Archivo
La mala educación de Wert
Extraordinario análisis:
http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2013/06/25/la-mala-educacion-de-wert/
Es toda una revolución ideológica la que el ministro Wert ha emprendido. Todas las decisiones del Gobierno en materia educativa caminan en una misma dirección: una enseñanza pública deteriorada a base de recortes, convertida en una fábrica de mano de obra; y un sector privado en auge, consagrado a la formación de los ricos. La educación como instrumento de perpetuación de las clases.
Texto: Juan Luis Gallego. Ilustración: El Rubencio.
En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en laprimera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.
Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza pública, las cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.
Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.
Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: “Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.
Wert, «orgulloso» por intentar «españolizar» a los alumnos catalanes
Queda claro que Wert no distingue entre ser ministro y tertuliano de Intereconomía:
http://www.publico.es/espana/443817/wert-orgulloso-por-intentar-espanolizar-a-los-alumnos-
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado este viernes sentirse «muy orgulloso» de su intervención el pasado miércoles en el Congreso, cuando reconoció que la intención del Gobierno era «españolizar a los alumnos catalanes».
El titular de Educación ha hecho estas declaraciones en catalán y en un corrillo con periodistas en el transcurso de la recepción que los reyes ofrecen en la Casa Real con motivo del 12 de octubre. En esta conversación, Wert también ha dicho sentirse «muy respaldado» por el Gobierno en este sentido y ha insistido en que ayer, sus compañeros en el Ejecutivo conservador fueron muy «solidarios» con él.
Esta intervención parlamentaria indignó a la consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, que considerado que las palabras del ministro respondían «a una visión preconstitucional de España».
(Seguirá ampliación).
Wert: ‘Lo urgente hoy es ahorrar y ya después combatir el fracaso escolar’
El powerpointista de FAES y tertuliano de Intereconomía y EL PAÍS habla en su medio favorito:
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, asegura que el ahorro en educación y sanidad no es «un capricho» que el Gobierno quiera imponer a las comunidades, sino una cuestión «de supervivencia» de los pilares centrales del estado del bienestar.
«Durante los últimos años se ha extendido una cultura educativa del gratis total»
«Aquí estamos hablando de lo urgente, no de lo importante», según Wert, quien diferencia entre la apremiante necesidad de ahorrar y la reforma académica que prepara el Gobierno para combatir el fracaso y el abandono escolares.
En una entrevista con la Agencia EFE, el ministro precisa que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno persigue una mayor eficiencia del gasto autonómico, pero reconoce que esas medidas «no son la reforma educativa» ni van a contribuir a superar los problemas de la educación.
Wert asegura que es «imposible» que las comunidades cumplan el objetivo obligatorio de déficit si no ajustan el gasto en sanidad y educación, que suponen el 70% de sus presupuestos, pero está convencido de que estos ajustes no van a repercutir sobre la cobertura ni la calidad de los servicios.
La reforma educativa, después del verano
Los principales problemas de la educación, como el fracaso escolar, se afrontarán en la reforma de laLey Orgánica de la Educación (LOE), que comenzará a tramitarse después del verano.
El titular de Educación mantiene que una buena parte de las medidas de contención del gasto sería «razonable» adoptarlas incluso al margen del objetivo de consolidación fiscal, y apunta en ese sentido a las relacinadas con la educación universitaria y la secundaria postobligatoria.
Cree que durante los últimos años se ha extendido una cultura educativa del «gratis total» que va «mucho más allá» de la enseñanza obligatoria y gratuita (de 6 a 16 años), y señala la importancia que tendrá aquí la futura «Carta de Derechos Básicos Educativos».
El ministro defiende además la importancia de que todas las comunidades compartan una «filosofía común» de cómo financiar etapas educativas que no son ni obligatorias ni gratuitas, como la universidad, y advierte por ejemplo de que las diferencias abultadas de tasas universitarias podrían provocar una «avalancha» de estudiantes hacia las que las tienen más bajas.
«Queremos que las comunidades dispongan de un margen para poder ajustar su política educativa a las exigencias de consolidación fiscal. No podemos crear sistemas cada vez más desiguales», manifiesta el ministro al ser preguntado por el incremento de las tasas universitarias desde el próximo curso, que cubrirán entre el 15 y el 25 por ciento del coste efectivo de los estudios.
Según Wert, se establece un sistema «flexible», de horquillas, para permitir que las comunidades que están más cerca de cumplir el objetivo de déficit puedan subir menos las tasas que las que se encuentran más lejos del objetivo.
La subida de las matrículas en las universidades públicas supondrá, detalla el titular de Educación, un incremento medio de 540 euros al año (45 euros mensuales).
No duda Wert de que esta cantidad puede causar dificultades económicas en algunas familias, por lo que el Ministerio negocia con el ICO la concesión de préstamos para alumnos que no estén exentos de pagar las tasas por razones de renta.
En ese sentido, insiste en que no se van a revisar los umbrales económicos para acceder a las becas, de forma que más del 20 por ciento de los alumnos seguirán exentos del pago de matrícula.
Hacia una nueva financiación universitaria
El ministro relaciona las tasas universitarias con la necesidad de reducir el gasto de las comunidades en las universidades, pero también con una reflexión sobre cómo se financia la educación superior pública.
«Sin un esquema claro, viable y sostenible de financiación, nunca vamos a tener una universidad con capacidad de competir internacionalmente (…); con el modelo de gobernanza y de financiación que tenemos ni van a venir alumnos ni profesores extranjeros», mantiene el ministro.
Preguntado por las anunciadas movilizaciones estudiantiles, Wert recuerda el caso británico, cuando llegó el Gobierno de David Cameron y situó las tasas universitarias en 9.000 libras (10.500 euros), lo que «incendió» las calles.
«Hoy, todas las universidades (británicas) están funcionando; no se ha reducido la población universitaria, y la mayor parte de ellas se encuentra en equilibrio económico y el gasto público en esa materia se ha reducido drásticamente», señala. Esto lo relaciona también con un sistema de préstamos que ya existía pero que se ha hecho «más generoso».
Aparte de los requisitos económicos, los alumnos tendrán que obtener más de un aprobado justo desde la próxima selectividad para tener beca (entre un 5,5 y un 6) y, para su renovación, superar cada curso el 85 por ciento de los créditos (ahora es el 80) de la mayoría de las carreras o el 65 por ciento en la ingenierías y arquitectura (ahora es el 60).
Wert argumenta que el 40 por ciento de los becarios que ingresan en la universidad con una nota inferior al 5,5 dejan la carrera el primer año.
Prefiere el ministro no hacer un diagnóstico sobre la universidad hasta conocer el informe del grupo de expertos designado por el Gobierno, pero sí ve «evidentes» algunas disfunciones como el elevado paro de univeritarios o el «subempleo» de muchos de ellos, a lo que suma un «déficit muy acusado» de profesionales técnicos intermedios (titulados en FP).
La Constitución impide devolver las competencias
El ministro tacha de «pueril y disparatado» el cálculo de los sindicatos, que cifraron en 100.000 los puestos de profesores interinos que se perderán a causa de ajustes como aumentar los alumnos por aula y las horas lectivas.
Advierte que prescindir de tantos docentes ahorraría unos 4.000 millones de euros, pero que el Ministerio ha planteado un ajuste de 3.000 millones de euros entre todas las medidas de ahorro.
Finalmente, y sobre la posibilidad de que el Gobierno central reasumiera competencias como las deEducación, el ministro es concluyente: «las comunidades pueden o no asumir competencias, pero cuando las asumen la Constitución no establece ningún procedimiento para devolverlas».
Wertgüenza: Wert planta los cimientos de la reforma educativa defendida por FAES
Excelente información de Público que destripa las reformas del sociólogo de Demoscopia metido a ministro. Segregación de alumnado por sexo, pruebas externas de dudosa fiabilidad, profesorado a dedo y cheque escolar basado en una concepción mezquina de la libertad. Repito, artículo excelente y, para los que quieran leer más aquí el enlace al informe de FAES.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desplegó el pasado martes en el Congreso un catálogo de reformas que, de aplicarse en profundidad, mandará la LOGSE gran enemigo socialista que obsesiona al PP al ostracismo. Gozando de una holgada mayoría absoluta y escudándose en una crisis económica que en España derrocha desempleo, el Gobierno aplicará un rediseño del sistema desde infantil a la universidad que tendrá tres grandes beneficiados: Iglesia, empresas y familias con recursos, y dos grandes perjudicados: profesores y alumnos desfavorecidos.
Un año después de que la quiebra de Lehman Brothers colapsara, en septiembre de 2008, el sistema financiero privado y público, la Fundación FAES (fábrica de ideas del PP) lanzaba el siguiente informe: La reforma de la educación escolar, firmado por Francisco López Rupérez, entonces presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. «La libertad diluye las rigideces, promueve la acción y estimula las iniciativas, que se confrontan con los resultados esperados mediante la rendición de cuentas», señalaba el recién nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado.
La libertad, entendida desde el punto de vista del liberalismo económico, es la clave del PP para reducir el fracaso y el abandono escolar. «Las reformas obedecen a dos grupos de presión del PP. Los antilogse, que consideran que es necesario recuperar el valor del esfuerzo y atender a la excelencia con la recuperación de la exigencia, y los economistas liberales que consideran que la competencia puede mejorarlo todo en la vida, y no siempre es así», resume el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid Julio Carabaña.
Rupérez aplica la competencia a la selección del profesorado. «La política del Gobierno socialista ha supuesto la renuncia a esa ambición contenida en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de incorporar a la enseñanza pública a los mejores profesores», dice el informe. Al pie de esa letra se expresó Wert al anunciar un nuevo estatuto del docente y un nuevo método de selección de profesores. «Dicen que hay que captar a los mejores como si ahora no estuviesen. Si los mejores alumnos de Matemáticas, Ciencias o Filosofía no tienen otra salida que sacarse una oposición de docente», reprocha Carabaña.
«Todo lo que sea invertir en formación del profesorado me parece bien, pero el fracaso escolar es un fracaso social, donde intervienen las familias, los medios de comunicación o incluso los políticos», opina el presidente de la Plataforma por la Mejora de la Escuela Pública y director de un IES de FP, Juan José Nieto. «Es cierto que el antiguo CAP era un paripé, pero en mi centro tenemos 11 alumnos de prácticas del máster de Secundaria y están motivados», ejemplifica Nieto sobre la formación docente.
La reforma del Bachillerato (descrita por Wert como un calco del citado informe de FAES) que reduce un curso de la Secundaria, hasta los 15 años, pero mantiene la obligatoriedad hasta los 16 años, es la medida más ideológica de las propuestas por el PP. «Cargarse el último curso común de la Secundaria es una auténtica involución», critica la portavoz de Educación de IU, Dolores Dolz. «Pretenden separar al mejor alumnado cuanto antes», añade.
Si Wert aplica la reforma del Bachillerato como la ideó Rupérez en 2009, la etapa posobligatoria contará con una etapa general «propedéutica», es decir orientada al estudio de una disciplina, y una profesional basada en estímulos fiscales a las empresas para que los alumnos se formen ahí. «Es decir, que decidan las empresas qué enseñar a los alumnos», denuncia Dolz.
«Lo más grave es que abra la puerta a concertar la etapa del Bachillerato», añade la portavoz de IU. El portavoz educativo del PSOE, Mario Bedera, preguntó directamente al ministro si ese era su objetivo. «No nos cerremos con clichés y prejuicios a nuevas vías de financiación», le respondió Wert. Bedera, exsecretario de Estado de Educación con Ángel Gabilondo, le avisó de que el problema es la selección de los alumnos por parte de los centros, pero Wert se limitó a contestar: «No puedo estar de acuerdo con usted».
Wertgüenza: Wert mantendrá la financiación a los colegios que separan a niños y niñas
Ojito a esta noticia de ABC, cada vez es más claro que nos gobierna la ultraderecha:
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, fomentará la libertad de los padres a la hora de elegir centro educativo para sus hijos. Entre otras implicaciones, según ha sabido ABC, eso significa que no quitará el concierto a los colegios diferenciados, es decir, de solo para chicas o solo para chicos («single-sex», en inglés), como pretendía el último Gobierno socialista aludiendo a una supuesta lesión de la igualdad de género. La exministra Pajín incluyó la medida en su proyecto de ley de Igualdad de Trato, que no llegó a aprobarse.
María Calvo, profesora de Derecho y presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, sostiene: «En España, los padres no somos libres para elegir el colegio que deseamos para nuestros hijos: mixto o diferenciado. Se ha impuesto un modelo único: el mixto, como si se tratase de un dogma intocable, la solución única a todos los problemas de la educación».
Asunto «implanteable»
Actualmente, apenas el 1% de los centros escolares españoles son de educación separada y ninguno es público. Comenta Calvo a ABC: «Mientras los países más desarrollados aceptan las escuelas diferenciadas como un modelo beneficioso y una buena alternativa a los colegios mixtos, en España este es un asunto que no se puede ni plantear».
La profesora, que habla de forma apasionada, a gran velocidad, niega que la educación diferenciada tenga que ver con modelos sexuales acordes con los principios de la Iglesia católica. «El comportamiento sexual depende de la educación que se reciba en casa y del ejemplo de los padres. Puede haber colegios diferenciados en los que los chicos tiendan a la “promiscuidad” por lo que les enseñan, y otros mixtos en los que a lo mejor vivan según la moral de la Iglesia. Esa no es la cuestión».
¿De qué se trata, entonces? De mejorar la formación académica y humana atendiendo a las diferencias objetivas entre chicos y chicas, que sistemáticamente se han querido negar y que las investigaciones más punteras no hacen sino poner cada vez más de manifiesto. «En los colegios mixtos, los estereotipos se refuerzan. El varón, más inmaduro que las niñas de su misma edad, vive como dominado por ellas, ya que le aventajan en destrezas verbales, maduración y responsabilidad. Ante esto, muchos niños reaccionan a la contra, con excesos de violencia y actitudes machistas. Los comportamientos estereotipados y discriminatorios están a la orden del día en las escuelas mixtas, dificultando la convivencia en el aula, que se llena de tensiones y conflictos», afirma Calvo.
El ejemplo de EE.UU.
Xavier Prats, responsable de comunicación de Fomento de Centros de Enseñanza, añade: «Obama ha impulsado la educación diferenciada en la escuela pública para combatir el fracaso escolar en más de 500 escuelas públicas de todo el país, un proceso que aún está en expansión». Hay experiencias, como las «Urban Prep Charter», de Chicago, que han llegado a cuotas de éxito escolar de casi el 100%. La receta: transformar escuelas mixtas con un alto grado de fracaso escolar en diferenciadas.
Para Calvo no hay duda: «No es el único factor, pero si en España hubiera más escuelas diferenciadas, bajaría mucho el escandaloso grado de abandono escolar que tenemos, en torno al 30%».
En España, la educación diferenciada se asocia al Opus Dei. Su respuesta: «Ya no solo. Muchos padres se están dando cuenta de sus beneficios y últimamente se han abierto colegios diferenciados, sobre todo en Madrid, con diferentes orientaciones. Además, muchas órdenes religiosas que se pasaron al modelo mixto, ahora están pensando en volver a sus orígenes, al ver la mediocridad en que han caído sus colegios». Por otra parte, recuerda Calvo, «hay monjitas en Talavera y en Sevilla, que llevan a cabo una labor excelente con niñas marginadas, en colegios diferenciados».
La escuela diferenciada se está convirtiendo en un modelo de vanguardia en Europa. En el Reino Unido, en el ránking de las 100 mejores escuelas de 2008, 81 fueron de educación diferenciada, 25 de las cuales eran colegios públicos. En Alemania, varios Länder (entre ellos el de Berlín y el de Renania del Norte-Westfalia, de signos políticos distintos), han impulsado experiencias de educación diferenciada como solución al absentismo masculino.
Alfonso Aguiló, director del colegio Tajamar (concertado, diferenciado), uno de los más prestigiosos de España, afirma: «No consideramos que la coeducación sea peor que la diferenciada, pero tampoco aceptamos como un dogma que sea mejor. Supongo que habrá alumnos a los que les vendrá mejor la mixta y a otros la separada. Lo que me parece obsoleto es pretender imponer un modelo único».
Wertgüenza: La bochornosa faena del ministro Wert
Y nunca mejor dicho:
http://blogs.publico.es/versionlibre/731/la-bochornosa-faena-del-ministro-wert/
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, parece decidido a convertir su gestión en un foco permanente de polémica. Dos días después de anunciar la supresión de Educación para la Ciudadanía, recurriendo a la manipulación de un texto académico para justificar su decisión, ayer comunicó su determinación de “poner en valor” las corridas de toros y extender las ayudas públicas a ese sector, utilizando, otra vez, la tergiversación como argumento. En esta ocasión, alegó que Francia ya ha iniciado los trámites con el fin de solicitar a la Unesco la catalogación de la tauromaquia como Bien Inmaterial de la Humanidad, cuando lo que ha hecho el Gobierno francés es incluir las corridas en un inventario general de actividades culturales, sin la pretensión que le atribuye Wert. El ministro se declaró taurófilo y pidió respeto a su postura, del mismo modo, dijo, que él respeta a quienes consideran la tauromaquia un caso de maltrato animal. Estas invocaciones al respeto mutuo suelen tener buena prensa, pero no dejan de ser cínicas en este caso al referirse a una ceremonia primitiva –afortunadamente en decadencia, según revelan sus cifras de actividad– que pretende erigir en arte el sufrimiento de un animal que no ha acudido voluntariamente a la fiesta. Más cínico aún, si cabe, es anunciar la ampliación de las ayudas oficiales (es decir, de todos los contribuyentes) al sector taurino en medio de la terrible crisis económica que atraviesa España, mientras se aplican drásticos recortes a la investigación científica o a los servicios sociales. Hay que recordar que el primer paso hacia esta sinrazón lo dio el anterior Gobierno socialista al transferir las corridas de toros de Interior a Cultura.
profesorgeohistoria
PROFESORGEOHISTORIA 