Muy grave: El presidente del Consejo Escolar veta un informe crítico con la reforma educativa

 

Realmente grave, lean y piensen:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/30/actualidad/1351593670_442538.html

En un ambiente cada vez más crispado —entre huelgas, manifiestos y plantes— está tramitando el ministro José Ignacio Wert su reforma educativa. El anteproyecto del ministerio se ha abordado este martes en el Consejo Escolar del Estado. Pero el debate en el pleno de este órgano de participación, donde se sientan 107 representantes de la comunidad educativa, se ha quebrado: unos 30 miembros decidieron marcharse ante la negativa de la presidencia a tramitar un informe del sindicato STES.

El presidente del Consejo Escolar, Francisco López Rupérez —nombrado por Wert—, entiende que este sindicato «ha traspasado la línea roja» en su documento, crítico con la reforma del PP. Y esa línea estaba pintada sobre el «respeto», según López Rupérez.

Del pleno se han marchado los sindicatos CC OO, UGT, Intersindical Galega, STES y ELA. También, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), el Sindicato de Estudiantes, Ceapa y parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los sindicatos y Ceapa interpretan el veto como un ataque contra la libertad de expresión.

Tras el plante, en el pleno se ha votado el informe de la ponencia del Consejo Escolar sobre el anteproyecto del ministerio. Se ha aprobado por 47 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Pero también se habían presentado siete documentos alternativos elaborados por algunos miembros. Antes de celebrarse el pleno de ayer, López Rupérez detectó problemas en dos: en el del sindicato ELA y en el de STES. Y encargó a la Abogacía del Estado un pronunciamiento.

En el caso de ELA, el sindicato retocó su informe y se ha podido ver en el pleno de este martes. Los problemas surgieron con el documento de STES, que, según la Abogacía del Estado y López Rupérez, está “motivado” y es “preciso”, dos de los requisitos necesarios para tramitarse. Pero no es respetuoso, según la interpretación del letrado y del presidente del Consejo Escolar. La Abogacía del Estado sostiene que existen expresiones que 2no reflejan la necesaria neutralidad». Por ejemplo: «El anteproyecto contiene una gran carga ideológica neoliberal conservadora» o «no se ha negociado con nadie, como tampoco se ha negociado el texto del actual anteproyecto, a no ser con las organizaciones de la derecha más reaccionaria y/o con las patronales de la enseñanza privada». «Una cosa es la crítica normal, otra cosa los elementos descalificatorios», sostiene López Rupérez. «El presidente del consejo anula la libertad de expresión», afirma STES.

 

Los expertos rechazan la reforma de Wert por “revanchista e ideológica”

 

Volviendo al Antiguo Régimen con la LOMCE:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/28/actualidad/1351442379_392634.html

La reforma del sistema de enseñanza que impulsa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, afronta una semana clave antes de que empiece su tramitación en el Parlamento. Las comunidades autónomas y el ministerio analizan hoy en la conferencia sectorial el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Wert se topará en esta reunión con voces discrepantes, como la de la consejera de Educación andaluza, la socialista Mar Moreno, que ya ha dejado claro su oposición a las reválidas y a los rígidos itinerarios que propone el ministerio.

La reforma también se debatirá el martes en el pleno del Consejo Escolar del Estado, un órgano de participación donde está representado todo el sector educativo. De momento, los consejos escolares del País Vasco y Andalucía ya han elaborado dictámenes contrarios al anteproyecto.

Los investigadores censuran la ausencia de debate del cambio legal

A la lista de opositores se añade ahora el denominado Foro Sevilla, nacido a finales de la semana pasada en la Universidad Pablo de Olavide de la capital andaluza. Más de 40 profesionales de la enseñanza de todo el país, la mayoría profesores universitarios, han elaborado un duro manifiesto titulado Por otra política educativa, donde se rebaten muchas de las medidas que se incluyen en el proyecto del ministerio. Con este documento como punto de partida, los expertos pretenden “impulsar la reflexión, el diálogo y la participación”.

El Foro Sevilla —impulsado por Carmen Rodríguez Martínez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga, y José Gimeno Sacristán, catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia, y en el que también están Jaume Carbonell, Mariano Fernández Enguita y Ángel Pérez Gómez— rechaza “el sesgo economicista de la ley”, al entender que el “objetivo de la educación es el desarrollo humano y la cohesión social”. Pero los expertos también critican la forma en la que el ministerio ha puesto en marcha esta reforma. “Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la reconstrucción, en su caso la refundación del sistema educativo, sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con un nada fiable foro en la Red”, se indica en el manifiesto. Esta crítica a la falta del necesario debate es compartida por varios sectores. El Consejo Escolar de Andalucía también ha apuntado que la modificación del marco legislativo “debería ser fruto de un diagnóstico compartido de la situación del sistema educativo español y de un consenso político y social sobre su reforma que no se ha producido”.

Respecto al fondo, los integrantes del Foro Sevilla se oponen al sistema de reválidas que quiere fijar el ministerio. “Una evaluación excluyente, sancionadora y de control —como plantea el anteproyecto— basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión”, señala el manifiesto. También rechazan los itinerarios que se proponen en el anteproyecto: “Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios que, de hecho, son irreversibles”. Los expertos creen que lo que se pretende es “segregar a los alumnos desde el tercer curso de la ESO (14 años), reduciendo el tronco común y convirtiendo la primera orientación hacia la formación profesional en una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE”. Además, creen que “se añaden mecanismos que amenazan con adelantar esa segregación al segundo curso [13 años]”. “La mayoría de países cuya comprensividad llega a los 16 obtienen mejores resultados que los que segregan a edades más tempranas”, añaden. “La segregación del alumnado con peores resultados se traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una profecía autocumplida”.

Los consejos escolares de País Vasco y Andalucía se oponen a la norma

Los integrantes del Foro Sevilla también analizan un problema recurrente del sistema escolar: “Lejos de abordar el problema de la repetición de curso, que España encabeza en Europa de forma exagerada, que se ha mostrado indiscutiblemente ineficaz, que resulta económicamente costoso e ineficiente y que constituye una de las principales causas endógenas del fracaso escolar, el Gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y convertirla en el determinante del fracaso y la segregación temprana”.

En el manifiesto se censura la segregación por sexos en los concertados que pretende blindar el ministerio y la pérdida de poder de los consejos escolares de los centros de enseñanza. Y se reclama que se mejoren “cuestiones fundamentales como la formación, selección, desarrollo profesional y evaluación” del profesorado.

 

Las comunidades del PP presionan para apoyar a la concertada

 

La escuela subvencionada cosecha su apoyo incondicional al PP:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/29/actualidad/1351547530_789455.html

 

Reclaman que Wert recoja la bandera de la libertad de elección de centro

El ministro alarga un mes el debate sobre la reforma educativa tras las críticas

Muchos de los consejeros de Educación del PP estaban molestosporque no pudieron participar en las primeras redacciones de la ley dereforma educativa que propone el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Así se lo hicieron saber la semana pasada en la sede madrileña del partido, en la calle Génova, en una tensa reunión en la que, según distintas fuentes, también le echaron en cara problemas técnicos (quién va a organizar y a pagar los exámenes externos y reválidas al final de cada etapa) y, sobre todo, la ausencia en la reforma de algunos puntos de los que el PP ha hecho bandera, como el apoyo a la enseñanza concertada enunciado como “libertad de elección de centro”.

Con ese precedente, Wert se reunió este lunes con los consejeros (los del PP y los demás) para explicarles oficialmente el proyecto. “El borrador es mejorable”, dijo el consejero de Educación de Castilla-La Mancha Marcial Marín, junto a la mayoría de responsables del área de las comunidades donde gobierna su partido, el PP, tras más de cuatro horas de encuentro. Por eso, en nombre de todos agradeció que Wert haya alargado un mes la negociación con las autonomías sobre ese cambio legal de “mejorable” redacción.

Jesús Vázquez, el responsable gallego, negó que haya malestar alguno, y lo mismo había hecho por la mañana la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pero además había adelantado esa idea de prolongar debates. “Todavía hay un plazo y mucho tiempo para presentar propuestas”, predijo.

La negociación, sin duda, se presenta difícil, pues mientras por un lado la oposición y multitud de expertos acusan a la futura norma de“revanchista e ideológica” —rechazan el adelanto de los itinerarios que conducen a una parte de los alumnos a la FP y las reválidas en ESO y bachillerato—, por el otro, dentro del partido muchos la tildan de tibia:fuentes del PP explican que Wert habló en la reunión de Génova de concesiones en el texto hacia el PSOE como la de no eliminar del todo Educación para la Ciudadanía.

Tras la conferencia sectorial de este lunes entre el ministro y las comunidades (las del PP y las demás), Wert no dejó claro si va a aceptar alguna de las propuestas que llevaron los consejeros autonómicos, pero en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana dan por hecho que se aceptará su idea para favorecer la creación de centros concertados, según fuentes de la negociación.

Se trata de dar “cobertura legal” a la cesión de suelo público para construir colegios concertados cuando haya demanda por parte de las familias. Un modelo que Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid ha impulsado en los últimos diez años y, que el Gobierno de Alberto Fabra, en la Generalitat Valenciana, está a punto de estrenar con la publicación de los pliegos de concesiones de suelo a empresas privadas y fondos de inversión durante 75 años, a cambio de un módico canon. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP reclamaron de alguna u otra manera que la reforma recoja la libertad de elección de centro de los padres.

País Vasco, Canarias y Andalucía piden la retirada del anteproyecto

Un concepto que siempre ha abanderado el PP. “Garantizaremos la libertad de elección impulsando una educación pública de calidad y una educación de iniciativa social cuya autonomía debe ser respetada”, decía el programa electoral con el que ganaron las últimas elecciones generales de 2011. No llegaron al punto de incluir en él lo que habían puesto en 2010 en el documento elaborado por el partido durante el frustrado debate para un pacto educativo impulsado por el anterior ministro Ángel Gabilondo (PSOE). Entonces, pedían obligar por ley a las administraciones a subvencionar a todo colegio privado que lo pidiera, cumpliera los mínimos de calidad y contara con suficiente demanda, es decir, suficientes alumnos dispuestos a asistir.

Wert dice que su ley “clarifica” el papel del Estado y las autonomías

Wert dijo que todas las comunidades del PP y Navarra apoyan las líneas generales de la reforma. No así, los representantes socialistas —Isabel Celaá, consejera aún en funciones de País Vasco; Mar Moreno, de Andalucía; Ana González, de Asturias, y José Miguel Pérez, vicepresidente además de un Gobierno que comparte con Coalición Canaria— que pidieron directamente al ministro que retirara el anteproyecto, entre otras cosas, por segregador, mercantilista y por invadir las competencias autonómicas. Contra esto mismo se revuelve también la consejera catalana, Irene Rigau, que insinuó la posibilidad de recurrir la norma, si no cambia, ante el Constitucional. “Invade competencias y destila recentralización”, dijo. La norma resta la parte del currículo que establecen las comunidades e impone exámenes de reválida iguales para toda España.

Wert dijo que su reforma no pretende “recentralizar”, sino “clarificar” el papel del Estado y comunidades. En todo caso, aseguró que, aunque no está dispuestos a renunciar a los objetivos de la ley (mejorar los resultados y acabar con abandonado educativo temprano), sí está “dispuesto a negociar cómo alcanzarlos”. Sobre la mesa de negociación estará acabar con el derecho a la huelga de los estudiantes; quién y cómo diseña las reválidas y quién las paga; la profesionalización de los equipos directivos; las pasarelas entre la nueva FP básica, y la FP de grado medio y de grado superior; o que esa FP para chavales de 15 años dé posibilidad de obtener el título de ESO.