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Las ilegalidades de Wert
Esto es lo que pasa cuando el Gobierno se cree por encima de la ley:
Reflexiones de una ‘exterina’
Interesante carta de una profesora interina analizando la situación que ha creado el Partido Popular en el sistema educativo:
http://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Reflexiones-exterina_6_403569645.html
Interinas e interinos nos llaman. Yo, sin embargo, me considero una “exterina” porque me siento más fuera que dentro del sistema educativo. Las decisiones políticas que han tomado al respecto el Gobierno nacional y regional van encaminadas a que los docentes interinos seamos como el lince ibérico: una especie en peligro de extinción.
La situación del personal interino siempre ha estado asociada a la inestabilidad y a tener que hacer peripecias para poder conciliar la vida profesional con la familiar; pero lo que estamos sufriendo en los últimos años nos ha llevado a la más absoluta precariedad. Precariedad que anunciaron como medidas extraordinarias y temporales a causa de “la crisis”, pero que se ha instalado en el sistema y ha venido para quedarse. Entre esas medidas encontramos, por ejemplo, el aumento de ratio, es decir, tener más alumnas y alumnos por clase; el aumento de la carga lectiva del profesorado y no cubrir las bajas de los docentes hasta pasados 15 días, como mínimo.
Todo ello se ha traducido en nuestra región en la pérdida de más de 3000 puestos docentes en estos tres últimos años; aulas masificadas; que el profesorado no pueda atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas específicas y que se prive a las/os alumnas/os de un derecho constitucional, como es el derecho a la educación, si su profesor o profesora se encuentra enfermo/a.
Pese a ello, los docentes hemos demostrado profesionalidad y el compromiso que tenemos con esta profesión que amamos, garantizando así una enseñanza de calidad para nuestro alumnado. Y ese sobresfuerzo ha ido acompañado de una contundente protesta en las calles. Hemos denunciado públicamente cómo nuestros gestores públicos, con estas decisiones, están torpedeando vilmente la enseñanza pública.
Hay quienes pueden pensar que nuestras movilizaciones son exclusivamente un conflicto laboral que tenemos los docentes con la administración. Les garantizo que no es así. El conflicto laboral existe, es evidente, pero nuestras movilizaciones van más allá. Luchamos para que el lema “Escuela pública de tod@s para tod@s de calidad” sea una realidad, gobierne quien gobierne. Los servicios públicos deben ser garantizados por cualquier gobierno, sin importar la ideología del partido político que esté en el poder.
A todo ello las/los “exterinas/os” tenemos que sumarle que nos hayan quitado el derecho a cobrar el verano o que tengamos que depender de cómo nos vaya en la lotería de las oposiciones para trabajar o no, por un injusto sistema de rebaremación de las listas de interinidad.
No pinto nada en una educación encaminada a la privatización, que segrega por sexo y que margina a las materias artísticas o de segundo idioma
¿Por qué haciendo el mismo trabajo que cualquier docente definitivo no tenemos derecho al mismo salario? ¿No sirve de nada la experiencia laboral? ¿Cómo puedo plantearme ser madre si tengo que estar año sí año no preparándome para un examen complejo que me garantice poder trabajar? ¿Qué priorizo? ¿Maternidad y arriesgarme a no trabajar? Llega a ser irónico que el mismo partido que saca a muchos de sus dirigentes a echarse la foto en manifestaciones de la familia nos obligue a decidir entre ser madres o seguir desarrollando nuestra actividad profesional.
Me siento fuera del sistema que han creado. Como ya he dicho, me siento una exterina. Y me pregunto qué he hecho mal para llegar a esta situación. Licenciarme y seguir formándome en mi especialidad y en pedagogía para tener más recursos didácticos con los que garantizar a mis alumnas/os una educación de calidad. Regalar a la administración ocho años de incansable servicio. Aprobar hasta en tres ocasiones las oposiciones. Y todo esto, ¿para qué? Para sentirme fuera del sistema.
Por una parte lo entiendo. Yo no pinto nada en el sistema educativo que están montando. Yo concibo la educación como un derecho universal, que garantice una formación integral y la igualdad de oportunidades de los futuros ciudadanos. Mi objetivo es formar ciudadanos y ciudadanas libres con capacidad de reflexión. No pinto nada en una educación encaminada a la privatización, que segrega por sexo y que deja en el currículo como marginales a las materias artísticas o de segundo idioma. Un sistema educativo que tiene como único objetivo formar mano de obra barata y crear a ciudadanos dóciles que no se pregunten nada.
Por eso no echaré de menos al ministro Wert. Solo espero que se lleve con él su LOMCE porque ha quedado patente a lo largo de estos años que la comunidad educativa rechaza su contrarreforma.
Tampoco confío en la capacidad de diálogo y de consenso del futuro presidente Pedro Antonio Sánchez. A base de imposiciones hemos llegado a esta situación injusta e insostenible. Espero que Ciudadanos sea fiel a su código ético, y si lleg el caso, no deje gobernar a personas imputadas por corrupción.
Decía Floriano hace unos meses que les había faltado un poco de piel. Yo más bien creo que les ha sobrado rostro. Hay que tener la cara bien dura para incumplir su programa electoral y justificarlo todo con el mantra de estos cuatro años “la herencia recibida”.
Me gustaría terminar recordando a nuestros gobernantes que el pueblo español despertó el 15M, hace cuatro años, y que el cambio está cerca. Un cambio no de colores, ni de caras, un cambio de paradigma y de replantearnos como ciudadanas y ciudadanos la sociedad que queremos. Por ello, pueden seguir inventando leyes mordazas y demás formas de intimidación, pero como dijo el gran Pablo Neruda, “no podrán detener la primavera”.
El fiscal de Balears pide cárcel para 44 estudiantes que protestaron contra los recortes
Adiós a la libertad de expresión:
Un total de 44 estudiantes serán juzgados entre este miércoles y viernes, a partir de las 9.30 horas, por ocupar la Conselleria de Educació de Balears, el 22 de mayo de 2012, para protestar contra los recortes del Gobierno de esta comunidad en materia educativa. En concreto, la Fiscalía solicita para siete de ellos un año y medio de prisión y seis meses para el resto.
En concreto, el Ministerio Público atribuye a todos los inculpados un delito de desórdenes públicos mientras que a los siete para quienes pide una pena mayor les acusa además deun delito de lesiones. El Juzgado de lo Penal número 1 de Palma será el encargado de juzgarles.
Según postula la acusación, los estudiantes, junto al menos seis menores de edad, se congregaron ante la Conselleria tras ser convocados por la Asamblea de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y «sin que nadie hubiese comunicado a la autoridad gubernativa la existencia de dicha convocatoria», tras lo cual accedieron, según el escrito, a la terraza del edificio para colgar una pancarta que rezaba Educació retallada, Conselleria ocupada.
Posteriormente, relata la Fiscalía, los acusados, la mayoría de los cuales defendidos en la causa por el abogado Josep de Luis, entraron a las dependencias de la Conselleria, a los departamentos de nóminas, informática, servicio de educación primaria y secundaria, archivo e incompatibilidades, para después subir hasta la cuarta planta del edificio donde se hallaba el despacho del entonces conseller, Rafael Bosch.
La versión de los estudiantes
No obstante, según defendieron algunos de los estudiantes denunciados ante el juez, estuvieron en diversas dependencias de la Conselleria puesto que «nadie nos impidió el paso ni nos dijo que allí no se podía estar». Es más, una de ellas aseguró que los propios funcionarios «nos animaban a subir a la cuarta planta». «Entramos en el despacho del conseller, yo sabía que lo era, y tras ello algunos funcionarios nos impidieron salir, estando uno de ellos delante de la puerta» con ese fin, según recalcó la encausada.
una de las estudiantes asegura que los propios funcionarios «nos animaban a subir a la cuarta planta»
Por su parte, otra imputada recalcó que cuando accedieron al despacho había dos personas, «un chico y una señora que empezaron a empujarnos», en alusión a Ana María Rodríguez, jefa de gabinete de Boch. De pronto, apuntó, «vi cómo se caía [la mujer] sin que nadie la empujara y cuando se levantó empezó a dar manotazos con rabia», ante lo cual «empezamos a decir el no a la violencia». De hecho, la inculpada relató que, después de que algunos estudiantes la ayudaran a levantarse, «se dirigió a un alumno y le pegó una colleja».
Sin embargo, la Fiscalía señala que, cuando se congregaron ante el despacho, Rodríguez y la secretaria del conseller entraron para cerrarlo con llave e impedir que entraran los alumnos. Según añade la acusación, siete de los estudiantes «zarandearon y agarraron con fuerza» a la jefa de gabinete, causándole diversas lesiones, mientras que, a continuación, se sentaron en el suelo mientras uno de ellos leía un texto de protesta y otro tocaba un violín, permaneciendo en el lugar hasta que fueron desalojados por la Policía.
Denuncia
Se da la circunstancia de que uno de los estudiantes llegó a interponer una denuncia contra la jefa de gabinete de Boch a raíz del golpe en la cabeza que supuestamente le propinó durante el acto de protesta. En su denuncia el afectado aseveraba que las tres personas que en ese momento se encontraban en la Conselleria, entre ellas la denunciada, querían encerrarle a él y a sus compañeros, tras lo cual «hubo una serie de empujones para intentar salir y esas tres personas no lo permitían».
Tal y como relataba en el escrito, un compañero de la jefa de gabinete, en ese forcejeo, tiró al suelo a Rodríguez de forma accidental, y cuando ésta se levantó del suelo se dirigió hacia el estudiante y le pegó un golpe en la cabeza, «tipo colleja contundente».
Wert, partidario de reflexionar sobre copago educativo
Wert ya impulsa el repago en niveles no obligatorios:
http://www.publico.es/actualidad/523580/wert-partidario-de-reflexionar-sobre-copago-educativo
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha mostrado partidario de «reflexionar» sobre las propuestas incluidas en el informe de reforma fiscal encargado por el Gobierno, que aconsejan incluir el copago en la fases educativas no obligatorias para mejorar la «equidad y justicia» del sistema.
Wert ha hecho estas aclaraciones en el pleno del Congreso en respuesta al diputado socialista Guillermo Meijón, que le preguntado si el Gobierno comparte la idea incluida en el citado informe de generalizar el copago en el sistema educativo para hacerlo más justo y eficiente.
El titular de Educación ha asegurado que el criterio del Gobierno sobre la educación «viene enmarcado por lo que la Constitución establece en su artículo 27.4, sobre la condición gratuita y obligatoria de la enseñanzas básicas» así como por lo que las distintas leyes educativas han ido consagrando como gratuito en los niveles no obligatorios de la enseñanza. No obstante, a continuación, ha precisado que «otra cuestión es la reflexión que se refiere a las enseñanzas que no tienen condición de obligatorias y gratuitas» y que, según el informe, «está inspirada en la búsqueda de principios de mayor equidad y mayor justicia«.
En este sentido se ha referido a las enseñanzas universitarias y a la educación de 0 a 3 años y se ha preguntado si no se sirve mejor a esa equidad y justicia distribuyendo el pago de modo que una parte recaiga en quienes tienen capacidad económica para hacerlo y el resto en las administraciones públicas. «Pero es evidente, que como en la educación hay fases y elementos que no están incluidos en esa gratuidad, hay consideraciones de equidad y de justicia que nos deben llevar a reflexionar a todos, sobre cómo se sirve mejor a esa equidad y justicia distribuyendo entre el pago por quienes pueden pagar y el pago público, lo que son beneficios privados y beneficios públicos de esas fases», ha dicho.
«Terrenos gratis para centros privados»
Meijón ha leído una de las frases del citado informe según el cual «ofrecer la educación de forma gratuita y generalizada no es el modo mas eficiente ni justo de hacerlo porque hay siempre un cierto beneficio privado que debería ser compensado mediante el copago». Ha añadido que en ese texto se señala que «hacer pagar al contribuyente una parte del precio de la educación es un camino en que el sistema fiscal español tiene todavía mucho recorrido».
«En clave de copago», ha dicho Meijón, el Gobierno ha eliminado todas las ayudas para libros de texto, endurecido las condiciones y rebajado las cuantías de las becas universitarias, provocado un incremento de las tasas de hasta el 100%, reducido las ayudas a los comedores, transporte y apoyo escolar y paralizado la creación de plazas públicas de 0 a 3 años. «Eso sí, en clave de copago, terrenos gratis para centros privados y fondos públicos que segregan por sexo», ha aseverado Meijón quien ha augurado que Wert tendrá «el dudoso honor» de «hurtar a la educación su carácter de servicio público».
CCOO denuncia la Ley Wert ante Bruselas por vulnerar el derecho comunitario
CCOO denuncia la Ley Wert en Bruselas por sus inmundicias:
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como Ley Wert, tendrá que enfrentarse a otro obstáculoantes de ser aprobada en sede parlamentaria. Después de que este martes se cerrara el plazo para presentare enmiendas parciales, Comisiones Obreras ha ido más allá al llevar el proyecto de reforma educativa del ministro José Ignacio Wert ante el Comisión Europea.
Así, la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO ha presentado una denuncia (ver documento en PDF) contra el proyecto de Ley ante la Comisión Europea (CE) al entender que varios de sus artículos atentan contra el principio de igualdad recogido en la Constitución española y en el Tratado de la Unión Europea.
El Objetivo es que Bruselas estudie los artículos que indica el sindicato y paralice su tramitación parlamentaria si entiende que contraviene el derecho comunitario, algo para lo que dispone de 15 días desde este martes, según han explicado en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Enseñanza, Francisco García, y la responsable jurídica de la organización, Carmen Perona.
Perona, ha explicado que la denuncia se centra en los artículos referentes a la enseñanza diferenciada por sexos financiada con fondos públicos, a las clases de Religión y Valores sociales y cívicos y a la contratación sin concurso público de expertos con dominio de lenguas extranjeras.
En la demanda, insta a la Comisión a que se ponga en contacto con el Estado español antes de que el proyecto se convierta en Ley Orgánica y sea jurídicamente imposible para los ciudadanos realizar acciones legales.
Segregación por sexos, medida «preconstitucional»
En cuanto a la segregación por sexos, recogida en el artículo 84.3 del proyecto de ley, la demanda elevada a Bruselas aprecia «diferencias de trato basadas en la distinción por sexo de los alumnos». Según Comisiones Obreras, el ministro Wert se escuda en un artículo de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por la UNESCO en 1960. Una normativa basada «en un texto preconstitucional y aprobado en un dictadura» que estaría actualmente derogada.
Por otra parte, la letrada ha hecho referencia a la postura del Tribunal Supremo, que considera que los colegios concertados que segregan a los alumnos por sexo no deben ser financiados con dinero público, algo que la LOMCE permitirá en cuanto se eleve a categoría de Ley Orgánica.
Discriminación en enseñanza de valores cívicos
El segundo punto de esta denuncia al Gobierno español y, «en especial contra el ministro Wert», apunta CCOO, se refiere la discriminación de los alumnos que no cursen Religión, ya que la materia impartida en la asignatura Educación para la Ciudadanía se segmenta con la nueva reforma en dos materias: Valores sociales y cívicos – impartida en primaria- y Valores éticos – en Enseñanza Secundaria.
Esta distinción no sucede con Religión, que se mantiene en todos los niveles educativos, por lo que «quienes no eligen religión no estudiarán siempre una misma materia», critican.
Contratos «a dedo» frente a oposiciones
La contratación de expertos extranjeros como docentes de lengua extranjera también atenta contra al principio de igualdad del Tratado de la Unión Europea según la organización sindical.
«Discrimina en cuanto a la forma de acceso de los profesores nacionales, que deben presentarse a oposiciones y cumplir unos requisitos, mientras que los candidatos extranjeros se contratan a dedo», ha criticado la abogada, que ha recordado que esto ya está haciendo en regiones como Madrid, «donde se hacen las pruebas que después se aplican al resto del Estado», ha matizado.
También ha señalado que estos profesores extranjeros son contratados sin negociación colectiva ni convenio, de manera que cubren los despidos de interinos con docentes más baratos.
La enseñanza privada sigue perdiendo alumnos por tercer año consecutivo
Consecuencia de la crisis la escuela privada pierde alumnos en Madrid:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/29/madrid/1377778981_438892.html
Los alumnos madrileños volverán a las aulas a partir del 9 de septiembre. Son 1.137.121 escolares en las etapas preuniversitarias, casi 10.000 más que el curso pasado. La mayoría han optado por centros públicos y concertados (sostenidos con fondos públicos) frente a los privados, cuya matrícula cae por tercer año consecutivo debido a la crisis, según los datos oficiales.
Más de la mitad (624.721) estudiarán en centros públicos, lo que supone un incremento del 1,3%. Otros 339.945 (1,2% más) acudirán a aulas de centros concertados. Los privados pierden alumnado de forma “acusada”, según ha explicado este jueves la consejera de Educación, Lucía Figar, en la presentación del balance del nuevo curso. Son 2.142 menos (-1,2%).
El alumnado extranjero también cae desde hace tres años en Madrid. Habrá 2.753 estudiantes menos y un total de 135.119. Es un descenso en el que también afecta la crisis e incluye una variable propia. La cifra desciende por los menores que han obtenido la nacionalidad española, aunque la Comunidad no dispone de datos concretos.
El presidente regional, Ignacio González, ha destacado que el 92% de las familias han obtenido plaza en el centro que solicitaban en primera opción. El porcentaje ha subido cuatro puntos en los últimos dos años, cuando comenzó a implantarse la zona única educativa “para que los padres pudieran elegir con total libertad”, según González. La Comunidad achaca el repunte a la nueva medida pero no ofrece datos sobre qué tipo de centros han solicitado los padres. Es decir, si han elegido colegio entre los más cercanos, como podían hacer hasta el curso pasado, o se han acogido al distrito único.
Habrá 20 colegios públicos, 10 institutos y 19 centros concertados más en la red de centros bilingües, lo que eleva la cifra total a 318 colegios, 91 institutos y 141 centros concertados. Este curso abren siete nuevos centros públicos y se ampliarán otros 41. Eso supone perder cuatro, porque Educación ha cerrado 11 centros públicos (cinco colegios, tres institutos y tres escuelas infantiles) para este curso argumentando la escasez de demanda.
La consejería no ha ofrecido la cifra de docentes. Figar ha señalado que “habrá un mayor número de funcionarios y un número menor de interinos”, por la incorporación de 350 nuevos maestros tras las oposiciones de julio. La consejera descarta un nuevo recorte significativo en los presupuestos. “No se prevé ninguna medida grande de ahorro”, dijo Figar, como las provocadas por el aumento de las horas lectivas en secundaria que puso en marcha el Gobierno regional o el incremento de las ratios (número de alumnos por aula) que aprobó el Ejecutivo central.
Wert intentará explicar su política de becas tras el demoledor informe del Consejo de Estado
Parece que el powerpintista de FAES metido a ministro ahora sí se quiere explicar:
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, comparecerá este miércoles en el Congreso para intentar explicar la nueva política de becas, casi un mes después de que el Gobierno aprobase por real decreto una reforma que ha cambiado el diseño de las ayudas al estudio, el modo en que se asignan y los requisitos académicos para acceder a ellas. La comparecencia se produce tras el demoledor informe del Consejo de Estado que pone en duda las bondades defendidas por el ministro.
La de Wert es una de las comparecencias en periodo extraordinario aprobadas por la Diputación Permanente el pasado 24 de julio, cuando, con los votos del Grupo Parlamentario Popular, se autorizó que pasaran además, por la Cámara Baja en el mes de agosto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Industria, José Manuel Soria; y la titular de Empleo, Fátima Báñez.
En el caso de José Ignacio Wert, la comparecencia ante la Comisión de Educación se produce tanto a petición del Grupo Socialista como por iniciativa propia, para informar sobre la nueva política de becas con intención de «desmontar la ola de alarmismo» que a juicio del Grupo Parlamentario Popular, está despertando la oposición sobre este tema, al afirmar que pone en jaque la igualdad de oportunidades de los estudiantes.
El decreto, desarrollado ya en la convocatoria de becas para el curso 2013/2014 que publicó el BOE el 19 de agosto, articula las ayudas en una parte fija y otra variable. La primera incluye 1.500 euros por baja renta, 1.500 euros por cambio de residencia –tomando como referencia la vivienda de miembro de la unidad familiar más cercana al centro docente–, la gratuidad de matrícula y la beca básica (200 euros en Bachillerato). La variable será al menos de 60 euros y dependerá de la nota, la renta y de si hay presupuesto disponible.
Para acceder a la gratuidad de matrícula, los estudiantes deberán contar con una nota media de 5,5 puntos, mientras que para recibir alguna de las ayudas económicas directas tendrán que acreditar que la media es de al menos un 6,5. Los alumnos que abandonen antes de acabar el curso, que no hayan asistido al menos al 80% de las horas lectivas o no hayan superado la mitad de los créditos matriculados, en el caso de la Universidad, tendrán que devolver el dinero.
Asimismo, para mantener la beca los alumnos deberán haber superado en el curso precedente el 100% de los créditos en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (o el 90% con una media de 6,5) y Ciencias y Ciencias de la Salud (o un 80% con un 6,5). Si cursan Ingeniería o Arquitectura o enseñanzas técnicas tendrán que haber aprobado el 85 por ciento de los créditos (o un 65% si la nota media es de 6,5).
UN PRESUPUESTO CON 200 MILLONES MENOS
El Consejo de Estado dictaminó esta iniciativa a finales del mes de julio y dijo echar de menos que, al igual que en el decreto de 2012 que elevó la nota mínima de acceso de 5 a 5,5, el Ministerio de Educación aportase «un estudio en profundidad del impacto educativo que producirán los nuevos requisitos académicos» y en el que se «ponderen las consecuencias» de esta medida desde la perspectiva de «la igualdad de oportunidades».
Según explica, en el Real Decreto «no aparece valorado en absoluto el impacto que tendrá» la reforma de las becas ni se indica cuál será su «efecto social». «Ni siquiera se refleja en la memoria el efecto que tuvo la reforma» anterior, critica el Consejo de Estado, para recordar que en su momento se pronosticó un ahorro de 230 millones de euros al elevar la nota mínima de acceso a una beca pero no se ha informado sobre la «realidad o error» de aquella previsión.
«No se apunta siquiera cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener, o perderán, becas, y los efectos de ello, lo que puede ser trascendente y no necesariamente justo; tanto más cuanto se cambian y endurecen los requisitos académicos, pese a lo que se dice en la memoria, se aumentan los umbrales económicos 2 y 3 (suprimen los umbrales 4 y 5), e incluso el importe económico previsto -según el borrador de la memoria- para becas en el curso 2013/2014 es del orden de 200 millones de euros menos que lo previsto para el curso 2012/2013», expone el dictamen.
Aunque el Consejo de Estado reconoce que ni la Constitución ni las Leyes sobre educación establecen criterios precisos en materia de becas, sí recuerda que «en todo caso, el sistema debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes».
Además, advierte de que «sería un error pensar que a los estudiantes, tanto los que reciben ayudas como los que no las reciben, les es indiferente el resultado de sus estudios». «Ciertamente no lo es, pues el propio sistema educativo establece criterios incluso académicos para superar los cursos y contempla supuestos que pueden llegar a la expulsión de estudiantes que no logren los niveles exigibles, que deben ser equiparables», explica el Consejo de Estado.
Estudiantes, padres y profesores harán campaña contra el PP en las elecciones europeas
Excelente iniciativa:
Estudiantes, padres y profesores quieren retomar su lucha contra los recortes en la Educación pública nada más terminen las vacaciones de verano. Para ello, la Marea Verde está estudiando todo un conjunto de medidas para forzar al Gobierno a que rectifique y anule la LOMCE, así como obligar a José Ignacio Wert a dimitir como ministro. Entre ellas, una campaña para que los ciudadanos no voten al PP en la cita en las urnas al Parlamento europeo del próximo mayo.
“Campaña para no votar a aquellos que están desmantelando lo público en las elecciones europeas”. Esta es una de las principales propuestas que los colectivos en defensa de la Educación pública y contra los recortes de Wert tienen sobre la mesa para el curso académico que arranca en septiembre, tal y como se recoge en un documento sobre la última reunión que todas las mareas organizaron en Madrid.
Una campaña contra el PP con la que escenificar el malestar que existe entre los colectivos y plataformas de estudiantes, padres y profesores, así como sindicatos, ante los constantes “ataques” del Gobierno de Mariano Rajoy a la Educación. Precisamente, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el último antes de las vacaciones, Moncloa ha aprobado un nuevo sistema de becas que, según el Sindicato de Estudiantes, “veta” el acceso a la universidad de los alumnos con menor renta y supone su “expulsión directa”.
La elección de estos comicios no es casual. Y es que, serán los primeros a los que se enfrentará el PP tras los continuos recortes aprobados por La Moncloa y la polémica en torno a los ‘papeles’ de Luis Bárcenas. Todo esto hace que en las propias filas populares se asegure que la cita en las urnas del próximo mayo puede deparar un triste resultado para el partido.
Esta ofensiva contra “aquellos que están desmantelando lo público” no es la única iniciativa que estos colectivos están preparando. Junto a ella, se encuentra la elaboración de un referéndum o consulta sobre la Educación pública, una marcha a Madrid o una campaña de escraches con la que calentar un curso, el 2013-2014, que se espera calentito.
Y es que, no hay más que señalar que, tal y como ha adelantado este diario, el Sindicato de Estudiantes ya ha convocado una “semana de lucha” con una huelga de 72 horas ininterrumpidamente contra la ‘Ley Wert’.
Asimismo, algunas plataformas en defensa de la Educación pública continuar con la recogida de apoyos entre los famosos que iniciaron hace unos meses y que provocó que figuras como Joaquín Sabina o Maite Figueroa se unieran a su causa.
A todo esto hay que unir que el mismo día 1 de septiembre, que arranca el curso académico, profesores, estudiantes y padres están llamados a retomar sus protestas, ya sean vistiendo la camiseta verde, o amarilla, según la región, contra los recortes o con pancartas sobre el tema.
La derecha no está gestionando la crisis, está cambiando el modelo de sociedad
Un artículo imprescindible:
Se habla normalmente de la herencia recibida en los círculos conservadores, para justificar los recortes en el sector público y la privatización paralela de servicios hasta ahora gratuitos y universales constituyen una de las claves del deterioro de la confianza social en Rajoy.
Hace un año justo, lo que parecían derechos universales hoy son solo el recuerdo de una España que ha dejado de existir, la derecha esta cambiando el modelo de sociedad, la sanidad universal esta en tela de juicio, la nacionalidad se adquiere a base de talonario y la inversión en educación es un gasto que no podemos permitirnos afirma el gobierno.
No tardó ni un mes en subir los impuestos, reformando la más que reformada legislación laboral y tras esto, llegaron las condiciones para el rescate del sistema bancario español y… ¡tachan! 65.000 millones en dos años para los bancos.
Subió el IVA, se tocó el subsidio por desempleo, suprimió la paga extra a los funcionarios, se elimina la desgravación por vivienda en IRPF, o el gran hachazo a las ayudas a la dependencia estaban rompiendo el cuarto pilar del estado del bienestar que tanto nos había costado conseguir, y lo peor es que esto nada más que empezaba.
Cuando hablo de cambio de modelo de sociedad lo hago,fundamentalmente en entender que el Gobierno decreta el copago farmacéutico, y el aumento de las tasas de la universidad, obviando el principio fundamental de entender que cuanto más bajos son los recursos de una familia más les costará poder acceder a la sanidad y la educación, el viejo lema “La hija del obrero a la universidad” ha sido desempolvado de nuestras gargantas en las calles.
Solo seguiremos entendiendo una España moderna si somos capaces de volver a luchar para que nuestro país haga políticas que nos lleven a generar empleo para crecer, no intentar crecer con recortes para “generar” empleo, dejando de señalar con el dedo a las mujeres que deciden sobre su maternidad, no golpeando el bolsillo de la clase trabajadora en el acceso a la justicia, la sanidad o la educación.
Definitivamente, no están gestionando la crisis, nos estan cambiando el modelo de sociedad que tanto nos ha costado conseguir.
La mala educación de Wert
Extraordinario análisis:
http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2013/06/25/la-mala-educacion-de-wert/
Es toda una revolución ideológica la que el ministro Wert ha emprendido. Todas las decisiones del Gobierno en materia educativa caminan en una misma dirección: una enseñanza pública deteriorada a base de recortes, convertida en una fábrica de mano de obra; y un sector privado en auge, consagrado a la formación de los ricos. La educación como instrumento de perpetuación de las clases.
Texto: Juan Luis Gallego. Ilustración: El Rubencio.
En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en laprimera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.
Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza pública, las cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.
Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.
Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: “Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.
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