, estima “engañoso” que Educación afirme que pretenden potenciar la formación profesional si no van a recibir una inversión extra —cuenta— ni van a implantar nuevos ciclos “con la excusa de que no hay dinero”.
“El Rosa Chacel es el único instituto público de mi barrio”, ilustra una antigua alumna del centro. “Ahora los estudiantes tendrán que ir a un concertado o coger el metro o el autobús para desplazarse hasta otro centro público. Y si la familia no puede permitirse pagar un abono todos los meses para que su hijo vaya al colegio, ¿nos quedamos sin estudiar por no tener dinero?”.
Lucía Figar adjudica tres colegios a los dueños de Mahou San Miguel
En mi vida vuelvo a probar una cerveza Mahou o San Miguel. Además, el artículo sirve para destacar los lucrativos negocios que hacen los peperos y sus empresarios subvencionados y, peor todavía, en un tema tan sensible como educación:
Lucía Figar, Consejera de Educación.
Los dueños de la empresa cervecera Mahou han desarrollado un grupo educativo religioso en sólo dos años y medio con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Los ingredientes para el negocio perfecto formaban un triángulo equilátero en el mapa de la región que cosió sus puntos en Villanueva del Pardillo, Paracuellos del Jarama y Leganés. Noroeste, noreste y sur unidos por el mismo patrón de conducta para conseguir abrir en el pueblo uno de los colegios del grupo privado Anta.
La Comunidad de Madrid consiguió que los Ayuntamientos le cedieran de forma gratuita tres parcelas para adjudicarlas en menos de dos años y medio, un tiempo récord, a la misma empresa. La sociedad Anta Educación recibió en febrero de 2009 la concesión de los terrenos de Paracuellos del Jarama para construir el colegio ‘Antamira’. Dieciséis meses después, consiguió las parcelas de Villanueva del Pardillo para edificar el ‘Antavilla School’ y en julio de 2012 se hizo con el concurso del suelo del barrio Arroyo Culebro en Leganés donde hoy está el ‘Antanes School’.
Dos de los alcaldes que traspasaron los terrenos a la consejería de Lucía Figar están denunciados por el procedimiento que siguieron. El regidor de Villanueva del Pardillo, Juan González Miramón, decidió aprobar la cesión de las parcelas en Junta de Gobierno y no en el órgano competente, el pleno municipal. A puerta cerrada y a espaldas de la oposición determinó en mayo de 2010 entregar de manera gratuita y por 75 años un suelo valorado en más de 4,1 millones de euros. Según establece la ley, el traspaso de bienes municipales que supere el 10% de los presupuestos, en este caso de 14,7 millones de euros, debe decidirse en el Pleno. Izquierda Unida demandó al Ayuntamiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 27 le dio la razón en junio de 2011. El grupo municipal no ejecutó la sentencia porque el juez pidió un aval de 300.000 euros para demoler el colegio. Una cantidad que no tenían.
La fórmula se repitió en Leganés. El cambio de gobierno tras las elecciones municipales de 2011 hizo que los terrenos donde debía construirse un colegio público, se dieran a un privado. El alcalde Jesús Gómez se apuntó a la estrategia Miramón. De nuevo a puerta cerrada y evitando pasar por el pleno, aprobó la cesión gratuita de un terreno valorado en 33 millones de euros. Los presupuestos municipales ascendían a 200 millones de euros. El negocio volvió a superar el 10% de las cuentas locales. Los tres grupos de la oposición tienen denunciado el proceso en los tribunales. Confían en tener un fallo judicial pasado el verano. “El Ayuntamiento le pidió a la Comunidad que en los pliegos de condiciones se le exigiera a Anta un canon que pagarle”, asegura Carlos Delgado, concejal de Unión por Leganés. La Consejería de Educación marcó la cantidad en 60.000 euros anuales. “Una cifra irrisoria”, critica Delgado, con la que el grupo Anta tardaría 550 años en pagar el coste real del suelo.
La cesión de terreno tampoco estuvo exenta de polémica en Paracuellos del Jarama. El alcalde del PP, Fernando Zurita, aprobó el traspaso de terreno a la consejería de Lucía Figar en un pleno extraordinario en enero de 2007, cinco meses antes de las elecciones. Germán Basoa, concejal de IU, asegura a estrelladigital.esque se cedieron dos parcelas para construir dos colegios públicos: “Finalmente una fue para hacer un centro concertado. La Comunidad de Madrid argumentó que son también públicos”. Mientras el colegio Antamira abrió sus puertas en el año 2009, el centro público Las Navas de Tolosa no comenzó a construirse hasta 2012, tres años después.
Para el PSOE de Leganés la cesión de suelo público a una empresa privada con aspiraciones religiosas es un “escándalo absoluto, como regalarle el terreno”. Entre lo que más les indigna, que lo primero que terminaron de construir fue la capilla. El centro no oculta sus ideas católicas. Según informa en su página web, desarrolla actividades religiosas, exige a los profesores respetar el catolicismo y defiende la apertura de los alumnos a “otros valores trascendentes como la dependencia y relación con el Creador”.
La cesión de suelo público de la Comunidad de Madrid para centros privados y religiosos representa el modelo ideal de educación que persigue implantar Lucía Figar. Así lo confirmó durante suparticipación en una mesa redonda sobre educación celebrada en Italia en 2011. La consejera fue invitada por el grupo eclesial ‘Comunión y Liberación’. Este movimiento ultracatólico de corte fundamentalista tiene dos centros escolares en la región madrileña. Su objetivo: la educación cristiana de sus seguidores. Figar narró durante su intervención que una de las reformas desarrolladas por parte de la consejería que preside para mejorar el panorama educativo es ofrecer terrenos públicos para que cooperativas y centros religiosos lleven a cabo sus propios sistemas de educación. “No se puede explicar la educación en España y menos en Madrid sin la escuela católica. Da un servicio de calidad para la educación de niños y adolescentes. Los padres piden la acción de la Iglesia”, añadía Figar. Pese a la defensa de la educación cristiana de la consejera de Educación, por el momento no se le ha podido vincular directamente con grupos religiosos. Sí a su marido, Carlos Aragonés Mendiguchia, que tiene una relación económica con el Opus Dei. El diputado por Madrid es consejero de la empresa ‘Ediciones Rialp’. La compañía fue fundada en 1949 por un grupo de profesores universitarios del Opus Dei y solo edita libros coherentes con la cultura cristiana.
Francisco Javier López del Hierro, detrás de los centros
Dos de los dueños más importantes de la compañía cervecera Mahou San Miguel, Francisco Javier López del Hierro y su esposa Ana Francisca Gervás, se reparten distintos puestos en varias de las compañías que gestionan los centros educativos Anta.
Francisco Javier López del Hierro, presidente de Mahou y también sobrino del marido de María Dolores de Cospedal, es consejero de las empresas Antavilla School, Antavilla Patrimonio, Antana Educación y Antanes Patrimonio. Su mujer ocupa mayores cargos. Ana Francisca es presidenta de tres de las empresas del grupo y apoderada de Antana Educación.
La relación entre el presidente de Mahou San Miguel y la Comunidad de Madrid no se queda sólo en el suelo gratuito que le cede el Ejecutivo de la región. El pasado lunes 23 de junio, Francisco Javier López del Hierro presentó junto a la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, un plan para promocionar Madrid en Londres. López del Hierro, habitualmente escurridizo a la prensa, acudió al stand instalado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para promocionar el acuerdo.
Mientras Lucía Figar mantiene que la ayuda pública a centros concertados y religiosos supone una mejora de la calidad educativa, el grupo Anta ya tiene SICAV propia. Javier López del Hierro también es consejero de ‘Anta Diversificaciones SICAV SA’, una sociedad con 2,5 millones de capital que preside la compañía ‘Anta Inversiones Asesoramiento SL’, con el mismo domicilio social que todas las empresas del grupo.
La Consejera que odia a los interinos vuelve a convocar en Madrid y con más especialidades
Figar lo ha vuelto a hacer, esto ya no tiene nombre:
La Consejería de Educación ha comunicado este viernes a los sindicatos de la Mesa Sectorial la distribución concreta de las 157 plazas de Secundaria que se sacarán en oposición para el curso que viene y que se repartirán en siete especialidades, dedicando casi el 40 por ciento de las mismas a inglés.
Concretamente, la distribución es la siguiente: Inglés (60 plazas), Lengua castellana y Literatura (30), Geografía e Historia (25), Matemáticas (20), Física y Química (10), Biología y Geología (10) y Alemán (2), según han explicado fuentes del departamento que dirige Lucía Figar.
Aparte, en esta próxima convocatoria de oposiciones incluirá de forma excepcional 40 plazas para maestros de Inglés en Primaria, con lo que el total de la oferta plazas públicas de docentes en las próximas oposiciones ascenderá a 197.
Según ha detallado la Consejería, el número de plazas que salen en oposición para el curso 2014-2015 supone «el máximo posible» en cumplimiento de la tasa de reposición del 10% impuesta por el Gobierno central.
Las oposiciones se celebrarán este verano y los nuevos docentes se incorporarán a los colegios públicos. Además, en estas oposiciones «volverán a tener mayor peso los conocimientos de los aspirantes frente a la interinidad», con el objetivo de contar con los mejores docentes en los centros educativos públicos de la región.
Figar, alumna ultraneoliberal aventajada, no ve problemas para implantar la LOMCE en Madrid
Para los que dudan de la implantación inmediata de la LOMCE en Madrid:
europapress.es: Figar recalca que Madrid va a cumplir con la LOMCE porque «las leyes hay que cumplirlas»
La consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha asegurado este miércoles que la región va a cumplir con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) porque, tal y como ha remarcado, «las leyes hay que cumplirlas».
Así lo ha manifestado la titular de Educación a la entrada de la Conferencia Sectorial del ramo que se celebra esta tarde en la sede del Ministerio para analizar los decretos de enseñanza de la LOMCE.
Figar ha remarcado que los plazos para ello están «ajustados» y que a mediados de marzo deberían estar listos los decretos necesarios para arrancar con la LOMCE el año que viene. No obstante, ha apuntado que en la anterior ley orgánica los decretos fueron aprobados y publicados en el Boletín Oficial del Estado en abril y dio tiempo a su implantación.
«Por lo tanto, si el Ministerio cumple los plazos previstos y los decretos están aprobados antes de mediados de marzo, aunque estén ajustados, da tiempo», ha señalado, para añadir que lo que sí han pedido es «un poco más de tiempo» para «estudiar bien» la implantación de la norma en Secundaria, Bachillerato, y FP de grado medio y superior, ya que en estos cursos no se aplicará la ley hasta 2016-2017.
«Para esas partes, pedimos un poco más de tiempo, cosa que va a agradecer todo el mundo y que estoy segura de que el Ministerio va a escuchar. Unos meses más para estudiar los currículum de Secundaria y Bachillerato», ha insistido, para añadir que «no parece que tenga sentido» aprobar hoy los decretos en estos ciclos. «Estoy segura de que el Ministerio será receptivo», ha apostillado
Preguntada sobre si la entrada de la LOMCE supondrá más gasto a las administraciones, Figar ha manifestado que en Primaria no implica más coste y sí en la FP básica, pero que en este punto el Ministerio está tratando que conseguir fondos europeos y si éstos llegan, «no habrá problema».
El TSJM anula los nombramientos a dedo de directores de Escuelas Infantiles realizados por Figar
Parece que esta vez le ha salido mal a Figar lo de saltarse las leyes:
http://consolidacionmadrid.blogspot.com.es/2014/01/el-tsjm-tumba-los-nombramientos-dedo-de.html
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Orden 3885/08 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sobre nombramientos de Directores de las Escuelas infantiles que gestionaba directamente la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación ha sido además condenada en costas sin que quepa recurso de casación. Fue el mismo Ministerio de Educación quien interpuso la demanda contra esta cacicada de la consejera.
Docentes madrileños denuncian acoso político
Más represalias:
http://www.lamarea.com/2013/11/29/docentes-madrilenos-denuncian-acoso-politico/
“Preferiría que mi nombre no apareciese por ningún lado”. Con esta frase, muchos trabajadores de la enseñanza pública madrileña tratan de protegerse cuando un periodista intenta obtener datos concretos del funcionamiento del sistema en la región. La Comunidad de Madrid es uno de los territorios donde los recortes y la privatización de la enseñanza pública están avanzando con más virulencia y, en medio de las protestas, algunos de los profesores y directores de centro que más se han significado en la lucha por la educación pública denuncian que se encuentran cada vez más presionados por parte de la administración.
María Aguado (nombre ficticio) es profesora y prefiere ocultar su identidad para no dejar al descubierto a su director, que se encuentra en los juzgados tras recibir dos informes negativos de la administración sobre la gestión de su colegio. El centro ha aparecido en varias ocasiones en la prensa por acciones reivindicativas contra los recortes. “Tras las primeras protestas, nos asignaron un inspector que nos hace la vida imposible, entra en el colegio como si fuera su casa, mete a alumnos en un despacho para interrogarlos y trata con faltas de respeto continuas al personal”, describe Aguado. Al final, mediante una aplicación estricta de la normativa, asegura, la administración acabó encontrando vías para penalizar al director. “Lo que se vive en el centro y lo que transmite la Dirección de Área Territorial (DAT) es que tenemos que tener miedo. Incluso los alumnos perciben al inspector como una persona a la que hay que temer”, explica la profesora. El objetivo tras descabezar los centros sería, según denuncian, colocar a directores más cercanos a la administración.
El de este colegio no es un caso aislado. El gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha tratado cerca de 70 casos de este tipo en los últimos dos años. En estos momentos, al menos cinco directores activos en las reivindicaciones están en medio de un proceso judicial y otros siete acaban de recibir un expediente disciplinario. Carmen Perona, abogada del gabinete, asegura que nunca se habían abierto tantos. “Desde hace un año y medio, están llegando en serie después de alguna acción sindical importante”, explica. Los últimos siete han sido expedientados tras la huelga educativa del 24 de octubre, según la letrada. “Si en sus centros ha habido un alto seguimiento, consideran que ellos han incitado a la huelga”, asegura. La mayoría de estas sanciones son de tres meses sin empleo y sueldo.
Uno de los mayores problemas es que la Justicia va a un ritmo lento y la primera de estas sentencias no se conocerá hasta el año que viene. “En los centros están muy pendientes porque ven que se les castiga sin ninguna culpa, por lo que, en algunos, padres y profesores han intentado incluso hacer una colecta. Les imponen la sanción y el juicio tarda mucho en resolverse por lo que, de pronto, se encuentran con que le quitan el salario de tres meses”, sostiene. En este curso escolar, además, se ha presionado a los equipos directivos o docentes exigiéndoles la entrega de la Programación General Anual (PGA) muy poco después del inicio del curso escolar. A veces, con amenaza de apercibimiento.
Según explica Perona, en el caso de los profesores, son padres afines a la Consejería los que denuncian y, a través de ellos, se inicia una inspección que acaba cuestionando la metodología del profesor. “Tengo uno al que le acusan de pasearse por las clases y distraer a los alumnos. Otro está denunciado porque en sus lecciones de matemáticas pone ejemplos con políticos”, detalla.
Este “clima de miedo” conlleva que muchos no quieran que se revele su identidad a la hora de hacer declaraciones a la prensa. Es el caso de la responsable de un centro de la Comunidad que ha accedido a hablar de este tema conLa Marea, quien asegura que los que desempeñan un cargo como el suyo se encuentran siempre “en el punto de mira”. “En la Consejería se están poniendo muy radicales. Se avanza hacia la privatización, se cierran y fusionan centros públicos, se dan muchos recursos a la concertada. Nosotros defendemos la pública y eso no gusta a la administración actual”, explica.
Por su parte, la Consejería de Educación asegura que ninguno de los directores que actualmente se encuentran sancionados lo está por razones políticas o sindicales. “Hay de todo, algunos penalizados por cosas leves y otros más graves, pero ninguno por haberse manifestado”, sostienen fuentes de la Consejería.
Recurrir las sanciones
El primer paso antes de la sanción suele ser un informe negativo por parte de un inspector, según explican los afectados. El director del colegio Vega del Jarama, Miguel Recio, recibió una calificación negativa el pasado julio y teme que pronto le pueda llegar una sanción. Este profesor y delegado sindical de CCOO, muy activo en las protestas por la educación pública, es autor de libros críticos con los recortes como el trabajo colectivo ¿Qué hacemos con la educación?, y ha aparecido en varios medios de comunicación en calidad de experto. Está convencido de que hay que recurrir las sanciones porque “son contrarias a derecho”. Recio acaba de agotar la vía administrativa; el siguiente paso será la contenciosa.
“Si llega un informe negativo, normalmente la gente se asusta y no presenta alegación alguna, pero aun así a muchos los acaban sancionando. Además, te llaman desde la DAT, te dan voces y te faltan al respeto”, asegura Recio. Los directores van consolidando un porcentaje de sueldo que aumenta según los años que lleven en el puesto. Si un curso tienen un informe desfavorable, ese año se anula y no se contabiliza para consolidar nivel. “El motivo más importante es que trabajo con la prensa y me tienen de animador de las protestas. A la mayor parte de los que han cargado con estas cosas ha sido por estos temas”, lamenta. “Hay un clima de cierta cautela. Todo el que quiere o necesita una comisión de servicio, por ejemplo, no protesta para no meterse en problemas”, agrega.
De hecho, tal y como explica la abogada Carmen Perona, el expediente disciplinario suele acarrear cuadros de ansiedad y, en algunos casos, depresión. “Existe un auténtico acoso contra ellos. De hecho, algunos han acabado dimitiendo porque tienen mucha presión, pese a que podían haber ganado el juicio perfectamente”.
Los inspectores, también en el punto de mira
En marzo de este año, la prensa se hizo eco de los contenidos de las respuestas de los exámenes de opositores a plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, destacaron algunos disparates como que la gallina era un “mamífero” o el caracol un “crustáceo”. En junio se volvieron a convocar exámenes. Entre los presidentes de tribunal se encontraban varios inspectores. Cuando estaban corrigiendo los exámenes, la Consejería les pidió que le facilitasen, pregunta por pregunta, el resultado de las pruebas, a lo que tres inspectores se negaron. Ya en septiembre, cuando se asignó el complemento de productividad a los inspectores, estos tres se quedaron fuera sin ningún razonamiento. “Es de una presión enorme, ya que si no obedeces a una orden verbal que es, cuanto menos alegal, te sancionan”, sostiene Purificación Paniagua, secretaria de la sección sindical de inspectores de UGT Madrid. “La administración puede pedir información de tipo estadístico, no el contenido de las respuestas. El contenido pertenece a los tribunales”, añade. Este caso también está judicializado.
Juan José Reina, inspector jubilado y expresidente de la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE), cree que el problema es que la administración usa a los inspectores como su “brazo armado”. “Los inspectores son muy institucionales, pero a veces se confunde la lealtad institucional con el servilismo, hasta el punto de que en nuestros informes se lleguen a firmar asuntos con los que no estamos de acuerdo en absoluto”, explica. “Ahora, que ya estoy jubilado y no pueden hacerme nada, aún me hacen un seguimiento porque doy charlas contra la nueva reforma educativa”, asegura.
Figar prepara un nuevo informe para desprestigiar a los futuros profesores, según los sindicatos
La cielina en su línea:
http://www.elboletin.com/array/85820/figar-burla-conocimientos-futuros-profesores.html
Los sindicatos han cargado duramente contra Lucía Figar por presionar a los inspectores de Educación para que comuniquen los fallos cometidos por los opositores a maestro. Según estas organizaciones, la consejera madrileña sólo quiere ‘burlarse’ de los profesores haciendo un nuevo ‘pseudo informe’ con las respuestas erróneas con el fin de impulsar el “escarnio público” de la profesión docente.
Así lo ha denunciado UGT, que asegura que la responsable del área de Educación en la Comunidad de Madrid usará esos datos de forma “subjetiva” para elaborar una estadística que “nada tiene que ver con la realidad”. La secretaria de comunicación de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato en Madrid, Virginia Fernández, ha dicho a EL BOLETÍN que lo que temen es que el objetivo de Figar sea “hacer daño al colectivo docente”.
La sindicalista ha indicado que los criterios de evaluación en estos exámenes “son muy cuestionables” porque se trata de pruebas muy largas, lo que “sumado a la presión, hace que muchos respondan sin pensar”. Por ello UGT considera que las respuestas erróneas de los aspirantes no deberían usarse para hacer un “anecdotario”, como ya hizo la consejera hace unos meses para defender los cambios en la baremación de las listas de interinos, con el objetivo de que primase la nota del examen sobre la experiencia.
Es más, el sindicato critica que la Comunidad de Madrid haya dicho que va a pagar una cantidad adicional a los trabajadores de la Administración que elaboren esta estadística, ya que no entiende “por qué va a invertir dinero es este estudio al que las organizaciones sindicales no van a dar ninguna credibilidad” al entender que sólo se elabora para “denostar al colectivo docente” y “burlarse” de los profesores.
La crítica de UGT a Figar llega a raíz de la presión que está ejerciendo la Consejería sobre los inspectores de Educación que corrigen los exámenes de los opositores para que elaboren un documento sobre las respuestas erróneas. Según el sindicato, los supervisores se negaron a hacerlo y han recibido un ‘castigo’ por parte de la consejera, que les ha quitado el complemento de productividad de su salario. Ahora la organización denuncia que los inspectores han vuelto a recibir una petición del Gobierno regional, esta vez por escrito, para que presenten estos datos.
Algunos IES de la región siguen sin profesores un mes después de iniciarse el curso escolar
A día de hoy todavía muchos IES madrileños no tienen profesores y, naturalmente, algunos estudiantes llevan ya un mes sin docentes. La excelencia del PP.
Esta semana se cumple un mes desde que se iniciaron las clases en los IES de la región y algunos siguen sin profesorada en determinadas materias. Es la denuncia que han elevado este fin de semana desde la Junta Directiva de la Asociación de Directores e Institutos de Madrid alertando de que es consecuencia de los «recortes» que se vienen aprobando desde la Consejería de Educación. Afirman que la caída en el cupo ordinario de profesores asignado a los centros ha supuesto «una importante reducción de recursos imprescindibles para la necesaria atención a todo el alumnado», a la par que aseguran que la disminución del número de profesores dedicado al Programa de Compensatoria «limita de manera considerable las posibilidades de atender específicamente al alumnado que lo necesita».
En este sentido consideran que el inicio de curso escolar no ha sido tal sino «una quimera». «A pesar de los ímprobos esfuerzos realizados en los centros para empezar en la fecha señalada, a fecha de hoy aún hay profesores que no se han incorporado a los centros al no haber sido nombrados por la Consejería «, se han quejado. Según han explicado, la fecha para la adjudicación de las plazas de profesorado vacante se ha retrasado este año al 6 de septiembre. Este proceso, «que es sin duda complejo y afecta a un gran número de profesores», se había conseguido en años anteriores finalizarlo en julio.
Comparan con otros años y aseguran que lo de este curso escolar no se iguala a ningún otro, porque normalmente a principios de septiembre el 90% de los profesores ya tiene destino, a pesar de que siempre suele haber ajustes de última hora, pero en esta ocasión el resultado es un «desbarajuste» que nadie tiene que ver con lo sucedido en años anteriores. «Todo esto, que la Consejería debería saber, fue objeto de innumerables reuniones de trabajo en las que todos intentamos que el proceso, que ahora se ha eliminado de un plumazo, resultase lo mejor posible».
que la Consejería debería saber, fue objeto de innumerables reuniones de trabajo en las que todos intentamos que el proceso, que ahora se ha eliminado de un plumazo, resultase lo mejor posible».
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