Un juez da la razón a una docente que recurrió las 20 horas lectivas

 

Por fin una buena noticia:

Los desencuentros por  jornada lectiva de los profesores  de instituto madrileños han pasado ya por todos los frentes. El aumento de 18 a 20 horas de clase (con el consiguiente ajuste de horarios y la reducción de contrataciones a interinos) provocó una oleada de protestas que se materializaron en la marea verde que aún colea, con 11 huelgas el curso pasado y varias visitas a los juzgados.

Los sindicatos denunciaron la orden que regulaba los nuevos horarios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entendió en un fallo anterior que las instrucciones son una potestad de la Consejería para marcar el inicio de curso y abrió una nueva opción: que cada docente denunciara los efectos sobre su jornada. A esta opción se acogió CC OO y unos 2.000 profesores, que presentaron denuncias ante el Contencioso Administrativo, que falla a favor de los docentes, tras una sentencia contraria y otra que no incluía el pago de costas.

El Juzgado número 32 ha  dado la razón ahora a una de esas docentes, que trabaja en el IES La Arboleda (Alcorcón). La sentencia, contra la que Educación presentará un recurso de apelación, obliga a que se  elabore un nuevo horario «que respete» la normativa del Ministerio de Educación, una orden del 29 de junio de 1994 que establecía que los profesores de instituto deben dar 18 horas de clase, pudiendo extenderse «excepcionalmente» hasta 21 «cuando la distribución horaria del departamento lo exija».

La profesora argumentaba que, con su nuevo horario individual, tenía 20 horas lectivas y 7 horas complementarias (las que se dedican a reuniones de departamento o tutorías, entre otras actividades)  lo que hacen un total de 27, dos más de las que se fija en la normativa.

El juzgado ordena que se elabore un nuevo horario que respete las disposiciones normativas de 1994. En la sentencia, el juez detalla cada una de las ordenes, y en el caso de la del Ministerio especifica que de sus preceptos se infiere que las 30 horas semanales que el profesor tiene que estar en el IES «se configuran como un límite absoluto de permanencia en el centro, ya que el resto hasta las 37 horas y media son de libre disposición» por el profesor.

También recoge que las 30 horas semanales se integran por las horas lectivas, complementarias recogidas en el horario individual y complementarias computadas mensualmente. Esta sentencia es la primera que da la razón a los profesores  que denunciaron el nuevo horario. Unos 2.000 iniciaron el procedimiento y, de ellos, 1.600 lo formalizaron, según estimaciones de CC OO.

El fallo señala que se le deberán abonar las horas de trabajo adicionales «que ha tenido que realizar en calidad de complementarias» desde el 14 de noviembre de 2011 hasta la notificación de la sentencia, fechada el pasado 3 de septiembre. El sindicato calcula que la profesora debe recibir unos 1.800 euros adicionales por el aumento de horario.

Un portavoz de la Consejería ha señalado  que la sentencia afecta «únicamente» a la asignación «del horario de jefatura de departamento y de tutoría» de la demandante y no «al incremento del horario lectivo de 18 a 20 horas». Respecto a la compensación, Educación considera que «ya se ha producido» porque el curso pasado «se creó un nuevo complemento de tutoría y se incrementó el complemento de jefatura de departamento».

 «Si el caso llega al Alto Tribunal y se crea jurisprudencia, podremos pedir la extensión de sentencia y los 20.000 profesores afectados recibirían compensación», señala Paco García, responsable de Educación de Comisiones Madrid. La jornada semanal con 20 horas lectivas se mantiene este curso. El próximo jueves 27 de septiembre hay convocada una manifestación de inicio de curso de la marea verde. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/24/madrid/1348505868_865206.html

Una Ley de Transparencia opaca

 

Al final el PP ha dejado la ley de transparencia en nada y, así, esto ni es una democracia ni nada parecido:

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/23/actualidad/1348424593_343721.html

Los diputados que no tienen coche oficial disponen, anualmente, de una tarjeta con la que pueden abonar hasta 3.000 euros en taxis. Los parlamentarios no han de rendir cuentas de esos traslados y tampoco se sabe si alguno devuelve parte del dinero. Aunque no se conoce la cantidad exacta destinada a este fin, se sabe de la existencia de una partida para ello porque así figura en el reglamento de los diputados. La Mesa del Congreso se niega a revelar la relación y el coste de los viajes oficiales de los parlamentarios que paga la Cámara y que corre a cuenta del dinero público, de los impuestos, de los ciudadanos.

La Constitución marca el derecho de los españoles a la información, pero las Administraciones son, en demasiados casos, muy reacias a facilitarla. Acogiéndose a otras leyes o a simples “ese dato no lo tengo”, resulta muy complicado, a veces imposible, conocer cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. El Gobierno ha presentado un proyecto deLey de Transparencia que obliga a las instituciones a publicar contratos, subvenciones, ayudas, programas anuales y organigramas, entre otras cosas. Pero la inclusión del silencio negativo como fórmula de respuesta a cualquier solicitud de información sin, además, precisar su motivación, deja en manos de la voluntad de las Administraciones y los gobernantes que muchos secretos dejen de serlo. Estos son algunos ejemplos.

La web tuderechoasaber, que recoge solicitudes de información de ciudadanos, cuelga sin respuesta cuánto costó el viaje de Mariano Rajoy a la Eurocopa en Polonia el día siguiente de anunciarse el rescate financiero.

Diputados disponen de 3.000 euros al año para taxis que no justifican

Tampoco se sabe cuánto costó la auditoría que encargó la Xunta de Galicia para avalar la fusión de las cajas gallegas: un informe que auguraba beneficios a la caja fusionada desde el primer año, pese a que el banco resultante ha recibido 6.000 millones de dinero público y su futuro está en el aire.

En Valencia, la Mesa de las Cortes ha vetado una pregunta sobre los contratos públicos con una empresa que, según Esquerra Unida, gestiona el “amigo íntimo, que incluso compartía intereses familiares”, de un consejero.

En Nueva York es posible conocer las estadísticas de cada cirujano. Aquí es impensable acceder a los porcentajes de éxito de los médicos que operan en la sanidad pública. En Cataluña, por ejemplo, solo ocho de los casi 80 hospitales públicos están directamente gestionados por el departamento de salud de la Generalitat. El resto lo hacen fundaciones, entes o empresas públicas que no ofrecen datos de las remuneraciones de sus directivos, los contratos de consultoría o proveedores.

• 60 organizaciones denuncian las carencias de la Ley de Transparencia

La Administración esconde, además, datos que, por ser documentos administrativos, deberían ser públicos, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que indica que “todos los ciudadanos” tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que obren en los archivos administrativos”. Aún así no se conoce la deuda con Hacienda de los clubes de fútbol, de la que solo se ha aportado la cifra global, o qué comunidades y Ayuntamientos se han acogido a determinados créditos, por ejemplo, del Instituto de Crédito Oficial. En España no se puede saber quiénes son los mayores deudores con la Seguridad Social, ni se facilitan datos actualizados de cuánto se ha ingresado desde que se puso en marcha la última amnistía fiscal, que sí se recoge en los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Ni pensar en desvelar quiénes y por qué cantidades han presentado esas “declaraciones especiales”.

Los coches oficiales de cada ministerio, los sueldos de los tertulianos o la remuneración de presentadores estrella de la televisión pública también parecen ser alto secreto. El numeroso patrimonio inmueble de las entidades públicas no está ni inventariado.

El coste del viaje al partido de la Eurocopa de Rajoy es un misterio

Desde el blindaje de todos los documentos de Asuntos Exteriores, no se pueden conocer por ejemplo, las relaciones de España con China, Japón y Filipinas entre 1975 y 1982, ni las gestiones en apoyo de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca, o su coste.

Un dislate destacable se vivió en Galicia. Un informe jurídico avaló un plan de legalización de 4.200 viviendas, la mayoría ilegalizadas por los juzgados. Cuando se le preguntó al presidente Alberto Núñez Feijóo (PP), por ese informe, respondió anunciando la solicitud de otro informe para saber si podía mostrar el primero. El resultado, nunca se supo. De momento, sigue siendo “secreto”. En Andalucía, gobernada por PSOE e IU, resulta imposible saber el índice de absentismo laboral de los trabajadores públicos.

En el País Vasco, de conocer los contratos, presupuestos e informes técnicos quizá se hubiera evitado la mala gestión de los recursos públicos invertidos en el Museo Balenciaga, que pasó de estar presupuestado en menos de cinco millones a costar cerca de 20. En Castilla-La Mancha, un contratista ha desvelado que el acuerdo de rescisión del contrato del hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado, tiene cláusulas de confidencialidad.

“¿El ciudadano normal y corriente no puede tener acceso a cómo se gasta y de qué forma el dinero público?”, preguntó hace unas semanas el juez del caso Urdangarin a una alta funcionaria de la Generalitat Valenciana. “No”, le respondió, porque, además, algunos contratos que la Administración firma con entidades o empresas (Fórmula 1 de Valencia, 20 millones de euros, por ejemplo) contienen cláusulas de confidencialidad. Con la Ley de Transparencia en marcha se podría haber evitado, o al menos destapado antes, la múltiple contratación de la Administración valenciana con la trama Gürtel.

El descrédito de la clase política es algo que ocupa a los ciudadanos y preocupa a los políticos. La transparencia debería aumentar la confianza en su gestión.

Sumisión docente: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Verdades como puños:

 

Son muchas las ocasiones, con motivo de las medidas que los trabajadores de la Escuela pública llevamos tres años sufriendo, así como la Escuela pública en sí, en que muchos de los docentes que nos mantenemos activos en las movilizaciones, nos preguntamos contínuamente que sucede para que parte del profesorado acepte sin rechistar todas y cada una de las medidas, sin tan siquiera plantar cara o ir a una manifestación a reivindicar por unos derechos pisoteados.

Hay que tener en cuenta que es un denominador común en todo el sector público en general. Tanto es así, que dentro del sector público, los docentes aún pueden presumir de ser el sector más movilizado dentro de la Función Pública: en el caso de resto de colectivos de trabajadores, el panorama es mucho más desolador.

Y sorprende, porque, al fin y al cabo, somos el colectivo de trabajadores que menores presiones podemos sufrir a la hora de movilizarnos o plantear una huelga de cualquier tipo. Y es cuando te realizas la pregunta del millón: ¿Cómo es posible?

En mi caso particular, actuamente profesor en paro, he tenido siempre la docencia como una profesión vocacional: estudié para ser profesor algún día y a punto estuve de conseguirlo para siempre. Cuando no habia llegado a ejercer, estaba totalmente ilusionado por el ambiente que, iluso de mí, pensaba que encontraría en la profesión docente: quizá por juventud o quiza por idealismo, me planteaba que la profesión que yo quería ejercer estaba llena de gente comprometida, de gente culta, con ideas avanzadas, con un compromiso social, etc.

Y es que para mí, ser docente no es solo un trabajo al que voy y por el cual percibo un salario: ser docente es mucho más. Ser docente es ser la persona que formará y dotará de conocimientos, pero también de valores, a las personas que, en el futuro ejercerán todas aquellas profesiones imaginables. Ser docente implica un compromiso con la sociedad a la que perteneces. Ser docente merece un sueldo y unas condiciones que, por lo general, los trabajadores de la enseñanza nunca habían tenido, de ahí el refrán «pasas más hambre que un maestro de escuela».

Sin embargo, al llegar a la docencia, comprendí que existían varias clases de docentes: desde la persona que lo es por vocación o que es un profesional de su trabajo, hasta gente que ha accedido a ello porque no tuvo oportunidad de acceder a otra cosa o que simplemente buscó en la enseñanza un lugar donde poder ganar un sueldo sin complicarse excesivamente la vida (porque, quien es profesional o vocacional, suele complicársela).

Así, hemos pasado de un colectivo de trabajadores docentes fuertemente comprometidos, como sucedió en la época de la Segunda República o como sucedió en los años 70 y 80, donde se consiguieron fuertes mejoras laborales, a pasar, una vez que esas mejoras estaban consolidadas, a tener en los centros, en un sector del personal docente, a auténticos «funcionarios» (en el sentido peyorativo del término, ya que un buen docente detesta ser llamado funcionario) cuya jornada es de la hora que entra a la hora que sale. ¿Qué los niños no aprenden? «Pues para algo hay academias».

Funcionarios que se creen clase media, los mismos que, ante sus amistades, presumen de ser unos privilegiados, generando esa opinión negativa en parte de la sociedad. Y por ello, cuando le tocan su salario o tocan a la escuela pública, él o ella no se sienten concernidos en moverse: son unos privilegiados y no les importa hacer un esfuerzo, eso sí, ni hablar de hacer una huelga ¡Qué pierdo mucho dinero!, sin tener la suficiente cabeza para pensar que en tres años y con tres recortes salariales, han perdido el equivalente a estar durante los próximos 40 años haciendo huelga indefinida los tres primeros meses de cada año.

Funcionarios o gente de una enorme mentalidad individualista y egoista, que presumen de llevar a sus hijos a la concertada, que no creen en la Escuela Pública. ¿Se imaginan por un momento que el dueño de una panadería fuese a comprar el pan a otra panadería? ¿O que un electricista llamase a otro para arreglar una fuga en su casa? Sería una forma de reconocer su inutilidad y la inutilidad de su trabajo. Pues desgraciadamente, gente como esta existe, en un porcentaje, en la Escuela Pública.

Y el peor problema, es que esta gente, no solo hace daño,  sino que perpetúa ese daño: porque una persona con una mentalidad individualista, trasmite esos valores a esas generaciones a las que forma.

Individualistas, pero a la vez sumisos. Sumisos ante las agresiones, sumisos ante el poder. Sin empacho de ocupar cargos directivos no para cumplir con el cometido habitual y razonable, sino para ofrecerse a ejercer de peones de una Consellería que les detesta, sin ningún problema, todo sea por un mejor sueldo o por una mejor plaza. Por eso resulta vomitivo ver como algunos docentes, con plaza fija y sin necesidad de ello,  se prestan a caer en trampas puestas por la misma consellería como los famosos cursitos de «English». O como algunos directores retiran cartelería contra los brutales recortes que ellos mismos padecen o tratan de ocultar la penosa situación de su centro.

Por suerte, frente a este perfil funcionarial, gris, sumiso e insolidario, existe una gran cantidad de docentes profesionales y de vocación, cuyo trabajo no solo es el ejercicio de una labor profesional, sino también la defensa en toda su esencia de la Escuela Pública.

Y que tienen muy claro que, como trabajadores (saben perfectamente que no pertenecen a ninguna clase media porque viven de su trabajo, no de rentas) de la Escuela Pública, les están siendo arrebatados derechos: derechos laborales y salariales, que costaron años conseguir. Y que, por la senda de la austeridad, muy pronto el dicho «pasas más hambre que un maestro de escuela» se convertirá en una dolorosa realidad, como ya sucede en Grecia, donde se ven obligados a pluriemplearse al pasar de 1900 euros de salario a solo 700.

Pero no solo son interinos que luchan por volver a su puesto de trabajo, o trabajadores fijos que luchan porque sus compañeros vuelvan y por mantener sus derechos laborales. Son trabajadores que entienden que la Escuela Pública es un todo. Que los recortes en becas, los recortes en ayudas a las familias, la descompensación entre las millonarias subvenciones y prebendas de la Escuela Concertada y el desprestigio de la Escuela Pública, la política de criminalización del alumno mediocre, el intento de cargarse el sistema de comedor escolar (que ya existía en la Segunda República) con el famoso Tupper; es un todo, en una estrategía por destruir, aniquilar y vender a precio de saldo la Escuela Pública, y acabar no solo con su trabajo, sino con el puntal que sostiene la posibilidad de un pueblo con cultura, con Educación y con igualdad de oportunidades.

Porque el torpedeo de la Escuela Pública tiene un claro objetivo ideolóogico-político: volver a la España de ricos que mandan y pobres ignorantes que obedecen. Volver muchas décadas atrás y acabar con la única llave que permite y ha permitido, en esta sociedad y en este sistema capitalista, la escasa movilidad social existente: la Escuela Pública.

Por eso, los niñatos o jabatos, que no jóvenes, del PP, no tienen pudor alguno en pedir abiertamente que solo estudie quien tenga dinero o quien sea brillante. Y ese es el quid de la cuestión cuando tratan de cargarse todo lo conseguido hasta la fecha: cargarse la posibilidad de igualdad mínima de oportunidad, y convertir a la Escuela pública en un lugar asistencial y deplorable donde vayan los hijos de los trabajadores o de los parados a recibir lo suficiente para acabar en una empresa con un contrato de mierda. El hijo del rico, seguir siendo rico; el hijo del pobre, no salir jamás de pobre y ser cada día más pobre.

Por ello, por nada del mundo puede cundir el desánimo entre esas personas luchadoras, comprometidas, e implicadas. Y no pueden permitir que esos funcionarios grises y acomodados, insolidarios y desubicados, les ganen la batalla, más bien lo contrario. Deben ser ellos quienes ganen esa batalla, sumando a la causa de los primeros a aquellos que aún están perdidos, inseguros, desorientados e incluso muchos asustados de alzar la voz. Porque el miedo nunca ha cambiado las cosas, las cosas se cambian con arrojo y empuje, con decisión firme y con las ideas claras.

Porque no solo se trata de ganar una batalla: compromiso contra insolidaridad; valentía frente a pasotismo: Se trata de decidir que tipo de sociedad queremos formar para el futuro. Si una sociedad de autómatas sin sentido crítico, que vivan en una selva laboral o una sociedad de hombres y mujeres libres, críticos, que no se dejen pisotear.

Por ello animo desde estas lineas a cambiar el chip a esos trabajadores docentes decentes, valientes y luchadores, a ir con la cabezza bien alta, a concienciar a los que no lo estén, a argumentar en los claustros, a organizarse y luchar.

Porque nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro. El de todas y el de todos. Y para todos.